1A La Prensa Panamá, viernes 25 de abril de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 25 de abril de 2025 - Año 44 - Nº 14997 Hoy por hoy El país no puede perder el foco. Mientras se discute si era necesario el alquiler de un Cadillac Escalade blindado o si se cumplieron los trámites en Panamá Compras, el hecho central sigue sin aclararse: una bala impactó la ventana del despacho de la presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tres meses después, las autoridades aún no han dicho si fue una bala perdida, una amenaza o un atentado. Esa distinción no es menor. En juego no está solo la seguridad de una magistrada, sino la integridad del sistema judicial panameño. En cualquier democracia sana, un ataque —o su sospecha— contra la cabeza del Órgano Judicial encendería todas las alarmas. Aquí, la atención se desvía en tecnicismos. Lo urgente es que el Ministerio Público informe con claridad qué ocurrió el 31 de enero. La sociedad merece saber si su justicia está siendo amedrentada. Silenciar o minimizar un hecho de esta gravedad sería renunciar a la verdad y normalizar el miedo. Ellas.pa Enrique Fajardo: sazón, vocación y persistencia 7B Panamá gestiona eliminar el ‘asterisco’ de Rodríguez 6B Deportes Adiós a Francisco; la fe convoca y el poder asiste Al menos 90,000 personas han rendido homenaje al papa Francisco en la Basílica de San Pedro. El funeral será el sábado 26 de abril, ante unos 200,000 fieles y decenas de líderes mundiales. Donald Trump, uno de los asistentes, pretende abordar temas comerciales y arancelarios en reuniones bilaterales durante su visita. Desde Panamá, acudirá el canciller Javier Martínez-Acha. Puerto en Isla Margarita pierde respaldo oficial Mónica Palm [email protected] Debido a incumplimientos contractuales y múltiples irregularidades señaladas por la Contraloría General de la República y otras entidades del Estado, el gobierno SECTOR MARÍTIMO El presidente José Raúl Mulino anunció que convocará a una nueva licitación para ofrecer la concesión de esta terminal, ubicada en Colón. retiró su respaldo al proyecto portuario en Isla Margarita, Colón. La decisión afecta directamente a la concesión otorgada en 2015 a Panamá Colón Container Port (PCCP), empresa vinculada al conglomerado chino Landbridge Group. Según el Ejecutivo, los concesionarios no cumplieLos diputados Luis Eduardo Camacho y el diputado José Pérez Barboni conversan con asesores del Legislativo. Richard Bonilla Eliana Morales Gil Mario De Gracia [email protected] La propuesta ley que buscaba establecer una amnistía que favorecía a figuras ligadas a casos de corrupción como Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela volvió a naufragar en el Legislativo, pero dejó abiertas fisuras tanto en el panameñismo como en la coalición Vamos. La abstención del diputado Manuel Cheng, de la coalición Vamos, fue duramente cuestionada por el dirigente Juan Diego Vásquez mientras que el diputado Francisco Brea desafió la línea del Partido Panameñista, presidido por José Isabel Blandón, que había pedido votar en contra. VEA 8A Se cae amnistía a favor de corruptos; deja fisuras en Vamos y el Panameñista López pide reconsiderar compra de blindado La magistrada María Eugenia López, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, solicitó reconsiderar la negativa a alquilar un vehículo blindado para su protección, tras un disparo a la ventana de su despacho. Cuestionó los argumentos de la Dirección de Contrataciones Públicas, alegando juicios anticipados y fallas de procedimiento. López defendió que el riesgo justifica una contratación excepcional. Mientras la investigación del caso sigue abierta en el Ministerio Público. VEA 2A ron con los plazos de ejecución, los compromisos financieros ni las obligaciones establecidas en el contrato. Además, durante años se acumularon observaciones sobre la falta de avances en las obras y la opacidad en la gestión del proyecto. El terreno, de alto valor estratégico por su ubicación frente a la entrada atlántica del Canal de Panamá, podría ser objeto de una nueva licitación. El presidente José Raúl Mulino afirmó que el Estado no puede seguir respaldando un proyecto marcado por la inacción y la falta de transparencia. VEA 4B EFE
2A La Prensa Panamá, viernes 25 de abril de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] Peculado en Ampyme: Vásquez pide absolver a Giselle Burillo PROCESO JUDICIAL El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Vásquez, en funciones de fiscal, solicitó un veredicto absolutorio a favor de la exdirectora de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Giselle Burillo, acusada del delito de peculado a través de la contratación de vehículos y alquiler de plantas móviles. Durante el juicio, que se realizó ayer, el magistrado Vásquez alegó que en este caso a Burillo no se le podía atribuir una responsabilidad penal, ya que las conductas no fueron ejecutadas por ella. Según Vásquez —en su alegato— si bien existieron irregularidades eran otros funcionarios, y no Burillo, los responsables por estos hechos, que fueron sancionados en procesos penales anteriores. Carlos Carrillo, abogado defensor de Burillo, también solicitó a los magistrados del Pleno de la Corte dictar un veredicto a absolutorio a favor de su cliente. Los miembros del Pleno se acogieron al término de 30 días para dictar un veredicto. La audiencia fue presidida por el magistrado Juan Francisco Castillo, suplente de la magistrada María Eugenia López. La pesquisa contra Burillo, inicialmente adelantada por la Fiscalía Anticorrupción y relacionada con irregularidades en el manejo de contratos cuando fungía como directora de Ampyme (2009-2014), fue remitida a la Corte luego de ser electa diputada del Parlamento Centroamericano en las elecciones de 2024 por el partido Realizando Metas. Tras su salida de Ampyme, Burillo enfrentó varios procesos por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. Entre ellos, uno relacionado con el fraccionamiento de contratos; otro, por irregularidades en el alquiler de vehículos de esa entidad; y uno por el uso de funcionarios de la institución en actividades de carácter político durante horas laborales. En junio de 2020, tres exfuncionarios de la Ampyme fueron condenados a 36 meses de prisión por el delito de peculado, a raíz de irregularidades en la celebración de 38 contratos menores con la sociedad Grupo Orme, S.A., para el servicio de transporte de plantas móviles en el país. Se concluyó que hubo inconsistencias e irregularidades que ocasionaron una lesión al Estado por 91,913 dólares. Sabrina Bacal ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Alergia a la democracia SABRINA BACAL