8A La Prensa Panamá, miércoles 30 de abril de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. no es solo responsabilidad del Estado ni del maestro. El hogar también educa, y ahora más que nunca, está al frente de una batalla silenciosa. He conocido madres que, sin haber terminado sus propios estudios, se sientan cada noche a repasar letras y números con sus hijos. Padres que, tras turnos largos y mal pagados, buscan videos en internet para explicar fracciones o historia. No tienen pizarras ni metodologías pedagógicas, pero tienen voluntad. Y esa voluntad, en tiempos de crisis, vale más que mil decretos. Sin embargo, no podemos romantizar esta realidad. Muchos hogares panameños enfrentan esta tarea sin herramientas, sin apoyo y sin guía. Las brechas se hacen más profundas: el que tiene acceso a internet y acompañamiento avanza; el que no, queda rezagado. Y ahí es donde la verdadera preocupación debería sacudirnos: ¿qué futuro estamos sembrando si hoy abandonamos a quienes más necesitan una educación presente y constante? El sistema educativo panameño tiene Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Una deuda pendiente con la Constitución Tribunal Constitucional Actualmente, la Constitución vigente, en el numeral 1 del artículo 206, faculta a la Corte Suprema de Justicia para la guarda e integridad de la Constitución frente a actos ejercidos por la Administración Pública que, a juicio de la población, vulneren alguna de sus disposiciones. Como máximo tribunal judicial del país, la Corte está encargada de administrar justicia y dictar jurisprudencia en materia penal, civil, contencioso-administrativa y laboral. Por ello, sus integrantes deben contar con formación y experiencia especializada en cada una de estas áreas, a fin de cumplir correctamente su labor interpretativa. Pese a esta facultad constitucional, es bien sabido que la Corte Suprema de Justicia no es un tribunal especializado en Derecho Constitucional, lo que muchas veces dificulta el cumplimiento de su mandato de proteger la Carta Magna. A esto se suma la mora judicial en esta materia, debido a la alta carga de trabajo que enfrentan sus distintas salas, con procesos como recursos de casación, revisión y nulidad, entre otros. Ante la ausencia de un control constitucional oportuno, efectivo y especializado sobre los actos de la Administración Pública, se hace urgente la creación de una jurisdicción dedicada exclusivamente a la defensa de la Constitución: el Tribunal Constitucional. En la mayoría de los países de América Latina y Europa ya existe este tipo de tribunal, integrado por magistrados especialistas en Derecho Constitucional. De este modo, se garantizaría una jurisdicción especializada para salvaguardar la Constitución. Sin embargo, debemos ir más allá. Es imprescindible contar con un Código Procesal Constitucional que, además de fungir como ley orgánica del Tribunal Constitucional, integre en un solo cuerpo normativo todos los mecanismos procesales constitucionales: Habeas Corpus, Habeas Data, demandas y advertencias de inconstitucionalidad o inexequibilidad, y el Amparo de Garantías Constitucionales. Así, la Corte Suprema de Justicia podría concentrarse exclusivamente en administrar justicia en los ámbitos penal, civil, contencioso-administrativo y laboral, como establece su naturaleza. En definitiva, Panamá tiene una deuda pendiente con su Constitución. La creación del Tribunal Constitucional es la mejor forma de saldarla. Este tema debe formar parte de una nueva Constitución, emanada de un proceso constituyente con la participación activa de todos los ciudadanos. ¡Dios bendiga a la patria! Entre méritos y amiguismo Realidad del país clusiva del sector público, ya que también se observa en la empresa privada; allí, el favoritismo y el nepotismo desplazan a los candidatos más preparados y capacitados, repercutiendo en la productividad y competitividad de las empresas. Además, cuando empresarios del sector privado ingresan al sector público, tienden a trasladar estas prácticas inapropiadas. Es fundamental reconocer que Panamá enfrenta serios desafíos estructurales. A pesar de algunos avances, seguimos siendo uno de los países más desiguales de América Latina, y cada año la brecha entre los más ricos y los más pobres se amplía. La clase media se encuentra cada vez más afectada. Existen profundas desigualdades socioeconómicas, clasistas, de género, étnicas, racistas y territoriales que hemos normalizado