1A La Prensa Panamá, martes 6 de mayo de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 6 de mayo de 2025 - Año 44 - Nº 15008 Hoy por hoy La decisión del presidente José Raúl Mulino de cancelar las concesiones portuarias en Isla Margarita marca un alto necesario a una cadena de malas negociaciones que el Estado panameño ha tolerado por años. La concesión otorgada en 2013 a empresas vinculadas a inversionistas chinos, y posteriormente transferida a estructuras corporativas en Barbados y Delaware, ilustra cómo se han alineado intereses privados para usufructuar bienes públicos estratégicos, sin garantizar un retorno justo para los panameños. Este patrón no es aislado. En casos como Panama Ports Company y Panama Canal Railway Company, el Estado ha sido un espectador silente, recibiendo migajas de negocios millonarios que operan sobre infraestructura nacional. Panamá no puede seguir regalando sus ventajas competitivas. Es urgente que las futuras concesiones incluyan cláusulas de revisión periódica, control sobre el traspaso de beneciarios y mecanismos ecaces de supervisión. El Estado debe velar por que estos contratos generen los mejores benecios posibles para los panameños. Inter y Barcelona, por un boleto a Múnich 8A Deportes Panorama Panamá apuesta por su centro de vacunas 6A Economía EUA anuncia aranceles para productos farmacéuticos 3B 400 denuncias de botellas en la Asamblea Nacional llegarán a la fiscalía Al menos 400 casos de personas vinculadas al Legislativo que cobraban sin cumplir funciones serán remitidos al Ministerio Público, tras auditorías que revelaron redes clientelistas, nepotismo y pagos injustificados en distintas planillas. VEA 2A De Shanghai a Colón: el puerto fallido en isla Margarita Mónica Palm [email protected] Casi dos semanas después de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunciara que su gobierno no seguirá “impulsando” al concesionario que construye un Landbridge y Notarc disputan el control del proyecto portuario en isla Margarita, Colón. Landbridge alega despojo ilegal de su participación; Notarc, respaldado por MSC, busca avanzar con la construcción. El conicto legal continúa en tribunales internacionales. puerto y un patio de contenedores en isla Margarita, Colón, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha comunicado que evalúa las opciones para poner n al contrato actual. “La decisión del presidente José Raúl Mulino de cancelar las concesiones que frenaban el avance del sector marítimo nacional se considera correcta y bene- ciosa para Panamá”, señaló raron la conanza del Ejecutivo y hasta lograron que se les extendiera la vigencia del contrato hasta el año 2042. Actualmente, el proyecto (después de varias idas y venidas) está en manos de un fondo de inversiones de Bahamas que se ha asociado con Mediterranean Shipping Company (MSC). El tema está en que ahora, a los incumplimientos con el Estado panameño y a Franklin Martínez Alexander Arosemena José Raúl Mulino. ‘Si me expresé de una forma que no gustó, pido disculpas’: Mulino José González Pinilla [email protected] El presidente de la República, José Raúl Mulino, reconoció que el país atraviesa un momento “tenso y sensible” y trató de tender puentes. “Si en algún momento me expresé de una forma que no gustó, pido disculpas”, dijo el mandatario durante una rueda de prensa sobre el trazado del ferrocarril David– Frontera-Panamá. Su reacción ocurre en medio de una huelga de docentes, obreros y personal de salud que exige, entre otras cosas, la derogación de la ley de la Caja de Seguro Social. También anoche, por separado, varios miembros TENSIÓN SOCIAL Montalvo defiende contrato de $37 millones Pequeñas y medianas empresas, las más afectadas La ministra Dinoska Montalvo defendió la adjudicación directa de $37 millones a una empresa vinculada al caso Pegasus, alegando urgencia y negando irregularidades pese a las críticas por vínculos y sobrecostos. VEA 4A El presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme), Franklin Martínez, aseguró que los bloqueos y protestas en el país ponen en riesgo empleos y el sustento de 1.5 millones de personas. VEA 1B El diputado Jaime Vargas negó responsabilidad sobre su abultada planilla legislativa, alegando que los diputados no nombran personal y que muchos funcionarios ya estaban allí. Además, criticó la labor de scalización de la Contraloría. VEA 3A Planillas: Jaime Vargas se lava las manos el administrador de la AMP, Luis Roquebert. El proyecto portuario en isla Margarita, Colón, iniciado en 2013, fue otorgado originalmente a Panama Colon Container Port Inc. (PCCP) y United Crown Construction Inc., controladas por inversionistas chinos. En el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) estuvieron a punto de perder la concesión, pero de pronto recupela eventual suspensión de la concesión, se ha sumado un conicto que se dirime en tribunales de Delaware, Estados Unidos. En esa jurisdicción, uno de los socios más antiguos alega haber sido “despojado” de su participación, mientras que los nuevos inversionistas han solicitado un arbitraje en Panamá. La Prensa reconstruye lo que ha pasado. VEA 3A UI UNIDAD INVESTIGATIVA del Gabinete ofrecieron una conferencia de prensa sobre la situación del país. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, armó que el Gobierno está dispuesto a escuchar “a quien quiera sentarse” por la paz social, pero aseguró que los grupos que protestan se niegan al diálogo. Por su parte, el canciller Javier Martínez-Acha declaró que el acuerdo rmado con Estados Unidos no afecta la soberanía nacional y es uno más de una veintena suscrita en los últimos años. VEA 4A
2A La Prensa Panamá, martes 6 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] Jaime Vargas, diputado y expresidente de la Asamblea Nacional. Archivo Vargas se deslinda de su costosa planilla: ‘los diputados no nombramos a nadie’ FONDOS PÚBLICOS En una escena digna de los mejores episodios de La Tremenda Corte, el diputado perredista Jaime Vargas, expresidente de la Asamblea Nacional, optó por una fórmula clásica del político acorralado: lavarse las manos. Todo esto, mientras una planilla de 82 funcionarios asignados a su despacho que le cuesta a los contribuyentes $164,120 mensuales, según la Contraloría General de la República, le hace sombra. “Nosotros los diputados no nombramos a nadie. Aquí los funcionarios son de la institución”, como si los contratos que llevan el nombre de su despacho no lo delataran. Pone en dudas la data En una entrevista que concedió a Telemetro, Vargas aseguró no solo que no nombra a nadie, sino que además puso en duda la veracidad del informe de la Contraloría. “Yo no sé si eso lo mandó realmente la Contraloría o de dónde sacaron esa información”, armó. ‘Son funcionarios de la institución’ Vargas no