7A La Prensa Panamá, jueves 24 de abril de 2025 Panorama La representante del corregimiento de San Francisco, Serena Vamvas, confirmó que avanzan con celeridad las auditorías y las investigaciones penales contra su antecesor, Carlos Pérez Herrera, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. Según declaró, tanto la Contraloría como el Ministerio Público han actuado con diligencia desde el inicio de su gestión. Vamvas indicó que tres funcionarios de la Contraloría General de la República están asignados casi de forma permanente a la junta comunal y que ya se elabora un informe extenso que incluye hallazgos de irregularidades, en referencia a anomalías en la administración anterior. Aseguró que pronto se harán públicos los resultados. Además, reveló que existen cuatro denuncias penales interpuestas ante el Ministerio Público por distintos hechos, todas presentadas por ella misma. Aunque evitó precisar detalles de cada caso, reiteró que la justicia debe actuar con firmeza y que los responsables deben rendir cuentas por el presunto uso indebido de recursos. Consultada sobre los montos involucrados, Vamvas señaló que aún no se tiene una cifra definitiva, dado que las auditorías están en curso. Sin embargo, adelantó que una de las partidas bajo sospecha asciende a 1.5 millones de balboas, provenientes de fondos de descentralización, los cuales, según sus palabras, “fueron manejados horriblemente, para no decir otra palabra”. La representante concluyó afirmando que, una vez estén listos los informes de la Contraloría, los resultados se comunicarán públicamente. “Ustedes van a ser los primeros en conocer los resulAvanzan auditorías y denuncias contra exrepresentante de San Francisco IRREGULARIDADES tados y toda la ciudadanía”, prometió, reiterando su compromiso con la transparencia y el saneamiento de la gestión pública en la Junta Comunal de San Francisco. La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) ha presentado más de 50 denuncias ante el Ministerio Público, relacionadas con el presunto mal uso de fondos distribuidos a través de la controversial “descentralización paralela”. Estas denuncias, que se centran principalmente en juntas comunales del Partido Revolucionario Democrático (PRD) durante el período de 2020 a 2024, han puesto en el ojo del huracán la gestión de 320 millones de balboas destinados a proyectos locales. Algunos de los ediles y exediles denunciados han sido los de San Francisco, Pacora y Ernesto Córdoba Campos. En el caso de San Francisco y Ernesto Córdoba Campos, los ediles entre 2019 y 2024 fueron Carlos Pérez Herrera y Rubén Medina, respectivamente. A pesar de sus aspiraciones, ambos no lograron reelegirse. Por otro lado, el representante de Pacora, Hugo Henríquez, sí consiguió su reelección. En su momento, este medio consultó sobre la denuncia a Pérez Herrera, quien expresó que no entendía el motivo. “Lo que te puedo decir es que todo está sustentado y la Contraloría puede dar fe de ello”, afirmó. Mayer Mizrachi Matalón, alcalde del distrito de Panamá. Cortesía prensa Municipio de Panamá. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ohigginis ArciaJaramillo [email protected] ALCALDÍA PARALELA La propuesta del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, de crear una empresa municipal bajo el régimen de sociedad anónima —ya aprobada por el Concejo de Panamá— no ha dejado indiferente a la opinión pública. Mientras el alcalde defiende la medida como una vía para modernizar la gestión y agilizar procesos administrativos, voces críticas denuncian una peligrosa opacidad en su aprobación, marcada por la falta de debate, consulta ciudadana y claridad sobre los fines reales de la nueva entidad. El especialista en derecho administrativo, Daniel Lombana, advirtió que la creación de una nueva empresa municipal en el distrito de Panamá podría contravenir lo establecido en la normativa vigente. Aunque reconoció que la Constitución permite a los municipios constituir empresas municipales o mixtas, recordó que estas deben estar orientadas a la explotación de bienes o servicios, tal como lo dispone la Ley 106 de 1973, sobre el régimen municipal. Lombana subrayó que dicha ley delimita con claridad los fines permitidos, entre los que se destacan el desarrollo turístico, industrial, agrícola y agropecuario. Sin embargo, señaló que los objetivos propuestos por la nueva empresa —como la digitalización, la automatización de procesos y la transformación digital del municipio— no se alinean con las competencias expresamente reconocidas por la legislación. El jurista consideró especialmente cuestionable que el acuerdo municipal contemple la prestación de servicios de asesoría al propio municipio, actividad que, a su juicio, no constituye la explotación de un bien o servicio público. “Eso dista mucho del modelo de una empresa municipal dedicada, por ejemplo, a la recolección de basura o a la administración de parques”, explicó, alertando sobre una posible desviación del marco legal que rige la gestión pública local. Falta de fiscalización Por su parte, el excandidato a alcalde y exsecretario del Municipio de Panamá, Guillermo Bermúdez, advirtió que la falta de transparencia en el proceso genera serias dudas sobre la legalidad y los fines de esta figura jurídica, aprobada sin debate previo ni consulta ciudadana. “Me hace mucho ruido la forma en que fue aprobado”, afirmó, señalando que ni siquiera se compartió el texto completo del acuerdo entre los concejales. A juicio de Bermúdez, la iniciativa debió pasar primero por una revisión de la Contraloría