4A La Prensa Panamá, sábado 26 de abril de 2025 Panorama Las huelgas docentes exponen a los jóvenes a situaciones de riesgo al perder el centro escolar como espacio seguro. LP Aulas cerradas, derechos en pausa: el impacto real de las huelgas educativas Yaritza Mojica [email protected] EDUCACIÓN La huelga de los docentes trae como consecuencia no solo que se interrumpa el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños y adolescentes, sino también consecuencias emocionales para los más vulnerables. Han transcurrido tres días sin que los estudiantes reciban conocimientos en las aulas de clases, hecho que afecta su proceso de enseñanza-aprendizaje. La razón es el llamado a huelga hecho por un grupo de educadores a partir del pasado 23 de abril. Sin embargo, las afectaciones a niños y jóvenes van más allá de la suspensión de clases, pues impactan directamente el desarrollo socioemocional de una población en etapas vitales de su crecimiento. Los niños en etapa primaria, así como los jóvenes que asisten a premedia y media, enfrentan situaciones no solo académica, también emocionales, sociales y familiares que repercuten en su educación integral. Y las escuelas no solo se encargan de cumplir una función académica, también son espacios de desarrollo socioemocional, es decir, donde los estudiantes fortalecen habilidades personales, relacionales y de convivencia, a través de metodologías activas y actividades extracurriculares. De allí que, durante estos tres días de huelga docente se habrían generado nuevas afectaciones para esta población, que suman un problema más a sus ya difíciles contextos. Así lo explicó la directora nacional de Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación (Meduca), Verushka Ordás, en entrevista con La Prensa al señalar que desde esta dirección, a través de los gabinetes psicopedagógicos, se atiende a estudiantes mediante psicólogos y trabajadores sociales, quienes abordan situaciones emocionales, académicas, sociales y familiares que afectan el desarrollo integral de los estudiantes. En el caso de las huelgas, manifestó Ordás, cuando los estudiantes no reciben esta atención, se producen consecuencias que varían según el caso, como la pérdida de motivación, interrupción en el desarrollo académico y social, y la limitación de espacios seguros para su crecimiento personal. La directora destacó que la motivación es un pilar fundamental para el aprendizaje, y que esta se ve gravemente afectada por las paralizaciones escolares, ya que la falta de clases desmotiva al estudiante, interrumpe su rutina y puede incluso llevar al abandono escolar. Estas interrupciones también exponen a los jóvenes a situaciones de riesgo al perder el centro escolar como espacio seguro y estructurado. Si la inestabilidad se prolonga, advirtió, se pierde el hilo pedagógico y el interés del estudiante. Desde que inició el año escolar, se han registrado tres paralizaciones: la primera, de 24 horas, el pasado 21 de marzo; la segunda, de 48 horas, los días 3 y 4 de abril; y ahora el llamado a un paro indenido desde el 23 de abril. Esta última no ha sido levantada por los gremios magisteriales, que se oponen a la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social (CSS), a la reapertura de la mina de Donoso, en la provincia de Colón, al mal estado de las escuelas, entre otros problemas sociales. Escuelas: refugio de los estudiantes La especialista en psicología destacó que los centros educativos no solo brindan clases, sino también oportunidades para adquirir habilidades socioemocionales, resolver con¤ictos de forma pacíca y aprender normas de convivencia. La falta de continuidad educativa debilita estos procesos fundamentales, apuntó. Actualmente, el Meduca cuenta con 161 gabinetes psicopedagógicos activos en 12 regiones educativas, sin presencia aún en Darién ni en áreas comarcales. No obstante, la meta es alcanzar los 300 gabinetes al nal del quinquenio (2024-2029). A pesar de este esfuerzo, todavía hay miles de estudiantes sin acceso a atención especializada. Datos de la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos indican que, solo en el primer mes del año, se atendieron unos 18,000 estudiantes, y en 2023 se superaron los 40,000 casos. Aunque los motivos iniciales de consulta suelen ser comunes —bajo rendimiento, conducta, problemas familiares—, muchas veces se detectan situaciones graves que requieren la activación de protocolos de protección de derechos y canalización interinstitucional. Ordás considera que la paralización de clases impide el acceso a estos servicios clave, comprometiendo tanto la estabilidad emocional como el desempeño académico de muchos estudiantes, y profundizando las brechas de desigualdad en la niñez y la adolescencia. “Nosotros, que somos los adultos, quienes les brindamos rutina, límites, disciplina y les garantizamos derechos como el de la educación, debemos ser ese modelo de enseñanza que nuestros estudiantes necesitan en este momento. Afuera hay muchas situaciones a las que se exponen nuestros hijos”, indicó. Precisamente, los gabinetes psicopedagógicos atienden múltiples situaciones conductuales, académicas, emocionales, de duelo y de condiciones sociales y económicas que viven los estudiantes. La escuela debe ser un espacio seguro donde el niño o el adolescente pueda desarrollar no solo conocimientos académicos, sino también habilidades sociales, emocionales y de convivencia necesarias para su desarrollo integral. Y eso solo se logra con su presencia en la escuela, remarcó Ordás. Para este año escolar, hay unos 900 mil estudiantes en el sector ocial que deben recibir clases en 3,120 centros educativos. Juan Manuel Díaz [email protected] Edwin Cárdenas. Archivo Tribunal Superior reduce pena de prisión al exdirector del IMA Edwin Cárdenas PROCESO JUDICIAL El Tribunal Superior de Causas Penales redujo de 96 meses