SIN CENSURA Nueve meses después de haber asumido el poder, la hostilidad del presidente José Raul Mulino al disenso se ha convertido en el sello de su gobierno. El mandatario nunca ha sido muy tolerante a la crítica, pero conforme se complica el panorama, su agresividad contra quienes piensan distinto aumenta y contagia a su circulo cero. No es de extrañar. Y es que cuando desde la cabeza llueven los insultos como la “tanda de vagos, cojos y tuertos”, los “que cobran rescate por las leyes”, los “chiquillos”, los que “solo saben criticar” y ahora la “guarida de terroristas” en referencia a la Universidad de Panamá, pues los funcionarios a su alrededor se sienten empoderados a hacer lo mismo. Algunos ejemplos recientes. La auditoría del contralor Anel Flores a la Asamblea llegó cargada de epítetos contra diputadas, tales como “batallonera” o “santita”. El Ministro de la Presidencia Juan Carlos Orillac usa su cuenta oficial de X para abanicar ataques contra quienes hemos cuestionado la falta de una estrategia integral frente a Trump. Con la misma intención apareció en Viernes Santo el canciller Javier Martínez-Acha con un comunicado sin pies ni cabeza: las críticas no son válidas y no las acepta, pero está abierto al diálogo. Quien no acepta cuestionamientos no puede tener un diálogo, sino un monólogo. Cuando se mata al mensajero desde el poder, no se busca debatir sino intimidar. El problema con estos excesos verbales es que suelen presagiar otros excesos: aquellos que socovan las instituciones democráticas. Y es que las constantes descalificaciones abren la puerta para el ejercicio arbitrario del poder. Si se ataca a los periodistas, no hay que dar explicaciones al país más allá de ciertas entrevistas cómodas. Si se desacredita a los diputados, no hay que comparecer a la Asamblea a rendir cuentas. No es casual que esta ola amplificada de hostilidad ocurra justo después de los acuerdos pactados con los Estados Unidos durante la visita del secretario de Defensa Pete Hegseth. La Corte decidirá la legalidad y constitucionalidad de lo firmado por nuestras autoridades, pero la responsabilidad política e histórica sobre la neutralidad del Canal y la presencia militar norteamericana en el país recaerá sobre el Ejecutivo. La moción de censura al canciller por parte de un grupo de diputados es un oportuno recordatorio del rol fiscalizador que debe asumir el Órgano Legislativo. Por cierto, el presidente ya anunció que su fórmula para la reapertura de la mina de Donoso no pasará por la Asamblea. ¿Nos sorprende? Claro que no. Si empezó describiendo a quienes se oponen a la mina como “ cinco gatos que nunca han pagado una planilla”, el siguiente paso obvio es evitar el contrapeso del Legislativo. Para crear una empresa estatal se requiere pasar por la Asamblea y aún está vigente la ley de moratoria minera. Por creativa que sea su fórmula, la misma no puede estar por encima de las leyes y la Constitución. Recordemos que el 5 de mayo el pueblo no le dio a José Raúl Mulino un poder absoluto. La democracia implica, entre otras cosas, respetar el disenso, la libertad de prensa y la separación de poderes. Donald Trump es el perfecto ejemplo de la forma en que los insultos y ataques terminan erosionando la democracia. El presidente Mulino debe mirarse en ese espejo. Y aquí en el patio (o más bien en el de la embajada de Nicaragua) hay un ejemplo local muy similar, que traigo a colación pues la memoria puede ser tan selectiva como la justicia panameña. ¿Se acuerdan de los gladiadores de Martinelli? ¿Esos que defendían la gestión del entonces mandatario en medios y redes, enlodando e insultando a todo el que se atreviera a cuestionar al loco? No tengo que recordarles como terminó eso: en un clima de terror que abrió las puertas para toda clase de abusos y un festín con los recursos públicos. Reitero lo dicho: la alergia a la crítica, termina convirtiendose en alergia a la democracia. María Eugenia López, magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia. Archivo Magistrada refuta argumentos de la DGCP para objetar alquiler de blindado Juan Manuel Díaz [email protected] SUSTENTACIÓN El Órgano Judicial gestionó la contratación de un auto blindado luego que una bala fuera disparada a la ventana del despacho de la magistrada López a inicios de 2025. La magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, refutó los argumentos del director de Contrataciones Públicas, Javier Raúl Marquínez Dejud, para desestimar una petición de alquilar un vehículo blindado para su protección, luego que una ventana de su despacho sufrió un impacto de bala el pasado 31 de enero, y pidió reconsiderar esa decisión. En una nota enviada a MarquínezDejud,confecha 23 de abril, la magistrada sostiene que los argumentos usados por la Dirección de Panamá Compras para devolver al Órgano Judicial (OJ) la contratación del auto blindado carecen de sustento, ya que la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) realizó juicios de valor anticipados antes que venciera el plazo para subsanar las observaciones hechas al OJ. López sostiene que el OJ tenía hasta el 16 de abril pasado para subsanar las observaciones, pero que un día antes la DGSP había contactado a la empresa Defcon-One-Security para obtener una cotización del mismo servicio, lo que podía interpretarse como un juicio anticipado. También detalla que la nota a través de la cual la DGSP devolvió al OJ la solicitud de alquiler del auto para que fuera subsanada, fue publicada en el diario El Panamá América antes que fuera colgada en el portal de Panamá Compras, por lo que consideró necesaria una explicación. López sostiene que la naturaleza del ataque, luego que una bala impactó una de las ventanas de su despacho, evidenció un riesgo latente que justificaba la adopción inmediata de mecanismos de protección adicionales, dentro de los cuales estaba la contratación excepcional del servicio de alquiler de un auto blindado y que llevar a cabo un acto de selección de contratista implicaba demasiado tiempo para la formalización del contrato. También denunció que la DGSP canceló anticipadamente el procedimiento excepcional de contratación, das a otras empresas para la contratación del servicio alquiler de un vehículo blindado, como la hecha a Cap Rent S.A. se refieren a una cotización corporativa, es decir que involucra varios autos y situación muy diferente a lo solicitado por el OJ. A raíz del atentado contra la magistrada López el OJ gestionó la contratación de un auto blindado tipo Cadillac Escalade a un costo de $70,620. Entre las especificaciones técnicas, el vehículo debía poseer un nivel III de blindaje, capaz de soportar impactos de bala de una Magnum .44, así como de una Magnum .357, 9 milímetros y calibre .38. También cuenta con aislamiento acústico y térmico. Sin embargo, la DGSP concluyó que el proceso impulsado por el OJ no justificaba adecuadamente la aplicación del procedimiento excepcional, regulado por el artículo 79 de la Ley 22 de 2006, de contrataciones públicas, que solo puede aplicarse cuando no existen sustitutos adecuados o hay un único oferente en el mercado. Además se advirtió que otras empresas podían proporcionar vehículos blindados con las mismas características a precios más bajos, lo que contradecía la sustentación del OJ sobre que no existen sustitutos adecuados. La investigación por el disparo contra el despacho de la magistrada López aún se mantiene abierta en el Ministerio Público, en la que se han presentado múltiples diligencias por parte de la fiscalía y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). sin permitirle a la OJ publicar su criterio en cuanto a las observaciones hechas, desconociendo los artículos 156 y 12 de la ley que regula las contrataciones públicas. Otras de las anomalías encontradas por la magistrada López, en cuanto a la gestión de la DGSP, está el hecho que las solicitudes de cotizaciones realizaJosé Raúl Mulino, presidente de la República. Archivo
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4A La Prensa Panamá, viernes 25 de abril de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] BIPOLARIDAD. Manuel Cheng debe estar atravesando una seria crisis de identidad. Primero, firmó —junto con toda la bancada de Vamos— un comunicado que rechaza la amnistía política por considerarla un “retroceso inaceptable en la lucha por la justicia, la transparencia y el Estado de derecho”. Y tres Doritos después… se abstuvo de votar en contra de prohijar el anteproyecto de Camacho que crea ese beneficio. Por poco vota a favor. Es como si se empeñara en desaprovechar las oportunidades de lucirse y hacer las cosas bien. FUERA. Después de los dos reveses en la Comisión de Gobierno, lo próximo que debería hacer la bancada de RM es retirar los carteles de “Free Martinelli” que están en las curules. Pareciera que están anunciando un baratillo o abogando por la liberación de una orca en cautiverio. ¿DEDOCRACIA? La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) se instaló formalmente hace mes y medio, pero ya han surgido importantes desacuerdos y recriminaciones entre sus integrantes. El CoNEP ha acusado a la coordinadora del Foro Pro Reformas Electorales, Maribel Jaén, de haber escogido (supuestamente de forma unilateral) a los representantes del sector empleador ante este organismo. Por tanto, las sesiones de la CNRE han sido suspendidas temporalmente, hasta que se aclare cuál es el mecanismo de selección. Esto se podría resolver fácilmente con una consulta telefónica a Valdés Escoffery. EXCUSA. El canciller Javier Martínez Acha ha dicho que Martinelli no pudo usar el salvoconducto porque Nicaragua adujo supuestas amenazas en el traslado desde la embajada al aeropuerto. ¿Qué clase de amenazas son esas? Él se la pasa en la terraza y las puertas de esa sede están abiertas para que todo el que quiera lo visite. La queja recurrente de los pacientes es la falta de medicinas en la CSS y el alto costo en el mercado. Cortesía Minsa agrega 20 nuevos fármacos a programa de descuentos Aleida Samaniego C. [email protected] PROGRAMA SOCIAL Con esta nueva lista son ya 60 los medicamentos que la entidad ofrece con rebajas de hasta 94%. El Ministerio de Salud (Minsa), a través de su Dirección Nacional de Medicamentos e Insumos, anunció la incorporación de 20 nuevos medicamentos al programa de fármacos con precios reducidos en las farmacias públicas. Con esta tercera fase, la lista alcanza un total de 60 medicamentos disponibles con descuentos de hasta el 94% respecto a los precios del mercado comercial. La medida busca facilitar el acceso a tratamientos esenciales para miles de panameños, especialmente aquellos que padecen enfermedades comunes como diabetes, hipertensión arterial, gripe, entre otras. La tercera fase se suma a las 40 moléculas ya incluidas en los meses de febrero y marzo, como parte del compromiso del gobierno por fortalecer el acceso a la salud mediante estrategias de accesibilidad y ahorro para la población. El Minsa informó que los medicamentos con descuento pueden ser adquiridos en unas 100 farmacias públicas distribuidas a lo largo del territorio nacional, facilitando la cobertura para comunidades urbanas y rurales por igual. Para adquirir los medicamentos, los ciudadanos deben presentar: cédula de identidad personal, receta médica vigente, emitida por un médico del Minsa o de la Caja de Seguro Social (CSS). Además, pacientes de clínicas privadas también pueden acceder al beneficio presentando su receta médica particular. En su rueda de prensa semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, reiteró que su administración continuará ampliando este programa, con prioridad en los medicamentos más utilizados por la población, y anunció que próximamente se sumarán más fármacos. El objetivo final del plan es alcanzar al menos 200 medicamentos con precios accesibles, como parte de una política de salud pública enfocada en la equidad y la reducción de costos para los pacientes. Reacción de los pacientes Desde la ciudadanía, se reconoce que contar con medicamentos a precios muy accesibles es un logro importante. Así lo manifestó un representante de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, Enma Pinzón, quien también instó a las autoridades a implementar programas de divulgación que informen claramente cuáles son los medicamentos incluidos en el programa y los mecanismos para acceder a ellos. Asimismo, expresó preocupación por la sostenibilidad del plan a largo plazo y pidió transparencia sobre el mecanismo de financiación, para evitar que esta iniciativa siga el camino de proyectos similares que no lograron mantenerse en el tiempo. Eliana Morales Gil [email protected] Rainier Del Rosario Franco toma posesión. Cortesía TC Nuevo presidente del Tribunal de Cuentas promete que condenas no quedarán en papel PATRIMONIO ESTATAL En un momento en que la eficiencia institucional es cuestionada desde distintos frentes, y la sociedad pide condena para los corruptos, Rainier Del Rosario Franco, magistrado del Tribunal de Cuentas (TC), asumió la presidencia de la entidad con la promesa de reformar la Ley 67 de 2008 para recuperar con mayor eficacia los fondos públicos comprometidos en casos de lesión patrimonial. Durante su discurso de toma de posesión, Del Rosario Franco se comprometió a devolverle a la jurisdicción de cuentas el control de un proceso que, hasta