2A La Prensa Panamá, jueves 24 de abril de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] Janine Prado, diputada de Vamos. Alexander Arosemena Janine Prado: ‘El gobierno ha evadido rendir cuentas’ ENTREVISTA La diputada veragüense Janine Prado, jefa de la bancada independiente Vamos, calificó como un paso histórico la moción de censura presentada contra el canciller Javier Martínez Acha. Sin embargo, advirtió que el fondo del problema es más profundo: una ausencia de consecuencias reales ante actos cuestionables del Ejecutivo, en un contexto donde la ley permite solo una sanción moral. Prado anunció que su bancada impulsa un anteproyecto de ley para llenar el vacío legal que impide aplicar sanciones efectivas a los ministros censurados. “Estamos evaluando con asesores una propuesta que fortalezca el control político sin caer en inconstitucionalidad”, explicó. En paralelo, su compañero de bancada, Manuel Cheng, presentó una iniciativa para convertir el voto de censura en un verdadero mecanismo de fiscalización. El detonante de la censura fue la firma de un memorándum de cooperación en seguridad con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, sin aprobación legislativa, lo que —según Vamos— viola el artículo 325 de la Constitución. Para Prado, no se trata de una disputa partidista, sino de exigir transparencia y respeto por la colaboración entre órganos del Estado. El tema se suma a otros frentes en los que la diputada pide rendición de cuentas: la posible aprobación de una amnistía para casos de corrupción, que beneficiaría a condenados y procesados por escándalos emblemáticos; y el manejo de la planilla legislativa, hoy bajo auditoría de la Contraloría, con sospechas de funcionarios fantasmas y gastos inflados. Prado denunció que en su despacho trabajan tres personas, pero que hay oficinas donde figuran hasta 59 empleados sin justificación clara. También criticó la falta de transparencia en las oficinas de Participación Ciudadana, que operan en provincias sin claridad sobre funciones, contrataciones ni alquileres. “No hay una hoja de evaluación ni control institucional”, subrayó. Prado hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer vigilancia activa. “Estos días son cruciales. No podemos permitir que se aprueben leyes que premian la impunidad. El voto de cada diputado definirá su legado ante el país”, concluyó. Luis Eduardo Camacho y Ricardo Martinelli. Archivo Camacho reaviva intento de indulto a Ricardo Martinelli Mónica Palm [email protected] ANTEPROYECTO La mayoría del pleno legislativo decidiría qué es un “delito político”, indistintamente de la fase en que se encuentre el proceso judicial. Ahora que la propuesta de amnistía “política” del diputado perredista Jairo Salazar parece hacer aguas, su colega de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, ha desempolvado un anteproyecto de ley que presentó a finales de julio pasado, que también otorga a la Asamblea Nacional (AN) la potestad de conceder amnistía a todas las personas “vinculadas” a un delito político. La mayoría del pleno legislativo decidiría qué es un “delito político”, indistintamente de la fase en que se encuentre el proceso judicial. La propuesta de Camacho fue presentada el 29 de julio pasado y casi de inmediato fue públicamente repudiada por el presidente José Raúl Mulino. En la Asamblea, nadie le había dado trámite. Hasta ahora: Camacho, que preside la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la AN, ha convocado a una sesión este jueves 24 de abril, a las 9:00 a.m., en el Salón Azul del Palacio Legislativo. En la agenda de la reunión está el prohijamiento del anteproyecto de ley 64, “que dicta disposiciones sobre amnistía, indulto, rebaja de pena y concesión de libertad condicional”. La propuesta modifica los códigos Penal y Procesal Penal. Camacho es amigo, copartidario y vocero del expresidente Ricardo Martinelli. Si su propuesta se convierte en ley, Martinelli evitaría cumplir con la pena de 10 años y 12 meses de prisión y el pago de la multa de $19.2 millones por blanquear capitales en el caso New Business; también quedaría sin efecto su inhabilitación para ejercer cargos públicos. El anteproyecto también desarrolla tres particulares interpretaciones de lo que es un “delito político”: 1) cuando la sanción impuesta impida o dificulte el derecho de elegir y ser elegido; 2) cuando la sanción o proceso tenga su origen en “situaciones políticas”, de “presión mediática” o de “persecución”, y 3), cuando, según los convenios, se haya reconocido la condición de “perseguido político” a la persona procesada, enjuiciada o sentenciada. Cuando Camacho presentó su idea el año pasado, el presidente Mulino guardó distancia. Advirtió que la misma no tenía su consenso, aceptación “ni nada que se le parezca”. “La estudiaré como corresponda, como abogado que soy, reiterando algo que es bien importante: yo actuaré en función de la ley (...). Esa ley no tiene mi aprobación”, dijo Mulino el 1 de agosto de 2024, en su conferencia de prensa semanal desde la Presidencia de la República. Cero y van 2 Con las propuestas de Camacho y Salazar, ya son dos los intentos que se hacen desde el Legislativo, en menos de nueve meses, por librar a Martinelli de prisión. El 9 de abril pasado, Salazar presentó un proyecto de amnistía legislativa que exculpaba a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, así como a cualquier persona ligada a los casos de blanqueo de capitales New Business, Blue Apple y Odebrecht. Lo de Salazar, que al momento de su presentación fue apoyado por 26 diputados firmantes (de todas las bancadas, menos de las de Vamos y Moca), ya fue rechazado en primer debate por la Comisión de Gobierno. Camacho desafió esa voluntad y anunció que presentaría un informe de minoría para que el pleno legislativo apruebe el proyecto en primer debate, de todos modos. No obstante, esa aprobación por insistencia necesita el voto de por lo menos 36 diputados, apoyo que hasta ahora Camacho y el diputado José Luis Varela, hermano del expresidente Varela, no han podido reunir. Miguel Antonio Bernal junto al canciller Javier Martínez-Acha y el presidente de la República José Raúl Mulino, en Francia. Archivo Miguel A.Bernal no va a Francia; Joanna Villarreal será la embajadora DIPLOMACIA Mario De Gracia [email protected] La designación del abogado y catedrático Miguel Antonio Bernal como embajador de Panamá en Francia no se concretó, así lo expuso la agenda de la Asamblea Nacionalayermartes23deabril. El cargo que había sido asignado para Bernal en París sería ocupado por Joanna Villarreal Rodríguez, quien estuvo citada a comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional este martes, como parte del proceso para asumir la representación diplomática. Sin embargo, la citación quedó aplazada en la Comisión por consenso de los diputados. De acuerdo a un documento membretado por la Presidencia de la República, del 16 de octubre de 2024, Bernal fue nombrado como “embajador extraordinario y plenipotenciario en misión oficial”. El jurista acompañó al presidente de la República, José Raúl Mulino, en un viaje a la capital francesa en octubre de 2024, en calidad de embajador designado, según menciona otro comunicado. De acuerdo con fuentes del servicio diplomático que pidieron reserva de su nombre, después del viaje de Bernal a Francia se barajó la posibilidad de que Villarreal asumiera el cargo. En París, Mulino sostuvo una reunión con su homólogo francés, Emmanuel Macron, a fin de impulsar una estrategia que permitiera a Panamá salir de las listas grises europeas. La Prensa consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las razones por las que Bernal no terminaría asumiendo el cargo, pero al momento no hubo mayores detalles. Según registros de Cancillería, hasta febrero de 2025, el designado embajador de Panamá en Francia no había recibido el beneplácito del país europeo para ejercer.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==