4A La Prensa Panamá, lunes 5 de mayo de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] MAIL. La Contraloría ha habilitado el correo [email protected], para todo aquel que quiera denunciar casos de botellas o pagos a terceros en la planilla de la Asamblea. Es como si en 2014 hubiesen habilitado la dirección [email protected]. EX. Gracias a la planilla que ha divulgado la Contraloría, es posible ubicar dónde están las exdiputadas María “Chelita” Delgado, Cenobia Vargas y Mariela Vega: en los despachos de sus antiguos colegas Nelson Jackson, Benicio Robinson y Marcos Castillero, respectivamente. Delgado recibe $5,000 al mes, y Vargas y Vega, $3,500 cada una. Delgado cobra lo mismo que Mauricel Fátima Agrazal, la exdiputada que ahora es subsecretaria general de la Asamblea. O la subsecretaria no es tan buena en su trabajo o Chelita es la súper funcionaria. FAMILIA. También está Massiel Vallarino, pariente de Arturo y Ariel Vallarino, y directora ejecutiva de Fundader, la fundación creada por la exdiputada Marilyn Vallarino. Massiel, que recibe $3,000 de la Asamblea, está asignada a la Gobernación de la provincia de Panamá Oeste, en donde opera, precisamente, la fundación que dirige. ¿Es necesario recordar que en política no hay casualidades? FIESTO. En total, hay 79 personas que ganan más de $5,000 en la Asamblea. El salario de esta gente, al año, representa un gasto de casi $4.7 millones. A ese paso, si no le ponen un alto, lo que logre recuperar el contralor de Panama Ports se irá en pagar salarios, botellas y otras excentricidades. ¿PATRÓN’. Según el Loco, “un amigo” le contó que en el Consejo de Seguridad Nacional andan diciendo que él está financiando a los movimientos sindicales, civiles y gremiales que han salido a protestar en contra de las últimas acciones del Gobierno. ¿Qué amigo tiene En el pasado eran corregidores, luego pasaron a ser jueces de paz bajo dependencia del Municipio, y ahora quedan en manos del Ejecutivo. Archivo Justicia de paz queda en manos del Ejecutivo con nueva ley Mario De Gracia [email protected] GOBIERNO Ahora la norma exige idoneidad y fija un salario base de $1,000 para los jueces de paz, eliminando el rol de los alcaldes en su supervisión y trasladando esa función al Ministerio de Gobierno. La justicia comunitaria de paz queda adscrita al Ministerio de Gobierno. Los conflictos municipales que necesiten ser resueltos por jueces de paz quedarán ahora bajo la supervisión del Órgano Ejecutivo, luego de la aprobación de la Ley 467 del 24 de abril de 2025, que derogó la legislación anterior. El cambio en la jerarquización deja atrás un historial de modificaciones que ha sufrido esta instancia de la justicia: desde la eliminación de la figura del corregidor hasta la aparición de la propia justicia de paz con la Ley 16 del 17 de junio de 2016, la cual ha quedado derogada. Con la nueva norma, los alcaldes de distrito perderían su rol articulador de las casas de justicia comunitaria de paz, y esta prerrogativa quedará bajo la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno. El propio presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió la sanción de la nueva ley. “Se logra el cambio de una nefasta ley de 2016 sobre justicia comunitaria de paz. Eso era un desastre porque los jueces de paz se tomaron ese sector de una justicia administrativa mal concebida para hacer lo que les daba la gana y lo que menos administraban era justicia”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa del pasado 24 de abril. “Ahora los jueces de paz van a tener jefe”, señaló Mulino. Anteriormente, una de las figuras que ejercía un considerable nivel de supervisión sobre los jueces de paz eran los alcaldes, quienes también participaban en el proceso de selección de jueces. “El problema de la justicia de paz no eran los jueces inútiles, sino los jueces mal pagados, sin supervisión, casas de paz con infraestructuras y condiciones deprimentes. Una justicia de paz que tenía instituciones que estaban obligadas por ley a supervisar y apoyar, y no lo hicieron. Ya no hay excusa: ahora tenemos a un solo ente encargado de todo y esperamos ver los resultados en poco tiempo. Invertir en justicia comunitaria de paz es invertir en prevención de violencia”, señala la abogada Magaly Castillo al respecto. La necesidad de reformar la ley de justicia comunitaria de paz se ha alertado desde diversos sectores, incluida la propia Defensoría del