se quedó ahí. Con su mejor tono de víctima institucional, explicó que “el viernes con mi asistente sacamos más de 45 personas que no son de mi despacho”. Y luego remató: “Esos son funcionarios de la institución. No son funcionarios del diputado. Son adjudicados a mi despacho pero no son funcionarios que yo nombré”. Es decir, hay 82 personas que trabajan con él, pero dice que solo conoce a una fracción. ‘No hacen bien la tarea’ Vargas, diputado del circuito 5-2 (Cémalo, Pinogana y Santa Fe, Darién) criticó a quienes investigan el tema: “No hacen la tarea bien”, mencionó, mientras señalaba con su dedo índice. Luego buscó un resquicio temporal para justicar las cifras: “Hay funcionarios que tienen más de 15, 20 o 30 años”. Matemática selectiva Cuando le preguntaron por los $164,120 mensuales de su planilla, Vargas intentó relativizarlo: “Yo no he nombrado ni a 37 personas”. Y aunque en este periodo dice no tener “ni un solo nombramiento o contrato transitorio”, el dinero sigue saliendo del erario, y los nombres están vinculados a su despacho, según documentos ociales. La planilla más costosa La bancada legislativa del Partido Revolucionario Democrático, agrupación política que gobernó el país entre 2019-2024, tiene la planilla más costosa de la Asamblea. La nómina de los 12 diputados del PRD cuesta $1.2 millones, con 700 funcionarios. Pero, este personal no se distribuye equitativamente. Solo en el despacho del diputado Benicio Robinson, quien además es presidente del PRD, hay 145 personas, lo que implica un gasto de $261,225 al mes. Robinson es el diputado con el gasto en planilla más elevado. Le siguen sus copartidarios Marcos Castillero, quien aunque emplea a más personas que Robinson (150), cuesta menos ($226,282 al mes). Mientras que Vargas con sus 82 funcionarios y un gasto de $164,120 mensuales, está en tercer lugar. Le sigue Crispiano Adames con 63 personas nombradas y una planilla de $122,850 por mes. Además de militar en el PRD, estos cuatro políticos comparten otro rasgo en común: todos presidieron la Asamblea Nacional durante el quinquenio 2019-2024. La Contraloría General de la República, bajo la dirección de Anel Flores, publicó el pasado miércoles el listado de las planillas de los diputados. La divulgación se da en medio de una serie de auditorías que buscan identicar a quienes guran en la nómina legislativa sin cumplir funciones reales: las conocidas botellas. Juan Manuel Díaz [email protected] Eugenio Magallón debe cumplir pena de prisión por crimen de Héctor Gallego DECISIÓN Eugenio Magallón, prófugo de la justicia por más de 30 años por su participación en el asesinato del sacerdote Héctor Gallego, deberá cumplir la pena de prisión de 15 años aplicada por el Tribunal Superior de Coclé y Veraguas. Así lo determinó un juez de cumplimiento en una audiencia realizada el pasado sábado. Magallón fue capturado un día antes luego de que se efectuaran varios operativos policiales en la provincias de Panamá y en Chiriquí, donde nalmente fue ubicado. Sonia Broce, juez de cumplimiento del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas), estimó que Magallón, de más de 90 años, debe cumplir con la pena de prisión dictada el 29 de abril de 1994. Broce desestimó el argumento de la defensora pública Iris Kuruc, quien alegó que la pena de prisión dictada contra Magallón había prescrito tras haber transcurrido más de 30 años del máximo de la pena aplicable, que de acuerdo con las normas penales de la época era de 20 años de cárcel. La postura de Kuruc fue rebatida por la scal Tania Sterling quien alegó que Magallón fue declarado en rebeldía desde el año 1991, tres años antes que se emitiera el veredicto de culpabilidad. Sterling planteó que la pena de prisión debe ser cumplida, ya que Magallón evadió su responsabilidad y nunca acudió al proceso. Ahora a los funcionarios de la Asamblea se les paga a través de cheques. Los días de pago se llena el Palacio Justo Arosemena. Elysée Fernádez Contralor presenta 400 denuncias por manejo irregular de las planillas Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS PÚBLICOS El contralor Anel Flores denunció una red de corrupción en la Asamblea Nacional basada en la falta de control laboral, nepotismo, uso electoral de planillas y complicidad interna. El contralor de la República, Anel Flores, anunció que remitirá al Ministerio Público a más de 400 personas señaladas por cobrar sin trabajar en la Asamblea Nacional. La medida surge tras una serie de auditorías que han revelado una red de irregularidades que involucra a diputados, funcionarios, exdiputados e, incluso, familiares insertos en las planillas legislativas. “Estamos recopilando una lista por encima de 400 personas que vamos a llevar al Ministerio Público y que ellos sean los que tengan que aprobarla”, declaró Flores en una entrevista dada al programa 180 minutos conducido por el periodista Alvaro Alvarado. Según el contralor, ya cuentan con testimonios de testigos internos que han identicado a las personas que no asisten a sus puestos pero aparecen en nómina. “Todo el mundo se conoce. En ese edicio no caben 1,500 personas. Y el día que llegamos había casi 3,000”, sostuvo. La Contraloría ha realizado varias inspecciones a los despachos legislativos. Para las dos últimas quincenas, los pagos se hicieron mediante cheques, en lugar de depósitos bancarios, con el objetivo de identicar a las personas que cobran sin trabajar, conocidas como “botellas”. 7 millones de dólares mensuales y ninguna rendición De acuerdo con datos de la Contraloría, la planilla del Legislativo genera un gasto mensual en personal que ronda los $7 millones. “Eso es algo vergonzoso, porque si fuese una empresa privada, tendría que vender 21 millones de dólares mensuales solo para pagar planilla. En Panamá hay muy pocas empresas que generen $250 millones al año solo para eso”, explicó Flores. El contralor lamentó que estos fondos públicos no se estén destinando a áreas clave como salud o educación, y denunció el uso electoral de las planillas. “Ahí hay choferes que ganan $3,000. Auxiliares manuales de $3,000. Y nadie marca. No hay ningún control sobre esa gente”, destacó. ‘Una cofradía que se protege entre sí’ Flores no sólo señaló a los funcionarios que cobran sin trabajar, sino a todo un sistema de complicidad interna. “Es una cofradía para mantener los puestos. Usted va a encontrar en esas listas exdiputados, gente que ha perdido elecciones, y siempre han sido premiados”, dijo. También adelantó que parte del personal de Recursos Humanos será remitido al Ministerio Público, al considerarlos cómplices: “Han sido la piedra más importante que hemos encontrado. Hay clanes familiares. funcionarios que tienen 12, 13, 14 parientes trabajando en la Asamblea”, adelantó. El PRD sigue controlando la planilla de la Asamblea