2A La Prensa Panamá, viernes 25 de abril de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] Peculado en Ampyme: Vásquez pide absolver a Giselle Burillo PROCESO JUDICIAL El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Vásquez, en funciones de fiscal, solicitó un veredicto absolutorio a favor de la exdirectora de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Giselle Burillo, acusada del delito de peculado a través de la contratación de vehículos y alquiler de plantas móviles. Durante el juicio, que se realizó ayer, el magistrado Vásquez alegó que en este caso a Burillo no se le podía atribuir una responsabilidad penal, ya que las conductas no fueron ejecutadas por ella. Según Vásquez —en su alegato— si bien existieron irregularidades eran otros funcionarios, y no Burillo, los responsables por estos hechos, que fueron sancionados en procesos penales anteriores. Carlos Carrillo, abogado defensor de Burillo, también solicitó a los magistrados del Pleno de la Corte dictar un veredicto a absolutorio a favor de su cliente. Los miembros del Pleno se acogieron al término de 30 días para dictar un veredicto. La audiencia fue presidida por el magistrado Juan Francisco Castillo, suplente de la magistrada María Eugenia López. La pesquisa contra Burillo, inicialmente adelantada por la Fiscalía Anticorrupción y relacionada con irregularidades en el manejo de contratos cuando fungía como directora de Ampyme (2009-2014), fue remitida a la Corte luego de ser electa diputada del Parlamento Centroamericano en las elecciones de 2024 por el partido Realizando Metas. Tras su salida de Ampyme, Burillo enfrentó varios procesos por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. Entre ellos, uno relacionado con el fraccionamiento de contratos; otro, por irregularidades en el alquiler de vehículos de esa entidad; y uno por el uso de funcionarios de la institución en actividades de carácter político durante horas laborales. En junio de 2020, tres exfuncionarios de la Ampyme fueron condenados a 36 meses de prisión por el delito de peculado, a raíz de irregularidades en la celebración de 38 contratos menores con la sociedad Grupo Orme, S.A., para el servicio de transporte de plantas móviles en el país. Se concluyó que hubo inconsistencias e irregularidades que ocasionaron una lesión al Estado por 91,913 dólares. Sabrina Bacal ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Alergia a la democracia SABRINA BACAL SIN CENSURA Nueve meses después de haber asumido el poder, la hostilidad del presidente José Raul Mulino al disenso se ha convertido en el sello de su gobierno. El mandatario nunca ha sido muy tolerante a la crítica, pero conforme se complica el panorama, su agresividad contra quienes piensan distinto aumenta y contagia a su circulo cero. No es de extrañar. Y es que cuando desde la cabeza llueven los insultos como la “tanda de vagos, cojos y tuertos”, los “que cobran rescate por las leyes”, los “chiquillos”, los que “solo saben criticar” y ahora la “guarida de terroristas” en referencia a la Universidad de Panamá, pues los funcionarios a su alrededor se sienten empoderados a hacer lo mismo. Algunos ejemplos recientes. La auditoría del contralor Anel Flores a la Asamblea llegó cargada de epítetos contra diputadas, tales como “batallonera” o “santita”. El Ministro de la Presidencia Juan Carlos Orillac usa su cuenta oficial de X para abanicar ataques contra quienes hemos cuestionado la falta de una estrategia integral frente a Trump. Con la misma intención apareció en Viernes Santo el canciller Javier Martínez-Acha con un comunicado sin pies ni cabeza: las críticas no son válidas y no las acepta, pero está abierto al diálogo. Quien no acepta cuestionamientos no puede tener un diálogo, sino un monólogo. Cuando se mata al mensajero desde el poder, no se busca debatir sino intimidar. El problema con estos excesos verbales es que suelen presagiar otros excesos: aquellos que socovan las instituciones democráticas. Y es que las constantes descalificaciones abren la puerta para el ejercicio arbitrario del poder. Si se ataca a los periodistas, no hay que dar explicaciones al país más allá de ciertas entrevistas cómodas. Si se desacredita a los diputados, no hay que comparecer a la Asamblea a rendir cuentas. No es casual que esta ola amplificada de hostilidad ocurra justo después de los acuerdos pactados con los Estados Unidos durante la visita del secretario de Defensa Pete Hegseth. La Corte decidirá la legalidad y constitucionalidad de lo firmado por nuestras autoridades, pero la responsabilidad política e histórica sobre la neutralidad del Canal y la presencia militar norteamericana en el país recaerá sobre el Ejecutivo. La moción de censura al canciller por parte de un grupo de diputados es un oportuno recordatorio del rol fiscalizador que debe asumir el Órgano Legislativo. Por cierto, el presidente ya anunció que su fórmula para la reapertura de la mina de Donoso no pasará por la Asamblea. ¿Nos sorprende? Claro que no. Si empezó describiendo a quienes se oponen a la mina como “ cinco gatos que nunca han pagado una planilla”, el siguiente paso obvio es evitar el contrapeso del Legislativo. Para crear una empresa estatal se requiere pasar por la