3A La Prensa Panamá, sábado 26 de abril de 2025 Panorama El director del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP), Víctor Álvarez, anunció la creación de una plataforma digital en la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi), que permitirá agilizar los procesos de inspección y la emisión del Certicado de Ocupación, estableciendo un modelo ágil, transparente y técnico. Álvarez explicó que la digitalización permitirá eliminar las irregularidades, así como los problemas operativos y normativos en Dinasepi, donde, en algunos casos, se cobraban “coimas” para el otorgamiento de permisos y las inspecciones. “Ya se han dado procesos disciplinarios, todavía hay procesos en marcha, destituciones e incluso denuncias penales”, indicó. En total, se han presentado siete denuncias penales en distintas zonas regionales. Además, se han efectuado cinco destituciones internas y están en desarrollo varios procesos disciplinarios, así como investigaciones penales ante las autoridades respectivas, explicó el director del BCBP. “Ha habido actos de corrupción de todo tipo, pero no podemos ofrecer especi- caciones, ya que hay investigaciones que no deben ser viciadas. No podemos armar que ocurrían solo en un sector, pero sí se daban con más frecuencia en el área de la construcción”, informó el director del BCBP. En la Orden General DG-BCBRP N.º 120-2025 se dispone que la totalidad de observaciones técnicas deberá consignarse en la primera inspección realizada por Dinasepi, prohibiéndose expresamente incluir nuevos señalamientos en reinspecciones posteriores. Esto elimina la discrecionaBomberos anuncian nueva plataforma para agilizar procesos y evitar coimas DIGITALIZACIÓN lidad, mejora la previsibilidad del proceso y garantiza la seguridad jurídica de los usuarios. “Con esta disposición reforzamos los principios de objetividad, transparencia, celeridad y apego técnico. Las reinspecciones ya no serán espacios para nuevas exigencias, sino momentos para validar el cumplimiento de lo previamente establecido”, subrayó el coronel Álvarez. La Orden General del BCBP indica que las inspecciones deberán regirse por objetividad, transparencia, celeridad y estricto apego técnico, fortaleciendo la institucionalidad del proceso. Eduardo Arango, viceministro de Comercio e Industrias, destacó que “la transparencia y rapidez en estos trámites generarán con- anza en los inversionistas”. En tanto, Adolfo Fábrega, administrador general de la Autoridad de Innovación Gubernamental, conrmó la próxima integración de un sistema digital interinstitucional para reforzar la eciencia y combatir la corrupción. En septiembre de 2024, el BCBP destituyó a tres bomberos, que laboraban en la provincia de Veraguas, por supuestos actos de corrupción en la modalidad de cobro de coimas. Yender Sulbarán, estudiante de la Facultad de Economía y representante del Centro de Estudiantes. Captura de pantalla Líder estudiantil denuncia persecución ideológica en la UP Yasser Yánez García [email protected] Yaritza Mojica [email protected] EDUCACIÓN SUPERIOR “Nosotros pensamos distinto, tenemos una visión crítica desde la economía. Pero en lugar de debatir ideas, nos atacan. La pluralidad en la universidad está siendo secuestrada”, aseguró Yender Sulbarán. Yender Sulbarán, estudiante de la Facultad de Economía y representante del Centro de Estudiantes de esa unidad académica, denunció una serie de agresiones físicas, amenazas y actos de intimidación sufridos tanto por él como por varios de sus compañeros, en lo que describe como una campaña de persecución ideológica dentro de la Universidad de Panamá (UP). En entrevista en Telemetro Reporta, Sulbarán relató que estos hechos comenzaron desde que su agrupación ganó las elecciones del centro en 2024. Desde entonces, sostiene que han sido blanco de constantes ataques por parte de estudiantes identicados con sectores de la izquierda radical, entre ellos miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs). “El primer acto de violencia se dio cuando fuimos a recibir nuestras credenciales. Literalmente nos sacaron a golpes y patadas de la Facultad de Derecho”, relató. Posteriormente, según cuenta, sabotearon una actividad académica en el auditorio José Dolores Moscote y han impedido la realización de otras iniciativas educativas organizadas por su grupo. Sulbarán asegura que los ataques se intensicaron cuando su equipo comenzó reparaciones en el Centro de Estudiantes, que, según armó, se encontraba en malas condiciones al momento de recibirlo. Explicó también que, con fondos recaudados por la agrupación estudiantil, compraron materiales y comenzaron a restaurar el espacio, lo que generó nuevas tensiones. “Ese día pegaron papeletas con mi rostro y mi nombre por toda la facultad, preguntando dónde estaba. Me acusaban de ladrón y corrupto, sin fundamento alguno. Todo lo que hemos hecho está sustentado con informes de gestión públicos”, armó. Esa