9A La Prensa Panamá, lunes 5 de mayo de 2025 respecta a las funciones asignadas a la ACP y su Junta Directiva, de modo que ninguna otra autoridad nacional puede exceder las competencias exclusivas de dicha entidad. Con este panorama claro, corresponde analizar si las actuaciones del ministro para Asuntos del Canal se llevaron a cabo dentro de los cauces legales antes mencionados, los cuales son necesarios para el correcto funcionamiento de la ACP. Dicho esto, reiteramos que las acciones enmarcadas en esta declaración conjunta sobre los peajes que deben pagar las embarcaciones de Estados Unidos son completamente ilegales. La ley que rige la ACP establece de forma clara que es la Junta Directiva la que debe autorizar los peajes correspondientes a las naves que transitan por la vía interoceánica. Así lo dispone el artículo 4 y el numeral 3 del artículo 18 de la citada Ley 19, los cuales señalan que corresponde a la Junta Directiva “ jar los peajes, tasas y derechos por el uso del canal y sus servicios conexos, sujetos a la aprobación nal del Consejo de Gabinete”. En consecuencia, el ministro del Canal debe presentar la resolución de la Junta Directiva que aprobó este costo neutro de peaje y que lo autorizó a rmar en nombre de Crisol no: sancocho Diversidad cultural Hace unos días participé en un evento donde se rindió tributo a la obra del legendario arquitecto Ricardo Holzer (q.e.p.d.). Holzer fue un refugiado judío nacido en Viena, Austria, que emigró a Panamá junto con sus padres luego de la anexión alemana de Austria, hacia 1938. Quien hizo la presentación fue el arquitecto Edwin Brown, otra leyenda de la arquitectura panameña. Previo al evento, el arquitecto Brown me comentó que Holzer le había dicho que sus padres escogieron Panamá por ser un sitio de tránsito y comercio donde convivían personas de diversos orígenes, incluyendo algunos judíos. En la introducción al evento, tuve la oportunidad de referirme al tema de la diversidad étnico-religiosa y cultural de nuestro país. Mi conclusión generó algo de revuelo… y hasta risas. Muchos dicen que Panamá es un “crisol de razas”. Me atrevo a disentir. No somos un crisol. Un crisol es un recipiente donde se derriten distintos metales para formar una sola aleación. Luego del derretido, cada metal pierde su identidad y la aleación adopta una nueva. Panamá no es un crisol: es un sancocho. El sancocho más básico tiene seis ingredientes: agua, sal, culantro, orégano, pollo (o gallina) y ñame. Hay sancochos más elaborados a los que se les agrega yuca, otoe, carne, e incluso maíz. Desde los puntos de vista social, demográ co y etnográ co, en Panamá conviven muchos grupos humanos. El primero son los pueblos originarios que habitan el istmo desde antes de la colonia. Por ignorancia los llamamos indios o indígenas, pero nada tienen que ver con la India. Son los primeros panameños y por eso los llamamos originarios. Luego vinieron los europeos y sus descendientes. Poco después, los africanos. Más tarde llegaron —y siguen llegando— inmigrantes de todo el mundo, cada uno con su cultura, idioma, costumbres y religión. En este país conviven personas con creencias, idiosincrasias, rasgos y culturas variadas. En sus calles vemos a miembros de pueblos originarios con su indumentaria tradicional, campesinos con sombreros pintados, personas provenientes de la India y el Medio Oriente, y residentes musulmanes con su galabiya o vistiendo el hiyab. Vemos a ministros de cultos helénicos, católicos y de otras religiones con sus vestimentas sagradas. Observamos a ciudadanos judíos con su kipá, y a afroantillanos con sus ropas tradicionales. Solo una vez en mi vida escuché a alguien burlarse de la apariencia o vestimenta de un ciudadano o residente de un grupo minoritario. Me dolió mucho, aunque me consuela que fue solo una vez. Ese es el punto de este artículo. La mayoría de los panameños aprecia la diversidad étnica de nuestro país, y esa diversidad es lo que nos hace grandes. Cada grupo preserva su identidad sin negar la identidad común que compartimos como orgullosos panameños. Cada miembro de cada grupo étnico es especial por sí mismo, así como cada ingrediente del sancocho es sabroso por separado. Pero el sancocho completo —al igual que la suma de todos los grupos etno-religiosos que aquí convergen— es verdaderamente excepcional. Eso solo puede darse en un país donde se valoran la tolerancia, la diversidad y, por encima de todo, la convivencia pací ca y la solidaridad humana. Así como Ricardo Holzer transformó positivamente la arquitectura panameña, siendo un inmigrante de origen y religión minoritarios, cada uno de nosotros —sin importar nuestro origen nacional, racial o religioso— es un ingrediente clave. Juntos, conformamos una sociedad admirable. Nada como un buen sancocho. Tarjeta roja a la corrupción en el deporte nacional Institucionalidad sangre al río, y seguimos en las mismas. Pandeportes tiene las manos atadas en su capacidad de intervenir en federaciones deportivas dirigidas por partidos políticos debido a varios factores legales, administrativos e incluso internacionales. Las federaciones deportivas en Panamá, al