ahora, ha estado fragmentado: la ejecución de sus propias sentencias. “La recuperación patrimonial debe ser responsabilidad de quien dicta la sentencia. Si se nos transfiere esa función, podríamos duplicar los montos recuperados en el primer año”, afirmó el nuevo presidente, en lo que muchos interpretaron como una crítica velada al actual modelo de ejecución. Actualmente, cuando el Tribunal de Cuentas declara una responsabilidad patrimonial, es la Dirección General de Ingresos (DGI) la encargada de recuperar el bien público. Sin embargo, la combinación de funciones, burocracia y recursos limitados ha resultado ser, según el propio Del Rosario, un cuello de botella para la restitución efectiva de los fondos públicos. En el pasado, Del Rosario manifestó que un juez ejecutor de la DGI, dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que empaparse de cero de un expediente que por lo general puede tener 15 mil páginas. “Es momento de que la jurisdicción de cuentas asuma las riendas de su destino”, sentenció. Más de $250 millones por recuperar Desde su creación, de acuerdo con una nota de prensa de la entidad, el Tribunal de Cuentas ha recuperado más de 60 millones de dólares. Pero en los archivos del organismo reposan expedientes por supuestas lesiones al patrimonio público que superan los 250 millones de dólares. Para Del Rosario, este desfase entre lo juzgado y lo ejecutado es una asignatura pendiente de la democracia panameña. La propuesta de reforma a la Ley 67 apunta precisamente a un rediseño del equilibrio institucional entre quienes investigan, juzgan y ejecutan las decisiones sobre el uso indebido de los recursos públicos. Aunque el magistrado no ofreció un calendario específico para la presentación de la propuesta legislativa, instó a todo el personal del tribunal a acompañarlo en esta misión. “No vale mirar con nostalgia el tiempo que pasó”, dijo. “Lo que se necesita ahora es voluntad, claridad y decisión para aplicar las lecciones aprendidas”. La pregunta que queda en el aire es si el sistema político panameño, con sus múltiples centros de poder y resistencias al cambio, está dispuesto a entregar al Tribunal de Cuentas las herramientas que reclama. El Tribunal de Cuentas estrena magistrado. Pablo Chen Vallarino asumió recientemente el cargo en reemplazo de Alberto Cigarruista, cuyo período concluyó. Completa la terna de magistrados Álvaro Visuetti. METIDOS. Funcionarios de la Contraloría han estado visitando los despachos de los diputados sin previo aviso, solo para verificar que el personal que se encuentra allí cumple alguna función específica. Si a los de Vamos solo les falta ofrecerles un café a los auditores, otros no los han recibido de buen agrado. ¿Habrán entrado ya a la oficina de Bolota? ¿Todavía están los cheques ahí o ya se los llevaron? Conep denuncia manejo no democrático en la CNRE La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) suspendió ayer su sesión de manera temporal, luego de que el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) enviara una nota a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) para quejarse del “manejo antidemocrático” dentro del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales. En la carta, el presidente del Conep, Gabriel Diez, expresó su “profunda insatisfacción” por la manera en que se está coordinando el Foro. Indicó que el Foro, coordinado por el momento por Maribel Jaén, estableció una “representación alterna del sector empleador”; es decir, no reconoció a los representantes que eligió el Conep. Los representantes escogidos por el gremio empresarial son: Elisa Suárez, Severo Sousa y Rubén Castillo. Además, incorporaron a Mario Díaz. El Conep también se quejó de que el Foro “no envía las agendas previas a las reuniones” y de que se “aprueban mociones” sin consenso. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, dijo estar “sumamente preocupado” por el contenido de la nota, y afirmó que se trata de una situación “inédita” dentro de la CNRE. ELECCIONES 2029 José González Pinilla [email protected]
5A La Prensa Panamá, viernes 25 de abril de 2025 Panorama Eduardo Flores Castro dijo que las declaraciones del mandatario denotan desconocimiento del papel histórico que ha jugado la UP en la vida democrática del país. Alexander Arosemena ‘Aquí no hay cuarteles clandestinos’, rector Flores Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ENTREVISTA Eduardo Flores, rector de la Universidad de Panamá, le respondió al presidente Mulino, quien dijo que ese centro es una ‘trinchera’ para conspiradores. El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores Castro, respondió a las recientes declaraciones del presidente José Raúl Mulino, donde lo calificaba de permitir “toda clase de trincheras políticas y de conspiración política”, en la institución educativa. Durante una entrevista en exclusiva a La Prensa, Flores Castro expresó su preocupación por las declaraciones del mandatario, mismas que calificó como una falta de valoración hacia la principal institución pública de educación superior. Desde los primeros minutos, el rector dejó claro que sus objeciones no eran solo personales. “Lamento las declaraciones del presidente”, dijo, “porque denotan desconocimiento del papel histórico que ha jugado esta universidad en la vida democrática de Panamá”. Flores también rechazó las acusaciones de violencia institucionalizada. “No permitimos hechos violentos en el campus”, dijo. “Y cuando detectamos a alguien —sea o no estudiante—, actuamos de inmediato”. Incluso contó que recientemente capturaron a un encapuchado no matriculado que agredió a otra persona. Sobre el uso de espacios dentro de la universidad — como quioscos y fotocopiadoras— para supuestos fines políticos por parte de movimientos estudiantiles, también emitió una defensa. “En ocho años y medio como rector, no he adjudicado ninguno”, aclaró. Y aprovechó para deslizar un anuncio: “No tengo intención de reelegirme”. Explicó que los espacios otorgados a asociaciones estudiantiles son regulados, alquilados y auditados. Fue un poco más allá: “La Universidad de Panamá no discrimina ideas”, dijo, en referencia al alquiler de auditorios a organizaciones como la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), de la cual forma parte el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs). “Si pagan y cumplen, se les alquila. Lo mismo hacemos con grupos evangélicos o culturales. La universidad no puede ser una inquisición ideológica”. Ante las insinuaciones de relaciones partidistas, Flores respondió: “Tengo 68 años y jamás he pertenecido a un partido político. Mi vida ha sido la academia”. Lo dijo sin rencor, pero con la firmeza