1A La Prensa Panamá, miércoles 30 de abril de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 30 de abril de 2025 - Año 44 - Nº 15002 Hoy por hoy El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, ha dicho en voz alta lo que por años se ha murmurado: las federaciones deportivas manejan bienes del Estado como si fueran propios, sin transparencia ni rendición de cuentas. Están usando estadios públicos, generando ingresos con eventos y taquillas, sin aportar “ni un dólar” al erario. Esta situación es inaceptable.Muchas de estas federaciones están controladas por políticos o figuras con vínculos partidistas, lo que agrava el problema. El caso del estadio Kenny Serracín lo demuestra: pese a haber sido inaugurado hace pocos años y costar más de $18 millones, hoy se encuentra deteriorado y será cerrado para reparaciones. Más allá del abandono físico, el problema es estructural: la ausencia de fiscalización y el silencio cómplice de quienes han tolerado esta cultura de privilegios. Es hora de revisar los convenios con las federaciones, exigir auditorías y asegurar que los bienes públicos sirvan al interés colectivo, no a negocios particulares con respaldo político. Ellas.pa Pasaporte de museos, una iniciativa interactiva 6B El histórico debut de la Roja femenina de Futsal 10A Deportes Panorama Las escuelas siguen vacías; la cúpula docente está en la calle 4A Economía Indagan el precio de la tierra en la ruta del nuevo tren 4B ‘Estadios del Estado no reciben ni un dólar’ Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS PÚBLICOS Miguel Ordóñez, director de Pandeportes, denunció que federaciones deportivas lucran con estadios estatales sin rendir cuentas. El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, denunció que varias federaciones deportivas en Panamá, como la de fútbol (Fepafut) y la de béisbol (Fedebeis), lucran con estadios e instalaciones del Estado sin rendir cuentas ni aportar ingresos al erario. Durante su comparecencia ayer martes en la Asamblea Nacional, Ordóñez afirmó que los estadios son propiedad estatal, pero que estas federaciones pactan precios, organizan partidos y recaudan taquilla sin reportar “ni un dólar” a Pandeportes. Criticó lo que calificó como una “cultura arraigada” de privilegios y falta de transparencia, en la que las organizaciones privadas aprovechan recursos públicos sin asumir responsabilidades financieras. Mencionó el caso del estadio Rommel Fernández, cuya operación genera ingresos, pero su mantenimiento lo sigue costeando el Estado. Como ejemplo del abandono estatal, anunció que el estadio Kenny Serracín será cerrado por ocho meses desde mayo de 2025 para reparaciones, pese a haber costado $18.1 millones y haberse inaugurado en 2018. VEA 2A Y 10A Sala Penal: Pérez absuelto; Tamburelli, culpable La Sala Penal de la Corte absolvió al exdirector de la Policía Nacional Gustavo Pérez del delito de peculado, relacionado con la compra de una máquina pinchadora por $13.4 millones. Sin embargo, mantuvo la condena de 10 años de prisión contra Giacomo Tamburelli, exdirector del FIS, por irregularidades en la contratación. VEA 4A Juan Manuel Díaz [email protected] Ifarhu revisa caso por caso tras denuncias de becas no pagadas PROMESAS INCUMPLIDAS Yaritza Mojica [email protected] Tras varios días de denuncias públicas por parte de jóvenes finalistas del Concurso Nacional de Oratoria, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) reconoció que entre 2021 y 2024, durante la administración de Bernardo Meneses e Iliana Molo, se entregaron certificados de becas sin respaldo presupuestario. “Se les hicieron promeGabriel Cajiga. Cortesía Canciller Martínez-Acha: ‘La defensa de la soberanía no necesita ruido’ El ministro de Relaciones Exteriores subrayó ante la Asamblea Nacional que la vía diplomática silenciosa ha permitido reforzar alianzas en torno al Canal. Dijo que busca el respaldo de 15 países a una resolución sobre el Tratado de Neutralidad en la OEA. VEA 6A sas vacías”, admitió el jefe de Asesoría Legal de la entidad. La actual administración, a cargo de Gabriel Cajiga, ha iniciado una revisión caso por caso para conocer los proyectos de vida de los jóvenes afectados y determinar quiénes recibieron apoyo. Para cumplir con los compromisos pendientes, el Ifarhu tramita un crédito extraordinario por $3.8 millones ante el Ministerio de Economía y Finanzas. VEA 7A Café con La Prensa El reto de impulsar una economía verde y sostenible En el foro Café con La Prensa, que contó con el patrocinio de Davivienda y el apoyo de Panamá Pacífico, se abordaron los retos de Panamá para avanzar hacia una economía circular y más sostenible. Participaron Guillermo Pugliese, director de sostenibilidad de Tetra Pak para la región andina, Centroamérica, el Caribe y México (cen.), y la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández (der.). Yolanda Sandoval moderó el encuentro (izq.). VEA 1B Alexander Arosemena
2A La Prensa Panamá, miércoles 30 de abril de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juana Manuel Díaz [email protected] Letrero de búsqueda de Leopoldo Lester, desaparecido en Arraiján, Panamá Oeste. Alexander Arosemena Ubican el cuerpo de Leopoldo Lester, desaparecido en Loma Cová SUCESO El cuerpo que se presume corresponde a Leopoldo Lester, desaparecido desde hace 17 días en un área boscosa de Arraiján, fue ubicado por funcionarios judiciales y agentes de la Policía Nacional que participaban en las labores de búsqueda. Según se informó, el hallazgo se produjo en un sector boscoso cercano a Panamá Pacífico. De acuerdo con reportes policiales, junto al cuerpo fue encontrada una cartera con documentos que podrían permitir su identificación. Lester fue reportado como desaparecido en el área de Loma Cová durante la celebración de la Semana Santa, lo que motivó múltiples diligencias de búsqueda por parte del Servicio Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Ministerio Público. Según sus familiares, desapareció el pasado 12 de abril mientras recolectaba pencas para la celebración del Domingo de Ramos. El rastro de Lester se perdió en una zona boscosa de Loma Cová, donde existen áreas sin presencia humana. Funcionarios de Criminalística y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) se trasladaron al lugar del hallazgo para levantar el cuerpo y preservar posibles evidencias. El Imelcf realizará la necropsia correspondiente para confirmar la identidad del cuerpo y establecer las causas del fallecimiento. A raíz del incremento en los reportes de personas desaparecidas, el Ministerio Público creó una unidad especializada