y, a menudo, no reconocemos cuando nos enfrentamos a ellas. Estas desigualdades limitan el acceso a una educación de calidad y dificultan la obtención de un empleo digno, lo que impide que la meritocracia funcione eficazmente. La herramienta principal para combatir estas desigualdades es garantizar una educación de calidad, accesible para todos por igual. En contextos de alta desigualdad, se perpetúa un círculo vicioso que fomenta la pobreza, el hambre y la falta de oportunidades, lo cual se traduce en mayores índices de desempleo, delincuencia y en una oferta educativa insuficiente, limitando la creación de espacios en los que las personas puedan progresar en igualdad de condiciones. La meritocracia enfrenta desafíos debido al clientelismo, especialmente cuando la administración pública es percibida como un “botín político” por el gobierno en turno. En estos casos, los nombramientos y remociones se realizan con base en el partidismo o en las conexiones personales, en lugar de en los méritos individuales. Actualmente, la plantilla gubernamental es una de las más amplias en nuestra historia, y son pocos los cargos que se obtienen a través del sistema de carrera administrativa, lo cual evidencia una aplicación limitada de la meritocracia. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es que existe un sector de la población que cuenta con privilegios. A estas personas se les abren puertas de par en par según el apellido familiar y el político en turno, lo que, en la práctica, se traduce en acceso a las mejores escuelas, redes de contactos o recursos heredados que tienden a dominar las posiciones de poder. Es bien sabido que en los cargos públicos en Panamá se repiten con facilidad los mismos apellidos; por ello, se afirma que es necesario combatir los sistemas de privilegio que benefician a la clase pudiente. La desigualdad de oportunidades es evidente, sobre todo, cuando hablamos de “escuelas rancho”, falta de agua potable, pobreza en el interior del país, alcantarillado deficiente, y carencia de educación y becas, entre otros aspectos. Esto se debe a que Tomás Alonso Padres al frente: la otra cara de la educación en tiempos de huelga Formación En medio de una nueva huelga educativa, los titulares hablan de reclamos, paros y promesas rotas. Pero hay una historia que pocas veces se cuenta: la del padre y la madre que, con sus propios medios, intentan sostener la educación de sus hijos desde casa, mientras las puertas de las escuelas siguen cerradas. Como docente y madre panameña, conozco bien ambos lados del aula. He visto a colegas luchando por condiciones dignas y a padres desesperados, buscando cómo evitar que sus hijos se queden atrás. Esta huelga no solo pone en pausa el calendario escolar, sino que evidencia algo que ya venía ocurriendo en silencio: la educación deudas históricas, sí. Pero también debemos mirar hacia adentro: ¿estamos, como sociedad, reforzando el valor de la educación en casa? ¿Estamos criando hijos que entienden que aprender no es solo asistir a clases, sino un compromiso de vida? Los padres no reemplazamos a los maestros, pero sí podemos ser aliados. Podemos leer con nuestros hijos, conversar sobre lo que observan en la calle, enseñarles a pensar, a cuestionar, a soñar. La educación no puede depender únicamente de la escuela, menos cuando el sistema tambalea. Hoy más que nunca, necesitamos unir fuerzas. Que el Estado cumpla con su parte, que los educadores sigan alzando la voz con dignidad, pero también que, desde el hogar, abracemos la misión de educar. Porque aunque las escuelas estén cerradas, la mente y el corazón de un niño no tienen por qué estar en pausa. Opinión EL AUTOR es estudiante de derecho. LA AUTORA es docente de primaria y escritora. EL AUTOR es abogado, investigador y doctor en Derecho. Christian Marciaga no todas las personas parten de condiciones similares, lo que impide que todas puedan competir en igualdad. Un ejemplo clásico de ello es el de las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, que enfrentan mayores obstáculos. En Panamá, la meritocracia es a menudo promovida como un ideal durante las campañas políticas, pero una vez en el poder se tiende a olvidar este compromiso. Aunque es un tema recurrente en discursos y mítines políticos, no se traduce en una lucha efectiva contra el clientelismo, la desigualdad estructural y la dependencia de contactos. A pesar de algunos avances en la realización de concursos públicos, la