2A La Prensa Panamá, lunes 5 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama José González Pinilla [email protected] El Colegio Elena Ch. de Pinate en Juan Díaz será intervenido. Archivo Meduca afirma que ejecución presupuestaria supera el 30% GESTION DE GOBIERNO El Ministerio de Educación (Meduca) a rmó que la ejecución de su presupuesto de inversión supera el 30% a la fecha, pese a informes que indican que hasta la fecha solo se ha pagado el 1.7% del total asignado para 2025. Antonia Pérez, directora de Finanzas del Meduca, explicó que el dato publicado recientemente —que señala una ejecución de $23.7 millones de un presupuesto ajustado de $1,377.8 millones— corresponde únicamente a la fase de “pagado”, una de las tres etapas que componen la ejecución presupuestaria: compromiso, devengo y pago. “Al cuarto mes del año ya tenemos comprometidos alrededor de $520 millones, lo que representa cerca del 38% del presupuesto de inversión. Esos fondos están destinados a proyectos que ya fueron licitados, están en ejecución o están en proceso de refrendo y orden de proceder”, dijo Pérez. La funcionaria subrayó que el presupuesto no solo incluye los fondos directamente administrados por el Meduca, sino también transferencias a entidades como el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) y las universidades. Añadió que al 31 de marzo la ejecución pagada en inversión era del 5.2%, pero ese porcentaje aumentará próximamente de forma signi cativa conforme avancen los procesos administrativos. En comparación con el año 2024, Pérez recordó que al mes de julio del año pasado la ejecución en inversión era apenas del 3%, mientras que actualmente ya se muestra un avance, con compromisos activos y proyectos en marcha. Entre los proyectos destacados incluidos en los $520 millones comprometidos, Pérez dijo que guran la dotación de laboratorios de física, química y ciencias naturales; adquisición de mobiliario escolar; instrumentos musicales para fomentar actividades extracurriculares; y reparaciones menores en planteles, con una asignación de $28 millones. Además, se han comprometido $25 millones para nuevas escuelas integrales en trámite y $247 millones para proyectos ya en ejecución, agregó. También forman parte de los compromisos los programas de nutrición escolar, como la leche, las galletas y la comida servida, este último actualmente en proceso de licitación pública. Por su parte, María Pineda, directora Nacional de Ingeniería, dijo que el Meduca tiene en estos momentos varios proyectos en diversas fases. Por ejemplo, 89 proyectos que están en ejecución. Esto incluye -dijo- proyectos que han dado seguimiento desde julio del año pasado, como los licitados, los que tienen orden de proceder y los que están por entregar. Uno de esos proyectos es la escuela Santa Librada, en el distrito de San Miguelito, que tiene un 99% de avance. Pineda también mencionó que están por terminar la escuela República de Venezuela, en Calidonia, y la escuela Francisco de Miranda, Felipillo. En Chiriquí está por terminarse la escuela Antonio José de Sucre. “También tenemos 30 proyectos terminados. Estos 30 proyectos se clasi can entre proyectos terminados físicamente, que están pendientes de algún trámite de adenda, algún refrendo por parte de la Contraloría”, dijo. Entre los proyectos nuevos mencionó la licitación para la construcción de la escuela Gran Bretaña en Pedregal, así como la Escuela Secundaria Ángel María Herrera, en Penonomé, y el colegio Elena Chávez de Pinate, en Juan Díaz. En solo un año, Sprintico Corp. ha recibido más de $42 millones en contratos directos para suministrar brazaletes electrónicos. Los detalles de estos contratos no son de acceso público. Foto tomada del Ministerio Público Brazaletes electrónicos: Mingob paga el doble a empresa ligada a Pegasus Ereida Prieto-Barreiro [email protected] El Ministerio de Gobierno adjudicó sin licitación un contrato por $37.2 millones a Sprintico Corp., empresa vinculada a redes de espionaje, alegando con dencialidad en los equipos y omitiendo referencias de experiencia comprobada. El Ministerio de Gobierno (Mingob), que encabeza Dinoska Montalvo, otorgó un contrato directo de más de $37.2 millones a la sociedad Sprintico Corp. –constituida en septiembre de 2021– para monitorear a privados de libertad mediante brazaletes electrónicos. Uno de los directivos de Sprintico Corp. mantiene vínculos con una sociedad señalada por blanqueo de capitales y relacionada con la venta del software de espionaje Pegasus en México. Sprintico Corp. no es una desconocida. En marzo de 2024, el gobierno de Laurentino Cortizo (2019– 2024) contempló otorgarle un contrato directo, de poco más de $5 millones, para el servicio y suministro de mil brazaletes electrónicos, por un plazo de dos años (730 días), a un promedio de unos $6.95 diarios. Sin embargo, la propuesta fue retirada al nal de la sesión del Consejo de Gabinete, sin que se explicaran los motivos. La actual contratación directa contempla el alquiler de 2 mil dispositivos, por un periodo de seis años (2,192 días). El costo unitario por grillete electrónico de la marca Relialert XC3 al Estado será de $8.50 diarios –$1.55 más que la contratación pasada– como detalla un borrador de contrato entre la ministra Montalvo y el presidente de Sprintico Corp., Jack Peter Derman Guzmán. En Estados Unidos, un brazalete más actualizado, el Relialert XC4, está disponible a la mitad del