para investigar estos casos. Las autoridades informaron que actualmente hay 38 personas reportadas como desaparecidas, cuyos casos están bajo investigación del Ministerio Público. Juan Manuel Díaz [email protected] Senafront desmantela red de tráfico internacional de autos robados CRIMEN ORGANIZADO Una red criminal dedicada al tráfico internacional de autos de alta gama robados fue desmantelada por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en diligencias realizadas en el corregimiento de Barú, provincia de Chiriquí, y Don Bosco, en la provincia de Panamá. La operación también dejó al descubierto la participación de una funcionaria de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) que facilitaba la entrega de documentos y dos exmiembros de la Fuerza Pública quienes participaban activamente en el trasiego de los autos. Los autos eran robados en centros comerciales y residencias a través de tecnología con la que lograban desactivar alarmas y abrir los vehículos sin despertar sospechas. Luego los autos eran llevados a un taller mecánico que era usado por la red criminal para simular que recibían algún tipo de reparación, para luego trasladarlos a Costa Rica. En la operación denominada “Fénix” también se logró el decomiso de varias armas de fuego, equipo electrónico y celulares que se presume mantienen información de las operaciones de la red criminal. Entre los vehículos comercializados por la red criminal existían marcas como BMW, Audi y Mercedes-Benz. Durante el operativo se logró la detención de un total de ocho personas que desempeñaban diferentes roles dentro de la estructura criminal. Entre enero y marzo de este año, el Ministerio Público ha recibido 184 denuncias de hurto de autos que en su mayoría se registraron en los barrios de San Francisco, Betania, Bella Vista, Calidonia y Brisas del Golf. Miguel Ordóñez. director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes). Captura de pantalla TVL. Estadios estatales, ganancias privadas: el reclamo de Pandeportes Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS PÚBLICOS El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, denunció que federaciones deportivas como Fepafut y Fedebeis no reportan ingresos al Estado, pese a usar instalaciones públicas, y criticó su manejo opaco y vínculos con figuras políticas. El director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, arremetió con firmeza contra las federaciones deportivas del país, y cuestionó de manera frontal su manejo financiero y la opacidad con que administran recursos e instalaciones del Estado. Durante su comparecencia ante la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, Ordóñez calificó el fenómeno como una “cultura arraigada” de privilegios y ausencia de rendición de cuentas. “Quieren el lado ancho para ellas y el lado angosto para el Estado”, sentenció el funcionario al referirse a la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis). “Los estadios son del Estado. Y ellos no reportan ni siquiera un dólar”, agregó. Ordóñez respondió a una pregunta del diputado independiente Jhonatan Vega sobre el papel que desempeñan estas organizaciones, y puso como ejemplo el estadio Rommel Fernández. “La Federación Nacional de Fútbol pacta los precios de los boletos, organiza partidos internacionales, genera ingresos por taquilla… ¿Y cuánto recibe el Estado? Ni un dólar”, manifestó con contundencia. La situación, añadió, se repite en los juegos de béisbol y en otras disciplinas: Pandeportes asume el mantenimiento, incluida la grama, pero no recibe participación alguna en los ingresos generados. “Ni siquiera se comparte parte de esos ingresos que se reciben en boletos, en taquillas”, enfatizó. En 2021, Pandeportes adjudicó un contrato directo por $1.7 millones a la empresa Riga Services, S.A., para instalar la grama del campo de juego del Rommel Fernández. El patronato del Rod Carew: ‘un mal negocio para el Estado’ Ordóñez también abordó el caso del estadio Rod Carew, cuyo patronato, dijo, “es un mal negocio para el Estado”. Según explicó, el gobierno aporta $396 mil al año en concepto de subsidio, equivalente a $33 mil mensuales, además de cubrir $255 mil en costos de electricidad y otros $40 mil en agua potable. “El Estado empieza el año con un hueco de $700 mil. Y mientras tanto, el patronato no reporta lo que gana en el alquiler del estadio, vallas publicitarias, concesiones de comida ni mercancías”, denunció. Las caras de las federaciones La crítica de Ordóñez ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre la dirigencia deportiva. El traloría General de la República detectara que nueve directivos y ocho jugadores del desaparecido equipo Santa Gema Fútbol Club, presidido por el propio Sánchez Moro, recibían salarios de la planilla municipal sin desempeñar ninguna función real. Sánchez Moro fue sentenciado a siete años de prisión. Sin embargo, en la administración pasada, gestionada por su colectivo, el PRD, nunca fue obligado a cumplir su condena. Su suerte cambió con el cambio de gobierno: fue capturado en octubre de 2024 y actualmente se encuentra recluido en una cárcel. En septiembre de 2023, Ariel Alvarado, expresidente de la Fepafut, fue condenado a 12 años de prisión por blanqueo de capitales. Recientemente un tribunal le confirmó la condena. Otro caso. El exdiputado panameñista Adolfo Valderrama enfrenta un proceso judicial por la presunta comisión de peculado y blanqueo de capitales. Valderrama está vinculado al supuesto manejo irregular de fondos públicos otorgados por Pandeportes a la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), organización que él mismo dirigía. Una auditoría de la Contraloría advirtió que Fepaba no podía recibir recursos estatales, ya que se trata de una entidad con fines de lucro y, además, carecía de personería jurídica. La conexión entre política y deporte no termina ahí. La Federación Panameña de Natación está presidida por Franz Wever, hijo del exdiputado y exasesor de la Asamblea Nacional del mismo nombre. A su vez, otro de sus hijos, también llamado Franz Wever, ocupa el cargo de vicepresidente en la Fedebeis. presidente de Fepafut, Manuel Arias, se encuentra sancionado por la FIFA tras llamar “gorda” a la jugadora de la selección femenina Marta Cox. La suspensión se extiende hasta mediados de julio, por lo que la federación está actualmente bajo el mando del vicepresidente Fernando Arce, exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Por su parte, el presidente de Fedebeis es Jaime Robinson, hijo del diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson. Mientras tanto, el presidente del patronato del Rod Carew es el analista político Edwin Cabrera. Corrupción y los delfines de la política y el deporte En Panamá, el deporte organizado no escapa a la influencia política y a los escándalos de corrupción. Es un coctel corrosivo: desde equipos de fútbol en planillas del Estado hasta federaciones controladas por influyentes diputados, pasando por dirigentes deportivos implicados en tramas de sobornos. Uno de los casos más notorios se registró en el municipio de Arraiján, bajo la administración del alcalde perredista Pedro Sánchez Moro (2014-2019). El exalcalde fue condenado por el delito de peculado, luego de que una auditoría de la ConEl Servicio Nacional de Fronteras detuvo a ocho personas por tráfico internacional de autos robados. Cortesía
