6A La Prensa Panamá, sábado 3 de mayo de 2025 El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) invertirá $23 millones en la adquisición de bombas nuevas y en reparaciones de emergencia para más de 20 plantas potabilizadoras del país. La inversión tiene como objetivo preparar estas instalaciones ante la llegada de la temporada de lluvias, periodo en el que suelen producirse crecidas y turbiedad en los afluentes que alimentan las tomas de agua cruda. Los fondos para atender estas necesidades provienen de un traslado de partida aprobado por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el pasado 30 de abril, por un monto total de $26.9 millones. De este total, $23 millones se destinarán a la compra de bombas, y $3.9 millones a la adquisición de productos químicos necesarios para el tratamiento del agua. También se contempla la culminación del nuevo sistema de abastecimiento de agua potable Chilibre–Pedernal, así como el mantenimiento de los sistemas SAP y Synergía, utilizados por el Idaan para la comercialización y la gestión contable.La compra de bombas y las reparaciones de emergencia estarán dirigidas principalmente a las plantas potabilizadoras afectadas por las intensas lluvias de finales de 2024, periodo durante el cual el Gobierno decretó un estado de emergencia. Según el director del Idaan, Rutilio Villarreal, es urgente cambiar las bombas ante la proximidad de Idaan invertirá $23 millones en bombas y reparaciones para unas 20 potabilizadoras INVERSIÓN la estación lluviosa, ya que las tomas de agua cruda demandan un mayor esfuerzo operativo. “Es urgente comprar las bombas para garantizar el suministro de agua potable a la población y no vernos en la necesidad de detener las potabilizadoras cada vez que se crezcan los ríos”, agregó. Para este año se pronostica la llegada del fenómeno de La Niña, por lo que las autoridades buscan prevenir interrupciones en las operaciones de las plantas y evitar el desabastecimiento. Las intervenciones se concentrarán en las potabilizadoras de Chepo y Pacora, en Panamá este; Yaviza, en Darién; El Silencio, Isla Colón y Quebrada Nigua, en Bocas del Toro; así como en Santiago, Cañaza y San Francisco, en Veraguas. También se realizarán inversiones en las plantas de La Pintada y Natá, en Coclé; Barú, Tolé, San Félix y San Bartolo, en Chiriquí; y en Llano de Piedra, Rufina Alfaro, Tonosí y Macaracas, en Los Santos. Miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Archivo Proyecto que amplía declaración jurada patrimonial avanza en la AN José González Pinilla [email protected] Yaritza Mojica [email protected] TRANSPARENCIA Este proyecto ya había sido aprobado en primer debate a finales de 2024, pero, cuando estaba en segundo debate, el pleno de la Asamblea Nacional decidió devolverlo nuevamente a primer debate. La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca extender la obligación de presentar una declaración jurada de estado patrimonial a funcionarios de alta jerarquía. La propuesta, presentada por el diputado de la coalición Vamos, Roberto Zúñiga, recibió cinco votos a favor y uno en contra. Votaron a favor: José Pérez Barboni, Francisco Brea, Ana Poveda (suplente), Martha Sandoya (suplente) y Roberto Zúñiga. En contra: Luis Eduardo Camacho, presidente de la comisión. Este proyecto ya había sido aprobado en primer debate a finales del año pasado, pero, cuando estaba en segundo debate, el pleno de la Asamblea Nacional decidió devolverlo nuevamente a primer debate. Esto ocurrió luego de que Camacho presentara un informe de minoría en el que sustentó que el proyecto posiblemente reñía con la Constitución. A su juicio, el proyecto buscaba ampliar la disposición constitucional descrita en el artículo 304 de la Constitución, al extender el catálogo de funcionarios obligados a presentar una declaración jurada de estado patrimonial. “Cualquier intento de cambiar la Constitución mediante una ley sería inválido”, dijo el pasado mes de septiembre. El proyecto fue discutido esta semana, aprobado nuevamente y enviado a segundo debate. “Seguimos en la lucha a favor de la transparencia y contra la corrupción”, afirmó Zúñiga. De acuerdo con el diputado, en la actualidad la declaración jurada de estado patrimonial —una herramienta fundamental para detectar y prevenir posibles enriquecimientos ilícitos que pudieran cometer los servidores públicos— solo se aplica a un “número reducido” de funcionarios. Entre ellos, el presidente y vicepresidente de la República, el presidente de la