2A La Prensa Panamá, viernes 2 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] De Kuna Yala a Gunayala: el nombre de la comarca cambia de manera oficial ASAMBLEA NACIONAL Con el eco del tambor legislativo aún resonando en los pasillos de la Asamblea Nacional, el pleno de este órgano del Estado cerró la primera legislatura del periodo 2024-2029 con siete proyectos aprobados en tercer debate; uno de ellos, el cambio de nombre de la comarca indígena Kuna Yala a Gunayala. La propuesta fue impulsada por la diputada perredista Flor Brenes y modifica un artículo de la Ley 99 del 23 de diciembre de 1998, que hasta ahora denominaba a la región como “Kuna Yala”, para reconocer el nombre correcto en lengua de los pueblos originarios: Gunayala, sin separación, y con “G”. El proyecto fue aprobado el jueves 30 de abril, con 43 votos a favor. Brenes agradeció a sus colegas diputados por el apoyo a su propuesta. Un reclamo identitario de larga data La decisión, de acuerdo con lo que se debatió en el Palacio Justo Arosemena, responde a un proceso de reflexión cultural y lingüística. “Luego de un análisis exhaustivo con las autoridades de la comarca, y tras consultas con lingüistas y expertos de la lengua guna, así como con las autoridades tradicionales, se determinó que la forma correcta de referirse a la comarca es Gunayala, con G, unido en un solo término”, explicó la diputada Brenes cuando la iniciativa fue aprobada en primer debate en la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea. De acuerdo con conocedores del tema, consultados por este medio, más allá del papel, el cambio representa un gesto de respeto hacia la cosmovisión y autodeterminación del pueblo guna, que desde hace décadas lucha por preservar su lengua, cultura y organización política. De San Blas a Kuna Yala No es la primera vez que el nombre de la comarca cambia. En el pasado, durante la época republicana temprana, fue conocida como San Blas, un nombre que según los habitantes de la comarca, era ajeno a la identidad del pueblo guna. En 1998, con la Ley 99, se reconoció oficialmente como “Kuna Yala”, un término que si bien se acercaba al uso autóctono, arrastraba errores fonéticos y de escritura. “Con esta modificación los medios de comunicación y las instituciones públicas y privadas podrán utilizar correctamente en todos los documentos el nombre de la comarca, y ello corrige la incertidumbre de cómo debería realmente llamarse y escribirse la comarca Gunayala”, dice en la exposición de motivos de la propuesta legislativa. La comarca Gunayala: riqueza natural, pobreza estructural Ubicada en la franja caribeña del noreste de Panamá, Gunayala está compuesta por una estrecha franja continental selvática y más de 360 islas de belleza escénica incomparable, muchas de ellas deshabitadas. Con una población aproximada de 50 mil habitantes, la mayoría de los cuales son indígenas gunas, la comarca es un mosaico de tradiciones ancestrales, una democracia comunitaria robusta y una fuente viva de biodiversidad. Sin embargo, la región también enfrenta desafíos estructurales. Según informes del propio Ministerio de Desarrollo Social, más del 70% de sus habitantes vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema, con acceso limitado a servicios de salud, educación y saneamiento básico. A pesar de estar rodeada de exuberante riqueza natural, Gunayala permanece marginada de los beneficios del desarrollo económico nacional. Integrantes del llamado frente multipartidista durante la rueda de prensa del miércoles 30 de abril. Richard Bonilla Tres frentes y el fuego cruzado que enfrenta el presidente Mulino Eliana Morales Gil [email protected] OPOSICIÓN Tres frentes se levantan, cada uno con su historia, pero todos con un blanco común: la conducción actual del país, en especial por los acuerdos firmados con Estados Unidos y la visión del gobierno sobre soberanía, minería y seguridad social. No fue una huelga. Ni una marcha más. Fue la imagen: excandidatos presidenciales que rivalizaron en la pasada campaña electoral, sentados junto a exdiputados independientes, ambientalistas, y otros, unidos en una denuncia común. En la política panameña, donde la división es la norma, esta fotografía representa un punto de inflexión. El presidente José Raúl Mulino no enfrenta por estos días una oposición tradicional, sino una confluencia inédita de malestares: sociales, gremiales, ciudadanos y políticos. Tres frentes se levantan, cada uno con su historia, pero todos con un blanco común: la conducción actual del país, en especial por los acuerdos firmados con Estados Unidos y la visión del gobierno sobre soberanía, minería y seguridad social. Primer frente: Sindicatos y movimientos populares, el músculo en la calle El más combativo de los tres es el frente sindical y popular, encabezado por el sindicato más grande de Panamá: el Suntracs. Su lista de exigencias es extensa y frontal: la derogación de la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social, el rechazo a la minería, la oposición al embalse del Río Indio y, sobre todo, la denuncia de los recientes acuerdos de seguridad firmados con Estados Unidos. Este bloque no solo disputa políticas públicas, sino el modelo mismo de desarrollo impulsado por el gobierno. Detrás de su presión está una narrativa de soberanía y justicia social, con ecos de luchas históricas. Y aunque su proyecto suele dividir opiniones, en esta coyuntura su postura encuentra eco en sectores más amplios, como la Asociación de Profesores de Panamá, la Asociación de Educadores Veragüenses y la Asociación de Maestros Independientes Auténticos, que