El contralor explicó que el 44.8% de los nombramientos sospechosos corresponden a miembros del PRD, colectivo que gobernó el país entre 2019 y 2024. No en vano cuatro de los cinco diputados con más personal en sus planillas son de esta agrupación política: Benicio Robinson, Jaime Vargas, Crispiano Adames y Marcos Castillero, además de la actual presidenta del Legislativo, Dana Castañeda, del partido Realizando Metas, quien, de acuerdo con Flores, a pesar de haber prometido eliminar la planilla 172, “solo trasladó el personal a las planillas 01 y 02”. “Hay una castita que se ha creado, que se creen por encima de la ley y que se creen que tienen todos los deberes y derechos (...) Y hay unos reconocidos a nivel, que los reconoce todo el pueblo, que andan por ahí pavoneándose con riquezas y con carros y con cuántas cosas existen y sabemos todos que no trabajan”, manifestó. Participación Ciudadana sin función Uno de los focos de crítica fue el programa de “Participación Ciudadana”, con presencia en todo el país. “En Chitré hay 36 funcionarios. ¿Qué hacen? Nadie sabe”, dijo Flores. Señaló que no hay un solo proyecto legislativo generado por estas ocinas. “Esas son las estructuras electorales de los diputados, - nanciadas por el Estado”, denunció. Abogados que trabajan en la Asamblea y litigan en horario laboral La falta de control, de acuerdo con el contralor, llega al extremo de que funcionarios con cargos en la Asamblea trabajan simultáneamente como abogados litigantes. “¿Cuál es el horario de trabajo de estos abogados? No lo sabemos. Pero hay uno que salió en un video, en plena hora laboral, opinando sobre Migración, y aparece en planilla desde hace más de ocho años”, armó. No mencionó nombres. El sistema de marcación Para el contralor, el sistema de excepción de marcación es uno de los pilares del problema. “Si los diputados tienen que marcar, cómo es entonces que hay una gran cantidad de personas que están exceptuadas de eso? El contralor envió un mensaje directo a los nuevos miembros del Legislativo: “Ellos deben tomarse esta cruzada para liberar y limpiar la imagen de esa Asamblea”. Más de 800 denuncias ciudadanas por cashback y las botellas La ola de indignación ciudadana por la costosa planilla legislativa ha sido evidente. Flores conrmó que han recibido al menos 800 denuncias a través del portal web de la institución, muchas con nombres especícos y acusaciones de cashback. Recientemente la Contraloría puso a disposición de la ciudadanía el correo: [email protected]. pa para que denunciaran la existencia de botellas en el Legislativo. “Lo más doloroso es ver gente que no trabaja, con salarios exorbitantes, mientras el panameño a pie busca un trabajo digno y no lo encuentra”, lamentó. Flores concluyó su intervención advirtiendo que estas prácticas están consolidadas y que romperlas exige voluntad política, auditorías sin contemplaciones y acción penal inmediata.
3A La Prensa Panamá, martes 6 de mayo de 2025 Panorama Construcción del puerto y el patio de contenedores en Isla Margarita, Colón. Cortesía Isla Margarita, crónica de un ‘despojo’ Mónica Palm [email protected] El megaproyecto portuario en Colón involucra contratos cuestionados, vínculos políticos, traiciones corporativas y un litigio internacional en Delaware. La AMP revisa concesiones otorgadas a empresas hoy enfrentadas por el control del puerto. En el mundo hispanoparlante, “margarita” es una or de pétalos blancos, un cóctel elaborado con tequila, un nombre femenino e incluso un popular destino vacacional en el Caribe venezolano. Pero, en un contexto limitado a Panamá, China y Barbados, podría referirse a una trama de concesiones marítimas, favores, traiciones, muerte, reclamaciones judiciales y dudosas operaciones corporativas, en tornoaunproyectoportuario localizado en una de las zonas más codiciadas del comercio internacional: la entrada del Canal, en la costa atlántica. Isla Margarita está en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón. El presidente José Raúl Mulino habló de ella el pasado 24 de abril, en su conferencia de prensa semanal, al comunicar que su gobierno no seguiría “impulsando” la construcción de un puerto y un patio de contenedores en esa zona, porque —entre otras razones— hay demasiados “escollos” que “limpiar”: atrasos en su cronograma de ejecución, anzas vencidas y morosidades. Incluso, porque el contratofue“malotorgado”. Pero el diablo está en los detalles: fue otorgado hace 12 años por un gobierno en el que el propio Mulino era ministro de Estado. Y quien estaba al frente de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) cuando la entidad adjudicó el contrato era Roberto Linares, a quien Mulino designó como ministro de Desarrollo Agropecuario en su gobierno. Para entender esta trama, hay que prestar mucha atención a sus protagonistas y a los vínculos insospechados de algunos de ellos. Y allí emerge la gran interrogante: ¿quién es el legítimo dueño del proyecto? Dos concesiones, un isla Ocialmente, en 2013, la AMP otorgó dos concesiones que repartieron 81.51 hectáreas de fondo de mar en Isla Margarita: una a Panama Colon Container Port Inc. (PCCP), para construir un puerto de carga, y otra a United Crown Construction Inc., para desarrollar un patio de contenedores. La AMP elevó las concesiones a la categoría de contrato-ley y el 18 de junio de 2013 obtuvieron la sanción del entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli. PCCP y United Crown eran controladas por un tal Ko Tin Kwok (Mr. Ko), un magnate chino que llegó al istmo a cazar inversiones en el sector público, utilizando una sociedad llamada Shanghai Gorgeous Group. Además de PCCP, tenía el contrato para construir una planta termoeléctrica de gas natural licuado en Puerto Pilón, Colón, a través de su lial Sinolam Smarter Energy LNG Power Co. (que hasta 2018 se llamaba Martano Inc.). Aquel proyecto energético tampoco tuvo un nal feliz y, el 26 de abril de 2024, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) le retiró la licencia de construcción y explotación de la planta. Aparentemente, Mr. Ko resultó ser Gao Tianguo. Forbes alertó que Gao también utilizaba el nombre de Ko Tin Kwok y lo colocó entre las grandes fortunas del mundo: en 2019 ocupó el puesto 2,057 en su ranking de multimillonarios. Irónicamente, para entonces, sus proyectos en Panamá hacían aguas, aunque estas malogradas inversiones no serían su mayor infortunio. Mr. Ko también era accionista mayoritario de Anxin Trust, un fondo intervenido por reguladores en China por desviar millones de dólares a proyectos relacionados con Shanghai Gorgeous. Es posible que en esa lista estuvieran el puerto de contenedores y la plantadegeneracióntermoeléctrica en Colón. En 2020, Mr. Ko fue detenido por el caso Anxin (que en mandarín signica “paz