9A La Prensa Panamá, viernes 25 de abril de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. termedios —Irán, Corea del Norte, grupos proxy o hackers estatales sin bandera— interesados en sabotear el orden global sin involucrarse directamente. Basta un solo ataque quirúrgico para generar caos internacional y probar, una vez más, que la asimetría puede doblegar al gigante. La neutralidad pactada en los Tratados Torrijos-Carter ha funcionado como escudo diplomático. Pero la neutralidad, en tiempos de guerra híbrida, no garantiza invulnerabilidad. Tampoco disuade. El artículo IV del tratado limita la presencia de fuerzas extranjeras permanentes, lo que complica cualquier despliegue efectivo de defensa avanzada. Para instalar un escudo antimisil en el Pacífico panameño, habría que modificar leyes, la Constitución y, probablemente, consultar al electorado. Mientras tanto, otras potencias se mueven. China ha invertido en puertos regionales estratégicos, Rusia ha ampliado su presencia naval en el Caribe y Turquía teje alianzas discretas en Centroamérica. Panamá, en cambio, mantiene una postura de baja intensidad que, si bien diplomáticamente elegante, puede convertirse en un flanco abierto. El Canal no solo es vital para el comercio global, sino también un símbolo de influencia hemisférica. Y en tiempos de bloques enfrentados, los símbolos también son objetivos. Nuestra decisión histórica de abolir el ejército hace 35 años fue una conquista civilizatoria, pero también dejó un vacío conceptual: ¿quién defiende los intereses estratégicos en la era del ciberataque y el sabotaje híbrido? Las fuerzas públicas operan con medios limitados, sin capacidad para interceptar amenazas aéreas ni Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Educación desigual, país desigual Movilidad social La desigualdad en la distribución de la riqueza es un problema persistente en Panamá, y uno de sus factores estructurales más importantes es la deficiente calidad del sistema educativo. Muchos estudiantes panameños no cuentan con la preparación adecuada para competir en el mercado laboral, lo que limita significativamente sus oportunidades de acceder a empleos bien remunerados. La evaluación PISA 2022 confirma esta realidad. Panamá obtuvo puntuaciones muy por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE: 357 en matemáticas, 392 en lectura y 388 en ciencias, frente a promedios superiores a los 450 puntos en esas áreas. Solo el 16% de los estudiantes panameños alcanzó al menos el nivel 2 de competencia en matemáticas, comparado con el 69% en la OCDE. En lectura, apenas el 42% lo logró (vs. 74% en la OCDE), y en ciencias, el 38% (vs. 76%). Estos resultados reflejan no solo deficiencias en la calidad de la enseñanza, sino también una preparación insuficiente para enfrentar los retos del mundo laboral moderno, cada vez más orientado a la resolución de problemas y al pensamiento analítico. Un factor adicional que ha agravado la situación es la recurrencia de huelgas docentes y paros laborales en el sector educativo. Estas interrupciones afectan la continuidad del calendario escolar y debilitan la motivación tanto de estudiantes como de maestros. La educación pierde consistencia y eficacia cuando se convierte en una actividad intermitente, condicionada por conflictos estructurales sin resolver. Diversos estudios han documentado la relación directa entre calidad educativa y nivel de ingresos. Una investigación reciente realizada por Hanol Lee (Southwestern University of Finance and Economics) y Jong-Wha Lee (Korea University) en 2023, que analizó 92 países entre 1970 y 2015, concluyó que una mejora sustancial en la calidad educativa puede aumentar los ingresos laborales hasta en un 11%. Asimismo, los países con sistemas educativos débiles tienden a presentar mayores niveles de desigualdad económica, ya que las personas con menor preparación quedan rezagadas frente a quienes acceden a una educación de calidad. Este fenómeno no es exclusivo de Panamá. En Chile, un estudio publicado por la Universidad Católica de Chile (Cox, Beca, Cerri, 2014) subrayó el papel fundamental del profesorado en la calidad del aprendizaje. El informe evidenció que docentes bien capacitados elevan significativamente el rendimiento académico de los estudiantes, mientras que los de menor preparación