de quien ha cargado con etiquetas que no le corresponden. En cuanto al equilibrio entre protesta y orden, reveló que ha dialogado con todos los grupos estudiantiles. “Hemos sido claros: protestar es un derecho, pero encapucharse no lo es. Si identificamos a alguien así, va a disciplina. No podemos permitir que unos pocos manchen a todos”. Al ser consultado sobre la acusación presidencial de ser “trinchera de conspiración”, simplemente respondió: “No sé en qué consiste. Nadie conspira aquí. Eso se decía también en tiempos de los militares. Pero la universidad no trama golpes. Aquí se piensa, se debate, se enseña”. Mulino advierte a docentes que ‘el que no trabaja no cobra’ HUELGA INDEFINIDA Aleida Samaniego C. [email protected] En su rueda de prensa semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, rechazó el paro docente por considerar la medida injustificada y perjudicial para los estudiantes y el país. El mandatario fue tajante: “El que no trabaja, no cobra”. El jefe del Ejecutivo agradeció a los maestros que han seguido asistiendo a clases, destacando su compromiso con la educación pública y con los jóvenes del país. “Este país no está para pararlo por caprichos”, afirmó, y señaló que la verdadera forma de fortalecer la educación es a través del trabajo. También reconoció a los padres de familia que enviaron a sus hijos a la escuela, valorando su conciencia cívica en un momento en que —según sus palabras— “ciertas acciones solo afectan a los más necesitados: los estudiantes”. Mulino advirtió sobre el impacto negativo de los paros en los esfuerzos por cerrar la brecha de desigualdad educativa en el país. “Nuestros estudiantes de escuelas públicas están años luz atrás, en términos generales, de los estudiantes de escuelas privadas. No podemos hablar de equidad y al mismo tiempo permitir que se pierdan más días de clase”, puntualizó. El presidente de la República cerró su intervención reiterando el mensaje de la ministra de Educación: “El que no ha trabajado, no va a cobrar”. Añadió que las huelgas deben ser financiadas por quienes las apoyan, no por el Estado. “Si alguien quiere irse a huelga, que lo haga, pero que la pague con su bolsillo”, sentenció. Poco después, durante la instalación de la Comisiones de Ética del Educador, la ministra de Educación, Lucy Molinar, enfatizó el impacto negativo que la paralización tiene en miles de estudiantes panameños. “Mientras haya uno que no esté trabajando, el país fracasó”, afirmó, visiblemente preocupada. La ministra también subrayó la responsabilidad individual de los educadores: “En la vida, la libertad nos da la posibilidad de elegir de qué lado queremos estar”. El Frente de Acción Magisterial, la Unión Nacional de Educadores de Panamá y la Unión de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña convocaron un paro indefinido que comenzó el pasado miércoles. Pies. Cortesía
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8A La Prensa Panamá, viernes 25 de abril de 2025 Panorama El exdiputado y líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, calificó como ‘penosa’ la abstención del diputado Manuel Cheng en la votación sobre el anteproyecto de ley N°64, que dicta nuevas disposiciones sobre la amnistía, el indulto y la rebaja de penas. La abstención de Cheng llamó la atención en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, puesto que su colega de bancada, y también comisionado, Roberto Zúñiga, votó en contra del prohijamiento. Vásquez, por su parte, señaló en su cuenta de X que “estas actitudes no representan los valores de la Coalición y deben ser justificadas ante los ciudadanos que le eligieron en Arraiján”. Durante la sesión en la Comisión, Cheng aludió una reconocida frase del filósofo Voltaire para justificar lo que en su momento, se interpretó como una intención suya de que el proyecto llegara al primer debate. “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”, dijo Cheng. “La costumbre, se estila, que es técnico que un prohijamiento, a excepción de que tenga vicios constitucionales, sea acogido en esa condición. Dicho esto, yo sí le voy a dar prohijamiento, más no garantizo el apoyo en primer debate”, continuó diciendo el diputado. Unos minutos más tarde, en la comisión tomó la palabra el diputado y subjefe de bancada de Vamos, Luis Duke, quien se tomó el tiempo leyendo un comunicado de la propia bancada en rechazo de proyectos que abordaran el otorgamiento de la amnistía por delitos políticos. “Los 20 diputados de la bancada rechazamos categóricamente todo apoyo a la ley de amnistía o lo que vaya en contra del Estado de Derecho” señaló Duke. Posteriormente, Cheng terminó ejerciendo una abstención del voto, que sentenció el anteproyecto al rechazo. Cheng se abstuvo; Juan Diego Vásquez dice que fue algo muy ‘penoso’ Camacho no logró convencer a la mayoría de sus colegas Richard Bonilla Amnistía para casos de corrupción de alto perfil vuelve a naufragar Mario De Gracia Ohigginis Arcia J. [email protected] Mario De Gracia [email protected] La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional rechazó el prohijamiento del anteproyecto de ley 64, que buscaba otorgar amnistía por delitos políticos. La propuesta fue criticada por intentar beneficiar a figuras como los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Una vez más, la amnistía fue tema de discusión en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. Ayer el anteproyecto de ley N° 64, que dicta nuevas disposiciones sobre la amnistía, el indulto y la rebaja de pena, fue rechazado. El anteproyecto tuvo un intenso periodo de sustentación, donde algunos diputados llegaron a sugerir que guardaba relación con el también discutido y rechazado en la Comisión, proyecto de ley 235, que buscaba la amnistía para condenados y procesados en los casos New Business, Blue Apple y Odebrecht, algo que colateralmente permitiría optar por la amnistía a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. El diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas, proponente del anteproyecto, aseguró que este no tenía “nada que ver” con el 235, ni con Martinelli. No obstante, otros diputados de la Comisión argumentaron que con la redefinición de delito político que plantea el artículo 2 del documento, abriría el compás para luego incluir algunos delitos comunes por los que hay condenados en el caso New Business e imputados en el caso Odebrecht. “En mi opinión es una ley auxiliar a la ley de amnistía [proyecto 235]. No puedo aceptarlo si desde su concepción es inconstitucional”, señaló al respecto el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca). Uno de los puntos señalados por Pérez-Barboni fue la redefinición