8A La Prensa Panamá, viernes 25 de abril de 2025 Panorama El exdiputado y líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, calificó como ‘penosa’ la abstención del diputado Manuel Cheng en la votación sobre el anteproyecto de ley N°64, que dicta nuevas disposiciones sobre la amnistía, el indulto y la rebaja de penas. La abstención de Cheng llamó la atención en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, puesto que su colega de bancada, y también comisionado, Roberto Zúñiga, votó en contra del prohijamiento. Vásquez, por su parte, señaló en su cuenta de X que “estas actitudes no representan los valores de la Coalición y deben ser justificadas ante los ciudadanos que le eligieron en Arraiján”. Durante la sesión en la Comisión, Cheng aludió una reconocida frase del filósofo Voltaire para justificar lo que en su momento, se interpretó como una intención suya de que el proyecto llegara al primer debate. “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”, dijo Cheng. “La costumbre, se estila, que es técnico que un prohijamiento, a excepción de que tenga vicios constitucionales, sea acogido en esa condición. Dicho esto, yo sí le voy a dar prohijamiento, más no garantizo el apoyo en primer debate”, continuó diciendo el diputado. Unos minutos más tarde, en la comisión tomó la palabra el diputado y subjefe de bancada de Vamos, Luis Duke, quien se tomó el tiempo leyendo un comunicado de la propia bancada en rechazo de proyectos que abordaran el otorgamiento de la amnistía por delitos políticos. “Los 20 diputados de la bancada rechazamos categóricamente todo apoyo a la ley de amnistía o lo que vaya en contra del Estado de Derecho” señaló Duke. Posteriormente, Cheng terminó ejerciendo una abstención del voto, que sentenció el anteproyecto al rechazo. Cheng se abstuvo; Juan Diego Vásquez dice que fue algo muy ‘penoso’ Camacho no logró convencer a la mayoría de sus colegas Richard Bonilla Amnistía para casos de corrupción de alto perfil vuelve a naufragar Mario De Gracia Ohigginis Arcia J. [email protected] Mario De Gracia [email protected] La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional rechazó el prohijamiento del anteproyecto de ley 64, que buscaba otorgar amnistía por delitos políticos. La propuesta fue criticada por intentar beneficiar a figuras como los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Una vez más, la amnistía fue tema de discusión en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. Ayer el anteproyecto de ley N° 64, que dicta nuevas disposiciones sobre la amnistía, el indulto y la rebaja de pena, fue rechazado. El anteproyecto tuvo un intenso periodo de sustentación, donde algunos diputados llegaron a sugerir que guardaba relación con el también discutido y rechazado en la Comisión, proyecto de ley 235, que buscaba la amnistía para condenados y procesados en los casos New Business, Blue Apple y Odebrecht, algo que colateralmente permitiría optar por la amnistía a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. El diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas, proponente del anteproyecto, aseguró que este no tenía “nada que ver” con el 235, ni con Martinelli. No obstante, otros diputados de la Comisión argumentaron que con la redefinición de delito político que plantea el artículo 2 del documento, abriría el compás para luego incluir algunos delitos comunes por los que hay condenados en el caso New Business e imputados en el caso Odebrecht. “En mi opinión es una ley auxiliar a la ley de amnistía [proyecto 235]. No puedo aceptarlo si desde su concepción es inconstitucional”, señaló al respecto el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca). Uno de los puntos señalados por Pérez-Barboni fue la redefinición sobre el concepto de delito político en el artículo 2. Por otro lado, el diputado Francisco Brea, del partido Panameñista, indicó que “cree que la Asamblea tiene la potestad de legislar” en lo relacionado a conceder la amnistía, como sugiere el artículo 3 del anteproyecto. No obstante, indicó que su voto afirmativo para el prohijamiento, no garantizaría un voto afirmativo en el primer debate. Tampoco así, su condescendencia con actos de corrupción e implicados en delitos de este tipo. Lo mismo hizo el diputado Manuel Cheng, de la coalición Vamos, quien acudió al filósofo Voltaire para justificar su abstención del voto: “podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”, dijo. Los argumentos a favor y en contra llevaron a una apretada votación que culminó con 3 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, lo que representó el rechazo del prohijamiento. Votos a favor: • Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas. • Luis Charris (suplente de Ariel Vallarino), del partido Realizando Metas. • Francisco Brea, del Partido Panameñista. Votos en contra • José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino. • Roberto Zúñiga, de la coalición Vamos. • Sandoya Barsallo (suplente de Crispiano Adames), del Partido Revolucionario Democrático. Abstención • Manuel Cheng, de la coalición Vamos. La iniciativa, según el analista Rodrigo Noriega, contraviene compromisos internacionales asumidos por Panamá, como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que excluyen explícitamente los delitos de corrupción del ámbito de los delitos políticos, impidiendo su amnistía o asilo. Más temprano, en su conferencia de prensa semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, fue