decretaron un paro de labores en las escuelas públicas del país desde el 23 de abril, pese al rechazo de la población a la medida. Igual medida asumió el Suntracs, quien también decretó huelga. Cada día, estos grupos realizan marchas no solo en la capital, sino también en Chiriquí, Veraguas, Coclé, Colón, Herrera y Panamá Oeste, entre otras provincias. Su fuerza reside en el impacto social de su acción. Al afectar el calendario escolar, y los proyectos de construcción, generan presión directa sobre el gobierno y visibilizan su protesta. Segundo frente: Sal de las Redes Sal de las Redes es un grupo ciudadano, conformado principalmente por jóvenes que salieron a las calles en el último trimestre de 2023 para oponerse al contrato ley entre Panamá y la empresa minera. Ahora retomaron las marchas y protestas en reclamo por los acuerdos pactados entre el gobierno de Panamá y el de Estados Unidos, porque consideran que atentan contra la soberanía del país. También rechazan cualquier intento de retomar los proyectos mineros en suelo panameño. Marcharon desde la cinta costera hasta la Presidencia de la República el pasado miércoles. Volvieron a marchar ayer, jueves 1 de mayo. Y prometieron estar en la calle todos los días. “Vamos a seguir convocando marchas porque estamos en contra de las decisiones políticas que se han estado tomando por el presidente Mulino. No estamos de acuerdo con el memorando que se firmó con Estados Unidos. Queremos la derogación de la ley del Seguro Social. No estamos de acuerdo con la ley de amnistía de la que se está hablando en la Asamblea”, dijo Camila Aybar, una de las voceras del grupo, poco antes de comenzar la marcha del pasado miércoles por la tarde. Ese día, el presidente Mulino dijo que quería hablar con los representantes del grupo. “Ojalá hoy mismo”, expresó. Recibió un portazo. La agrupación rechazó la invitación. Alegaron, entre otras cosas, que “no puede haber diálogo posible cuando se ha decidido quebrantar el Estado de derecho y poner en riesgo la soberanía nacional”. Algunos catalogaron el hecho como un error. “Intransigencia y radicalismo no querer dialogar como ciudadanos que quieren lo mejor para el país. Decepción total”, aseguró el economista y exmnistro Fernando Aramburú Porras. “La democracia se construye con diálogo, no con imposiciones. El presidente @JoseRaulMulino invitó en forma pública al grupo Sal de las Redes porque es el mandatario de todos los panameños, sin agenda, con transparencia y de cara al pueblo. El país no se construye con intransigencia. Hubiera esperado que los jóvenes no siguieran las prácde Defensa de ese país, Pete Hegseth. Para ellos, estos acuerdos no solo son inconstitucionales, sino una afrenta directa a los Tratados Torrijos-Carter y al Tratado de Neutralidad del Canal. Sentarse en la misma mesa fue un acto político de alto voltaje. Allí coincidieron Ricardo Lombana, Martín Torrijos, Juan Diego Vásquez, Gabriel Silva, Ana Matilde Gómez, Guillermo Willy Bermúdez, Crispiano Adames, Alonso Illueca y la ambientalista Raisa Banfield, entre otros. Algunas de estas figuras, durante la campaña presidencial, evitaron incluso dialogar entre sí, pero ahora comparten micrófonos en defensa de la soberanía panameña. El catalizador, como ya se dijo, son los acuerdos con el país que actualmente gobierna Donald Trump, quien, desde antes de asumir el poder (20 de enero de 2025), amenaza con retomar el control del Canal de Panamá, ruta marítima vital para el comercio internacional que está en manos panameñas desde el 31 de diciembre de 1999, producto de la firma de los Tratados Torrijos-Carter. “Nadie niega que pueda existir cooperación fluida con los Estados Unidos. A lo que nos negamos es a que vuelvan a entregar territorio panameño para instalaciones militares conjuntas, que es una manera más de aceptar la presencia militar extranjera en este país, que estaba prohibida”, dijo Martín Torrijos sobre el tema. Martín Torrijos, hijo de Omar Torrijos, quien lideró el proyecto que concluyó en los Tratados Torrijos-Carter, gobernó Panamá entre 2004 y 2009. En las elecciones pasadas compitió para la presidencia de la República y quedó en tercer lugar. El frente opositor, en el fondo, advierte que existe una creciente sensación de que la soberanía nacional está siendo negociada a espaldas del país. La figura de Hegseth, emisario del trumpismo en temas de seguridad, provocó una reacción que va más allá de la diplomacia: activó un trauma histórico. La sospecha de que estos acuerdos comprometen el control sobre el Canal y vulneran pactos firmados tras la dictadura generó una convergencia emocional y política que el gobierno parece haber subestimado. ticas de la vieja política, que tanto daño hizo a este país”, escribió en X el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. El exdiputado independiente Juan Diego Vásquez le respondió: “Intransigente el presidente que pretende escoger con quién sí y con quién no. El presidente se debe al pueblo. Que lo escuche. El pueblo somos todos, no los que piensan igual que él”. Tercer frente: el bloque multipartidista La irrupción más inesperada es la del frente multipartidista, una alianza de políticos, abogados, ambientalistas e internacionalistas, que parecía imposible hace apenas unos meses. Debutaron el pasado miércoles 30 de abril en conferencia de prensa. Lo que los ha unido no es un programa ideológico compartido, sino lo que consideran una alarma: los acuerdos firmados entre Panamá y Estados Unidos, a propósito de la reciente visita a Panamá del secretario
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