no logran el mismo impacto. El mismo estudio advirtió que la falta de maestros competentes afecta de forma más severa a los alumnos en situación de vulnerabilidad, limitando su movilidad social y sus posibilidades económicas a futuro. Esto demuestra que una educación de baja calidad contribuye directamente a la reproducción de la desigualdad. Reducir la inequidad en Panamá requiere una transformación profunda y sostenida del sistema educativo. Esta transformación debe contemplar: •La mejora continua en la formación, evaluación y dignificación del cuerpo docente. •La modernización de los métodos pedagógicos y el currículo escolar. •El acceso equitativo a una educación de calidad, independientemente del nivel socioeconómico. •La garantía de continuidad del calendario escolar, evitando interrupciones por conflictos laborales que afectan principalmente a los estudiantes más vulnerables. Una educación de calidad no solo es una estrategia de inclusión social, sino también una política económica inteligente y sostenible. Panamá tiene la oportunidad histórica de cerrar brechas estructurales y ofrecer igualdad real de oportunidades a todos sus ciudadanos. Movilidad humana y derechos humanos: un llamado a la reflexión Criminalización del migrante de personas alrededor del mundo. Una excepción es el desplazamiento interno que sufre el pueblo guna, debido al aumento del nivel del mar. La interseccionalidad es un concepto clave para abordar las experiencias de las personas en condición de movilidad. Las situaciones de vulnerabilidad se agravan cuando se suman otras formas de discriminación, como el género, la edad, la orientación sexual, la identidad de género, así como la pertenencia a grupos étnicos o religiosos. En este sentido, es fundamental que las políticas de refugio en Panamá tengan en cuenta estas particularidades para ofrecer un trato diferenciado y justo. El principio de no devolución es otro pilar fundamental en la protección de los derechos de personas refugiadas o solicitantes de refugio. Este principio estipula que un Estado no puede devolver a un refugiado a un territorio donde su vida o libertad estén amenazadas. En Panamá, la ley que regula el refugio incluye como uno de los motivos la persecución por orientación sexual, identidad o expresión de género. Esto es un avance significativo, ya que reconoce que las personas que huyen de la violencia y la discriminación por su identidad son igualmente dignas de protección. Sin embargo, a pesar de estos avances legislativos, la realidad es que muchas personas migrantes en Panamá enfrentan serias dificultades. La sociedad civil ha desempeñado un papel crucial en la defensa de los derechos de estas poblaciones. Organizaciones como la Red Clamor, una red de organizaciones católicas en Panamá, han trabajado incansablemente para acompañar a las personas en migración, refugio y desplazamiento. En un reciente comunicado, la Red Clamor destacó la difícil situación de dos poblaciones altamenIván Chanis Barahona Entre la neutralidad y la geopolítica Canal de Panamá Cada vez que un buque atraviesa las compuertas de Gatún, es inevitable sentir el peso simbólico de una hazaña que marcó la historia del siglo XX. Pero en 2025, el escenario estratégico ha mutado: el adversario ya no es la jungla, la malaria ni las mareas. Hoy, la mayor amenaza al Canal de Panamá se esconde en tecnologías asimétricas: enjambres de drones, misiles de crucero de bajo perfil y virus informáticos diseñados para alterar sistemas críticos sin disparar un solo tiro. En ese contexto, el reciente memorando de entendimiento firmado entre Panamá y Estados Unidos —en teoría para fortalecer la seguridad del Canal— revela más sobre el ajedrez geopolítico que sobre una verdadera estrategia de defensa. Washington no busca solo proteger el comercio global; busca reafirmar su influencia sobre una ruta clave en un mundo donde las cadenas de suministro se han convertido en campos de batalla. Los medios insisten en señalar a China como amenaza potencial. Pero el análisis lineal no resiste el escrutinio. Pekín es uno de los principales usuarios del Canal: más del 20% del tránsito anual le pertenece. Afectar su operación sería dispararse al pie. El riesgo real proviene de actores insubacuáticas. Frente a ello, el acuerdo con Washington ofrece “asistencia técnica