mental”). Pero, antes de su caída en desgracia, se asoció con la hongkonesa Landbridge Port Services Ltd., propiedad de Ye Cheng, un empresario chino residente en Rizhao, provincia de Shandong. Juntos crearon Landbridge Holding Inc. (LHI), una corporación registrada en Barbados. PCCP y United Crown (así como otras dos sociedades panameñas) se convirtieron en sus activos principales. El 14 de septiembre de 2017, Landbridge Port pagó $125 millones por el 51% de las acciones de LHI; el 49% restante quedó en manos de Mr. Ko. Enfermo y perseguido por la justicia, Mr. Ko se hizo a un lado y permitió el ascenso de Liang (Kenneth) Zhang, uno de sus hombres de conanza. Lo puso al frente de Sinolam y lo designó director de LHI. NotardaronensurgirlosdesacuerdosconlossociosdeIsla Margarita. Lo que ocurrió después está descrito en detalle en la demanda que Landbridge Port presentó en Delaware, Estados Unidos, en febrero de 2023, luego de descubrir que, sin su conocimiento ni aval, sus acciones en LHI fueron “anuladas” y su participación mayoritaria quedó “diluida”. ¿Cómo sucedió eso? Mr. Ko ya no podrá explicarlo: falleció el 4 de abril de 2022, a los 71 años de edad. La ‘conspiración’ En su demanda, Landbridge Port alega que, al menos desde 2019, Zhang empezó a “conspirar” para expulsarlo de LHI, con la ayuda de Dion Bowe, Leslie Bethel y Colin MichaelMartínez. Enjuliode2020,Zhanghabría aprovechado el connamiento y la suspensión de actividades económicas por la pandemia de la covid-19 para -según Landbridge- falsi- car documentos, reemplazar a los directivos y nalmente transferir las acciones con derecho a voto que la empresa de Ye Cheng tenía en LHI a la sociedad Sinolam Consulting & Trading Holding PTE Ltd., de Singapur, cuyo dueño sería el propio Zhang. Eso en cuanto a las acciones con derecho a voto. Con los “activos” se habría llevado a cabo otra maniobra. Los activos de LHI eran, ni más ni menos, los derechos de concesión que la AMP entregóaPCCPyUnitedCrown Construction Inc. para la construcción del puerto de carga y el patio de contenedores, respectivamente. Fueron transferidos a Coastal Infrastructure Partners LLC, propiedad de Coastal Infrastructure Trust, ambas registradas en Delaware. El deicomisario del trust era Colin Michael Martínez, uno de los compinches de Zhang. Por último, el tiro de gracia: en marzo de 2022, el deicomiso vendió Coastal Partners a Notarc Port Investment Inc., una sociedad que losbahameñosBoweyBethel crearon cuatro meses antes, también en Delaware. Notarc Port pagó $1. Eventualmente, adquirió las acciones de LHI por $80,303. De ser así, Notarc Port tan solo habría desembolsado $80,304 por los proyectos e inversiones que hasta entoncesPCCPyUnitedhabíanllevado a cabo en Isla Margarita (aunque Notarc sostiene que le tocó asumir una supuesta deuda de $230 millones que Zhang tenía con PCCP). Landbridge consideró que esa cantidad representaba “una miseria y una fracción ínma del valor justo” y que toda la transacción era una “fachada” para “consumar el robo”. LHI fue disuelta el 6 de junio de 2022. Como quien arroja un cuerpo al mar, tras un homicidio. Bowe, al día de hoy, es el presidente y representante legal de PCCP y United Crown Construction Inc. Eso no implica que Zhang ha quedado desplazado, puesto que todavía mantiene vínculos con Bowe y Bethel. Zhang, que ha negado tener participación en Notarc Port, es el accionista único de Notarc Global Investment Limited, creada en Hong Kong en julio de 2021. Según su versión, utilizó el nombre con autorización de los inversionistas bahameños, quienes tenían interés en buscar oportunidades de negocios en Asia. La sociedad hongkonesa serviría para eso, pero, al nal, los negocios no se materializaron. Giro en la AMP Mientras ocurrían estos desencuentros, la AMP se planteaba retirar las concesiones a PCCP y United. En junio de 2021, el entonces administrador de la AMP, Noriel Araúz, recibió instrucciones de la junta directiva de la entidad para rescindir el contrato con PCCP por múltiples incumplimientos certicados por auditores de la Contraloría General de la República. La empresa incluso apareció en la lista de patronos morosos de la Caja de Seguro Social. Pero los ejecutivos de Notarc entraron en escena y lo impidieron. En septiembre de 2021, se reunieron en Nueva York con el entonces presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, quien estaba en esa ciudad con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. La reunión, informó la PresidenciadelaRepública,erapara “discutir posibles inversiones en el territorio nacional”. Siete meses después, el 19 de abril de 2022, Arauz recibió una nota de Bowe anunciando que el fondo de inversiones Notarc Management Group (NMG), fundado por Bethel en las Bahamas en 1999, había adquirido la totalidad de las acciones de PCCP y prometía una invertir $1,000 millones y completar las obras en 15 meses. Además, se informaba de la entrada un nuevo socio: Terminal Investment Limited (TIL), una lial de Mediterranean Shipping Company (MSC). En esa nota, Bowe pidió que no se rescindiera el contrato, como había ordenado la junta directiva de la AMP. La reacción de Araúz debió de ser muy favorable, ya que NMG tardó un mes exacto en emitir un comunicado de prensa para anunciar que habíaasumidoelcontroldelproyecto portuario en Isla Margarita. Es así como Landbridge se entera de que ha sido despojada de su participación mayoritaria: a través del comunicado que se divulgó el 18 de mayo de 2022. Ese día, además, se rmó el acuerdo con MSC, durante el Bloomberg New Economy Forum, en Nueva York, evento en el que también participaron el presidente Cortizo, sus ministros y el administrador de la AMP. Incluso algunos apadrinaron el acto, con su presencia. “Fue un completo shock y sorpresa”, reconoció Landbridge en su demanda. La empresa de Hong Kong envió una nota de “cease and desist” a NMG el 25 de octubre de ese año. Nadie le respondió, aunque Notarc sí acusó recibo y hasta la utilizó a su conveniencia: la aportó como prueba en la querella penal que, el 15 de febrero de 2023, Bowe presentó contra Landbridge ante el Ministerio Público, por el delito de extorsión. En ella reclama $200 millones por el “daño” ocasionado por las “amenazas graves” e “intimidaciones” supuestamente ejercidas por Landbridge. Para entonces, hacía rato que Noriel Araúz y Dion Bowe habían rmado las adendas a los contratos originales de 2013, las cuales fueron aprobadasporlaAsambleaNacional el 1 de noviembre de 2022. Con una semejanza perturbadora a lo ocurrido con el contrato de la mina de Donoso, Cortizo las sancionó ese mismo día. Con estas adendas, la vigencia de ambas concesiones se extendió hasta 2042. ¿Sabían Cortizo, Araúz y la junta directiva de la AMP sobre el pleito en ciernes entre los —antiguos— socios en Isla