igual que en muchos otros países, son organizaciones autónomas regidas por estatutos propios. Aunque reciben nanciamiento de Pandeportes, su gestión interna es independiente. Esto signi ca que Pandeportes no puede intervenir directamente en sus elecciones o decisiones, salvo que existan violaciones claras a normativas especí cas. El Comité Olímpico Internacional (COI) y las federaciones deportivas internacionales establecen reglas estrictas que prohíben la injerencia gubernamental en la administración de las federaciones nacionales. Si Pandeportes interviniera arbitrariamente, Panamá podría enfrentar sanciones, como la suspensión de atletas y equipos en competencias internacionales. Existe un vacío legal que impide un control efectivo: no hay una norma clara que prohíba a dirigentes políticos ocupar cargos en federaciones deportivas, lo que ha permitido mantener el ujo económico encerrado en los bolsillos de unos pocos, limitando el desarrollo del deporte y bene - ciando a quienes les apoyan o les cuidan las espaldas. Casos como el de la Federación Panameña de Natación, dirigida por Franz Wever, y la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), bajo el liderazgo del diputado Benicio Robinson, son emblemáticos. Ambos han sido incansablemente criticados por su prolongada permanencia en el poder y la falta de transparencia en la gestión deportiva. En ambas federaciones, los dirigentes han mantenido el control por varios períodos, lo que ha generado denuncias sobre la falta de apertura a nuevas elecciones libres y democráticas. El país necesita cambiar esta situación. Sería necesario reformar la legislación deportiva y fortalecer los mecanismos de supervisión y transparencia. En el caso del béisbol, Benicio Robinson ha estado al frente por más de dos décadas, mientras que en natación, la familia Weber ha tenido una inuencia fuerte en la federación. Pero Pandeportes no tiene la facultad de destituir a los directivos, ya que estas entidades operan con estatutos propios y con el respaldo de organismos internacionales como World Aquatics y la Confederación Panamericana de Béisbol. Cualquier intervención directa podría resultar en sanciones internacionales. Ambas federaciones reciben nanciamiento estatal a través de Pandeportes. A lo largo de los años, han existido denuncias sobre la falta de rendición de cuentas, pero sin consecuencias legales claras. En el caso de Fedebeis, en 2018 la Contraloría General de la República señaló irregularidades en el manejo de fondos, aunque no se tradujeron en acciones concretas contra RobinSussette Cordero Sotero Un costo neutro ilegal Acuerdo de peajes El tema del costo neutro, establecido en una declaración conjunta entre el ministro para Asuntos del Canal y el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, ha iniciado un debate en la opinión pública nacional sobre la legalidad de dicha declaración y los efectos nocivos derivados del manejo inadecuado por parte de funcionarios de la República de Panamá. En este sentido, y a manera de prólogo, debo señalar que este documento, en nuestra opinión, es evidentemente ilegal, como se argumentará a continuación. Existe un marco constitucional y legal relativo a la administración de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), consignado en la Ley 19 de 11 de junio de 1997 (por la cual se reorganiza la Autoridad del Canal de Panamá). Este marco no puede ser transgredido, transferido ni desconocido en lo que dicho ente colegiado. En ausencia de dicha resolución, el ministro no puede, de forma unilateral, como ha hecho, tomar decisiones sobre este asunto ni suscribir documentos que obliguen a la ACP y al Estado panameño a cumplirlos. Este análisis nos lleva a concluir que el ministro del Canal ha transgredido las normas relativas a la competencia de la ACP, lo que podría incluso constituir una conducta delictiva tipi cada como extralimitación de funciones públicas. Además, debe cuestionarse la falta de transparencia del ministro José Ramón Icaza, quien mantuvo oculto el contenido del acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, sin revelar su texto ni aclarar si existe una versión en español del documento. Finalmente, existen serios cuestionamientos en torno a la soberanía nacional y su desconocimiento en los acuerdos suscritos por el gobierno panameño. A nuestro juicio, será la Corte Suprema de Justicia la que deba pronunciarse en última instancia sobre la legalidad y/o constitucionalidad de los acuerdos rmados entre Panamá y Estados Unidos. La Corte debe ejercer su papel como contrapeso institucional y ente de control sobre las actuaciones de los demás órganos del Estado. EL AUTOR es Senior Fellow del Mossavar-Rahmani Center for Business and Government de la Harvard Kennedy School. EL AUTOR es abogado. LA AUTORA es poeta y narradora. David M. Mizrachi Fidanque son. Pero ya sabemos el peso que carga su puesto político, en la Asamblea Nacional y en el Partido Revolucionario Democrático (PRD), lo que le otorga un respaldo que di - culta cualquier intento de scalización. La federación de natación, por otro lado, ha sido acusada de favorecer a