Pueblo, quien recoge en su portal estadístico el derecho al debido proceso judicial como uno de los más vulnerados, al tiempo que la categoría de acceso a la justicia y el estado de derecho lidera el listado de derechos. En la nueva ley se aborda el tema salarial, estableciendo un salario base de $1,000 para los jueces de paz. También se exige el título de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, así como la idoneidad expedida por la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la infraestructura de las casas de paz, el presupuesto para estas dependencias vendrá directamente del Ministerio de Gobierno, cuyo presupuesto al cierre del primer trimestre de 2025 alcanzó los $116.1 millones para funcionamiento y $15 millones para inversión. Tras la sanción de la nueva legislación, el Ministerio de Gobierno deberá incorporar en su proyecto de presupuesto para la próxima vigencia fiscal la dotación necesaria para cubrir los gastos de la justicia comunitaria de paz. ¿Centralización? Sin embargo, a pesar de que la nueva legislación ataca algunos de los problemas centrales que describe Castillo, la jurista considera que también se crean otros. “El cambio más importante radica en que los jueces de paz pasarán a estar adscritos al Ministerio de Gobierno, y los recursos serán canalizados a través de este ministerio (...). Escogencia, nombramiento, todo está concentrado en el Ministerio de Gobierno, que responde al Ejecutivo. Todos estos conflictos que hay de manifestaciones públicas van a dar a las casas de paz, lo que podría prestarse para abusos, porque ahora los jueces de paz están totalmente dependientes del Órgano Ejecutivo. Ese creo que es un punto que debe llamarnos a la preocupación”, argumentó Castillo. “Espero que este cambio resulte y que en un plazo de cinco años no estemos evaluando la posibilidad de integrar a los jueces de paz al Órgano Judicial”, sentenció Castillo, esperando que la nueva ley solucione algunos de los problemas que aquejan a la administración de justicia comunitaria. Juan Manuel Díaz [email protected] Sede del Tribunal Superior de Apelaciones. Archivo El hombre que amenazó a Mulino en redes quedó detenido tras decisión judicial MEDIDA CAUTELAR El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial revocó la medida de noti cación periódica impuesta por un juez de garantías al ciudadano Juan Carlos Moreno de León, imputado por el delito de apología del delito, y ordenó su detención preventiva, luego de que el investigado lanzara amenazas contra el presidente José Raúl Mulino a través de redes sociales. Durante una audiencia de apelación solicitada por el Ministerio Público, los magistrados del Tribunal de Apelaciones decidieron de forma unánime dejar sin efecto la medida que obligaba al imputado a reportarse dos veces por semana, y ordenaron su ingreso preventivo a un centro penitenciario. Según los magistrados, en este caso se determinó la existencia de riesgo de fuga y posible afectación a terceros, ya que las acciones del imputado comprometían la integridad personal de otras personas. En la audiencia, el scal especializado contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, solicitó la aplicación de la detención preventiva, al considerar que el imputado representa un riesgo para la sociedad. El pasado 5 de abril, Moreno de León fue detenido en Aguadulce, provincia de Coclé, tras difundir en redes sociales amenazas contra el presidente Mulino e incitar a la población a cometer actos violentos. La detención fue efectuada por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quienes lograron identi carlo mediante sus cuentas en redes sociales. El delito de apología del delito, regulado en el artículo 390 del Código Penal, se castiga con una pena de uno a tres años de prisión o su equivalente en días-multa. Dicho artículo establece que quien públicamente incite a la comisión de un delito será sancionado con dicha pena. sentado en el Consejo que supuestamente anda filtrando información? Debe ser alguien de mucha confianza para que le haya dado tanta credibilidad al cuento. De paso, ha negado haber puesto “ni un fuc… centavo” para financiar protestas callejeras. Se debe haber quedado corto de plata, porque antes hablaba en términos de reales y no de centavos. Aquí la retórica es importante: que no haya puesto un “centavo” no significa que no haya puesto dólares.
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