a 60 meses la pena de prisión impuesta al exdirector del Instituto de Mercadeo Agropecuario Edwin Cárdenas, por el delito de peculado en perjuicio de esa entidad. A través del edicto No. 466 colgado en la sede del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, a cargo del proceso judicial, se informa a las partes la decisión asumida por el tribunal. El fallo también reduce las penas de prisión a Ángel Ariel Aguilar, Migdalia Gómez, Matías Carrillo y Armando Vásquez, en cuyos casos la pena se redujo de 72 a 60 meses de prisión. Mientras que a Israel Ortiz se le condenó a la pena de 72 meses de prisión. El Ministerio Público inició el proceso contra Cárdenas tras una auditoría de la Contraloría General de la República que reveló una lesión al Estado por $6 millones 560 mil 515 en el manejo de los recursos del Fondo de Fideicomiso del Programa para la Solidaridad Alimentaria. Cárdenas fue el primer funcionario de la administración de Juan Carlos Varela (2014–2019) en ser investigado por irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Durante su gestión, entre julio de 2014 y abril de 2015, manejó de manera irregular los recursos del Fondo de Fideicomiso del Programa para la Solidaridad Alimentaria, lo que llevó a su renuncia por críticas que incluían casos de nepotismo. En junio de 2019, el Tribunal de Cuentas lo declaró culpable de una lesión patrimonial de $5.6 millones, causada por el manejo irregular de fondos del mismo programa. La agenda noticiosa de esta semana la dominó mayormente las protestas contra la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) y el tema de la amnistía. En el primer caso, creo que es tardía. Dudo que el presidente Mulino dé marcha atrás, aunque admito que el proyecto debió ser discutido más profundamente, buscando alternativas, siendo creativos y no solo copiar legislaciones de otros países. También hay que reconocer que es un parche que ayuda a sobrevivir, mas no cura. Se supone que su aprobación tendría un efecto positivo en la cali- cación de riesgo del país. No fue así, de hecho, ha empeorado, pues el dé- cit del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte ya no será responsabilidad de la CSS, pero sí lo es para este y próximos gobiernos, que tendrán que abonar cientos de millones de dólares cada año para ese propósito, sumando un peso tan importante sobre el presupuesto que será virtualmente imposible recuperar el grado de inversión. Pero, sobre la base de este parche, la CSS debería convocar a un diálogo y darle punto nal al problema de las jubilaciones. Para hacerlo, es imperativo ir con mente abierta. Estamos a cinco años de decidir si se sube o no la edad de jubilación. ¿Por qué esperar hasta entonces si se ha abierto una ventana de tiempo para llegar a un acuerdo de- nitivo? Bueno, ese es el problema: espera hasta el último minuto para hacerlo, como lo han hecho hoy las organizaciones que protestan. ¿Por qué no aprovechan estas protestas para proponer ese diálogo desde ahora y que lo acordado se respete? ¿O por qué no exigen hoy las urgentes reformas que necesita la CSS, como humanizar el trato a los pacientes? He sido testigo de situaciones que surgen debido al hacinamiento, la falta de equipos, insumos y medicinas, de la excesiva centralización de servicios y atención. La administración de la CSS es un asco, ni siquiera tiene un buen sistema de citas. Y cuando se consiguen, muchas veces hay que esperar semanas o meses. No hay sucientes especialistas y los que hay están atiborrados de trabajo. Los problemas de la CSS no solo son las jubilaciones. Deberían hacer que la administración de la CSS construya conanza. Sin ella poco se conseguirá, tal como ha ocurrido con esta reforma, que no es la solución, sino un parche. La visión de los políticos sobre la CSS sigue siendo ridículamente estrecha y estúpida: un botín político para ejércitos de inútiles que solo sirven para secar el sudor cuando el político va pidiendo votos. Son ellos y la administración de la CSS los responsables del problema de conanza y deberían ser los que lo solucionen. El asunto es que para resolverlo son necesarias células cerebrales. Y no es que ellos no las tengan, sino cuántas tienen. Su cantidad no alcanza para tener imaginación ni para ser creativos ni para plani- car, prever o calcular. Son autómatas guiados por la codicia. Y nosotros no escapamos de tanta idiotez, porque son nuestros votos los que los encumbran para luego convertirnos en sus sonrientes y complacientes víctimas. Roban nuestro dinero, futuro, salud, seguridad, educación y paz mental y lo único que sentimos es el Síndrome de Estocolmo, aunque en Panamá debería llamarse Síndrome de Nicaragua. Eso me lleva al otro tema que acaparó los titulares: la amnistía. Es irracional pagarles a diputados que trabajan, no para nosotros, sino para un ladrón. Su proponente es un “abogado” que parece no tener idea de lo que es el derecho ni la justicia, graduado con honores en inutilidad. No es más que un obediente y servil peón de los más oscuros intereses del latrocinio personicado. Lo que debería hacer es explicarnos cómo su junta comunal –Barrio Norte, Colón se gastó los $14.1 millones que recibió de la descentralización paralela. Es increíble que, con sus incontables necesidades no se haya hecho nada. Esa junta comunal, al responder una carta en la que le pedían enumerar los proyecto hechos en ese corregimiento –feudo del señor Bolota Salazar– su respuesta fue que, tras consultar a los residentes, “la comunidad no solicitó obras, por lo tanto, no se realizaron tales funciones…”. Así que –concluye la carta– “se cumplieron así con las necesidades exigidas por la comunidad”. Esta frase re¤eja lo dicho: No es que carezcan de cerebro, el asunto es si lo usan. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected]
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