Margarita? Cuesta trabajo creer lo contrario. En Delaware... En febrero de 2024, Landbridge presentó una demanda contra Lian Zhang, Dion Bowe, Leslie Bethel, Colin Michael Martínez y las sociedades utilizadas por este grupo inversor, ante una corte de Wilmington, Delaware. Los acusa por supuesto enriquecimiento injusticado, apropiación indebida y conspiración, entre otros delitos civiles. En su demanda, la compañía hongkonesa reclama la devolución de sus acciones, una indemnización (cuyo monto se determinará en el juicio) y la suspensión de una solicitud de arbitraje presentada por Notarc Port el año anterior ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (Cecap), invocando la cláusula de un supuesto “acuerdo de suscripción de acciones” pactado el 21 de marzo de 2022. Landbridge alega que el arbitraje en Panamá es una farsa y que no le concierne, ya que no es rmante del acuerdo de suscripción al que alude Notarc. Señala, además, que todas las sociedades demandadas se formaron y organizaron en Delaware, por lo que es en los tribunales de Wilmington donde corresponde dirimir el pleito. Los demandados reaccionaron presentando una moción para obligar a Landbridge a resolver el conicto ante el Cecap, pero el 27 de marzo de 2024 el juez Gregory B. Williams decidió mantener la demanda en Delaware, al considerar que la Ley de Arbitraje Federal (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos no le autoriza a prohibir ni a obligar a nadie a comparecer en un arbitraje en el extranjero. Notarc y el resto de los inversores presentaron una apelación el 2 de mayo de 2024, la cual aún está pendiente de decisión. En consecuencia, la demanda de Landbridge se encuentra paralizada. Eso no signica que no esté pasando nada. En esta trama enrevesada (y en medio de la nueva realidad geopolítica impuesta por el presidente estadounidense Donald Trump), todavía hay personajes que no han salido a la supercie. Esos actores serán expuestos posteriormente, en la continuación de esta nota. En tanto, la concesión pende de un hilo, porque luego de las palabras de Mulino, la AMP lo examina todo para decidir cómo proceder. “La decisión del presidente José Raúl Mulino de cancelar las concesiones que frenaban el avance del sector marítimo nacional se considera correcta y beneciosa para Panamá. Pronto, se evaluarán las mejores opciones para desarrollar éstas áreas estratégicas e impulsar nuestro crecimiento marítimo a nivel nacional e internacional”, respondió el administrador Luis Roquebert, ante una consulta de La Prensa. Se intentó conocer la reacción de PCCP, pero nadie responde a los números telefónicos con los que aparecen listados. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
4A La Prensa Panamá, martes 6 de mayo de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] GESTO. Ayer, el presidente Mulino reconoció que tiene “la mecha corta” y pidió disculpas “si en algún momento me expresé de alguna forma que no gustó”. Un pequeño paso para el hombre; un gran salto para Mulino. RENEGADO. Jaime Vargas, tercero en el ranking de diputados con mayor gasto en planilla, sostiene que hay errores en la información divulgada por la Contraloría. En ese listado consta que hay 82 personas asignadas a su despacho, lo que representa un gasto mensual de $162,120 en salarios. Pero, según Vargas, hay 45 funcionarios que no le corresponden y, supuestamente, ya se lo comunicó a los auditores el pasado viernes. “Están adjudicados a mi despacho, pero yo no los nombré”, señala. Estas presuntas equivocaciones se evitarían si cada diputado, voluntariamente, divulgara su planilla. CONTRASTE. En Vamos, el promedio del gasto en planilla de cada diputado es de $15,222.50 mensuales. En cambio, en el PRD es de $103,368 por diputado. Como ese partido cuenta con una bancada de 12 miembros, el desembolso asciende a $1.2 millones al mes o $14.8 millones al año. Así que, la próxima vez que vea a alguno de estos gamonales politiqueando por su circuito, no piense en rogarle que le pinte las banquitas del parque, ármese de valor y repréndalo por derrochar semejante millonada cada quincena. PROTOCOLO. Nueve embajadores presentaron sus cartas credenciales al presidente Mulino. Entre ellos finalmente estaba la de Nicaragua. ¿Hubo algún llamado de atención o permitirán que se mantenga la relación desde esa sede? 2X1. Ahora parece que la Amoacss tiene dos secreMinistra de Gobierno, Dinoska Montalvo. Cortesía/Mingob Ministra defiende contrato directo para brazaletes electrónicos Ereida Prieto-Barreiro [email protected] La empresa proveedora, Sprintico Corp., está vinculada a la red de espionaje Pegasus. La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, respondió a las críticas surgidas tras la adjudicación de un contrato directo por más de $37 millones a Sprintico Corp., para el alquiler de brazaletes electrónicos destinados a personas privadas de libertad. Uno de los directivos de la sociedad está vinculado a una empresa relacionada con la venta en México del software de espionaje Pegasus. En su cuenta personal de X, Montalvo calicó de “tendenciosas” las noticias que cuestionan la contratación, argumentando que se trata de una medida “urgente” y necesaria para atender el problema del hacinamiento carcelario en el país. La ministra no explicó por qué no se convocó a un acto público para adjudicar el millonario contrato. Sin mencionar nombres, Montalvo aseguró que intentó contratar a otras empresas con las que realizó pruebas, pero que “no resultaron bien”, por lo que decidió mantener a Sprintico Corp. para “no perder lo invertido, no correr riesgos en la implementación y para que después no me vengan a poner a subir y bajar escaleras por los benditos peculados y las diferentes formas que se inventan”. La reacción de Montalvo se produce luego de una investigación de La Prensa, que reveló que el tesorero de Sprintico Corp. —un exchofer de la Contraloría General hasta 2023— mantiene vínculos con Stavton Corp., una sociedad señalada por blanqueo de capitales y relacionada con el escándalo de Pegasus en México. “Ya empezamos. No han podido encontrar por dónde darme palo a mí, y ya empezamos a dar noticias tendenciosas sobre la contratación que se está haciendo de brazaletes, que son urgentes, que se pide todo el tiempo que se termine de implementar y que tengo que hacerlo”, agregó Montalvo en su publicación. Sprintico fue constituida en septiembre de 2021. En un borrador de contrato entre Montalvo y el presidente de Sprintico, Jack Peter Derman Guzmán, se establece que el costo unitario diario por cada brazalete electrónico es de $8.50. Se ha observado que, en Estados Unidos, un dispositivo más avanzado se ofrece por casi la mitad de ese precio. Se desconoce dónde y cuándo se realizó el estudio de mercado para determinar dicho costo, ya que