sobre el concepto de delito político en el artículo 2. Por otro lado, el diputado Francisco Brea, del partido Panameñista, indicó que “cree que la Asamblea tiene la potestad de legislar” en lo relacionado a conceder la amnistía, como sugiere el artículo 3 del anteproyecto. No obstante, indicó que su voto afirmativo para el prohijamiento, no garantizaría un voto afirmativo en el primer debate. Tampoco así, su condescendencia con actos de corrupción e implicados en delitos de este tipo. Lo mismo hizo el diputado Manuel Cheng, de la coalición Vamos, quien acudió al filósofo Voltaire para justificar su abstención del voto: “podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”, dijo. Los argumentos a favor y en contra llevaron a una apretada votación que culminó con 3 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, lo que representó el rechazo del prohijamiento. Votos a favor: • Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas. • Luis Charris (suplente de Ariel Vallarino), del partido Realizando Metas. • Francisco Brea, del Partido Panameñista. Votos en contra • José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino. • Roberto Zúñiga, de la coalición Vamos. • Sandoya Barsallo (suplente de Crispiano Adames), del Partido Revolucionario Democrático. Abstención • Manuel Cheng, de la coalición Vamos. La iniciativa, según el analista Rodrigo Noriega, contraviene compromisos internacionales asumidos por Panamá, como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que excluyen explícitamente los delitos de corrupción del ámbito de los delitos políticos, impidiendo su amnistía o asilo. Más temprano, en su conferencia de prensa semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, fue consultado por La Prensa sobre el tema. “Esa es una iniciativa de la Asamblea de diputados, yo no tengo nada que ver con esa iniciativa”, se distanció. Mulino fue enfático en señalar que la Constitución panameña solo contempla la amnistía “por delitos políticos, nada más, no por delitos comunes”. Pronunció la palabra “político” sílaba por sílaba. “Este presidente no está ni por la corrupción ni por la impunidad”, remarcó. Indignación ciudadana Pero las críticas al proyecto no se limitaron al Ejecutivo. Treinta organizaciones de la sociedad civil rechazaron de manera rotunda las iniciativas legislativas que otorgan amnistía a personas investigadas y condenadas por emblemáticos casos de corrupción. En una conferencia de prensa realizada en la sede de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), representantes de algunas de esas organizaciones advirtieron que el proyecto de ley 235 y el anteproyecto 64 manipulan las figuras legales de amnistía e indulto para otorgar impunidad a políticos y empresarios implicados en graves delitos de corrupción y crímenes comunes. Giulia De Sanctis, presiPese a que el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, pidió a los diputados de su colectivo no votar a favor de la amnistía para los corruptos, Francisco Panchito Brea desafió este llamado y, en cambio, se puso del lado de su colega Luis Eduardo Camacho para impulsar el anteproyecto de ley 64, que dicta nuevas disposiciones sobre la amnistía, el indulto y la rebaja de penas. Brea, diputado del circuito 9-3 en Veraguas, se unió a Luis Eduardo Camacho y a Luis Charris, suplente de Ariel Vallarino, del partido Realizando Metas (RM), en el intento de que la Comisión de Gobierno y Justicia de la Asamblea Nacional diera trámite a la propuesta. No obstante, la mayoría no avaló la propuesta. Los diputados Roberto Zúñiga, de la coalición Vamos; José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino; y Marta Sandoya Barsallo, suplente de Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático, votaron en contra. En tanto que Manuel Cheng Peñalba, de Vamos, se abstuvo. En medio del debate, Brea dijo que “cree que la Asamblea tiene la potestad de legislar” en lo relacionado a conceder la amnistía, como sugiere el artículo 3 del anteproyecto. No obstante, indicó que su voto afirmativo para el prohijamiento, no garantizaría un voto afirmativo en el primer debate. Tampoco así, su condescendencia con actos de corrupción e implicados en delitos de este tipo. El anteproyecto de ley 34 es otro de los intentos por beneficiar a un grupo de políticos salpicados por emblemáticos casos de corrupción. Se complementa con el proyecto de ley 235 presentado por el perredista Jairo Bolota Salazar, que propone amnistía para los investigados y condenados en los casos New Business, Blue Apple, y Odebrecht. El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), por ejemplo, fue condenado a más de 10 años de prisión por lavado de dinero en el caso New Business. Mientras Juan Carlos Varela, quien gobernó el país entre 2014 y 2019 es uno de los llamados a juicio por Odebrecht. Desde que el tema entró en agenda pública, la bancada del Partido Panameñista ha evitado pronunciarse sobre el asunto. Este grupo está conformado por los siguientes diputados: José Luis Popi Varela, hermano del expresidente Juan Carlos Varela; Jorge Herrera, Ariana Coba, Ricardo Vigil López, Medin Jiménez Pittí, Francisco Brea, Roberto Archibold y Edwin Vergara. Brea, es una figura cercana al expresidente Varela. El pasado 15 de marzo, día en que la Comisión de Gobierno rechazo el proyecto de ley 235 promovido por Salazar, Brea no estuvo presente. En esa oportunidad, los únicos dos votos a favor fueron los de Camacho y Ariel Vallarino, ambos miembros de RM y cercanos al expresidente Martinelli Diputado Francisco Brea desafía a Blandón y vota con el grupo de Camacho Eliana Morales Gil [email protected] Francisco Brea. Richard Bonilla denta de Apede, dijo que las propuestas violan la Constitución, rompen el principio de igualdad ante la ley y abren la puerta a que cualquier ladrón con poder diga que robó por razones ideológicas. Por su parte, Carlos Lee, Carlos Lee, director ejecutivo de Alianza Ciudadana Pro Justicia, profundizó sobre la figura de la amnistía. Se remontó a su orígen: la Revolución Francesa. Por primera vez, añadió, se menciona en el Código Penal Francés de 1792, como una forma de perdonar a personas que participaron en el cambio del sistema monárquico al republicano. La amnistía surgió para proteger a quienes, con buenas intenciones, impulsaban transformaciones políticas que chocaban con el poder establecido. “Por eso es importante entender que esta figura nació en el contexto de los derechos humanos”, dijo. Jeannette Bravo, de Panamá Joven, alertó sobre la relevancia de entender cómo estos proyectos pueden afectar a Panamá a nivel internacional. Añadió que promueven la impunidad, lo que facilita que el crimen organizado penetre en el poder. Esto, dijo, podría provocar pérdida de confianza global, menos inversión extranjera y un entorno económico más inseguro. Por su lado, Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, advirtió que lo que se está proponiendo es una forma encubierta de impunidad. (Con información de Eliana Morales y Yasser Yánez García) OTRO INTENTO DE IMPUNIDAD EN EL LEGISLATIVO
