6A La Prensa Panamá, lunes 28 de abril de 2025 La Asamblea Nacional se alista para cerrar su actual periodo de sesiones el próximo miércoles, con cruciales proyectos de ley sin debatir ni aprobar. Mientras, prácticas como el ausentismo y la falta de quórum paralizan la agenda en el pleno. Las reformas al reglamento interno, diseñadas para limitar privilegios de los diputados y mayor transparencia, encabezan la lista de iniciativas que están en el limbo. Mientras que para segundo y tercer debate, hay una lista que supera los 30 proyectos de ley. Las reformas al reglamento legislativo son una vieja promesa que no se concreta, a pesar de las crecientes demandas ciudadanas por mayor transparencia y eficiencia en el trabajo legislativo. No obstante, hay temas que han dominado la atención del palacio Justo Arosemena. Entre noviembre de 2024 y marzo de este año, la Asamblea se centró en la reforma a la ley de pensiones y jubilaciones de Panamá. Antes de eso, los diputados pusieron su mirada en la discusión del presupuesto general del Estado, proyecto que enfrentó varios obstáculos. Al menos 30 proyectos Las reformas al reglamento no son el único asunto pendiente de debate. El diputado Luis Duke, de la bancada independiente Vamos, expresó su frustración el pasado jueves por la sobrecarga de temas en el orden del día, que incluye más de 30 proyectos de ley para discutir y 18 nombramientos para ratificación. “Tenemos el espacio para seguir debatiendo”, indicó. Poco antes, había dicho que en ese momento había 26 diputados en el pleno y 10 más en comisiones. “No me parece que, a pocos días de concluir la legislatura, estemos considerando terminarla sin debatir los proyectos de ley que el pueblo panameño está esperando”, subrayó. En debate En este contexto, algunos proyectos clave han logrado mantenerse en la agenda. Uno de ellos es la propuesta de ley de economía circular, que aún espera su tercer debate. La diputada Janine Prado, jefa de la bancada independiente Vamos, destacó la relevancia de esta iniciativa, que busca impulsar la reactivación económica, generar nuevas fuentes de ingresos y proteger el medio ambiente. “Este proyecto representa un esfuerzo conjunto que no solo debe interesar a nuestra bancada, sino a todo el país”, destacó Prado en una entrevista con La Prensa. Otro proyecto que aún aguarda su segundo debate propone modificaciones al Código Penal para aumentar las penas y eliminar la posibilidad de acuerdos judiciales en casos de abuso contra menores de edad y personas con discapacidad. Prado subrayó la urgencia de esta iniciativa, dada la alarmante cantidad de caLegislatura, a punto de cerrar con reformas inconclusas y agenda agitada SESIONES ORDINARIAS sos de abuso reportados, especialmente en su provincia natal, Veraguas. “Es una prioridad proteger a los más vulnerables y asegurar que los delitos cometidos contra ellos reciban el castigo correspondiente”, afirmó. Pidió apoyo a sus colegas para impulsar esta propuesta. En su balance de gestión, Prado también resaltó que, en los últimos 10 meses, su bancada presentó no menos de 130 anteproyectos de ley, muchos de ellos enfocados en educación, el fortalecimiento del sistema de salud, la ampliación del acceso a servicios básicos como el agua potable y la promoción del cuidado ambiental. Leyes sancionadas Recientemente, la Asamblea aprobó una ley que establece un nuevo régimen de interés preferencial, sancionada el viernes pasado por el presidente José Raúl Mulino. Ese mismo día, el mandatario firmó también la ley que modifica los procesos de la justicia comunitaria de paz, producto del consenso entre varios proyectos: uno presentado por el Ministerio de Gobierno, y otros dos por los diputados Yarelis Rodríguez, de Vamos, y Jorge Herrera, del Partido Panameñista. La auditoría, la amnistía Sin embargo, en las últimas sesiones, la actividad legislativa en el Palacio Justo Arosemena ha estado marcada por dos eventos destacados. Primero, el inusual pago de la segunda quincena de abril mediante cheques físicos, en lugar de los habituales depósitos bancarios. Esta medida forma parte de una auditoría impulsada por la Contraloría General de la República, cuyo objetivo es detectar posibles casos de “botellas”, es decir, personas que reciben salarios públicos sin desempeñar funciones reales. También, ha generado controversia la discusión de proyectos de ley que proponen amnistías para delitos relacionados con emblemáticos casos de corrupción, lo que ha encendido el debate público sobre la necesidad de reforzar, y no debilitar, los mecanismos de rendición de cuentas. Sin embargo, dos de estas iniciativas fueron rechazadas por la Comisión de Gobierno. Jairo Bolota Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), promovió una propuesta, mientras que Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM), impulsó otra. Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu nombrado en el gobierno de Laurentino Cortizo, dijo que no daría declaraciones por recomendación de su abogado. Archivo Exdirector del Ifarhu, vinculado a beneficiarios de los auxilios Mónica Palm [email protected] Eliana Morales Gil [email protected] El Ministerio Público maneja información que indica que, entre los años 2021 y 2024, ingresó un poco más de $400,000 a tres cuentas bancarias vinculadas a Meneses, pero casi el 70% de esos fondos (unos $277,000) no ha podido ser justificado razonablemente. Bernardo Meneses habría recibido fondos de por lo menos 82 personas que obtuvieron jugosos auxilios económicos mientras estuvo al frente del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu). En ese grupo de beneficiados hay funcionarios de la Asamblea Nacional (AN), donde Meneses laboró antes de ser designado como director del Ifarhu, en julio de 2019. También figuran miembros y personas ligadas al Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo en el que milita Meneses; de hecho, renunció al Ifarhu el 28 de febrero de 2023 para ser candidato a diputado en el circuito 13-1 del PRD, elección que finalmente perdió. En la Asamblea, Meneses trabajó como analista de relaciones internacionales. Actualmente, ejerce como “profesional especial 1” en la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, con un salario mensual de $620.10. La Prensa pudo conocer que el Ministerio Público (MP) maneja información que indica que, entre los años 2021 y 2024, ingresó un poco más de $400,000 a tres cuentas bancarias vinculadas a Meneses, pero casi el 70% de esos fondos (unos $277,000) no ha podido ser justificado razonablemente. Ese dinero, cuya procedencia es incierta, habría sido captado en efectivo, transferencias bancarias automáticas y Yappy. Los movimientos fueron advertidos en su momento por las propias entidades bancarias, dado que no concordaba con el perfil del exfuncionario. De hecho, hay constancia de que, en 2023, poco después de su salida del cargo, el MP obtuvo reportes que ya daban cuenta de irregularidades en las cuentas a nombre de Meneses. Cuando estuvo al frente del Ifarhu, Meneses se negó sistemáticamente a revelar quiénes eran los beneficiarios de los auxilios económicos no reembolsables que se entregaban de forma discrecional y sin evaluar indicadores como promedio académico, nivel socioeconómico o situación de riesgo social. Para ocultar esa información, firmó una resolución en la que invocaba la Ley 81 de 2019, sobre protección de datos personales. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), entidad rectora en esa materia, solicitó hasta en cuatro ocasiones al Ifarhu que eliminara las restricciones y divulgara los nombres de los beneficiarios de todos los programas de empréstitos de la institución, pero este clamor fue ignorado, primero por Meneses y luego por Ileana Molo, quien lo reemplazó en el cargo tras su renuncia a finales de febrero de 2023. La Antai no fue la única. Rigoberto González, quien fue procurador de la Administración hasta el 31 de diciembre de 2024, hizo una inspección al Ifarhu. Allí, los propios funcionarios revelaron que no había un reglamento para adjudicar los auxilios; tampoco rendición de cuentas, ni reembolsos, ni avisos de convocatoria para que cualquier interesado pudiera aplicar. Todo era gestionado de acuerdo con el criterio de la dirección general. González solicitó correctivos y la expedición de un reglamento. Y le pasó como a la Antai: lo ignoraron. Para colmo, la Contraloría General de la República, entonces bajo el mando de Gerardo Solís, agregó un nuevo impedimento y clasificó la información de los auxilios económicos como “reservada”. Sorteando estos obstáculos, La Prensa armó y presentó una base de datos interactiva de los auxilios económicos repartidos entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023, que representaban un gasto de $141.6 millones. En total, la base identificó a 2,144 beneficiarios y presentó otros 2,759 desembolsos que no aparecían a nombre de nadie. Entre los beneficiarios que sí figuraban con nombre y apellido estaban Mía Sofía Cortizo, sobrina del entonces presidente Laurentino Cortizo, así como José Simpson Serrano, Yarisbel Melo Herrera y Jorge Emilio Jaén Ruiz, hijos de los ministros de aquel momento José Simpson Polo (de la Presidencia), Juana Herrera (de la Mujer) y Eyra Ruiz (consejera), respectivamente. Incluso Esteban Solís Menard, hijo de la directora de Becas y Asistencia Educativa del Ifarhu, Tania Menard, recibió un auxilio no reembolsable. También figuró María Alejandra Panay, viceministra de la Mujer en el gobierno de Cortizo y antigua asistente de Meneses en el Ifarhu. Panay, además, es hija e hijastra de los exdiputados Quibian Panay y Yanibel Ábrego. Ella no es la única descendiente de un diputado que recibió auxilio: también están Diego Ábrego y Paola Testa, hijos de Roberto Ábrego y Zulay Rodríguez, respectivamente, quienes ocuparon una curul hasta el 30 de junio de 2024. Todos estos exparlamentarios militaban en el PRD y, por tanto, eran copartidarios de Meneses. También en las filas del PRD está el auxiliado Hussein Bolívar Pitty, del frente de la Juventud de ese colectivo. La Prensa contactó a Meneses para conocer su versión. El exfuncionario indicó que no daría declaraciones, por consejo de su abogado. Igualmente, se le envió un cuestionario por correo electrónico, que no respondió. Dana Castañeda, presidenta de la Asamblea, junto a diputados de varios partidos. Richard Bonilla UI UNIDAD INVESTIGATIVA Panorama
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