3A La Prensa Panamá, miércoles 30 de abril de 2025
4A La Prensa Panamá, miércoles 30 de abril de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] HELPS!. El año pasado, al estrenarse como presidente de la República, José Raúl Mulino anunció que los auxilios económicos se convertirían en “préstamos” y que, además, se establecería un fideicomiso para manejar los fondos reembolsados por algunos de los beneficiarios de estos auxilios. Pero eso está muy lejos de haberse cumplido. Solo dos personas han realizado reembolsos. Y ayer se confirmó que los auxilios se siguen adjudicando. En su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, el director del Ifarhu, Gabriel Cajiga, anunció que venía a sustentar un traslado de partida de 55 millones de dólares para “becas y auxilios”. Posteriormente, Cajiga mencionó que debía “actualizar” la lista de beneficiarios, para incluir los auxilios desembolsados “desde julio hasta la fecha”. Cuando el presidente afirma algo, ¿debemos adivinar si su gobiernoestácomprometidocon el cumplimiento de la palabra empeñada o esperar a que alguien le haga caso? MILLAS. Parece que, ante la presencia de Javier Martínez Acha, la jefa de la bancada independiente deja de ser Prado para convertirse en una Land Cruiser. Ayer, durante la citación del canciller en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea, la diputada Janine Prado dijo que no se arrepentía “para nada” de no haber aceptado acompañar a la Cancillería en sus viajes oficiales, aunque quiso saber quiénes eran los diputados que sí habían atendido las invitaciones. El ministro, en lugar de responder lo que se le preguntó, replicó que la respuesta la tenía el diputado Joan Manuel Guevara, presidente de dicha comisión, “que ha ido a varios viajes”. Guevara interrumpió para aclarar que sí ha viajado con el canciller, pero que él pagó sus gastos de pasaje y hotel “con recursos propios”. Señor canciller, hay una regla de oro: si va a pasarle la pelota a alguien para que conteste una pregunta dirigida a usted, es mejor que sepa de antemano qué responderá esa persona. EXCELENCIA. También salió a relucir ayer que por la Comisión de Relaciones Exteriores han pasado 51 embajadores designados por este gobierno. La mayoría no son diplomáticos de carrera, sino hermanos, cuñados, sobrinos y otros familiares del presidente, ministros y allegados al poder. El embajador en Japón es el hermano de la primera dama, Walter Cohen, quien también funge como cónsul en Tokio. Según la AMP, ese es el consulado de marina mercante con mayor recaudación. Bueno, uno se puede imaginar que con semejante papa caliente, a Managua no lo iban a enviar. OJO. Por cierto, anoche había conos alrededor de la embajada de Nicaragua, enLaAlameda,ysolopermitían circular a los residentes. ¿Acaso es tan peligrosa que han tenido que establecer un perímetro de seguridad? ¿O habrá que empezaramonitorearlos aeropuertos otra vez? CHEQUE. Según KariMarcha de educadores. Cortesía Sin clases y con tamborito en las calles: docentes en paro Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN Pese al llamado del Meduca y la lluvia, los docentes marcharon por sexto día, en rechazo a la Ley 462 y paraexigir respeto. Unesco y Unicef pidieron un diálogo urgente con las autoridades de educación. Ni la persistente lluvia ni el llamado de la ministra de Educación, Lucy Molinar, a retomar las clases impidieron que cientos de docentes salieran nuevamente a las calles ayer martes 29 de abril. Por sexto día consecutivo, los gremios magisteriales se congregaron en los alrededores de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en vía España, con pancartas, tambores y un mensaje firme: la lucha continúa. Desde temprano, alrededor de las 8:00 a.m., comenzaron a llegar educadores de distintas regiones de la ciudad capital. A pesar del cansancio acumulado tras varios días de movilización, el ambiente era de solidaridad y determinación. Se saludaban con abrazos, compartían paraguas mientras afinaban los tambores y calentaban sus voces para lo que sería otra jornada de protesta. Entre los gremios presentes estaban la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA) y la Asociación de Educadores Veragüenses, entre otros. Agentes de la Policía Nacional custodiaban el área con presencia discreta, sin intervenir. Con el paso de las horas, se sumaron más manifestantes, incluyendo miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), quienes se unieron en respaldo a una causa que comenzó como rechazo a la Ley 462 de marzo de 2015, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), pero que con los días ha incorporado nuevas exigencias y preocupaciones. El grupo marchó por la vía Federico Boyd hasta llegar a la Contraloría, en la avenida Balboa, entonando consignas al ritmo de tambores. “¡Esta lucha no termina si la ley no se elimina!”, “¡Maestro y profesor, un solo educador!” y “¡Esta CSS no se vende, esta CSS se defiende!” fueron algunas de las frases que nuevamente retumbaban entre la multitud. “Esta lucha no es de uno, es de todos”, dijo una maestra mientras sostenía una pancarta pintada a mano. Cantaba y bailaba al compás del tambor, transmitiendo la fuerza colectiva del movimiento. Durante la manifestación, los docentes expresaron su rechazo a las declaraciones recientes de la ministra Molinar y del contralor Anel Flores, quienes anunciaron medidas como descuentos salariales y retención de salarios a los directores de los planteles, lo que consideran injusto y divisorio en un momento donde el gremio demanda unidad y respeto. “La Contraloría General de la República comenzará a realizar las auditorías correspondientes para verificar el cumplimiento de las responsabilidades y determinar quién está cumpliendo con su deber”, expresó la ministra Molinar en una conferencia el lunes 28 de