2A La Prensa Panamá, domingo 4 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El pulso geopolítico entre Estados Unidos y China se traslada a los municipios GOBIERNOS LOCALES El pulso geopolítico entre Estados Unidos (EUA) y China, que inicialmente se concentró en Panamá con énfasis en el Canal y los puertos ubicados en el Pacífico y el Atlántico, ha comenzado a trasladarse a los gobiernos locales, específicamente a los municipios. Esta semana, el Concejo de Panamá aprobó un nuevo acuerdo municipal que establece que las compras de tecnología —tanto software como hardware— solo se realizarán a empresas cuya casa matriz esté ubicada en países que formen parte del Convenio sobre la Ciberdelincuencia de Budapest, adoptado en 2001. El Convenio sobre la Ciberdelincuencia, suscrito en Budapest, es el primer tratado internacional que busca armonizar las leyes de los países para combatir los delitos informáticos y proteger la integridad de las redes. En el caso de Panamá, el país es signatario del convenio desde 2013. Para el representante de Juan Díaz, David Bernal, y el analista político José Eugenio Stoute, países como China, India y Rusia no podrían participar en actos públicos de compra de tecnología convocados por el Municipio de Panamá porque no han ratificado este acuerdo internacional. En cambio, sí podrían hacerlo otras regiones como Estados Unidos, la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, Japón y el Reino Unido. Según el Municipio, la medida busca blindar las adquisiciones tecnológicas frente a potenciales riesgos de seguridad digital y alinear las políticas públicas con los estándares internacionales en materia de ciberseguridad. Otros municipios Además del Municipio de Panamá, este medio pudo conocer que en otros municipios del país también se conversa sobre el Convenio de Budapest. Stoute subraya que Estados Unidos ha utilizado el argumento de una supuesta —y falsa— penetración de la República Popular China en el país para justificar presiones geopolíticas que afectan directamente los intereses nacionales. “Esa situación tiene consecuencias, como el rechazo de donaciones chinas, la restricción del comercio con ese gran mercado o la negativa a adquirir tecnología de China”, señaló. En su opinión, estas tensiones ya impactan a municipios panameños, donde la influencia del pulso entre potencias comienza a sentirse con mayor intensidad. Caso Costa Rica Pero Panamá no es el único país de la región donde se ha aplicado el Convenio de Budapest como requisito en procesos de licitación o adquisición pública. En 2023, Costa Rica enfrentó una situación similar, cuando la adopción de este tratado internacional —orientado a establecer estándares en ciberseguridad— fue utilizada como criterio en una contratación estatal. Ese año, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, implementó una medida que excluyó a empresas chinas, como Huawei, del desarrollo de redes 5G en el país. El decreto ejecutivo N.º 44196-MSP-MICITT, emitido en agosto, establece que solo podrán participar en estos proyectos empresas de países que hayan suscrito el Convenio de Budapest sobre ciberseguridad y lucha contra la ciberdelincuencia, del cual China no es signatario. El presidente Chaves argumentó que esta decisión busca garantizar la seguridad cibernética de Costa Rica, protegiendo las infraestructuras críticas del país. A pesar de las críticas y presiones internacionales —incluida una queja formal de la embajada china—, Chaves defendió la medida como una “acción en favor del pueblo costarricense, priorizando su seguridad y soberanía digital”. Por su parte, la embajada de China en Costa Rica ha emitido varios comunicados en los que rechaza las acusaciones de que empresas como Huawei representan una amenaza para la ciberseguridad del país. En su opinión, la exclusión de empresas chinas con base en su adhesión al convenio constituye una práctica politizada. La Prensa intentó obtener una reacción de la embajada de China en Panamá, pero no obtuvo respuesta. Ley de Contrataciones El representante de Juan Díaz argumentó que la Ley de Contrataciones Públicas establece que las entidades no pueden incluir cláusulas subjetivas ni especificar marcas o productos de un solo fabricante, como parte del principio de igualdad de oportunidades entre los proponentes. Por su parte, el Municipio de Panamá impulsa la medida apelando a su autonomía y señalando que debe defender a la entidad de posibles ciberdelitos y comprar tecnología con altos estándares. En medio de este nuevo escenario geopolítico, marcado por tensiones crecientes y decisiones locales con impacto global, surge una interrogante clave: ¿Dónde se escribirá el próximo capítulo de la disputa entre Estados Unidos y China? Firma de Memorando de Entendimiento en materia de seguridad entre Panamá y Estados Unidos. En el acto participaron el ministro de Seguridad, Frank Ábrego; el presidente José Raúl Mulino; y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Isaac Ortega Un canje de notas que le abrió las puertas al MoU Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] RELACIONES INTERNACIONALES Un canje de notas diplomáticas de 2022 entre Panamá y Estados Unidos sirvió de base legal para el polémico memorando del 9 de abril de 2025, que otorgó inmunidades y beneficios a personal militar. En el Memorando de Entendimiento (MoU) suscrito el pasado 9 de abril entre el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter B. Hegseth, y el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, se menciona en tres párrafos distintos un “canje de notas del 2022” que fundamenta aspectos sumamente relevantes del controvertido acuerdo. En la página 4 del memorando, en los párrafos 14 y 15, se alude así a este canje de notas diplomáticas: “14. El personal de los EE.UU. consultará con el Ministerio de Seguridad Pública acerca de las áreas apropiadas fuera de las ubicaciones autorizadas en lo relativo a la presencia de armas, incluyendo