2A La Prensa Panamá, jueves 1 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] Entrega de los restos ayer 30 de abril de 2025. Juan Manuel Díaz Identifican a cuatro víctimas más de la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989 DEUDA HISTÓRICA La Fiscalía Superior de Liquidación, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y la Comisión de Desaparecidos del 20 de Diciembre entregaron ayer a sus familiares los restos óseos de cuatro personas desaparecidas durante la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, en diciembre de 1989. Se trata de Dídimo Miranda, Ricardo Aurelio Arana Riquelme, Ramón Alberto Núñez y Yervín José Paruta Ávila, todos reportados como muertos o desaparecidos por sus familiares tras los hechos del 20 de diciembre de aquel año. La fiscal Geomara Guerra explicó que aún permanecen 73 cuerpos por exhumar en el cementerio Jardín de Paz, sitio donde se han realizado la mayoría de las exhumaciones, y anunció que ha solicitado al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales la reapertura de 24 expedientes cerrados previamente por falta de pruebas. Estos corresponden a investigaciones de personas desaparecidas durante la invasión. El antropólogo forense del Imelcf, Adán Hernández, detalló que los trabajos de identificación resultaron altamente complejos debido al grado de degradación de los cuerpos, consecuencia de las condiciones de humedad y temperatura en las fosas comunes. Recuperar ADN fue una tarea difícil, señaló. También destacó que la identificación fue posible gracias al trabajo conjunto de expertos del Imelcf y de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), donde se realizaron los cotejos genéticos con muestras de familiares. La última persona identificada mediante pruebas de ADN fue el estudiante universitario Alejandro Antonio Hubbard Torrero, también reportado como desaparecido por sus familiares tras la invasión. El procurador general Luis Carlos Gómez expresó que el Ministerio Público está comprometido con concluir el proceso de identificación de víctimas y reconoció el trabajo técnico y sostenido del Imelcf y de la Fiscalía Superior de Descarga. Felicidad Ayola, del Comité de Desaparecidos del 20 de Diciembre, subrayó que esta labor ha sido producto del esfuerzo de muchas personas e instituciones a lo largo de varios años, y que en más de una ocasión enfrentaron dificultades por falta de recursos. “Pero con mucha dedicación se ha logrado cristalizar”, dijo. Un trabajo contra el olvido La invasión militar de Estados Unidos a Panamá, ocurrida el 20 de diciembre de 1989, marcó uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país. La operación Causa Justa —que incluyó el despliegue de más de 25 mil soldados— tuvo como objetivo capturar al general Manuel Antonio Noriega, entonces jefe de las Fuerzas de Defensa, acusado de narcotráfico. Sin embargo, el saldo fue mucho más amplio: cientos de muertos, miles de heridos y una estela de destrucción, especialmente en zonas como El Chorrillo, bombardeado durante la madrugada. Aunque el gobierno estadounidense reconoció 516 muertes, fuentes panameñas y organismos de derechos humanos elevan esa cifraamásdemil.Amásdetres décadas del suceso, las heridas siguen abiertas: decenas de familias aún no saben dónde están sus seres queridos. La Comisión del 20 de Diciembre, creada en 2016, ha impulsado gestiones judiciales y periciales para identificar los cuerpos sepultados en fosas comunes tanto en el Jardín de Paz como en la provincia de Colón. Yaritza Mojica [email protected] Padres de familia piden clases; estudiantes reclaman diálogo HUELGA DOCENTE Ayer, en medio del conflicto que mantiene paralizadas las escuelas oficiales del país desde el pasado 23 de abril, padres de familia y estudiantes expresaron su preocupación por el impacto que la huelga indefinida de docentes está teniendo sobre la educación pública panameña. Grupos de padres se manifestaron para pedir el regreso a clases, alegando que los más afectados son los estudiantes, sobre todo aquellos en años críticos como duodécimo grado o quienes están por presentar pruebas importantes. En paralelo, varios estudiantes se pronunciaron pidiendo un diálogo serio entre el Ministerio de Educación (Meduca) y los gremios docentes para encontrar una solución sin prolongar más el paro. La huelga fue convocada por al menos 26 gremios magisteriales en rechazo a la Ley 462, que reforma el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). Desde entonces, miles de docentes se han sumado a las protestas a nivel nacional, que también han sido respaldadas por sindicatos de la construcción, organizaciones sociales y trabajadores de la salud. En muchas regiones del país, las protestas han incluido cierres de calles, marchas y vigilias, mientras las autoridades advierten sobre las consecuencias administrativas para los educadores que no se reincorporen a sus puestos. No obstante, los gremios docentes insisten en que la ley debe ser derogada y que la defensa del sistema solidario de pensiones es una causa justa. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, ha reiterado llamados al diálogo y ha instado a los docentes a retomar las clases, afirmando que los estudiantes no deben ser rehenes del conflicto. Sin embargo, desde los gremios docentes se insiste en que el diálogo solo será posible si se detiene el proceso de implementación de la ley cuestionada. En tanto, estudiantes organizados exigieron al Meduca que convoque mesas de diálogo con participación activa de los propios estudiantes, quienes dicen sentirse ignorados en las discusiones. También reclamaron un calendario de recuperación que no afecte sus vacaciones de fin de año ni la calidad del aprendizaje. Mientras el conflicto se prolonga, la incertidumbre sobre el calendario escolar y el futuro de miles de estudiantes sigue creciendo. La planilla se puede revisar en esta página web prensa.com Alexander Arosemena Planilla bajo la lupa: 4,022 nombres, cheques y ubicaciones dudosas Mónica Palm [email protected] La Contraloría reveló que el 86% del presupuesto de la Asamblea se destina a planilla. Algunos funcionarios no tienen ubicación laboral clara y ciertos despachos, como el de Benicio Robinson, manejan gastos mensuales desproporcionados. La Contraloría General de la República (CGR), que desde hace un tiempo audita la planilla de la Asamblea Nacional (AN), ha revelado la lista del personal registrado en la planilla legislativa, con la novedad de que ubica a cada funcionario en el despacho en el que supuestamente labora. Se trata de una lista de 4,022 personas que, en conjunto, representan un gasto quincenal de casi $7.1 millones. Es decir, que al año la AN destina cerca de $85.2 millones, lo que equivale al 86% del presupuesto del Legislativo para el año 2025. La Prensa ha colocado la planilla legislativa en una base de datos, con un buscador que facilita ubicar la información (https://surl.li/ hkyilh) El despacho que más gasta en planilla es el del diputado Benicio Robinson, con $261,225 al mes. Le siguen Marcos Castillero ($226,282), Jaime Vargas ($164,120) y Crispiano Adames ($122,850). Los cuatro pertenecen al Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo presidido por Robinson. Además, Castillero, Vargas y Adames han ocupado la presidencia de la AN, incluso en más de una ocasión cada uno. El quinto lugar lo ocupa Dana Castañeda, de Realizando Metas (RM), actual presidenta de la AN. Su despacho gasta al mes $120,675 en planilla. Adicionalmente, hay un grupo de trabajadores asignados a la Presidencia del Legislativo, cuyo costo mensual es de $47,100. En contraste, los diputados que representan el menor gasto en planilla son Janine Prado ($6,750 al mes), Eduardo Gaitán ($6,800) y Jorge Bloise ($7,000). Los tres forman parte de la bancada independiente de Vamos. La Contraloría no parece tener claro dónde laboran 386 personas, ya que en el listado aparecen como “sin ubicación”. Esto tiene un neja la televisora del Legislativo y transmite las sesiones en redes sociales, hay 34 personas, cuyo salario suma $54,610 cada mes. Aparte está el Departamento de Relaciones Públicas, que emplea a 12 personas, cuyo salario en conjunto es de $18,500 mensual. También consta dónde están algunos exdiputados que ahora son funcionarios de la Asamblea. Jerry Wilson cobra $4,000 al mes y está asignado a la Secretaría General, a cargo de Carlos Alvarado. Arturo Vallarino, padre del diputado Ariel Vallarino (RM), cobra $3,500 en la Secretaría Técnica de Presupuesto. En tanto, Carlos Motta cobra $5,000, por laborar para Benicio Robinson, en Bocas del Toro. Desde que Anel Flores reemplazó a Gerardo Solís, el 2 de enero pasado, los auditores de Contraloría han llevado a cabo varias gestiones en la AN. En abril, pagaron las dos quincenas en cheque (no por transferencia bancaria), a cada funcionario. Incluso una vez, pasaron lista de asistencia en el portón de ingreso. costo $673,819 al mes. Adicional, en este reporte, a cada diputado principal se le asigna un salario quincenal de $900, cuando se sabe que cada uno devenga $7,000 al mes. El diputado de RM, Omar Ortega, que casi nunca ocupa la curul (solo ha asistido al 4% de las sesiones ordinarias del pleno legislativo en julio, agosto, septiembre y octubre de 2024 y enero y febrero de 2025), tiene una planilla que cada mes cuesta $51,825, en la que hay 30 personas. Conforme a este listado, hay personal pagado por la Asamblea, pero asignado a gobiernos locales, como las alcaldías de Capira (Panamá Oeste) y Las Tablas (Los Santos) y las juntas comunales de Guzmán (Coclé), Puerto Caimito (Panamá Oeste) y Boca del Monte (Chiriquí). También hay personal del Legislativo, pero que aparece asignado a la Gobernación de Panamá Oeste, la Zona Libre de Colón y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). En el Departamento de Radio y Televisión, que maUI UNIDAD INVESTIGATIVA
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==