Asamblea y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. La propuesta busca extender esa medida a los diputados y sus suplentes, representantes y sus suplentes, concejales, alcaldes, vicealcaldes, secretarios generales municipales y gobernadores. También incluiría a los directores de la Autoridad Nacional de Aduanas y del Servicio Nacional de Migración; los jefes diplomáticos y consulares; los superintendentes de Bancos, del Mercado de Valores y de Seguros y Reaseguros; miembros de juntas directivas que manejen fondos públicos o tomen decisiones al respecto; y miembros de juntas directivas encargadas de administrar instituciones públicas. A través del Centro de Operación Nacional (C.O.N), el país gestiona actualmente 3,037 cámaras distribuidas en puntos estratégicos de cinco provincias, siendo la capital la más equipada, con 1,589 dispositivos. Además del C.O.N., otras entidades públicas y municipales, como el Municipio de Panamá, el Metro de Panamá, el Aeropuerto de Tocumen y bancos estatales, también operan sistemas propios de videovigilancia. Esta red multisectorial permite una cobertura más amplia, tanto en zonas urbanas como en áreas de alto tránsito o vulnerabilidad. El sistema no solo permite una vigilancia constante, sino que se ha convertido en una fuente de información judicial. Desde su implementación, se han atendido más de 3,200 solicitudes de videos por parte del Ministerio Público, lo que ha contribuido al esclarecimiento de casos, la identificación de sospechosos y el fortalecimiento de las investigaciones penales. Nuevas cámaras El Ministerio de Seguridad informó que ha planificado la instalación de 1,459 nuevas cámaras en puntos estratégicos del país. El proyecto de expansión contempla principalmente la provincia de Panamá, con 1,284 unidades nuevas, pero también alcanzará regiones como Herrera, Chiriquí y Veraguas, fortaleciendo la vigilancia en el interior del país. Este crecimiento es respaldado por estudios de seguridad que identifican zonas prioritarias para la videovigilancia. Los municipios de Don Bosco, Chitré, Boquerón y San Francisco figuran entre los beneficiados. Para empresarios como el expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí, Felipe Rodríguez, este programa debe abarcar toda la provincia de Chiriquí. “Se deben incrementar las cámaras en la provincia, ya que es una de las más importantes del país. Esperamos que otras ciudades comerciales de esta región, además de David, sigan el mismo camino, como Dolega, Boquete y Bugaba”, dijo Rodríguez. Las estadísticas Según el Ministerio de Seguridad, este programa ha Seguridad ciudadana: el Gobierno ampliaría la red de cámaras para reforzar videovigilancia ESTRATEGIA sido clave en la prevención del delito, la reducción de actos vandálicos y una mayor sensación de seguridad entre los ciudadanos. También se ha mejorado la coordinación entre los cuerpos de seguridad, permitiendo respuestas más rápidas y eficientes ante incidentes. Las estadísticas revelan el alcance del programa: entre julio de 2024 y marzo de 2025 se recibieron 857,440 llamadas, de las cuales la mayoría estuvieron relacionadas con alteraciones del orden público (30%), incidentes de tránsito (22%) y reportes de actividades inusuales (18%). Casos más graves, como violencia de género y agresiones, también fueron detectados y gestionados. En ese mismo período se tramitaron 481 casos de violencia doméstica, se capturaron 808 personas requeridas por las autoridades y se recuperaron 297 armas de fuego y 222 vehículos vinculados a denuncias por robo o hurto. Estas cifras reflejan el impacto directo de la videovigilancia en la reducción del crimen. En municipios como el de David, donde opera este programa, se espera la expansión de las cámaras. El alcalde de David, Joaquín de León, subrayó que este tipo de sistema necesita ser reforzado y ampliado. Actualmente, este municipio cuenta con unas 300 cámaras y señala que se necesitan al menos 200 más. Durante una reunión, la Gobernación de Chiriquí solicitó al Ministerio de Seguridad más agentes y cámaras para combatir delitos en la provincia. Con la expansión del sistema de videovigilancia, el país avanza hacia una red de seguridad más robusta, interconectada y preventiva, que fortalezca la capacidad de respuesta de las autoridades. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Cámaras de videovigilancia Archivo Equipos de la potabilizadora de Chilibre. Cortesía Panorama
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