esa información no es pública. El contrato directo tendría una duración de seis años. Los brazaletes no funcionan cuando no hay señal de internet. La Prensa intentó localizar a la ministra, para preguntarle si la cobertura de internet no sería un problema para el éxito de este programa, entre otros temas. Montalvo no ha respondido hasta ahora. José González Pinilla [email protected] Henry Faarup, de la Secretaría Nacional del Ferrocarril, el presidente José Raúl Mulino y Jaime Niño, gerente de Eicom Latinoamérica. Cortesía Gobierno anuncia el trazado del tren David-Frontera-Panamá INFRAESTRUCTURA El trazado del ferrocarril David-Frontera-Panamá ya está listo. Henry Faarup, encargado de la Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá, reveló ayer que la primera etapa de esta línea comenzará en Panamá Pacíco y llegará hasta Divisa. Esta etapa tendrá una longitud aproximada de 210 kilómetros; el tren de pasajeros alcanzará una velocidad de 180 kilómetros por hora, y el tren de carga circulará a 100 kilómetros por hora, precisó. Faarup indicó que, en Panamá Pacíco, el ferrocarril estará conectado con la Línea 3 de la empresa estatal Metro de Panamá. Allí se construirá una estación con una plataforma especial para los pasajeros. Aclaró que, aunque el proyecto contempla su inicio en Albrook, ese tramo se desarrollará en una etapa posterior, ya que primero debe construirse un puente cerca del puente Centenario, exclusivo para este ferrocarril. Agregó que también se contempla que el tren tenga una ruta cercana a la Ciudad de la Salud. Se espera que los trabajos de movimiento de tierra inicien en 2026, una vez culminados los estudios técnicos y las gestiones institucionales en curso, de acuerdo con Faarup. Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, recordó que este proyecto contempla en total 475 kilómetros de vía férrea entre Panamá Pacíco y David, provincia de Chiriquí. Contará con 14 estaciones que estarán localizadas en Ciudad de la Salud, Albrook, Panamá Pacíco, La Chorrera, Chame/Coronado, Río Hato, Penonomé, Divisa, Santiago, Soná, San Félix, David, Bugaba y Paso Canoas–Frontera. “La obra empleará a más de 50 mil panameños”, destacó. Faarup manifestó que tienen previsto contratar en su mayoría a empresas panameñas para los trabajos de construcción y para los trabajos especializados a compañías internacionales. “Hay dos aspectos importantes en el ferrocarril. La obra civil es todo lo que está debajo del riel, eso es movimiento de tierra, acarreo, y eso es el 60% del costo del ferrocarril, y eso lo pueden hacer empresas panameñas. Y cuando entramos a la superestructura que son los rieles, comunicación y todo lo demás, el acondicionamiento de los túneles, ya hay que contratar empresas internacionales” con experiencia en este tipo de proyectos, explicó. Explicó que dividirán los tramos, es decir, habrá trabajos paralelos en toda la ruta. “El país estará en construcción”, dijo. Visión del futuro Al inicio de su presentación, el secretario nacional del Ferrocarril de Panamá destacó que este proyecto no solo promueve la conectividad sino que va a crear una integración económica de todo el país, al desarrollar nuevos polos de desarrollo, y con miras a integrarse posteriormente con Costa Rica y, más adelante, con Centroamérica. “En Panamá tenemos el hub marítimo (Canal de Panamá y los puertos), tenemos Copa, que es la parte aérea, con el Hub de las Américas, pero nos falta el hub terrestre, y el ferrocarril va a dar inicio a este hub terrestre, es algo que no hay que verlo para ahora sino para el futuro, el día de mañana vamos a tener una Centroamérica integrada a Panamá, porque el ferrocarril va a ser el método de transporte de personas y también de mercancías”, armó. En cuanto a la futura integración con Costa Rica, Faarup precisó que en una reunión con su homólogo de Costa Rica hace un mes aproximadamente conversaron sobre el punto de encuentro entre su ferrocarril y el de Panamá, y que va a quedar como a unos cinco kilómetros al sur de Paso Canoas. “Es importante medir también las partes técnicas porque los ferrocarriles tienen que embonar y creo que eso lo pudimos lograr con ellos”, indicó. Costa Rica se encuentra en una etapa de ajustes al proyecto de construcción de un tren eléctrico de pasajeros que sería nanciado a través de tres fuentes internacionales, de acuerdo con medios de comunicación de esa nación. La meta de las autoridades es licitarlo en los primeros meses de 2026 e iniciar la construcción en enero de 2027. El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, una las entidades que nanciarían la construcción, ha dicho que “este proyecto no trata solo de un tren eléctrico para Costa Rica, sino que es el primer paso para que en un futuro cercano disfrutemos de un tren centroamericano, promoviendo el desarrollo, la competitividad y la calidad de vida para nuestra región”. tarios generales: uno sería Josué Morales, electo el año pasado, y el otro, José Richard González, quien supuestamente era el secretario de Docencia y Organización Gremial, pero que ahora firma los comunicados como el máximo dirigente. Esto es lo que le faltaba a esta asociación. Primero tuvieron a un huelguista profesional al frente; ahora tienen a uno que parece haber sido clonado y no se sabe cuál es cuál. UI UNIDAD INVESTIGATIVA Antai sanciona a representante Precilla por nepotismo El representante del corregimiento de Alcalde Díaz, Ricardo Precilla, fue sancionado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) por incurrir en nepotismo. Según la entidad, la sanción es económica y se impuso por violar el Código de Ética de los Servidores Públicos, tras comprobarse que había nombrado a un familiar dentro del primer grado de consanguinidad. La investigación inició en diciembre de 2024, luego de que la Antai recibiera una denuncia anónima. La entidad procedió a vericar la información ante la Dirección de Registro Civil, la cual conrmó el vínculo de parentesco. Por su parte, el Municipio de Panamá conrmó que el familiar del representante, miembro del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, fue contratado por el exalcalde José Luis Fábrega para desempeñar funciones en la junta comunal de Alcalde Díaz. Actualmente, dicha persona ya no forma parte de la junta comunal. GOBIERNO LOCAL José González Pinilla [email protected]