9A La Prensa Panamá, viernes 25 de abril de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. termedios —Irán, Corea del Norte, grupos proxy o hackers estatales sin bandera— interesados en sabotear el orden global sin involucrarse directamente. Basta un solo ataque quirúrgico para generar caos internacional y probar, una vez más, que la asimetría puede doblegar al gigante. La neutralidad pactada en los Tratados Torrijos-Carter ha funcionado como escudo diplomático. Pero la neutralidad, en tiempos de guerra híbrida, no garantiza invulnerabilidad. Tampoco disuade. El artículo IV del tratado limita la presencia de fuerzas extranjeras permanentes, lo que complica cualquier despliegue efectivo de defensa avanzada. Para instalar un escudo antimisil en el Pacífico panameño, habría que modificar leyes, la Constitución y, probablemente, consultar al electorado. Mientras tanto, otras potencias se mueven. China ha invertido en puertos regionales estratégicos, Rusia ha ampliado su presencia naval en el Caribe y Turquía teje alianzas discretas en Centroamérica. Panamá, en cambio, mantiene una postura de baja intensidad que, si bien diplomáticamente elegante, puede convertirse en un flanco abierto. El Canal no solo es vital para el comercio global, sino también un símbolo de influencia hemisférica. Y en tiempos de bloques enfrentados, los símbolos también son objetivos. Nuestra decisión histórica de abolir el ejército hace 35 años fue una conquista civilizatoria, pero también dejó un vacío conceptual: ¿quién defiende los intereses estratégicos en la era del ciberataque y el sabotaje híbrido? Las fuerzas públicas operan con medios limitados, sin capacidad para interceptar amenazas aéreas ni Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Educación desigual, país desigual Movilidad social La desigualdad en la distribución de la riqueza es un problema persistente en Panamá, y uno de sus factores estructurales más importantes es la deficiente calidad del sistema educativo. Muchos estudiantes panameños no cuentan con la preparación adecuada para competir en el mercado laboral, lo que limita significativamente sus oportunidades de acceder a empleos bien remunerados. La evaluación PISA 2022 confirma esta realidad. Panamá obtuvo puntuaciones muy por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE: 357 en matemáticas, 392 en lectura y 388 en ciencias, frente a promedios superiores a los 450 puntos en esas áreas. Solo el 16% de los estudiantes panameños alcanzó al menos el nivel 2 de competencia en matemáticas, comparado con el 69% en la OCDE. En lectura, apenas el 42% lo logró (vs. 74% en la OCDE), y en ciencias, el 38% (vs. 76%). Estos resultados reflejan no solo deficiencias en la calidad de la enseñanza, sino también una preparación insuficiente para enfrentar los retos del mundo laboral moderno, cada vez más orientado a la resolución de problemas y al pensamiento analítico. Un factor adicional que ha agravado la situación es la recurrencia de huelgas docentes y paros laborales en el sector educativo. Estas interrupciones afectan la continuidad del calendario escolar y debilitan la motivación tanto de estudiantes como de maestros. La educación pierde consistencia y eficacia cuando se convierte en una actividad intermitente, condicionada por conflictos estructurales sin resolver. Diversos estudios han documentado la relación directa entre calidad educativa y nivel de ingresos. Una investigación reciente realizada por Hanol Lee (Southwestern University of Finance and Economics) y Jong-Wha Lee (Korea University) en 2023, que analizó 92 países entre 1970 y 2015, concluyó que una mejora sustancial en la calidad educativa puede aumentar los ingresos laborales hasta en un 11%. Asimismo, los países con sistemas educativos débiles tienden a presentar mayores niveles de desigualdad económica, ya que las personas con menor preparación quedan rezagadas frente a quienes acceden a una educación de calidad. Este fenómeno no es exclusivo de Panamá. En Chile, un estudio publicado por la Universidad Católica de Chile (Cox, Beca, Cerri, 2014) subrayó el papel fundamental del profesorado en la calidad del aprendizaje. El informe evidenció que docentes bien capacitados elevan significativamente el rendimiento académico de los estudiantes, mientras que los de menor preparación no logran el mismo impacto. El mismo estudio advirtió que la falta de maestros competentes afecta de forma más severa a los alumnos en situación de vulnerabilidad, limitando su movilidad social y sus posibilidades económicas a futuro. Esto demuestra que una educación de baja calidad contribuye directamente a la reproducción de la desigualdad. Reducir la inequidad en Panamá requiere una transformación profunda y sostenida del sistema educativo. Esta transformación debe contemplar: •La mejora continua en la formación, evaluación y dignificación del cuerpo docente. •La modernización de los métodos pedagógicos y el currículo escolar. •El acceso equitativo a una educación de calidad, independientemente del nivel socioeconómico. •La garantía de continuidad del calendario escolar, evitando interrupciones por conflictos laborales que afectan principalmente a los estudiantes más vulnerables. Una educación de calidad no solo es una estrategia de inclusión social, sino también una política económica inteligente y sostenible. Panamá tiene la oportunidad histórica de cerrar brechas estructurales y ofrecer igualdad real de oportunidades a todos sus ciudadanos. Movilidad humana y derechos humanos: un llamado a la reflexión Criminalización del migrante de personas alrededor del mundo. Una excepción es el desplazamiento interno que sufre el pueblo guna, debido al aumento del nivel del mar. La interseccionalidad es un concepto clave para abordar las experiencias de las personas en condición de movilidad. Las situaciones de vulnerabilidad se agravan cuando se suman otras formas de discriminación, como el género, la edad, la orientación sexual, la identidad de género, así como la pertenencia a grupos étnicos o religiosos. En este sentido, es fundamental que las políticas de refugio en Panamá tengan en cuenta estas particularidades para ofrecer un trato diferenciado y justo. El principio de no devolución es otro pilar fundamental en la protección de los