abril, refiriéndose a la fiscalización de recursos en el sector educativo. En ese contexto, dejó claro que no habrá tolerancia para quienes no cumplan con sus responsabilidades, y que se tomarán acciones para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema escolar. Sobre el regreso a clases, la titular del Meduca descartó soluciones alternativas como los módulos y enfatizó que la prioridad es el retorno presencial. “Mañana, todos debemos volver a las escuelas. Sabemos que hay más personas con ganas de retomar las clases que aquellas que buscan interrumpir el proceso”, afirmó. Aun así, una parte importante del cuerpo docente no se presentó ayer martes a las aulas. Por su parte, la viceministra académica Agnes De León Chacón de Cotes respondió a las declaraciones del contralor general sobre la posibilidad de retener pagos a directores de escuelas que no han entregado la lista de asistencia docente. Explicó que este documento se entrega dentro de los primeros cinco días de cada mes y su trámite inicia en los centros escolares para luego llegar a la Contraloría. De León subrayó que hay normativas claras sobre la entrega de estos registros, las cuales forman parte de la evaluación de competencias de los directores, y que las autoridades educativas están comprometidas con cumplir los procesos establecidos. “La prioridad no debe ser simplemente exigir cumplimiento sin considerar los procesos administrativos necesarios, ya que eso puede generar otros desafíos”, advirtió. La viceministra agregó que muchos docentes están asistiendo a sus centros de trabajo, pero enfrentan el problema de que los estudiantes no están asistiendo. No obstante, reiteró que la educación es uno de los principales desafíos del país, por lo que el calendario escolar debe mantenerse. “De lo contrario, todos perdemos”, concluyó. En cuanto al reemplazo de docentes, aseguró que ya se están considerando las acciones necesarias y renovó el llamado al profesorado para regresar a las aulas y atender a los estudiantes. En medio del paro indefinido que mantiene sin clases a miles de estudiantes en el país, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) alzaron la voz este martes para pedir a todos los actores del sector educativo sentarse a dialogar de forma urgente. “Llamamos a todos los sectores a dialogar y construir consensos que coloquen a la educación en el centro del interés público y del bienestar común. Unámonos para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación continua y de calidad”, señalaron ambas agencias en un comunicado conjunto. En Veraguas, un grupo de educadores, miembros de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), protestó en las afueras de la oficina del juez de paz de Santiago, exigiendo la liberación de 29 docentes detenidos el lunes durante una marcha. Abundio Concepción, dirigente de AEVE, informó que se analizaría entre los educadores la posibilidad de declarar persona no grata a la gobernadora de Veraguas, Hildemarta Riera. La decisión se someterá a votación en una asamblea convocada en su bastión de lucha, luego de que, según los manifestantes, Riera ordenara a la Policía Nacional el uso de gases lacrimógenos contra los docentes que marchaban por la vía Interamericana. Juan Manuel Díaz [email protected] Sala Penal absuelve a Gustavo Pérez y mantiene condena a Giacomo Tamburelli COMPRA DE PINCHADORA La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió al exdirector de la Policía Nacional Gustavo Pérez del delito de peculado en perjuicio del Fondo de Inversión Social (FIS), a raíz de la pérdida de una máquina pinchadora comprada a la empresa MLM Protection por la suma de $13.4 millones. En un fallo firmado por las magistradas Ariadne García, María Eugenia López y Maribel Cornejo, se acogió el recurso de casación presentado por el abogado Julio Fidel Macías a favor de Pérez. Sin embargo, se mantuvo la condena de 10 años de prisión al exdirector del FIS, Giacomo Tamburelli, por haber facilitado la compra de la máquina adquirida durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014). El fallo precisa que en el caso de Pérez no se probó que, como director de la Policía Nacional, tuviese la obligación de recibir y custodiar la máquina pinchadora; es decir, que la Policía no era la entidad encargada de emitir el certificado de aceptación final. También se establece que era el FIS la entidad responsable de decidir a dónde debía entregarse el equipo. Además, se sostiene que no se pudo probar que la carta de recepción final del equipo llevara la firma de Gustavo Pérez, quien argumentó durante la investigación que dicha firma había sido falsificada. Según las magistradas de la Sala Penal, el juez de primera instancia no valoró las pruebas conforme a la lógica, ya que del análisis realizado no se desprende que a la Policía Nacional le correspondiera firmar las cartas de aceptación final y de recibido del equipo. En cuanto a Giacomo Tamburelli, el fallo indica que fue na Connell, presidenta de la Asociación de Servidores Públicos Legislativos, la Contraloría ha retenido la quincena de aquellos trabajadores que ganan más de 3,000 dólares mensuales. Incluso dijo que la medida la afecta a ella, pero en la planilla de la Asamblea consta que su salario mensual como “secretaria I” es de 2,900 dólares. Entonces, ¿de qué parte de sus ingresos como “servidora pública legislativa” nos perdimos? FREE. Hoy es el último día de sesiones ordinarias. El pleno legislativo regresará el 1 de julio, con la elección de un nuevo diputado presidente. Al menos por dos meses no veremos a los secuaces utilizando un órgano del Estado para intentar liberar delincuentes. Eso ya es ganancia para el país. Así lucen algunos salones de clases por estos días. Cortesía autorizado por el Ministerio de la Presidencia para la adquisición de equipo informático y que, como director del FIS, invitó a la empresa MLM Protection a presentar una propuesta, la cual ascendió a $13.4 millones. El documento agrega que el FIS podía contratar por invitación directa a una sola empresa, pero únicamente a aquellas que estuvieran registradas en la institución, condición que no cumplía MLM Protection. Por tanto, según el fallo, el FIS no debió llevar a cabo la contratación de MLM Protection, ya que esta no figuraba entre las empresas registradas como participantes en sus actividades. En septiembre de 2023, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales había confirmado una sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra Pérez y Tamburelli por la pérdida de la máquina pinchadora adquirida con fondos del FIS.