misma noche, mientras realizaba trabajos en el centro, un grupo de al menos 10 personas lo confrontó. “Me empezaron a insultar y a gritar. Intenté calmar la situación, pero cuando uno de ellos me gritó con un parlante directamente al oído, lo aparté. En ese momento se me abalanzaron y terminé con varios encima golpeándome”, aseguró. Sulbarán también denunció que dos compañeras suyas fueron encerradas en el centro por parte de estos grupos y privadas de su libertad. Además, armó haber recibido amenazas de muerte, incluso mensajes a través de redes sociales con detalles de su dirección de residencia. “Muchos estudiantes no quieren hablar por miedo. Nos graban, nos difaman en redes, nos acosan en los pasillos. Han creado un ambiente de terror en la universidad”, expresó. El estudiante denunció la inacción por parte de las autoridades universitarias y acusó al rector de parcializarse con los grupos agresores. Según Sulbarán, tras el incidente, el rector se pronunció en medios asegurando que él sería vetado, sin que se realizara una investigación previa. “El rector se extralimitó en sus funciones. Antes de emitir juicio, debería investigar. Pero preeren quedar bien con quienes no los van a presionar con protestas”, sostuvo. Sulbarán sostiene que el con¤icto es fundamentalmente ideológico: “Nosotros pensamos distinto, tenemos una visión crítica desde la economía. Pero en lugar de debatir ideas, nos atacan. La pluralidad en la universidad está siendo secuestrada”. Según relata, otros grupos académicos han mostrado solidaridad, aunque con temor a verse involucrados en represalias. Mientras tanto, arma que tanto él como varios compañeros no han podido volver a clases por motivos de seguridad. De acuerdo con las declaraciones del rector de la UP, Eduardo Flores Castro, Sulbarán sería vetado de la universidad luego de que supuestamente agredió a estudiantes con un martillo en un piqueteo para reclamarle por el cierre del centro de estudiantes desde hace siete meses y por mal uso de los fondos. El juez de garantías Óscar Carrasquilla imputó cargos y ordenó la detención de tres personas, entre ellas un funcionario del Ministerio de Obras Públicas (MOP), un funcionario de la Junta Comunal de Veracruz y la hermana del exrepresentante de Veracruz Ronald González, por los delitos de peculado por la sustracción de 600 vigas tipo H valoradas en $3 millones. Durante una audiencia celebrada el jueves, el juez Carrasquilla acogió la imputación presentada por las scales Azucena Aizpurúa y Tania Degracia, y ordenó la detención de los tres imputados por considerar que se trata de un delito grave y que existe el riesgo de fuga. Los procesados fueron aprehendidos el pasado miércoles durante una serie de allanamientos realizados en Pacora y Veracruz, en los que también se ubicaron documentos relacionados con el caso. Entre los detenidos gura Alberto Ábrego, quien laboraba como seguridad del MOP y quien, según la scalía, recibió dinero en sus cuentas bancarias relacionadas con la venta de las vigas. Otro de los detenidos es Bayron Pineda, quien es voluntario en la Junta Comunal de Veracruz y a quien se le atribuye haber recibido un cheque de $3,000 de una empresa recicladora a la que se vendieron algunas vigas. También se ordenó la detención de Brenda González, hermana del exrepresentante de Veracruz, a quien la scalía señala por haber participado en la compra de un camión con el dinero obtenido de la venta de las viImputan cargos y dictan detención a otros tres implicados en caso de vigas ÓRGANO JUDICIAL gas. Por este caso la scalía ha imputado cargos a ocho personas, una de las cuales alcanzó un acuerdo de pena, seis permanecen detenidos y otro mantiene una medida cautelar de depósito domiciliario. De las 600 vigas sustraídas del un patio del MOP, ubicado en Veracruz, el Ministerio Público logró la recuperación de 176, por lo que aún se desconoce el paradero de 424 vigas. Las vigas desaparecidas tienen un peso de 2,854 libras cada una. Según la información bancaria en manos de las autoridades, una recicladora pagó $38,050 y la otra $13,704 por las vigas. El pasado 2 de marzo un juez de garantías declaró como causa compleja esta investigación y concedió a la scalía un término de un año para concluir las investigación. Aún la scalía revisa una serie de evidencias obtenidas en allanamientos e inspecciones oculares realizadas a recicladores que compraron las vigas y que luego las vendieron a terceros. También se analiza información bancaria sobre personas que recibieron dinero producto de la venta de las vigas y que se presume actuaron como testaferros. Juan Manuel Díaz [email protected] En Río Abajo, la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Policía, ubicaron 39 vigas H en pedazos. Tomada de @PGN_Panamá Director del Cuerpo de Bomberos en momentos en que anuncia la puesta en marcha de la plataforma digital. Cortesía
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