y entrenamiento”. Pero eso no basta. Se requiere una política exterior más activa, una diplomacia que construya disuasión no solo con Estados Unidos, sino también con Europa, Asia y América Latina. Significa hablar con todos, pero prepararse para todo. La resiliencia del Canal no depende únicamente de su infraestructura. Depende de nuestra capacidad de proyectar disuasión estratégica. Duplicar componentes críticos, segmentar redes, desplegar sensores hidroacústicos, construir gemelos digitales y reforzar la ciberseguridad son medidas indispensables. Pero también lo es fortalecer nuestra presencia en foros multilaterales, formar alianzas tecnológicas y establecer canales de inteligencia con socios confiables. Panamá debe recuperar el lugar que tuvo en el siglo XX: un país pequeño con voz propia en la gran política. Hoy, el Canal es más que una vía acuática; es un nodo de poder global. La mejor defensa es una política exterior que inspire respeto, una seguridad nacional adaptada a los nuevos tiempos y una narrativa soberana que evite convertirnos en peón del conflicto ajeno. Porque si el Canal de Panamá se convierte en rehén de las tensiones globales, no habremos perdido solo una ruta comercial: habremos extraviado nuestra capacidad de decidir. Opinión EL AUTOR es publicista. EL AUTOR es escritor y máster en administración industrial. EL AUTOR es director ejecutivo, Fundación Iguales. Bolívar Márquez te vulnerables: aquellas que han iniciado la ruta sur-norte desde Sudamérica y que, atrapadas por medidas securitistas, se ven forzadas a regresar a sus países en condiciones precarias; y aquellos que, retenidos en Estados Unidos, provienen de países asiáticos. El papa Francisco ha sido un firme defensor de la dignidad humana y ha señalado que cualquier Estado que colabore con medidas que criminalicen a migrantes se convierte en cómplice de esta injusticia. Su llamado a construir sociedades basadas en la verdad y en la igualdad de dignidad de todos los seres humanos es un recordatorio de que el respeto a los derechos humanos debe prevalecer sobre las medidas de contención y control. Panamá tiene la oportunidad de liderar en la protección de los derechos de las personas en condición de movilidad, apoyándose en su tradición jurídica y en los principios del derecho internacional. Es esencial que las políticas públicas y las acciones del Estado se alineen con el respeto a la dignidad humana, reconociendo la complejidad de las realidades que enfrentanlaspersonasmigrantes,refugiadasy solicitantes de la condición de refugio. La colaboración entre el Estado y la sociedad civil será clave para garantizar que todas las personas, independientemente de su origen o situación, tengan acceso a una vida digna y segura. La verdadera justicia y humanidad se reflejan en cómo tratamos a las personas más vulnerables entre nosotros, y es en este compromiso donde se construye el futuro al que muchos aspiramoscomosociedad. Lamovilidadhumanacobraespecial relevancia en un mundo que enfrenta crisis políticas, económicas y climáticas. En este contexto, Panamá, con su tradición jurídica de respeto al derecho internacional, se presenta como un caso necesario para analizar la intersección entre la movilidad humana y los derechos humanos. El artículo 4 de la Constitución Nacional establece que “La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional”, lo que obliga al gobierno a guiar su actuación en la protección de los derechos de las personas en condición de movilidad. Combatir el error de la criminalización del migrante, defender principios básicos del derecho internacional como el principio de no devolución (non-refoulement), y reconocer el valioso papel que ejerce la sociedad civil son nortes que Panamá debe incluir y reconocer. Sin embargo, a nivel global, se observa un preocupante movimiento que busca criminalizar a quienes se encuentran en condiciones de movilidad. Este fenómenonosolodeshumanizaalaspersonasmigrantes, sino que también ignora el contexto en el que muchas de ellas se ven forzadas a abandonar sus hogares. En Panamá, los ciudadanos gozamos del gran privilegio de no tener que migrar por razones políticas o debido a los efectos del cambio climático, una realidad muy distinta a la de millones Gabriel J. Perea
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