5A La Prensa Panamá, miércoles 30 de abril de 2025 El embajador designado Kevin Cabrera y el ministro Javier Martínez Acha Archivo
6A La Prensa Panamá, miércoles 30 de abril de 2025 Panorama Al grano Flor Mizrachi [email protected] Nando Meneses se sigue hundiendo en las oscuras profundidades de la corrupción y, por supuesto, no da la cara. Los hechos son los hechos y lo que es verdad no es mentira. Meneses y el PRD (porque ese señor no se mandaba solo) usaron los auxilios del Ifarhu como botín político. Meneses usó dinero público —más de $140 millones en auxilios entregados entre 2019 y 2023— para repartir favores. ¿Los beneficiarios? 56% están ocultos. Porque, claro, “protección de datos”. Entre los conocidos estuvieron funcionarios de la Asamblea, parientes de diputados, amigos y roscas del partido, y estudiantes de universidad privada con becas que no necesitaban.Y lo más burdo es que se registraron casi $400 mil en depósitos en tres cuentas personales de Meneses. $277 mil sin justificación, o al menos no con justificación conocida, porque el señor ha decidido pasar agachado. Fueron depósitos en efectivo. Transferencias automáticas. Yappy. Todo burdo. Todo junto. Todo mal. Porque ni siquiera aprendió a hacer eso sin dejar rastros. Hasta para ser maleante hay que estudiar, sobre todo si eres profesor universitario. ¿Quiénes depositaban?Al menos 82 personas beneficiadas por los mismos auxilios fueron los que depositaron. Funcionarios. Asistentes legislativos. Gente vinculada al PRD. Recibían plata del Ifarhu… y después parte de esa plata iba a parar a las cuentas de Meneses. El banco prendió las alertas, porque evidentemente no había coherencia entre los movimientos y su perfil financiero. Meneses declaraba menos de $5,000 al mes. Y movía miles como si fuera un empresario exitoso.La Superintendencia de Bancos, de hecho, reportó actividades sospechosas sidad, como en muchos otros temas, tampoco han sido muy claros. Ah, y de paso, ocupa un cargo administrativo que debería ser para un funcionario de carrera, no para un político reciclado. Y mientras tanto, la educación, que debería ser la prioridad número uno, sigue convertida en un botín. Los auxilios, que deberían ser salvavidas para estudiantes de bajos recursos, son un trampolín político. Y la plata pública, manejada como si fuera privada. Como si fuera propiedad del partido y de sus dirigentes. ¿La conclusión?Se repite el guión de siempre. Corrupción, impunidad, reciclaje de figuras políticas.¿El mensaje? Aquí no pasa nada. Y el país, por el piso. Como siempre que el cinismo le lleva la delantera a la justicia. dos en un solo año sin controles públicos visibles. $20 millones, como si fueran cuaras. La Fiscalía, en teoría, está investigando. Pero con dos años de retraso y con un expediente que apenas empieza a moverse, como si el tiempo fuera su mejor aliado.Mientras tanto, el castigo ha sido nulo. Meneses renunció en febrero de 2023, tras el escándalo de las becas millonarias, otra variante del mismo esquema de favores. Pero no fue para rendir cuentas. Fue para lanzarse como candidato a diputado del PRD, por el circuito 13-1. Y no ganó, pero tampoco perdió del todo.Ahora trabaja en la Universidad de Panamá como “profesional especial 1”, ganando $620.10 mensuales. ¿Clase que da? ¿Labor que cumple? Nadie sabe muy bien. En la Univerpor montos que rebasaban los límites normales para un funcionario. La Contraloría, en manos de Gerardo Solís (otro que no ha dado la cara), firmaba los pagos de los auxilios sin mayor objeción. Y cuando los medios de comunicación y los ciudadanos pidieron transparencia, respaldaron la opacidad. $20 millones en auxilios millonarios fueron aprobaJavier Martínez-Acha, canciller de la República. Elysée Fernández Duras críticas contra el canciller durante su comparecencia en la AN Mario De Gracia [email protected] LEGISLATIVO El canciller Javier Martínez-Acha, aseguró que el Memorándum de Entendimiento en materia de Seguridad con Estados Unidos no es vinculante y no está sujeto al derecho internacional. Aludiendo a la diplomacia discreta, y marcando diferencias en los “decibeles” frente a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos de América (EUA), el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, compareció ante la Asamblea Nacional (AN) ayer 29 de abril para responder a cuestionamientos sobre el servicio exterior y la política internacional que ha sostenido el país en medio de tensiones por la soberanía nacional y la administración del Canal de Panamá. Uno de los constantes ejes de su intervención fue el llamado a la discreción. “No puedo decir todo lo que quisiera porque esto es una carrera de resistencia y no de velocidad. Muchas veces me he tenido que morder la lengua, pero siempre, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, se tiene presente la soberanía nacional, el respeto a nuestro territorio y que el Canal es y seguirá siendo panameño”, señaló Martínez-Acha al responder una pregunta sobre la relación con EUA. Aunque había sido citado desde el 22 de enero, el canciller acudió a la Comisión tres meses después. Alegó que un viaje a Londres y otros compromisos le impidieron comparecer antes al Legislativo. Había 16 preguntas formuladas desde entonces, muchas de ellas desfasadas por las recientes actualizaciones en la relación con Estados Unidos, como la firma del nuevo Memorándum de Entendimiento en materia de seguridad, que fue el eje central de varias de las intervenciones. “El Memorándum de Entendimiento es un instrumento a nivel interinstitucional, incluso entre dos o más instituciones, pero no entre ambos Estados”, argumentó Martínez-Acha, como una de las razones por las cuales el documento no fue remitido a la Asamblea Nacional. Además, dijo que el documento no se enmarca dentro de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y que no es vinculante. “El documento no tiene partes, sino participantes; establece entendimientos, no obligaciones”, al tiempo que dijo que no contempla cláusulas. Varios diputados refutaron esta postura. Augusto Tuto Palacios sostuvo que el documento contiene, en algunos puntos, redacciones similares a cláusulas de cumplimiento. Por su parte, la diputada Walkiria Chandler, citó el capítulo decimosexto de la Carta de las Naciones Unidas, para rebatir la afirmación del canciller de que el memorándum no está sujeto al derecho internacional, otra de las razones expuestas para justificar su exclusión del escrutinio legislativo. También se abordó el punto 7 del acuerdo, que establece que para acceder a las bases panameñas donde habrá presencia militar estadounidense, se debe notificar previamente el ingreso. Sobre esto, Martínez-Acha apuntó: “No es ceder soberanía bajo ninguna circunstancia”, pero reconoció que tendrían que notificar su acceso. La sombra sobre la soberanía Las intenciones de Estados Unidos sobre el Canal de Panamá también fueron abordadas. Diputados exigieron explicaciones sobre las acciones emprendidas para salvaguardar la soberanía y si ha habido algún tipo de coacción por parte del gobierno estadounidense. “A este canciller y al presidente de la República nadie los coacciona. Que no levantemos la voz no significa otra cosa que hacer una diplomacia valiente (...) el último panameño que se atrevió a desafiar a Estados Unidos con un machete, no le fue muy bien”, expresó el ministro, aludiendo a las exigencias de posturas más enérgicas frente a Washington. El canciller insistió en que se está manejando una estrategia diplomática discreta y que no puede divulgarse en su totalidad. No obstante, reveló que ha instruido a las misiones diplomáticas panameñas a promover una campaña que logre sumar hasta 15 nuevos adherentes al Protocolo del Tratado de Neutralidad, que reposa en la Organización de Estados Americanos (OEA). Ante preguntas específicas sobre esta estrategia, la diputada Chandler apeló a la Ley 6 de 2002 sobre transparencia y acceso a la información, y señaló que la Asamblea no ha recibido notificación alguna sobre la confidencialidad de temas de política exterior, como afirmó el canciller. Martínez-Acha respondió con una analogía, comparando la publicación de una estrategia diplomática con la revelación del plan político de un diputado para ser electo. El comunicado conjunto con EUA Otro tema abordado fue la declaración conjunta emitida tras la visita del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. En el texto llamó la atención la omisión, en la versión en inglés, del reconocimiento explícito de la soberanía de Panamá sobre el Canal, así como el señalamiento de la presencia china en la vía interoceánica como ‘problemática’. Ante esta omisión, Martínez-Acha se limitó a informar que presentaron una queja formal ante la embajada estadounidense mediante una carta, pero que, a 20 días de emitido el comunicado, no han recibido respuesta. Por otro lado, el canciller reconoció que la influencia china podría representar algún riesgo en materia de seguridad, aunque fue enfático en afirmar que “no se va a romper relaciones con China”. Señaló, sin embargo, que se han tomado medidas, como no continuar en el acuerdo de la Ruta de la Seda. “Entendemos que tenemos que tener una relación equilibrada. Tenemos que entender: nuestro principal socio comercial y en materia de seguridad es Estados Unidos”, manifestó. El decibel de Trump Martínez-Acha dejó claro que no buscará competir con el tono confrontativo de Donald Trump. “No competiré con los decibeles del jefe del Ejecutivo de Estados Unidos”, dijo, refiriéndose a las recientes declaraciones del expresidente, quien el pasado sábado 26 de abril insistió en exigir tránsito gratuito por el Canal de Panamá y el Canal de Suez, en Egipto. En ese sentido, el ministro anunció que se busca un acercamiento con el Canal de Suez a través de la embajada panameña en Egipto. Este 29 de abril, el embajador de Estados Unidos ante Panamá, Kevin Marino Cabrera, presentó sus credenciales al canciller. Sobre ese breve encuentro, Martínez-Acha indicó que no se discutieron las declaraciones de Trump. Al respecto de la relación con Estados Unidos, el canciller señaló en la Comisión que “no describiría la relación con Estados Unidos como tensa. Es compleja”. Lo que no quedó claro es si esa complejidad continuará en ascenso, en medio del despliegue de lo que Martínez-Acha insiste en llamar diplomacia discreta. Por ahora, además, deberá enfrentar una resolución de voto de censura que pesa en su contra en la Asamblea Nacional, a la que se refirió como un “asunto interno del Legislativo”.