falta de igualdad de oportunidades sigue siendo un reto significativo. Para que la meritocracia sea verdaderamente efectiva, es indispensable implementar políticas públicas y planes de Estado que garanticen la equidad en el acceso a la educación, los recursos y los empleos, disminuyendo así la influencia de factores como la política y el poder económico. Las reformas estructurales necesarias en Panamá incluyen una reforma integral del sistema educativo, así como la profesionalización del sector público mediante concursos públicos auténticos que permitan el ingreso a la carrera y la progresión hacia puestos más altos por mérito propio, sin la influencia del gobierno en turno. También es necesaria la promoción, capacitación y financiación de emprendimientos en sectores clave y en poblaciones vulnerables, como la agricultura y el turismo en zonas rurales e indígenas. Además, es crucial implementar la digitalización del sector público para garantizar la transparencia en los procesos de selección —incluyendo becas, empleo y concursos— con el fin de eliminar la influencia política y asegurar que las personas más calificadas sean escogidas. Estas reformas deben ir acompañadas de una transformación del sistema de justicia para combatir la corrupción mediante la transparencia y la rendición de cuentas, y de políticas de inclusión que promuevan una cultura meritocrática tanto en el sector público como en el privado. Las soluciones deben involucrar no solo al gobierno, sino también al sector privado, la sociedad civil y otros organismos, para su aplicación efectiva en la sociedad. En conclusión, el debate sobre la meritocracia en Panamá no se limita únicamente a las políticas de contratación laboral, sino que refleja cambios mucho más profundos en cuanto a la distribución de oportunidades y la justicia social. Si realmente queremos eliminar estas prácticas, es necesario comprometernos genuinamente con la transparencia, la equidad y la profesionalización. En la sociedad panameña es común escuchar que los contactos y las relaciones personales tienen un gran peso en comparación con títulos o experiencia. En algunos casos, puestos públicos y privados, así como becas y auxilios económicos, pueden ser otorgados basándose en el amiguismo y en referencias personales, en lugar de los logros académicos y profesionales de una persona. Esta situación se presenta a diario, hasta el extremo de que en muchos casos ni siquiera se percibe cuando ocurre. Un ejemplo de ello es el de los auxilios económicos y becas para los jóvenes del Concurso Nacional de Oratoria, que nunca fueron entregados. El concepto clásico de meritocracia se basa en que el acceso a cargos y posiciones, tanto en el ámbito público como en el privado, debe realizarse tomando en cuenta únicamente las capacidades, competencias y logros demostrados por cada persona. Esta compite por la posición deseada junto a otros candidatos que poseen hojas de vida iguales o superiores. Es decir, se trata de elegir a la mejor o a las mejores personas para un determinado puesto, sobre todo cuando este conlleva una gran responsabilidad. La meritocracia no solo se fundamenta en el principio de que el talento y el esfuerzo individual son elementos clave para la eficiencia y el progreso, sino que también aporta beneficios significativos a la sociedad. No obstante, su implementación en Panamá enfrenta graves desafíos y obstáculos, ya que nuestra realidad a menudo genera prácticas contrarias a lo que debería ser un sistema verdaderamente meritocrático. Hablar de la meritocracia en Panamá implica abordar un tema extremadamente complejo, caracterizado por la tensión entre el ideal de recompensar el esfuerzo y las realidades de desigualdad, clientelismo y falta de oportunidades equitativas. Por un lado, el sector público ha utilizado históricamente prácticas de contratación basadas en conexiones políticas y personales, sin considerar criterios de preparación y evaluación profesional. La mayoría de los nombramientos se realizan mediante designaciones directas o por recomendaciones y favores, como los proporcionados a donantes de campaña. Estas prácticas afectan negativamente la eficiencia gubernamental, erosionan la calidad del servicio público y generan una creciente desconfianza entre la ciudadanía. Es importante reconocer que esta problemática no es exEbony López Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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