5A La Prensa Panamá, martes 6 de mayo de 2025 Panorama Adolfo ‘Beby’ Valderrama debe comparecer al juicio el próximo 13 de mayo. Archivo Beby Valderrama y otras 11 personas irán a juicio Juan Manuel Díaz [email protected] CASO PANDEPORTES El caso se relaciona con el manejo de al menos 3 millones de dólares en fondos asignados a federaciones deportivas del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes). El exdiputado del Partido panameñista Adolfo Valderrama y otras 10 personas enfrentarán el próximo 13 de mayo un juicio por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y blanqueo de capitales relacionado con el manejo de fondos asignados a federaciones deportivas del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes). Este juicio debió efectuarse en octubre pasado, pero la presentación de varios recursos legales impidió que se realizara, por lo que debió jar una nueva fecha por parte del Tribunal de Juicio. El escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción también solicitó el enjuiciamiento de los exdirectores de Pandeportes Roberto Arango y Mario Pérez, a quienes se les formularon cargos por la presuntacomisióndeldelito de peculado. En este caso la scalía también imputó cargos al exgerente de la Federación de Béisbol, Anibal Reluz, y al presidente de la Federación de Básquetbol, Jair Peralta. En este proceso también guran el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Jaime Pedro, Jorge Luis Dutary, Ana Vriginia Tejada, Beatriz Mercedez Herrera, Ulrich Raúl Ronner Araúz y César Ramsés Tejada. La investigación se inició el 30 de octubre de 2018 a raíz de un reportaje realizado por el diario La Prensa, que daba cuenta de una serie de irregularidades en el manejo de fondos y entrega de implementos deportivos por parte de diversas federaciones y organizaciones deportivas. Según un informe de la Contraloría, entre los años 2014- 2018 se entregaron $59.9 millones entre 133 disciplinas, fundaciones y ligas deportivas. En julio del 2023 la defensa de Valderrama interpuso un amparo de garantías constitucionales ante el Primer Tribunal de Justicia contra la decisión de un juez de garantías de no acoger un recurso de nulidad presentado contra la investigación del Ministerio Público. En su investigación la scalía practicó inspecciones a diversas federaciones deportivas y proyectos deportivos que debían realizarse con los fondos entregados a Pandeportes. Para este juicio un tribunal de garantías admitió 135 pruebas que fueron presentadas por la Fiscalía Anticorrupción, entre las que se encuentran 10 testigos, 22 pruebas periciales y 11 documentales. Entre las pruebas se encuentran dos informes de auditoría que revelan la existencia de una lesión patrimonial por unos $3 millones. En lo que va de 2025 se han decomisado unas 40 toneladas de drogas. Cortesía Decomisan casi dos toneladas de drogas en Colón y Altos de Panamá OPERATIVOS Juan Manuel Díaz [email protected] Casi dos toneladas de drogas fueron decomisadas por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Policía Nacional durante una inspección realizada a un contenedor ubicado en un puerto de la provincia de Colón que tenía como destino España y en una residencia ubicada en Altos de Panamá. En el primer operativo se ubicó una tonelada de droga oculta en 20 sacos que estaban esparcidos entre la carga de un contenedor, pero que fueron encontrados tras una operación de vericación por parte de funcionarios del Senan. Fuentes de la Fiscalía de Drogas informaron que el contenedor llegó a Colón procedente de Ecuador y tenía como destino nal Barcelona, España y que la carga permanecía en tránsito por Panamá. Según las investigaciones, la droga pudo ser introducida en el contenedor por pandillas locales que operan en asocio como empleados de los puertos. Por este caso las autoridades no tienen detenidos, pero la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala adelanta una serie de pesquisas para ubicar la procedencia de los narcóticos. Otros 811 kilos de drogas fueron ubicados durante una operación de inteligencia realizada en una residencia en la urbanización Altos de Panamá. Durante el allanamiento se encontraron 114 kilos de droga en la parte delantera de la casa y 687 kilos dentro de un vehículo. El 24 de abril en el desarrollo de la operación Puerto Seguro las autoridades detuvieron a cinco personas que se presume guardan relación con un cargamento de 1,181 kilos de cocaína. En este caso se estableció que empleados portuarios prestaban colaboración a redes criminales que reciben droga procedente de Colombia.
6A La Prensa Panamá, martes 6 de mayo de 2025 Panorama La llegada de Paulina Franceschi al CRIVB-AIP se da tras su rol como coordinadora nacional del Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas”, uno de los ejercicios de participación ciudadana más signicativos en la historia reciente del país. Para ella, aunque se trata de un cambio de escenario —del ámbito social y político al cientíco—, ambos roles están unidos por un mismo propósito: contribuir al desarrollo del país desde una visión centrada en las personas. “Creo rmemente que el desarrollo nace desde la gente, no solo desde arriba con políticas públicas. Es la ciudadanía la que debe transformarse, aprender y hacer las cosas de manera distinta”, expresó. Este nuevo cargo también representa una reconexión con sus raíces académicas. Franceschi es doctora en Microbiología por la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito internacional, enfocada en desarrollo humano, educación superior e investigación social. Su carrera se ha caracterizado por la gestión de proyectos de gran escala, incluidos los informes de desarrollo humano, así como por su compromiso con la innovación y el bienestar colectivo. Además, su trayectoria incluye cargos diplomáticos de alto nivel: en 2014 fue nombrada embajadora adjunta de Panamá ante las Naciones Unidas en Nueva York y, en 2015, emPaulina Franceschi: Del Pacto del Bicentenario al liderazgo científico bajadora en Austria y representante permanente ante las organizaciones internacionales en Viena. El Crivb-AIP cuenta con el respaldo de instituciones clave del ecosistema cientíco panameño, como la Fundación Ciudad del Saber, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y el Instituto de Investigaciones Cientícas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat-AIP). A nivel internacional, ha establecido alianzas estratégicas para potenciar sus capacidades. Un memorando de entendimiento rmado entre Senacyt, el Instituto Internacional de Vacunas (IVI) de Corea y el Baylor College of Medicine, en Texas, Estados Unidos, marcan el inicio de una colaboración enfocada en fortalecer las capacidades cientícas y productivas en materia de vacunas y biofármacos, tanto en Panamá como en América Latina. Así avanzaban los trabajos en el edificio en el que operará el Centro de Innovación en Vacunas y Biofármacos, en la Ciudad del Saber a inicios de año. Richard Bonilla Panamá apuesta por vacunas propias con centro regional Aleida Samaniego C. [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] CIENCIA E INNOVACIÓN El Centro de Innovación en Vacunas y Biofármacos avanza con una inversión de 10 millones de dólares en su primera fase. Su