7A La Prensa Panamá, miércoles 30 de abril de 2025 Panorama Jóvenes participantes del concurso de oratoria 2024. Foto/Cortesía Ifarhu gestiona crédito para el pago de becas pendientes Yaritza Yariel Mojica [email protected] EDUCACIÓN Finalistas del Concurso de Oratoria y otros becarios no han recibido los desembolsos desde 2021. El Ifarhu tramita un crédito extraordinario de $3.8 millones para saldar compromisos con 200 jóvenes de distintos programas. Han transcurrido varios días desde que un grupo de jóvenes finalistas del Concurso Nacional de Oratoria alzó su voz para denunciar públicamente que no ha recibido los desembolsos de las becas otorgadas entre los años 2021 y 2024. Ante esta situación, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) señaló que se tramita un crédito extraordinario por 3.8 millones de dólares para atender este tema. Así lo confirmó Roberto Carlos Moreno, jefe de Asesoría Legal del Ifarhu, quien explicó que el pasado 21 de abril el Consejo Nacional del Ifarhu autorizó la solicitud de un crédito extraordinario por 3.8 millones de dólares, destinados a cumplir compromisos adquiridos con unos 200 jóvenes beneficiarios de tres convenios diferentes. Se trata de los finalistas del Concurso Nacional de Oratoria, los estudiantes del programa Talenpro (Talento con Propósito) y los del convenio de medicina entre el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ifarhu. Entre los becarios del Concurso de Oratoria se encuentra Mariel Fuentes, una joven santeña que quedó entre las 15 finalistas del certamen en 2023. Ella obtuvo una beca por 20 mil dólares para estudiar la carrera de su elección; sin embargo, nunca ha podido concretar ningún beneficio con la institución. En 2024, la respuesta del Ifarhu a Mariel fue: “Tu cheque va a salir de 20 mil... pero no te va a llegar”, lo que evidencia la falta de cumplimiento por parte de la entidad. Para el jefe de Asesoría Legal del Ifarhu, “esto es una situación triste y lamentable. A los jóvenes que fueron finalistas, e incluso ganadores del Concurso de Oratoria, se les hicieron promesas vacías. Se les entregaron certificados sobre una tarima simplemente para quedar bien, como una forma simbólica de reconocimiento, pero nunca se incluyó en el presupuesto de la institución”. La actual administración ha iniciado una revisión caso por caso, con el objetivo de conocer los proyectos de vida de los jóvenes afectados y verificar quiénes realmente recibieron algún tipo de apoyo. Moreno indicó que “definitivamente cada caso es distinto. Cada joven tiene un sueño, una expectativa sobre lo que desea estudiar, y nosotros, a partir de ahí, hemos tomado acciones administrativas”. Agregó que, al no estar contemplados estos fondos en el presupuesto de la institución —ya que se trata de un arrastre de finalistas desde 2021—, la administración actual, a cargo de Gabriel Cajiga, elevó el caso al Consejo Nacional del Ifarhu. Por su parte, Santiago Ortega, director de Becas y Asistencia Educativa del Ifarhu, explicó que son 38 los becarios del Concurso de Oratoria que estarían incluidos en el crédito extraordinario solicitado, por un monto de 3.8 millones de dólares. Señaló que la cantidad oficial de beneficiarios se obtuvo a partir de la base de datos compartida por la Fundación Más Móvil (organizadora del concurso), e incluye a los 38 finalistas del Concurso de Oratoria entre los años 2021 y 2024. Ortega afirmó que no deberían quedar jóvenes pendientes, salvo que existan casos no incluidos en la base de datos suministrada por la Fundación Más Móvil. Actualmente, el proceso administrativo correspondiente es que la solicitud del crédito extraordinario, ya enviada por el Ifarhu al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), complete su trámite interno y pase luego a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Por el momento, no se ha especificado una fecha para estos procesos. En relación con la participación del Ifarhu en el Concurso de Oratoria, el jefe de Asesoría Legal indicó que, antes de evaluar nuevas posibilidades — sujetas a la disponibilidad presupuestaria de la institución—, se busca primero resolver el tema de los pagos pendientes. Mientras tanto, el director de Becas y Asistencia Educativa detalló que desde 2021 el Ifarhu no ha mantenido una relación formal con el Concurso Nacional de Oratoria ni con la Fundación Más Móvil. “No hay un documento legal vinculante entre ambas instituciones”, afirmó. Precisó que el convenio que próximamente firmará el Ifarhu con la Fundación Más Móvil será exclusivamente para atender a aquellos estudiantes que quedaron desprotegidos debido a la inexistencia de un mecanismo de convenio entre ambas partes, según explicó Ortega. El Ifarhu actualmente maneja una cartera de 3,000 beneficiarios del Programa de Auxilio Económico, quienes se encuentran estudiando tanto en el país como en el extranjero. Este grupo incluye también a estudiantes del Concurso de Oratoria, del programa Talenpro y del convenio Minsa-Ifarhu, en años anteriores. Precisamente este programa se encuentra en investigación por al Fiscalía Anticorrupción. Aprueban traslado de partidas La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó ayer, martes 29 de abril, el traslado de tres partidas presupuestarias para el Ifarhu por un monto global de 57.3 millones de dólares. De este total, 55.5 millones de dólares se destinarán a reforzar y completar el pago de becas de concurso, universitarias, por discapacidad, asistencia económica vigente, entre otras. Con este traslado de partidas se pagarán las becas vigentes de 2022, 2023 y 2024, así como las nuevas becas de 2024 que no habían sido abonadas, beneficiando a una población total de 196,000 personas. El traslado fue aprobado con 10 votos a favor por parte de los diputados de la Comisión de Presupuesto.
