1A La Prensa Panamá, jueves 24 de abril de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 24 de abril de 2025 - Año 44 - Nº 14996 Hoy por hoy La huelga docente iniciada esta semana ha mostrado un fenómeno alarmante: poco respaldo en las calles, pero un enorme impacto negativo en las aulas. Aunque la mayoría del magisterio no se sumó al paro, el cierre con candados de escuelas, la suspensión de clases en colegios por temor a disturbios y la incertidumbre generalizada han dejado claro que los estudiantes siguen siendo los grandes perdedores. No se trata solo de contar cuántos docentes asistieron o qué gremio impuso su voluntad. El verdadero problema es que la educación pública permanece rehén de agendas políticas trasnochadas, liderazgos estancados y una institucionalidad que responde tarde y mal. Panamá no puede seguir normalizando días perdidos como si fueran parte del calendario escolar. El país necesita con urgencia un nuevo pacto por la educación, centrado en los estudiantes y no en intereses gremiales o cálculos ministeriales. Lo que está en juego no es una consigna más: es el futuro de quienes hoy deberían estar aprendiendo, no esperando. Ellas.pa ‘Alzamos a Lucas y pudimos ver al papa’ 10A Jonathan Araúz: de las grandes ligas al béisbol mayor 9A Deportes Panorama New Business: ¿Por qué fue absuelto Valentín Martínez? 6A Economía Canal registra mayor tránsito de buques en el mes de abril 2B ¿Atajo a las licitaciones? Dudas sobre plan Mizrachi Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ALCALDÍA PARALELA Críticas apuntan a la falta de debate y consulta ciudadana, así como a la posible evasión de controles mediante una figura que podría violar la ley. La creación de una empresa municipal bajo el régimen de sociedad anónima, promovida por el alcalde capitalino Mayer Mizrachi y aprobada por el Concejo de Panamá, ha generado controversia. Aunque el alcalde defiende la medida como parte de un plan para modernizar la gestión y digitalizar servicios municipales, juristas y exfuncionarios advierten sobre posibles violaciones al marco legal vigente. El especialista en derecho administrativo Daniel Lombana señaló que la ley solo permite estas figuras cuando están orientadas a la explotación de bienes o servicios públicos, lo que no se ajusta a los objetivos de la nueva empresa. Por su parte, el exsecretario municipal Guillermo Bermúdez alertó que este modelo podría usarse para evadir controles, licitaciones y fiscalización de recursos públicos. La falta de debate previo, la ausencia de consulta ciudadana y el carácter autónomo de la empresa alimentan las dudas sobre su legalidad, transparencia y verdadero propósito. VEA 7A PIB de Panamá crecerá 3.5%, según el Banco Mundial El Banco Mundial elevó su proyección de crecimiento para Panamá en 2025 a 3.5 %, y estima que alcanzará 4.3 % en 2027. En un informe presentado ayer, el organismo destacó al país frente a un panorama regional de bajo crecimiento, con una media del 2.4 % para América Latina y el Caribe. VEA 1B PROYECCIÓN El presidente José Raúl Mulino descarta contrato ley para la mina COBRE PANAMÁ Yasser Yánez García [email protected] El presidente de la República, José Raúl Mulino descartó la posibilidad de un nuevo contrato ley para Cobre Panamá y afirmó que “la mina es de Panamá y de los panameños, de más nadie”, aunque dejó abierta la puerta a una asociación que respete la soberanía nacional. Indicó que el tema no será discutido por la actual Asamblea Nacional y que el gobierno ya inició audiJosé Raúl Mulino. Alexander Arosemena Janine Prado: ‘No vamos a permitir una amnistía para la impunidad’ En una entrevista con ‘La Prensa’, la diputada de Vamos rechazó que se utilice una ley de amnistía para beneficiar a figuras señaladas por corrupción y cuestionó que el voto de censura en la Asamblea Nacional no tenga consecuencias reales. VEA 2A torías y contactos con las empresas involucradas. Mulino advirtió que el conflicto tiene implicaciones económicas mayores y es observado de cerca por acreedores y calificadoras, mientras el Ejecutivo analiza opciones para manejar el proyecto y mitigar su impacto social y financiero. Por su parte, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, manifestó que su posición antiminería es clara y conocida. VEA 1B Paro Los estudiantes pierden; la cúpula docente marcha Un reducido grupo de docentes marchó ayer por la vía España durante el primer día de huelga indefinida, en el que también se reportaron centros escolares cerrados con candados y enfrentamientos con policías antidisturbios. La dirigencia pretende que el gobierno derogue la recién aprobada ley de la CSS. El Ministerio de Educación hizo un llamado a retomar las clases. VEA 4A Alexander Arosemena