General de la República. “El contralor tiene que tener veeduría sobre este tipo de sociedades”, recalcó. También advirtió que la creación de una sociedad anónima desde la administración municipal podría ser un mecanismo para evadir licitaciones, controles y fiscalización de los fondos públicos. Incluso puso en duda las motivaciones detrás de la empresa y comparó la situación con prácticas de administraciones anteriores. “Esto lo van a terminar demandando”, advirtió, tras cuestionar el uso discrecional de recursos y la ausencia de sistemas robustos de control. Finalmente, indicó que no hay claridad sobre los fines de la sociedad ni sobre la manera en que se utilizarán sus fondos. “No puede ser que la agilización de procesos pase por encima de la transparencia”, expresó. Autonomía La nueva empresa municipal operará con plena autonomía financiera y administrativa, lo que le permitirá actuar de forma independiente de la estructura tradicional del municipio. A su vez, esta sociedad anónima tendrá la capacidad legal para contratar, adquirir, operar y gestionar activos, servicios y suministros necesarios para cumplir sus múltiples objetivos. Bajo este modelo, contará con su propia organización, patrimonio y fuentes de financiamiento, lo que ha despertado interrogantes sobre los mecanismos de control y transparencia que se aplicarán para evitar posibles desvíos de recursos o conflictos de interés en su administración. Mizrachi justificó la creación de esta empresa como una vía para transformar a la Alcaldía de Panamá en un proveedor de servicios tecnológicos. “No se trata de una alcaldía paralela”, insistió, sino de una plataforma para ofrecer soluciones digitales eficientes a precios sensatos entre entes gubernamentales. Antes de llegar a la Alcaldía de Panamá, el mundo laboral de Mizrachi giraba en torno al ámbito empresarial y tecnológico. Un juez de cumplimiento negó la petición de libertad vigilada presentada por la defensa de Jorge ‘Churro’ Ruiz, condenado a la pena de 12 años de prisión por los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir a través de la sociedad Blue Apple. José Carrera, juez de cumplimiento del Primer Distrito Judicial, no acogió la solicitud presentada por el abogado Carlos Martínez, en representación Ruiz, para que se le concediera el beneficio de libertad vigilada, que incluía una oferta de trabajo como gerente de operaciones de la cadena de restaurantes Grupo Manolo, cuyo gerente es su hermano Alberto Ruiz. Carrera desestimó la petición hecha por el abogado Martínez alegando que durante la audiencia celebrada en la tarde de este miércoles 23 de abril, no había quedado claro quien era el propietario de la residencia en la que viviría Ruiz en caso de concederla la libertad vigilada. El juez interrogó a María Antonia Lee, esposa de Ruiz, sobre si tenía las escrituras que certificarán que su esposo era propietario de la residencia en la que ambos vivirían, a lo que dijo que no las tenía a mano, aunque presentó recibos de servicios públicos en los que se establece que la residencia es propiedad del sancionado. El juez precisó que la libertad vigilada no es un derecho, sino que se trata de una decisión que debe asumir el juez de cumplimiento previo el cumplimiento de una serie de requisitos por parte de la persona sancionada, y que para acceder a ese beneficio se debe haber cumplido Churro Ruiz seguirá en la cárcel; juez le niega su petición de libertad vigilada BLUE APPLE las dos terceras partes de la pena, tener una oferta laboral, buena conducta, un informe de la Junta Técnica de Sistema Penitenciario y un arraigo familiar. El juez Carrera planteó que el arraigo familiar es muy importante, ya que ese residencia sería objeto de visitas de las autoridades penitenciarias para confirmar que el sancionado realmente vive en ese lugar y no evada su responsabilidad. La defensa de Ruiz también presentó una nota de la Junta Técnica del Ministerio de Gobierno y una certificación de la cárcel El Renacer en la que se explica que el sancionado había cumplido con cursos para su resocialización, pero el juez planteó que en este caso no se había presentado un certificado que respaldara que el procesado los había cumplido satisfactoriamente. Una vez el juez dio a conocer su veredicto, el abogado Martínez apeló esa decisión, por lo que la audiencia para resolver dicho recurso fue agendada para el próximo 30 de abril ante el Tribunal Superior de Apelaciones. Ruiz, exjefe de la oficina de contratos del Ministerio de Obras Pública (MOP), fue condenado a la pena de 72 meses de cárcel. Ruiz alcanzó un acuerdo de pena, validado por la entonces juez Segunda de Liquidación de Causas Penales Baloisa Marquínez, el 22 de agosto de 2023, en el primer día del juicio a políticos, contratistas y exfuncionarios por blanqueo, corrupción y falsedad de documentos. El 13 de noviembre de 2024 Marquínez emitió un fallo en el que aplicó penas de 60 a 168 meses de prisión a ochos personas, entre ellas los exministros de Obras Públicas Federico Suárez y el expresidente de la Caja de Ahorros, Riccardo Francolini. Juan Manuel Díaz [email protected] Jorge Churro Ruiz. Archivo Serena Vamvas y Carlos Pérez Herrera. @serenavambas1 Sociedad anónima propuesta por Mayer Mizrachi: ¿opacidad o modernización? La empresa municipal propuesta por Mizrachi genera polémica: expertos y exfuncionarios alertan sobre falta de transparencia, posibles violaciones legales y riesgos de evasión de controles. La Alcaldía defiende el plan como modernización administrativa.
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