Asamblea y aún está vigente la ley de moratoria minera. Por creativa que sea su fórmula, la misma no puede estar por encima de las leyes y la Constitución. Recordemos que el 5 de mayo el pueblo no le dio a José Raúl Mulino un poder absoluto. La democracia implica, entre otras cosas, respetar el disenso, la libertad de prensa y la separación de poderes. Donald Trump es el perfecto ejemplo de la forma en que los insultos y ataques terminan erosionando la democracia. El presidente Mulino debe mirarse en ese espejo. Y aquí en el patio (o más bien en el de la embajada de Nicaragua) hay un ejemplo local muy similar, que traigo a colación pues la memoria puede ser tan selectiva como la justicia panameña. ¿Se acuerdan de los gladiadores de Martinelli? ¿Esos que defendían la gestión del entonces mandatario en medios y redes, enlodando e insultando a todo el que se atreviera a cuestionar al loco? No tengo que recordarles como terminó eso: en un clima de terror que abrió las puertas para toda clase de abusos y un festín con los recursos públicos. Reitero lo dicho: la alergia a la crítica, termina convirtiendose en alergia a la democracia. María Eugenia López, magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia. Archivo Magistrada refuta argumentos de la DGCP para objetar alquiler de blindado Juan Manuel Díaz [email protected] SUSTENTACIÓN El Órgano Judicial gestionó la contratación de un auto blindado luego que una bala fuera disparada a la ventana del despacho de la magistrada López a inicios de 2025. La magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, refutó los argumentos del director de Contrataciones Públicas, Javier Raúl Marquínez Dejud, para desestimar una petición de alquilar un vehículo blindado para su protección, luego que una ventana de su despacho sufrió un impacto de bala el pasado 31 de enero, y pidió reconsiderar esa decisión. En una nota enviada a MarquínezDejud,confecha 23 de abril, la magistrada sostiene que los argumentos usados por la Dirección de Panamá Compras para devolver al Órgano Judicial (OJ) la contratación del auto blindado carecen de sustento, ya que la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) realizó juicios de valor anticipados antes que venciera el plazo para subsanar las observaciones hechas al OJ. López sostiene que el OJ tenía hasta el 16 de abril pasado para subsanar las observaciones, pero que un día antes la DGSP había contactado a la empresa Defcon-One-Security para obtener una cotización del mismo servicio, lo que podía interpretarse como un juicio anticipado. También detalla que la nota a través de la cual la DGSP devolvió al OJ la solicitud de alquiler del auto para que fuera subsanada, fue publicada en el diario El Panamá América antes que fuera colgada en el portal de Panamá Compras, por lo que consideró necesaria una explicación. López sostiene que la naturaleza del ataque, luego que una bala impactó una de las ventanas de su despacho, evidenció un riesgo latente que justificaba la adopción inmediata de mecanismos de protección adicionales, dentro de los cuales estaba la contratación excepcional del servicio de alquiler de un auto blindado y que llevar a cabo un acto de selección de contratista implicaba demasiado tiempo para la formalización del contrato. También denunció que la DGSP canceló anticipadamente el procedimiento excepcional de contratación, das a otras empresas para la contratación del servicio alquiler de un vehículo blindado, como la hecha a Cap Rent S.A. se refieren a una cotización corporativa, es decir que involucra varios autos y situación muy diferente a lo solicitado por el OJ. A raíz del atentado contra la magistrada López el OJ gestionó la contratación de un auto blindado tipo Cadillac Escalade a un costo de $70,620. Entre las especificaciones técnicas, el vehículo debía poseer un nivel III de blindaje, capaz de soportar impactos de bala de una Magnum .44, así como de una Magnum .357, 9 milímetros y calibre .38. También cuenta con aislamiento acústico y térmico. Sin embargo, la DGSP concluyó que el proceso impulsado por el OJ no justificaba adecuadamente la aplicación del procedimiento excepcional, regulado por el artículo 79 de la Ley 22 de 2006, de contrataciones públicas, que solo puede aplicarse cuando no existen sustitutos adecuados o hay un único oferente en el mercado. Además se advirtió que otras empresas podían proporcionar vehículos blindados con las mismas características a precios más bajos, lo que contradecía la sustentación del OJ sobre que no existen sustitutos adecuados. La investigación por el disparo contra el despacho de la magistrada López aún se mantiene abierta en el Ministerio Público, en la que se han presentado múltiples diligencias por parte de la fiscalía y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). sin permitirle a la OJ publicar su criterio en cuanto a las observaciones hechas, desconociendo los artículos 156 y 12 de la ley que regula las contrataciones públicas. Otras de las anomalías encontradas por la magistrada López, en cuanto a la gestión de la DGSP, está el hecho que las solicitudes de cotizaciones realizaJosé Raúl Mulino, presidente de la República. Archivo
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