2A La Prensa Panamá, jueves 24 de abril de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] Janine Prado, diputada de Vamos. Alexander Arosemena Janine Prado: ‘El gobierno ha evadido rendir cuentas’ ENTREVISTA La diputada veragüense Janine Prado, jefa de la bancada independiente Vamos, calificó como un paso histórico la moción de censura presentada contra el canciller Javier Martínez Acha. Sin embargo, advirtió que el fondo del problema es más profundo: una ausencia de consecuencias reales ante actos cuestionables del Ejecutivo, en un contexto donde la ley permite solo una sanción moral. Prado anunció que su bancada impulsa un anteproyecto de ley para llenar el vacío legal que impide aplicar sanciones efectivas a los ministros censurados. “Estamos evaluando con asesores una propuesta que fortalezca el control político sin caer en inconstitucionalidad”, explicó. En paralelo, su compañero de bancada, Manuel Cheng, presentó una iniciativa para convertir el voto de censura en un verdadero mecanismo de fiscalización. El detonante de la censura fue la firma de un memorándum de cooperación en seguridad con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, sin aprobación legislativa, lo que —según Vamos— viola el artículo 325 de la Constitución. Para Prado, no se trata de una disputa partidista, sino de exigir transparencia y respeto por la colaboración entre órganos del Estado. El tema se suma a otros frentes en los que la diputada pide rendición de cuentas: la posible aprobación de una amnistía para casos de corrupción, que beneficiaría a condenados y procesados por escándalos emblemáticos; y el manejo de la planilla legislativa, hoy bajo auditoría de la Contraloría, con sospechas de funcionarios fantasmas y gastos inflados. Prado denunció que en su despacho trabajan tres personas, pero que hay oficinas donde figuran hasta 59 empleados sin justificación clara. También criticó la falta de transparencia en las oficinas de Participación Ciudadana, que operan en provincias sin claridad sobre funciones, contrataciones ni alquileres. “No hay una hoja de evaluación ni control institucional”, subrayó. Prado hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer vigilancia activa. “Estos días son cruciales. No podemos permitir que se aprueben leyes que premian la impunidad. El voto de cada diputado definirá su legado ante el país”, concluyó. Luis Eduardo Camacho y Ricardo Martinelli. Archivo Camacho reaviva intento de indulto a Ricardo Martinelli Mónica Palm [email protected] ANTEPROYECTO La mayoría del pleno legislativo decidiría qué es un “delito político”, indistintamente de la fase en que se encuentre el proceso judicial. Ahora que la propuesta de amnistía “política” del diputado perredista Jairo Salazar parece hacer aguas, su colega de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, ha desempolvado un anteproyecto de ley que presentó a finales de julio pasado, que también otorga a la Asamblea Nacional (AN) la potestad de conceder amnistía a todas las personas “vinculadas” a un delito político. La mayoría del pleno legislativo decidiría qué es un “delito político”, indistintamente de la fase en que se encuentre el proceso judicial. La propuesta de Camacho fue presentada el 29 de julio pasado y casi de inmediato fue públicamente repudiada por el presidente José Raúl Mulino. En la Asamblea, nadie le había dado trámite. Hasta ahora: Camacho, que preside la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la AN, ha convocado a una sesión este jueves 24 de abril, a las 9:00 a.m., en el Salón Azul del Palacio Legislativo. En la agenda de la reunión está el prohijamiento del anteproyecto de ley 64, “que dicta disposiciones sobre amnistía, indulto, rebaja de pena y concesión de libertad condicional”. La propuesta modifica los códigos Penal y Procesal Penal. Camacho es amigo, copartidario y vocero del expresidente Ricardo Martinelli. Si su propuesta se convierte en ley, Martinelli evitaría cumplir con la pena de 10 años y 12 meses de prisión y el pago de la multa de $19.2 millones por blanquear capitales en el caso New Business; también quedaría sin efecto su inhabilitación para ejercer cargos públicos. El anteproyecto también desarrolla tres particulares interpretaciones de lo que es un “delito político”: 1) cuando la sanción impuesta impida o dificulte el derecho de elegir y ser elegido; 2) cuando la sanción o proceso tenga su origen en “situaciones políticas”, de “presión mediática” o de “persecución”, y 3), cuando, según los convenios, se haya reconocido la condición de “perseguido político” a la persona procesada, enjuiciada o sentenciada. Cuando Camacho presentó su idea el año pasado, el presidente Mulino guardó distancia. Advirtió que la misma no tenía su consenso, aceptación “ni nada que se le parezca”. “La estudiaré como corresponda, como abogado que soy, reiterando algo que es bien importante: yo actuaré en función de la ley (...). Esa ley no tiene mi aprobación”, dijo Mulino el 1 de agosto de 2024, en su conferencia de prensa semanal desde la Presidencia de la República. Cero y van 2 Con las propuestas de Camacho y Salazar, ya son dos los intentos que se hacen desde el Legislativo, en menos de nueve meses, por librar a Martinelli de prisión. El 9 de abril pasado, Salazar presentó un proyecto de amnistía legislativa que exculpaba a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, así como a cualquier persona ligada a los casos de blanqueo de capitales New Business, Blue Apple y Odebrecht. Lo de Salazar, que al momento de su presentación fue apoyado por 26 diputados firmantes (de todas las bancadas, menos de las de Vamos y Moca), ya fue rechazado en primer debate por la Comisión de Gobierno. Camacho desafió esa voluntad y anunció que presentaría un informe de minoría para que el pleno legislativo apruebe el proyecto en primer debate, de todos modos. No obstante, esa aprobación por insistencia necesita el voto de por lo menos 36 diputados, apoyo que hasta ahora Camacho y el diputado José Luis Varela, hermano del expresidente Varela, no han podido reunir. Miguel Antonio Bernal junto al canciller Javier Martínez-Acha y el presidente de la República José Raúl Mulino, en Francia. Archivo Miguel A.Bernal no va a Francia; Joanna Villarreal será la embajadora DIPLOMACIA Mario De Gracia [email protected] La designación del abogado y catedrático Miguel Antonio Bernal como embajador de Panamá en Francia no se concretó, así lo expuso la agenda de la Asamblea Nacionalayermartes23deabril. El cargo que había sido asignado para Bernal en París sería ocupado por Joanna Villarreal Rodríguez, quien estuvo citada a comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional este martes, como parte del proceso para asumir la representación diplomática. Sin embargo, la citación quedó aplazada en la Comisión por consenso de los diputados. De acuerdo a un documento membretado por la Presidencia de la República, del 16 de octubre de 2024, Bernal fue nombrado como “embajador extraordinario y plenipotenciario en misión oficial”. El jurista acompañó al presidente de la República, José Raúl Mulino, en un viaje a la capital francesa en octubre de 2024, en calidad de embajador designado, según menciona otro comunicado. De acuerdo con fuentes del servicio diplomático que pidieron reserva de su nombre, después del viaje de Bernal a Francia se barajó la posibilidad de que Villarreal asumiera el cargo. En París, Mulino sostuvo una reunión con su homólogo francés, Emmanuel Macron, a fin de impulsar una estrategia que permitiera a Panamá salir de las listas grises europeas. La Prensa consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las razones por las que Bernal no terminaría asumiendo el cargo, pero al momento no hubo mayores detalles. Según registros de Cancillería, hasta febrero de 2025, el designado embajador de Panamá en Francia no había recibido el beneplácito del país europeo para ejercer.
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4A La Prensa Panamá, jueves 24 de abril de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] BERRINCHE. En el altercado con Camacho, salió a relucir que Bolota no tenía idea de que su proyecto de amnistía política también beneficiaría a Juan Carlos Varela. Por eso (y porque le ha tocado hacer el ridículo mayor) anda tan enfadado. ¿Cuánto tiene que soltar Varela para que también lo considere su “amigo”? ENGENDRO. Como si fuera un parto sin epidural: nueve meses ha tardado Camacho en sacar a la luz aquel anteproyecto de su autoría, que crea un “perdón legislativo” comparable al perdón presidencial. Su disparate no tiene nada que envidiarle al de Bolota, con el agravante de que ya sabe que no cuenta con el aval del presidente Mulino. Ni Marta anda tan desesperada por sacar a Martinelli de la embajada. SOFOCO. Hoy mismo se reunirá la Comisión de Gobierno de la Asamblea, para atender el capricho de Camacho. Los diputados Roberto Zúñiga (Vamos) y José Pérez Barboni (Moca), que son miembros de esa comisión legislativa, ya advirtieron que votarán en contra... otra vez. ¿Qué parte no ha entendido Camacho? El que persevera en el error es necio. CHIFEO. Desde Italia, Chichi De Obarrio está reclamando la custodia de su hija menor de edad, pero, en una denuncia que también le concierne —por supuestos hechos en perjuicio de esa niña—, no comparece. Le deberían poner una bolsa con dinero como carnada, a ver si así se asoma por ese juzgado. SECRETISMO. En la única reunión del Consejo Permanente Multisectorial para Implementar el Compromiso Nacional por la Educación (Copeme) que se ha celebrado en esta administración, la viceministra académica, Agnes de Cotes, contó que salieron los resultados del último Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), de la Unesco. ¿Dónde están esas cifras? ¿Acaso tienen un acuerdo de confidencialidad con la organización? Alguien debería revelar esa data, que es de obvio interés público. ¿Por qué el conflicto permanente con los indicadores y la transparencia? Antimotines lanzaron gases a los manifestantes para impedir la obstaculización de la vía España. Alexander Arosemana Paro educativo: enfrentamientos, denuncias y llamados al diálogo Yaritza Mojica | [email protected] EDUCACIÓN Tras el llamado a paro de algunos gremios docentes, el Meduca pide a los padres de familia que envíen a sus acudidos a los centros educativos, ya que los educadores los estarán atendiendo. El primer día del paro de labores, convocado por un grupo de educadores del Frente de Acción Magisterial (FAM), la Unión Nacional de Educadores de Panamá (Unep) y la Unión de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña (Unecep), concluyó con enfrentamientos entre docentes y unidades de control de multitudes de la Policía Nacional, luego de que un grupo de manifestantes cerraran la vía España, a la altura de la iglesia del Carmen. Según el dirigente Armando Guerra, de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), los predios de la iglesia del Carmen han sido por muchos años el bastión de lucha de los educadores. Indicó que, al salir a las marchas, utilizan las calles, pero en esta ocasión fueron “sitiados” por la policía. “No entendemos por qué, si la manifestación ha sido pacífica. No hemos roto un vidrio, ni tirado una piedra. Hemos sido respetuosos y, aun así, fuimos objeto de gases lacrimógenos. Esto solo enardece al resto de los docentes” Un escenario similar se vivió en la provincia de Chiriquí, donde se registraron fuertes enfrentamientos entre grupos de docentes y las unidades antidisturbios, tras el cierre de la vía principal frente a la regional del Ministerio de Educación (Meduca). En otras provincias como Colón y Veraguas se dieron piquetes y marchas en contra de la Ley 462 (Seguro Social), la minería, el mal estado de los centros educativos, entre otros problemas sociales. Las manifestaciones y los enfrentamientos se desarrollan en el marco de un paro de clases convocado desde este miércoles 23 de abril, que, a criterio de la ministra de Educación, Lucy Molinar, “no tiene sentido”. La titular señaló que cualquier balance que se haga no es positivo, ya que si un estudiante pierde clases, pierde el país. Celebró, sin embargo, que muchos docentes asistieron a clases. Dijo que algunos padres no enviaron a sus hijos por desconfianza y un grupo reducido de educadores participó activamente en el paro. “¿Qué sacamos de esto? Absolutamente nada. Solo perjudicamos al que más necesita que estemos ahí, que es el estudiante”. También hizo un llamado al país para decidir si la educación debe seguir involucrada en conflictos políticos, lo cual considera injusto para los estudiantes. Además, reiteró que se hará cumplir la ley en lo relativo a los descuentos. En el interior del país, el Meduca recibió reportes de la Policía Nacional sobre el cierre con candados de varios centros educativos, para impedir el acceso de estudiantes, docentes y personal administrativo. Uno de los casos ocurrió en la Escuela Bilingüe Changuinola, en Bocas del Toro, donde los tres portones principales del plantel fueron cerrados en horas de la madrugada con candados y cadenas. La directora del centro educativo en Bocas del Toro, María Santiago, explicó que durante la noche personas desconocidas cerraron la escuela para impedir la entrada de los maestros en la mañana, por lo que llamaron a la Policía Nacional para abrir los accesos. Otros centros educativos en la provincia también fueron encadenados para impedir el desarrollo de las clases, entre ellos la Escuela Changuinola, la Escuela Finca 6 y la Escuela Finca 2. Al respecto, Molinar indicó que se tienen varios informes sobre quiénes cerraron las escuelas, por lo que se procederá conforme a la ley, iniciando investigaciones y presentando las pruebas correspondientes. La ministra señaló que la educación pública ha estado atrapada en conflictos políticos durante la última década, lo que ha generado retrocesos y ha dejado a muchos jóvenes sin acceso adecuado a una educación de calidad. Por su parte, Diógenes Sánchez, dirigente de la Asoprof, manifestó que fueron agredidos y que se intentó violentar una marcha en vía España que, aseguró, fue pacífica. “No vamos a permitir la violencia por parte de la policía, porque los docentes siempre realizamos marchas pacíficas”. Con respecto al llamado del Meduca para retornar a las aulas, el dirigente magisterial dijo que esperan la derogación de la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), para luego sentarse a negociar con las