derechos de personas refugiadas o solicitantes de refugio. Este principio estipula que un Estado no puede devolver a un refugiado a un territorio donde su vida o libertad estén amenazadas. En Panamá, la ley que regula el refugio incluye como uno de los motivos la persecución por orientación sexual, identidad o expresión de género. Esto es un avance significativo, ya que reconoce que las personas que huyen de la violencia y la discriminación por su identidad son igualmente dignas de protección. Sin embargo, a pesar de estos avances legislativos, la realidad es que muchas personas migrantes en Panamá enfrentan serias dificultades. La sociedad civil ha desempeñado un papel crucial en la defensa de los derechos de estas poblaciones. Organizaciones como la Red Clamor, una red de organizaciones católicas en Panamá, han trabajado incansablemente para acompañar a las personas en migración, refugio y desplazamiento. En un reciente comunicado, la Red Clamor destacó la difícil situación de dos poblaciones altamenIván Chanis Barahona Entre la neutralidad y la geopolítica Canal de Panamá Cada vez que un buque atraviesa las compuertas de Gatún, es inevitable sentir el peso simbólico de una hazaña que marcó la historia del siglo XX. Pero en 2025, el escenario estratégico ha mutado: el adversario ya no es la jungla, la malaria ni las mareas. Hoy, la mayor amenaza al Canal de Panamá se esconde en tecnologías asimétricas: enjambres de drones, misiles de crucero de bajo perfil y virus informáticos diseñados para alterar sistemas críticos sin disparar un solo tiro. En ese contexto, el reciente memorando de entendimiento firmado entre Panamá y Estados Unidos —en teoría para fortalecer la seguridad del Canal— revela más sobre el ajedrez geopolítico que sobre una verdadera estrategia de defensa. Washington no busca solo proteger el comercio global; busca reafirmar su influencia sobre una ruta clave en un mundo donde las cadenas de suministro se han convertido en campos de batalla. Los medios insisten en señalar a China como amenaza potencial. Pero el análisis lineal no resiste el escrutinio. Pekín es uno de los principales usuarios del Canal: más del 20% del tránsito anual le pertenece. Afectar su operación sería dispararse al pie. El riesgo real proviene de actores insubacuáticas. Frente a ello, el acuerdo con Washington ofrece “asistencia técnica y entrenamiento”. Pero eso no basta. Se requiere una política exterior más activa, una diplomacia que construya disuasión no solo con Estados Unidos, sino también con Europa, Asia y América Latina. Significa hablar con todos, pero prepararse para todo. La resiliencia del Canal no depende únicamente de su infraestructura. Depende de nuestra capacidad de proyectar disuasión estratégica. Duplicar componentes críticos, segmentar redes, desplegar sensores hidroacústicos, construir gemelos digitales y reforzar la ciberseguridad son medidas indispensables. Pero también lo es fortalecer nuestra presencia en foros multilaterales, formar alianzas tecnológicas y establecer canales de inteligencia con socios confiables. Panamá debe recuperar el lugar que tuvo en el siglo XX: un país pequeño con voz propia en la gran política. Hoy, el Canal es más que una vía acuática; es un nodo de poder global. La mejor defensa es una política exterior que inspire respeto, una seguridad nacional adaptada a los nuevos tiempos y una narrativa soberana que evite convertirnos en peón del conflicto ajeno. Porque si el Canal de Panamá se convierte en rehén de las tensiones globales, no habremos perdido solo una ruta comercial: habremos extraviado nuestra capacidad de decidir. Opinión EL AUTOR es publicista. EL AUTOR es escritor y máster en administración industrial. EL AUTOR es director ejecutivo, Fundación Iguales. Bolívar Márquez te vulnerables: aquellas que han iniciado la ruta sur-norte desde Sudamérica y que, atrapadas por medidas securitistas, se ven forzadas a regresar a sus países en condiciones precarias; y aquellos que, retenidos en Estados Unidos, provienen de países asiáticos. El papa Francisco ha sido un firme defensor de la dignidad humana y ha señalado que cualquier Estado que colabore con medidas que criminalicen a migrantes se convierte en cómplice de esta injusticia. Su llamado a construir sociedades basadas en la verdad y en la igualdad de dignidad de todos los seres humanos es un recordatorio de que el respeto a los derechos humanos debe prevalecer sobre las medidas de contención y control. Panamá tiene la oportunidad de liderar en la protección de los derechos de las personas en condición de movilidad, apoyándose en su tradición jurídica y en los principios del derecho internacional. Es esencial que las políticas públicas y las acciones del Estado se alineen con el respeto a la dignidad humana, reconociendo la complejidad de las realidades que enfrentanlaspersonasmigrantes,refugiadasy solicitantes de la condición de refugio. La colaboración entre el Estado y la sociedad civil será clave para garantizar que todas las personas, independientemente de su origen o situación, tengan acceso a una vida digna y segura. La verdadera justicia y humanidad se reflejan en cómo tratamos a las personas más vulnerables entre nosotros, y es en este compromiso donde se construye el futuro al que muchos aspiramoscomosociedad. Lamovilidadhumanacobraespecial relevancia en un mundo que enfrenta crisis políticas, económicas y climáticas. En este contexto, Panamá, con su tradición jurídica de respeto al derecho internacional, se presenta como un caso necesario para analizar la intersección entre la movilidad humana y los derechos humanos. El artículo 4 de la Constitución Nacional establece que “La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional”, lo que obliga al gobierno a guiar su actuación en la protección de los derechos de las personas en condición de movilidad. Combatir el error de la criminalización del migrante, defender principios básicos del derecho internacional como el principio de no devolución (non-refoulement), y reconocer el valioso papel que ejerce la sociedad civil son nortes que Panamá debe incluir y reconocer. Sin embargo, a nivel global, se observa un preocupante movimiento que busca criminalizar a quienes se encuentran en condiciones de movilidad. Este fenómenonosolodeshumanizaalaspersonasmigrantes, sino que también ignora el contexto en el que muchas de ellas se ven forzadas a abandonar sus hogares. En Panamá, los ciudadanos gozamos del gran privilegio de no tener que migrar por razones políticas o debido a los efectos del cambio climático, una realidad muy distinta a la de millones Gabriel J. Perea
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