precio que ofrece Sprintico Corp. La empresa proveedora en Estados Unidos oferta sus servicios por $4.25 por unidad al día. Incluso, promociona descuentos que reducen el costo a $4 diarios. Para que el sistema de brazalete funcione, requiere una conexión estable a internet. ¿Por qué Sprintico? El Mingob maneja los detalles de esta contratación de manera con dencial y, debido a ello, se desconoce si se habrían solicitado cotizaciones a otras empresas. El director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, sostiene que se otorgó la contratación a Sprintico porque es el “único proveedor que cumple con los estándares de seguridad y con abilidad para dicha tarea”. El funcionario también indicó que no se llamó a una licitación porque, entre otros puntos, es “necesario mantener la con dencialidad de las características de los equipos”, según se desprende del documento que justi ca la contratación directa, publicado en Panamá Compra el 21 de abril pasado. Los candidatos para recibir brazaletes electrónicos son reos con enfermedades graves, crónicas o con discapacidad; embarazadas y madres lactantes; los que estén en depósito domiciliario o bajo anza de excarcelación, y condenados con libertad vigilada o con medida cautelar, entre otros. En el informe técnico que avala la compra, Torregroza indica que el “sindicado primario” —es decir, el primer sospechoso en un proceso judicial— puede participar voluntariamente en el programa. El conductor Aunque Sprintico Corp. tiene poco tiempo en el mercado panameño, su tesorero, Medardo Rangel Guevara –quien hasta 2023 guró como chofer en la planilla de la Contraloría General, con un salario mensual de apenas $692–, también fue miembro de la directiva de una sociedad con los representantes de NSO Group, empresa que vendió el software de espionaje telefónico Pegasus en $8 millones al entonces gobierno de Ricardo Martinelli, en 2012, según el Ministerio Público. Rangel Guevara fue preFE DE ERRORES En el análisis titulado “Un canje de notas que le abrió las puertas al MoU”, publicado en la edición de ayer, 4 de mayo de 2025, en la página 2A, sección Panorama, se informó que, al momento de la suscripción de un canje de notas entre Panamá y Estados Unidos (entre el 15 y el 20 de septiembre de 2022), la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá “era Janaina Tewaney”. Lo correcto es que la ministra en funciones en esa fecha era Erika Mouynes. UI UNIDAD INVESTIGATIVA sidente de Stavton Corporation, sociedad inscrita en marzo de 2020 en el Registro Público y disuelta en enero de 2022. Stavton fue inscrita por los israelíes Uri Emanuel Ansbacher y Matan Arie Koren, ambos residentes en México. En octubre de 2021, medios mexicanos reportaron que Ansbacher fue señalado por operar una supuesta red de empresas que vendieron Pegasus al gobierno mexicano que encabezaba Enrique Peña Nieto, a través de la empresa NSO Group. Posteriormente, Ansbacher presuntamente habría sido bene ciado con contratos directos por más de $15.9 millones en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Según informes de la Fiscalía General mexicana, Ansbacher utilizó múltiples compañías para transferir recursos y di cultar su scalización. Entre las sociedades que recibieron fondos se encuentra Stavton Corp., que habría recibido más de $4.3 millones. Tanto Stavton Corp. como Sprintico Corp. comparten el mismo agente residente: Enrique Palacios. El presidente de Sprintico Corp. es Jack Peter Derman Guzmán, que en mayo de 2021 era uno de los voceros de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas (Arbyd), recordado por los cierres de esos negocios debido a la cuarentena por pandemia. El secretario de Sprintico es el colombiano Fredy López Ocampo. ¿Experiencia penitenciaria? Pese a su reciente creación, el Ministerio de Gobierno argumentó que Sprintico Corp. tenía “experiencia penitenciaria comprobada” en el uso de brazaletes electrónicos en Estados Unidos, México y Sudamérica. Sin embargo, no se presentaron referencias de contratos anteriores. Tres meses después de su constitución, en 2021, la entonces ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo rmó, el 23 de diciembre de ese año, una resolución que establecía la “necesidad de implementar un sistema de monitoreo y localización para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios”. Cuestionada sobre esta resolución que dio luz verde a un plan piloto de brazaletes durante su gestión como ministra, Tewaney indicó que la medida surgió ante la “urgencia del hacinamiento excesivo” en las cárceles. Según dijo, la propuesta fue impulsada por un grupo interinstitucional en el que participó la Corte Suprema de Justicia. Tewaney aseguró no conocer a los representantes de Sprintico Corp., empresa que posteriormente fue considerada para un contrato millonario —que como se dijo no llegó a ejecutarse— durante el gobierno de Cortizo. Señaló que los aspectos técnicos y contractuales para un plan piloto fueron manejados por funcionarios de varias entidades. El plan piloto iniciaría con un número reducido de brazaletes y sería nanciado con “un fondo de seguridad nacional”, cuyo monto no reveló. Respecto a la dependencia de los dispositivos a una conexión estable a internet, la exministra indicó que ese tema debe ser respondido por la Dirección del Sistema Penitenciario, entidad responsable del monitoreo del programa.
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