segunda fase, que contempla la construcción de una planta de manufactura, requerirá al menos 50 millones de dólares. El Centro de Innovación en Vacunas y Biofármacos (Crivb-AIP), una iniciativa que nació en plena pandemia de la covid-19, comienza a concretarse en la Ciudad del Saber, donde ya se conforma el equipo cientí- co que liderará este ambicioso proyecto, con la mira puesta en convertirlo en un referente regional para América Latina. La primera fase del proyecto, cuya inauguración se espera entre nales de junio y principios de julio —una vez arriben los equipos solicitados—, ha requerido una inversión aproximada de 10 millones de dólares. Así lo informó Paulina Franceschi, directora interina del Crivb-AIP, en entrevista con La Prensa. Detalló que esta etapa inicial incluirá laboratorios especializados para trabajar con nuevas plataformas de vacunas, como las basadas en ARN mensajero (ARNm), así como con fármacos monoclonales y proteínas recombinantes. El objetivo es claro: desarrollar vacunas con mayor rapidez y ecacia. La segunda fase contempla la producción a escala de vacunas y biofármacos. Para hacerla realidad, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) está gestionando apoyo internacional, dado que el establecimiento de una planta de manufactura implicaría una inversión estimada de 50 millones de dólares. Entre las líneas de trabajo que ya se perlan, Franceschi destacó la producción de antisuero contra el veneno de escorpión, un proyecto desarrollado en consorcio con la Universidad de Panamá y el equipo de la doctora Ildaura Patiño, quien ha logrado avances signi- cativos en esta área. “Estamos en un punto en el que ya se puede pensar en la manufactura de un suero que evite muertes por picaduras de escorpiones y mordeduras de serpientes, algo que ocurre con frecuencia en Panamá”, armó. Además, se proyecta una línea de investigación sobre arbovirus, impulsada por la incorporación de un investigador de trayectoria internacional, especializado principalmente en enfermedades respiratorias. Igualmente, se contempla el desarrollo de vacunas contra el dengue, para lo cual el centro evalúa la contratación de un especialista con experiencia en este campo. “En general, buscamos ofrecer respuestas cientí- cas a enfermedades infecciosas emergentes, priorizando aquellas con mayor impacto en la salud pública del país”, señaló Franceschi. Vacunación como inversión inteligente Franceschi subrayó que invertir en vacunas no solo es una estrategia de salud, sino también una medida económica altamente costoefectiva. Según estudios internacionales, por cada dólar invertido en programas de vacunación, el Estado puede ahorrar hasta 52 dólares en gastos relacionados con el tratamiento de enfermedades, hospitalizaciones, pérdida de productividad y carga sobre la seguridad social. “Esto tiene un peso enorme para países como Panamá, donde los recursos públicos son limitados y el crecimiento económico puede ser variable. Apostar por la prevención, en lugar de enfocarse únicamente en el tratamiento, permite al Estado liberar fondos que pueden ser destinados a otras áreas prioritarias, como la educación, la infraestructura o el fortalecimiento del sistema sanitario”, argumentó. Franceschi también indicó que, a nivel global, el sector salud será uno de los que más crecerá en inversión durante las próximas dos décadas. “Cuando se observa el panorama macroeconómico, el área que más aumentará su inversión es la salud, particularmente la farmacéutica, debido al envejecimiento poblacional y al incremento de enfermedades crónicas y degenerativas”, explicó. A su juicio, esto representa una gran oportunidad para países como Panamá, no solo por su potencial para atraer inversión, sino por la generación de empleo de calidad. “Proyectos como este pueden abrir nuevas puertas a profesionales formados en química, física, biología o informática. Las ciencias básicas, que a veces enfrentan barreras para insertarse laboralmente, pueden encontrar aquí un espacio real de desarrollo”, subrayó. Añadió que, al ampliar la cobertura y el acceso a vacunas, el impacto sería aún mayor: “Reduciríamos la carga de enfermedad, mejoraríamos la calidad de vida de la población y tendríamos una sociedad más productiva y saludable a largo plazo. Invertir en vacunas no es solo una decisión de salud, sino una estrategia inteligente de desarrollo”, concluyó. En el marco de la Asamblea General extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebró en Washington ayer, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, solicitó a este organismo respaldar la soberanía de Panamá sobre el Canal. “Solicitamos a la OEA que reitere su respaldo contundente y unánime a nuestros derechos soberanos, apelando para ello a la Carta de la OEA y a los principios previamente enunciados, que constituyen el sustento de nuestra convivencia armónica y civilizada en el hemisferio occidental”, dijo. Guevara Mann armó que en el marco de los 25 años de la administración de la vía interoceánica en manos de Panamá, rearman que es un activo del Estado panameño. “Declaramos rotundamente que el Canal es un activo inalienable del Estado panameño y que seguirá siéndolo para bien del comercio global y la navegación internacional”, apuntó. El viceministro subrayó que en un contexto global marcado por desafíos a los Panamá pide a la OEA respaldar el derecho soberano sobre el Canal MULTILATERALISMO organismos internacionales, Panamá continuará impulsando una política exterior basada en la legalidad, el respeto entre naciones y el fortalecimiento del multilateralismo como vía para garantizar la paz y la cooperación en la región. Guevara Mann hizo un enérgico llamado en defensa del multilateralismo, advirtiendo sobre los riesgos de las acciones unilaterales que afectan de manera desproporcionada a los países menos aventajados del hemisferio. Según Guevara Mann, este tipo de actuaciones no solo debilitan el sistema interamericano, sino que también generan consecuencias perjudiciales para los pueblos de la región. “Panamá seguirá insistiendo en el valor del multilateralismo como forma idónea y preferible de organización del sistema internacional, para lo cual hemos ofrecido a nuestro país como sede de la Asamblea General en 2026 y hemos propuesto proclamar el año entrante como Año del Bicentenario del Congreso Antriónico de Panamá”. Guevara Mann felicitó la elección de Laura Gil, como secretaria General Adjunta de la OEA. Reyna Katiuska Hernández [email protected] El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann. Cortesía Paulina Franceschi, académica, diplomática y una profesional con trayectoria en desarrollo, políticas públicas y mecanismos de diálogo para alcanzar consensos. Elysée Fernández
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