consideraciones de seguridad pública, sujeto al intercambio de notas del 2022”. “15. […] Los participantes reconocen además que todas las reclamaciones relativas a la construcción y utilización de proyectos por el personal de los EE. UU., o en nombre de este personal en virtud del presente memorando, se sujetan al canje de notas del 2022”. Más adelante, en el párrafo 20, el canje de notas hace su última aparición bajo otra denominación: “20. Ninguna disposición del presente memorando pretende contravenir las obligaciones jurídicas existentes de los participantes o de sus gobiernos, incluidas las relativas al Tratado concerniente a la neutralidad permanente del Canal y funcionamiento del Canal de Panamá. Asimismo, los participantes reconocen que el acuerdo de 2022 se aplica a las actividades realizadas en virtud del presente memorando”. El canje de notas Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, el canje de notas diplomáticas es un “tratado constituido por un intercambio de notas diplomáticas, cuyo contenido resulta de la conjunción de todas ellas y constituye la expresión del consentimiento”. Durante la administración del presidente Laurentino Cortizo (2019-2024), se suscribió un canje de notas diplomáticas entre el 15 y el 20 de septiembre de 2022. En ese momento, la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá era Janaina Tewaney y el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos era Stewart Tuttle. Los firmantes del canje de notas fueron funcionarios de mandos medios de ambos gobiernos. Las iniciales del representante de la embajada estadounidense eran TGW, mientras que por Panamá firmó un funcionario de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados, cuya rúbrica resulta indescifrable. Mediante la Nota Verbal N.º 423 del 15 de septiembre de 2022, la embajada de Estados Unidos propuso un acuerdo de doce párrafos que reconocería una condición de inmunidad a los miembros de sus fuerzas armadas, así como a los contratistas bajo su control. Este acuerdo representa lo que en inglés se denomina Status of Forces Agreement (SOFA), o acuerdo sobre el estatus de las fuerzas. Era un claro indicio de la intención del gobierno estadounidense de restablecer algún grado de presencia militar en Panamá. En el tercer párrafo de la propuesta estadounidense se retrocedía 66 años en la relación bilateral, para restablecer privilegios migratorios, de circulación vehicular e incluso el derecho a portar uniforme militar y armas, aspectos ya superados por los tratados Torrijos-Carter. “Al personal de Estados Unidos se le permitirá la entrada y salida de la República de Panamá con documento de identificación de los Estados Unidos y órdenes en relación con su misión en Panamá, los vehículos, embarcaciones y aeronaves propiedad del Gobierno de los Estados Unidos u operados por su personal o en su nombre no estarán sujetos al pago de cuotas de aterrizaje o portuarias; cargos de pilotaje, navegación o sobrevuelo; cargos por atracar y estacionar en rampa; o cargos por lanchaje o puerto mientras se encuentren en Panamá, excepto los cargos relacionados con el tránsito normal por el Canal de Panamá acordados anteriormente; no obstante, el Gobierno de los Estados Unidos pagará cargos razonables por servicios solicitados y recibidos”. En el párrafo 11 se introduce la fórmula de “arreglos específicos adicionales” entre el Departamento de Defensa y el Ministerio de Seguridad Pública. El memorando de entendimiento del 9 de abril es, precisamente, un ejemplo de ese tipo de arreglo: “Las autoridades competentes de los dos gobiernos podrán concertar arreglos específicos adicionales que sean necesarios. Las autoridades competentes para estos arreglos son el Departamento de Defensa de los EUA, por parte de Estados Unidos, y el Ministerio de Seguridad Pública por la República de Panamá, o sus representantes designados”. En el párrafo final de la propuesta de la embajada estadounidense se establece que, de ser aceptado por Panamá, el acuerdo tendría una duración inicial de un año, renovable automáticamente por hasta cinco años. La terminación del acuerdo podría darse por cualquiera de las partes con una notificación escrita seis meses antes del vencimiento del período. Mediante la nota NV-AJ/ DT-MIRE-2022-074247, fechada el 20 de septiembre de 2022, la Cancillería panameña aceptó la propuesta estadounidense y trazó la hoja de ruta que conduciría al memorando de entendimiento del 9 de abril de 2025. de viaje individuales o colectivas, de conformidad con el Acuerdo Recíproco sobre Visas Gratis para No Inmigrantes, celebrado mediante canje de notas en Panamá, el 27 de marzo y el 22 y 25 de mayo de 1956, modificado mediante canje de notas el 29 de mayo y el 30 de septiembre de 1957, y el 14 y 17 de junio de 1971, con la salvedad de que el Gobierno de la República de Panamá le exonerará de todo requisito de tarjetasdeturismoorestricciones o controles asociados a la entrada o la salida y los costos conexos. Las autoridades panameñas aceptarán como válidas las licencias o los permisos de conducir expedidos por las autoridades competentes de los Estados Unidos, o sus subdivisiones, al personal de los Estados Unidos para la conducción de vehículos, y dicho personal está autorizado para vestir el uniforme del Gobierno de los Estados Unidos de América y para portar equipo autorizado, incluidas las armas, cuando así lo exijan sus funciones oficiales”. (El destacado es del autor). En el párrafo 6 del documento se manifiesta la intención de restablecer la gratuidad de la mayor cantidad posible de servicios brindados a navíos y aeronaves militares estadounidenses que utilicen instalaciones en Panamá. Aunque se exceptúa expresamente el Canal, la filosofía del párrafo apunta claramente a la gratuidad general de los servicios prestados por el Estado panameño: “Conelfindeapoyaralpersonal de los Estados Unidos Donald Trump y Xi Jinping. Archivo
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