8A La Prensa Panamá, miércoles 30 de abril de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. no es solo responsabilidad del Estado ni del maestro. El hogar también educa, y ahora más que nunca, está al frente de una batalla silenciosa. He conocido madres que, sin haber terminado sus propios estudios, se sientan cada noche a repasar letras y números con sus hijos. Padres que, tras turnos largos y mal pagados, buscan videos en internet para explicar fracciones o historia. No tienen pizarras ni metodologías pedagógicas, pero tienen voluntad. Y esa voluntad, en tiempos de crisis, vale más que mil decretos. Sin embargo, no podemos romantizar esta realidad. Muchos hogares panameños enfrentan esta tarea sin herramientas, sin apoyo y sin guía. Las brechas se hacen más profundas: el que tiene acceso a internet y acompañamiento avanza; el que no, queda rezagado. Y ahí es donde la verdadera preocupación debería sacudirnos: ¿qué futuro estamos sembrando si hoy abandonamos a quienes más necesitan una educación presente y constante? El sistema educativo panameño tiene Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Una deuda pendiente con la Constitución Tribunal Constitucional Actualmente, la Constitución vigente, en el numeral 1 del artículo 206, faculta a la Corte Suprema de Justicia para la guarda e integridad de la Constitución frente a actos ejercidos por la Administración Pública que, a juicio de la población, vulneren alguna de sus disposiciones. Como máximo tribunal judicial del país, la Corte está encargada de administrar justicia y dictar jurisprudencia en materia penal, civil, contencioso-administrativa y laboral. Por ello, sus integrantes deben contar con formación y experiencia especializada en cada una de estas áreas, a fin de cumplir correctamente su labor interpretativa. Pese a esta facultad constitucional, es bien sabido que la Corte Suprema de Justicia no es un tribunal especializado en Derecho Constitucional, lo que muchas veces dificulta el cumplimiento de su mandato de proteger la Carta Magna. A esto se suma la mora judicial en esta materia, debido a la alta carga de trabajo que enfrentan sus distintas salas, con procesos como recursos de casación, revisión y nulidad, entre otros. Ante la ausencia de un control constitucional oportuno, efectivo y especializado sobre los actos de la Administración Pública, se hace urgente la creación de una jurisdicción dedicada exclusivamente a la defensa de la Constitución: el Tribunal Constitucional. En la mayoría de los países de América Latina y Europa ya existe este tipo de tribunal, integrado por magistrados especialistas en Derecho Constitucional. De este modo, se garantizaría una jurisdicción especializada para salvaguardar la Constitución. Sin embargo, debemos ir más allá. Es imprescindible contar con un Código Procesal Constitucional que, además de fungir como ley orgánica del Tribunal Constitucional, integre en un solo cuerpo normativo todos los mecanismos procesales constitucionales: Habeas Corpus, Habeas Data, demandas y advertencias de inconstitucionalidad o inexequibilidad, y el Amparo de Garantías Constitucionales. Así, la Corte Suprema de Justicia podría concentrarse exclusivamente en administrar justicia en los ámbitos penal, civil, contencioso-administrativo y laboral, como establece su naturaleza. En definitiva, Panamá tiene una deuda pendiente con su Constitución. La creación del Tribunal Constitucional es la mejor forma de saldarla. Este tema debe formar parte de una nueva Constitución, emanada de un proceso constituyente con la participación activa de todos los ciudadanos. ¡Dios bendiga a la patria! Entre méritos y amiguismo Realidad del país clusiva del sector público, ya que también se observa en la empresa privada; allí, el favoritismo y el nepotismo desplazan a los candidatos más preparados y capacitados, repercutiendo en la productividad y competitividad de las empresas. Además, cuando empresarios del sector privado ingresan al sector público, tienden a trasladar estas prácticas inapropiadas. Es fundamental reconocer que Panamá enfrenta serios desafíos estructurales. A pesar de algunos avances, seguimos siendo uno de los países más desiguales de América Latina, y cada año la brecha entre los más ricos y los más pobres se amplía. La clase media se encuentra cada vez más afectada. Existen profundas desigualdades socioeconómicas, clasistas, de género, étnicas, racistas y territoriales que hemos normalizado y, a menudo, no reconocemos cuando nos enfrentamos a ellas. Estas desigualdades limitan el acceso a una educación de calidad y dificultan la obtención de un empleo digno, lo que impide que la meritocracia funcione eficazmente. La herramienta principal para combatir estas desigualdades es garantizar una educación de calidad, accesible para todos por igual. En contextos de alta desigualdad, se perpetúa un círculo vicioso que fomenta la pobreza, el hambre y la falta de oportunidades, lo cual se traduce en mayores índices de desempleo, delincuencia y en una oferta educativa insuficiente, limitando la creación de espacios en los que las personas puedan progresar en igualdad de condiciones. La meritocracia enfrenta desafíos debido al clientelismo, especialmente cuando la administración pública es percibida como un “botín político” por el gobierno en turno. En estos casos, los nombramientos y remociones se realizan con base en el partidismo o en las conexiones personales, en lugar de en los méritos individuales. Actualmente, la plantilla gubernamental es una de las más amplias en nuestra historia, y son pocos los cargos que se obtienen a través del sistema de carrera administrativa, lo cual evidencia una aplicación limitada de la meritocracia. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es que existe un sector de la población que cuenta con privilegios. A estas personas se les abren puertas de par en par según el apellido familiar y el político en turno, lo que, en la práctica, se traduce en acceso a las mejores escuelas, redes de contactos o recursos heredados que tienden a dominar las posiciones de poder. Es bien sabido que en los cargos públicos en Panamá se repiten con facilidad los mismos apellidos; por ello, se afirma que es necesario combatir los sistemas de privilegio que benefician a la clase pudiente. La desigualdad de oportunidades es evidente, sobre todo, cuando hablamos de “escuelas rancho”, falta de agua potable, pobreza en el interior del país, alcantarillado deficiente, y carencia de educación y becas, entre otros aspectos. Esto se debe a que Tomás Alonso Padres al frente: la otra cara de la educación en tiempos de huelga Formación En medio de una nueva huelga educativa, los titulares hablan de reclamos, paros y promesas rotas. Pero hay una historia que pocas veces se cuenta: la del padre y la madre que, con sus propios medios, intentan sostener la educación de sus hijos desde casa, mientras las puertas de las escuelas siguen cerradas. Como docente y madre panameña, conozco bien ambos lados del aula. He visto a colegas luchando por condiciones dignas y a padres desesperados, buscando cómo evitar que sus hijos se queden atrás. Esta huelga no solo pone en pausa el calendario escolar, sino que evidencia algo que ya venía ocurriendo en silencio: la educación deudas históricas, sí. Pero también debemos mirar hacia adentro: ¿estamos, como sociedad, reforzando el valor de la educación en casa? ¿Estamos criando hijos que entienden que aprender no es solo asistir a clases, sino un compromiso de vida? Los padres no reemplazamos a los maestros, pero sí podemos ser aliados. Podemos leer con nuestros hijos, conversar sobre lo que observan en la calle, enseñarles a pensar, a cuestionar, a soñar. La educación no puede depender únicamente de la escuela, menos cuando el sistema tambalea. Hoy más que nunca, necesitamos unir fuerzas. Que el Estado cumpla con su parte, que los educadores sigan alzando la voz con dignidad, pero también que, desde el hogar, abracemos la misión de educar. Porque aunque las escuelas estén cerradas, la mente y el corazón de un niño no tienen por qué estar en pausa. Opinión EL AUTOR es estudiante de derecho. LA AUTORA es docente de primaria y escritora. EL AUTOR es abogado, investigador y doctor en Derecho. Christian Marciaga no todas las personas parten de condiciones similares, lo que impide que todas puedan competir en igualdad. Un ejemplo clásico de ello es el de las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, que enfrentan mayores obstáculos. En Panamá, la meritocracia es a menudo promovida como un ideal durante las campañas políticas, pero una vez en el poder se tiende a olvidar este compromiso. Aunque es un tema recurrente en discursos y mítines políticos, no se traduce en una lucha efectiva contra el clientelismo, la desigualdad estructural y la dependencia de contactos. A pesar de algunos avances en la realización de concursos públicos, la falta de igualdad de oportunidades sigue siendo un reto significativo. Para que la meritocracia sea verdaderamente efectiva, es indispensable implementar políticas públicas y planes de Estado que garanticen la equidad en el acceso a la educación, los recursos y los empleos, disminuyendo así la influencia de factores como la política y el poder económico. Las reformas estructurales necesarias en Panamá incluyen una reforma integral del sistema educativo, así como la profesionalización del sector público mediante concursos públicos auténticos que permitan el ingreso a la carrera y la progresión hacia puestos más altos por mérito propio, sin la influencia del gobierno en turno. También es necesaria la promoción, capacitación y financiación de emprendimientos en sectores clave y en poblaciones vulnerables, como la agricultura y el turismo en zonas rurales e indígenas. Además, es crucial implementar la digitalización del sector público para garantizar la transparencia en los procesos de selección —incluyendo becas, empleo y concursos— con el fin de eliminar la influencia política y asegurar que las personas más calificadas sean escogidas. Estas reformas deben ir acompañadas de una transformación del sistema de justicia para combatir la corrupción mediante la transparencia y la rendición de cuentas, y de políticas de inclusión que promuevan una cultura meritocrática tanto en el sector público como en el privado. Las soluciones deben involucrar no solo al gobierno, sino también al sector privado, la sociedad civil y otros organismos, para su aplicación efectiva en la sociedad. En conclusión, el debate sobre la meritocracia en Panamá no se limita únicamente a las políticas de contratación laboral, sino que refleja cambios mucho más profundos en cuanto a la distribución de oportunidades y la justicia social. Si realmente queremos eliminar estas prácticas, es necesario comprometernos genuinamente con la transparencia, la equidad y la profesionalización. En la sociedad panameña es común escuchar que los contactos y las relaciones personales tienen un gran peso en comparación con títulos o experiencia. En algunos casos, puestos públicos y privados, así como becas y auxilios económicos, pueden ser otorgados basándose en el amiguismo y en referencias personales, en lugar de los logros académicos y profesionales de una persona. Esta situación se presenta a diario, hasta el extremo de que en muchos casos ni siquiera se percibe cuando ocurre. Un ejemplo de ello es el de los auxilios económicos y becas para los jóvenes del Concurso Nacional de Oratoria, que nunca fueron entregados. El concepto clásico de meritocracia se basa en que el acceso a cargos y posiciones, tanto en el ámbito público como en el privado, debe realizarse tomando en cuenta únicamente las capacidades, competencias y logros demostrados por cada persona. Esta compite por la posición deseada junto a otros candidatos que poseen hojas de vida iguales o superiores. Es decir, se trata de elegir a la mejor o a las mejores personas para un determinado puesto, sobre todo cuando este conlleva una gran responsabilidad. La meritocracia no solo se fundamenta en el principio de que el talento y el esfuerzo individual son elementos clave para la eficiencia y el progreso, sino que también aporta beneficios significativos a la sociedad. No obstante, su implementación en Panamá enfrenta graves desafíos y obstáculos, ya que nuestra realidad a menudo genera prácticas contrarias a lo que debería ser un sistema verdaderamente meritocrático. Hablar de la meritocracia en Panamá implica abordar un tema extremadamente complejo, caracterizado por la tensión entre el ideal de recompensar el esfuerzo y las realidades de desigualdad, clientelismo y falta de oportunidades equitativas. Por un lado, el sector público ha utilizado históricamente prácticas de contratación basadas en conexiones políticas y personales, sin considerar criterios de preparación y evaluación profesional. La mayoría de los nombramientos se realizan mediante designaciones directas o por recomendaciones y favores, como los proporcionados a donantes de campaña. Estas prácticas afectan negativamente la eficiencia gubernamental, erosionan la calidad del servicio público y generan una creciente desconfianza entre la ciudadanía. Es importante reconocer que esta problemática no es exEbony López Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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