ciertos grupos en la selección de atletas, lo que limita el desarrollo de nuevos talentos. “No entra quien no coma pan; en mi panadería mando yo”. Es la plena más cantada de los Wever. No obstante, los delitos de corrupción en el deporte se están criminalizando cada vez más. Muchos países han introducido normas de conducta para funcionarios públicos y participantes, promovido la buena gobernanza y creado entidades especializadas para prevenir y detectar la corrupción. ¿Para cuándo en Panamá? Es necesario crear leyes que prohíban que políticos activos dirijan federaciones deportivas, así como exigir mayor transparencia, auditorías públicas obligatorias y reformas estatutarias que garanticen elecciones democráticas. El deporte panameño está en presencia de un sistema de control prolongado, con respaldo político y vacío legal, lo que impide que Pandeportes actúe con rmeza. Panamá podría crear leyes que otorguen mayor autonomía y poder a Pandeportes para regular y scalizar a las federaciones deportivas. Pero esto requeriría una reforma legislativa signi cativa y, posiblemente, un debate con organismos internacionales como el COI. Una ley de transparencia y rendición de cuentas en federaciones deportivas obligaría a todas las que reciben fondos públicos a presentar informes detallados y auditados. En caso de irregularidades, Pandeportes podría suspender el nanciamiento e incluso intervenir en la gestión. Además, se podría prohibir a los dirigentes políticos en federaciones, y establecer una ley que impida que diputados, ministros o guras políticas activas ocupen cargos directivos. Esto reduciría el uso del deporte como herramienta política y evitaría conictos de interés. Otro mecanismo sería la creación de un consejo de supervisión autónomo, un organismo externo compuesto por representantes del sector privado, exdeportistas y académicos, que supervise la gestión de las federaciones y recomiende sanciones en caso de irregularidades. Pandeportes podría actuar con base en estos informes. Una reforma a su ley orgánica le daría poder para intervenir temporalmente en casos de corrupción o mal manejo, respetando siempre las normas internacionales. Aún con la resistencia política y las normas del COI que prohíben la intervención gubernamental directa, Panamá podría negociar, demostrando que la supervisión busca mejorar la transparencia, no controlar el deporte. Si los cambios afectan a políticos poderosos, podrían bloquear cualquier reforma en la Asamblea Nacional. Eso ya lo sabemos, pero valdría la pena intentarlo. El cambio requiere presión pública, apoyo de atletas y voluntad política para que valga el talento, y no la corrupción. El marco disciplinario deportivo y el sistema de justicia penal pueden ser complementarios. ¿Sabrá esto la justicia panameña? Los organismos deportivos a nivel mundial tienen jurisdicción sobre los marcos disciplinarios deportivos y pueden usarlos para sancionar a las personas, incluso imponiendo prohibiciones (si están dentro de la jurisdicción del deporte). Las autoridades de justicia penal tienen jurisdicción sobre asuntos penales. Urge hablar sobre la autonomía desgastada y bloqueada de Pandeportes. Una autonomía que apenas le permite auditar el uso de los recursos asignados a las federaciones y, aun así, limita su capacidad de sancionar si no se prueban actos de corrupción o mal manejo nanciero. En Panamá, la autonomía de Pandeportes está principalmente limitada por diversas leyes y regulaciones que buscan equilibrar la gestión del deporte en el país con la supervisión y control estatal. Una de las leyes más relevantes que afecta su autonomía es la arcaica Ley n.º 10 de 1997 (Ley General de Educación Física y Deporte). Esta ley establece el marco jurídico para el desarrollo de la actividad deportiva en Panamá y crea el Instituto Panameño de Deportes como la entidad encargada de promover y coordinar el deporte en el país. Aunque le otorga ciertas facultades, también le asigna responsabilidades hacia el control y supervisión por parte del Estado, lo que puede limitar su autonomía en la toma de decisiones, especialmente en términos de recursos nancieros y decisiones estratégicas. Muchas investigaciones deportivas a nivel mundial se centran solo en la violación de las reglas deportivas y no en el descubrimiento de indicios de actividad delictiva en las federaciones. No obstante, en algunos casos, un procedimiento disciplinario deportivo y una investigación penal pueden tener lugar simultáneamente. En tales casos, las autoridades de justicia penal pueden con ar en el organismo deportivo pertinente para explicar las reglas y los matices de un deporte en particular, y para obtener información sobre posibles pruebas, testigos y presuntos delincuentes. Pero esto no pasa en Panamá. Debería ser interés gubernamental facilitar plenamente una investigación por parte de las autoridades de justicia penal sobre las redes corruptas detrás de los casos de manipulación de fondos y competiciones, a n de prevenir y disuadir nuevas actividades corruptas. Pero nunca llega la Irving Domínguez Bonilla
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