consultado por La Prensa sobre el tema. “Esa es una iniciativa de la Asamblea de diputados, yo no tengo nada que ver con esa iniciativa”, se distanció. Mulino fue enfático en señalar que la Constitución panameña solo contempla la amnistía “por delitos políticos, nada más, no por delitos comunes”. Pronunció la palabra “político” sílaba por sílaba. “Este presidente no está ni por la corrupción ni por la impunidad”, remarcó. Indignación ciudadana Pero las críticas al proyecto no se limitaron al Ejecutivo. Treinta organizaciones de la sociedad civil rechazaron de manera rotunda las iniciativas legislativas que otorgan amnistía a personas investigadas y condenadas por emblemáticos casos de corrupción. En una conferencia de prensa realizada en la sede de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), representantes de algunas de esas organizaciones advirtieron que el proyecto de ley 235 y el anteproyecto 64 manipulan las figuras legales de amnistía e indulto para otorgar impunidad a políticos y empresarios implicados en graves delitos de corrupción y crímenes comunes. Giulia De Sanctis, presiPese a que el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, pidió a los diputados de su colectivo no votar a favor de la amnistía para los corruptos, Francisco Panchito Brea desafió este llamado y, en cambio, se puso del lado de su colega Luis Eduardo Camacho para impulsar el anteproyecto de ley 64, que dicta nuevas disposiciones sobre la amnistía, el indulto y la rebaja de penas. Brea, diputado del circuito 9-3 en Veraguas, se unió a Luis Eduardo Camacho y a Luis Charris, suplente de Ariel Vallarino, del partido Realizando Metas (RM), en el intento de que la Comisión de Gobierno y Justicia de la Asamblea Nacional diera trámite a la propuesta. No obstante, la mayoría no avaló la propuesta. Los diputados Roberto Zúñiga, de la coalición Vamos; José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino; y Marta Sandoya Barsallo, suplente de Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático, votaron en contra. En tanto que Manuel Cheng Peñalba, de Vamos, se abstuvo. En medio del debate, Brea dijo que “cree que la Asamblea tiene la potestad de legislar” en lo relacionado a conceder la amnistía, como sugiere el artículo 3 del anteproyecto. No obstante, indicó que su voto afirmativo para el prohijamiento, no garantizaría un voto afirmativo en el primer debate. Tampoco así, su condescendencia con actos de corrupción e implicados en delitos de este tipo. El anteproyecto de ley 34 es otro de los intentos por beneficiar a un grupo de políticos salpicados por emblemáticos casos de corrupción. Se complementa con el proyecto de ley 235 presentado por el perredista Jairo Bolota Salazar, que propone amnistía para los investigados y condenados en los casos New Business, Blue Apple, y Odebrecht. El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), por ejemplo, fue condenado a más de 10 años de prisión por lavado de dinero en el caso New Business. Mientras Juan Carlos Varela, quien gobernó el país entre 2014 y 2019 es uno de los llamados a juicio por Odebrecht. Desde que el tema entró en agenda pública, la bancada del Partido Panameñista ha evitado pronunciarse sobre el asunto. Este grupo está conformado por los siguientes diputados: José Luis Popi Varela, hermano del expresidente Juan Carlos Varela; Jorge Herrera, Ariana Coba, Ricardo Vigil López, Medin Jiménez Pittí, Francisco Brea, Roberto Archibold y Edwin Vergara. Brea, es una figura cercana al expresidente Varela. El pasado 15 de marzo, día en que la Comisión de Gobierno rechazo el proyecto de ley 235 promovido por Salazar, Brea no estuvo presente. En esa oportunidad, los únicos dos votos a favor fueron los de Camacho y Ariel Vallarino, ambos miembros de RM y cercanos al expresidente Martinelli Diputado Francisco Brea desafía a Blandón y vota con el grupo de Camacho Eliana Morales Gil [email protected] Francisco Brea. Richard Bonilla denta de Apede, dijo que las propuestas violan la Constitución, rompen el principio de igualdad ante la ley y abren la puerta a que cualquier ladrón con poder diga que robó por razones ideológicas. Por su parte, Carlos Lee, Carlos Lee, director ejecutivo de Alianza Ciudadana Pro Justicia, profundizó sobre la figura de la amnistía. Se remontó a su orígen: la Revolución Francesa. Por primera vez, añadió, se menciona en el Código Penal Francés de 1792, como una forma de perdonar a personas que participaron en el cambio del sistema monárquico al republicano. La amnistía surgió para proteger a quienes, con buenas intenciones, impulsaban transformaciones políticas que chocaban con el poder establecido. “Por eso es importante entender que esta figura nació en el contexto de los derechos humanos”, dijo. Jeannette Bravo, de Panamá Joven, alertó sobre la relevancia de entender cómo estos proyectos pueden afectar a Panamá a nivel internacional. Añadió que promueven la impunidad, lo que facilita que el crimen organizado penetre en el poder. Esto, dijo, podría provocar pérdida de confianza global, menos inversión extranjera y un entorno económico más inseguro. Por su lado, Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, advirtió que lo que se está proponiendo es una forma encubierta de impunidad. (Con información de Eliana Morales y Yasser Yánez García) OTRO INTENTO DE IMPUNIDAD EN EL LEGISLATIVO
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==