autoridades del ministerio. Finalmente, el Meduca reiteró que las clases continuarán desarrollándose con normalidad, solicitó a los docentes que asistan a sus puestos de trabajo y a los padres de familia que envíen a sus acudidos a clases. En el primer día de huelga, la mayoría de los docentes acudió a sus puestos de trabajo, como en el caso del Instituto Rubiano, en San Miguelito, donde asistió el 95% de los profesores. No obstante, hubo reportes de escuelas como el Instituto Nacional y el Instituto Fermín Naudeau, donde las clases se impartieron con pocos estudiantes. La Confederación de Padres de Familia hace un llamado para que los padres envíen a sus hijos a las escuelas y no permitan que la paralización afecte el futuro de los estudiantes. ACLARACIÓN. La ministra de Trabajo, Jaqueline Muñoz, ha guardado silencio después de que en redes sociales circulara un supuesto certificado de paz y salvo emitido por la CSS, el 10 de abril pasado, a favor de la Unachi. El día anterior, la ministra había dicho, en una sesión de la Comisión de Trabajo de la Asamblea, que esa universidad debía 2.2 millones de dólares en cuotas patronales. Que Muñoz aclare, porque aquí o miente ella o miente la Unachi. O la CSS. Este fue el resultado de la convocatoria de la dirigencia docente en la vía España. Alexander Arosemena Escuela Bilingüe de Changuinola. Cortesía
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6A La Prensa Panamá, jueves 24 de abril de 2025 Panorama Ariadne García, María Eugenia López y Maribel Cornejo. EFE Rolando Rodríguez B. [email protected] JUSTICIA Un año, siete meses y 23 días. Ese es el tiempo que el abogado Valentín Martínez Vásquez estuvo condenado por lavado de activos en el caso New Business. El 17 de julio de 2023 fue sentenciado —junto a otras cuatro personas, incluido el expresidente Ricardo Martinelli— a 80 meses de prisión por la juez penal Baloisa Marquínez. Esta decisión fue confirmada el 24 de octubre de 2023 por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, aunque en esa instancia se modificó el número de condenados, elevándolo a ocho. Finalmente, el 1 de febrero de 2024, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió los recursos de casación, por lo que el 4 de marzo de ese año, la juez Marquínez declaró que la sentencia condenatoria quedaba formalmente “ejecutoriada”. Pero Martínez —hermano del canciller Javier Martínez Acha— no ingresó a prisión. En cambio, presentó un recurso de revisión de sentencia. La Procuraduría General de la Nación emitió una opinión escrita recomendando no acceder a la revisión. Sin embargo, la misma Sala Penal que previamente rechazó los recursos de casación esta vez falló en sentido contrario, aunque una de las tres magistradas que la componen — Maribel Cornejo— se opuso y salvó su voto. ¿Qué ocurrió para que las magistradas María Eugenia López Arias y Ariadne García absolvieran al hermano del canciller de toda responsabilidad penal? Pues que ahora se presentó una declaración notariada de Riccardo Francolini, uno de los que estructuró la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) y uno de los imputados que pactó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada. Gracias a este acuerdo, Francolini se convirtió en uno de los testigos estrella de la fiscalía. En una declaración jurada elaborada a petición de la defensa de Martínez, Francolini asumió la responsabilidad por todos los hechos que vinculaban al hermano del canciller con los delitos investigados. Invocó la relación cliente-abogado. Por tanto, las magistradas López y García entendieron que Martínez actuó siguiendo instrucciones de su cliente; no incurrió en dolo ni conocía la naturaleza de los negocios. ¿Evidencia nueva? La Sala Penal, en un fallo adoptado el 12 de marzo pasado, invocó el numeral 3 del artículo 191 del Código Procesal Penal, que permite la revisión de una sentencia “cuando, después del fallo, sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el procedimiento, hagan evidente que el hecho cometido no es punible o que corresponde aplicar una norma más favorable”. ¿Había evidencia nueva? No, según la magistrada Cornejo. Ella advirtió que las pruebas presentadas por la defensa de Martínez no eran novedosas ni constituían evidencia inédita no considerada al momento de dictar sentencia. “Los elementos aportados para acreditar la causal deben satisfacer los presupuestos de novedad, relevancia y eficacia probatoria”, anotó Cornejo en su escrito de salvamento de voto. Según ella, ese requisito no se cumplió. No obstante, las magistradas López y García aceptaron los argumentos de la defensa y la pertinencia de declaraciones juradas como la de Francolini, aunque desestimaron otras, como las de Henry Mizrachi —otro exaccionista de Epasa y testigo de la fiscalía— y Avelino Acero, ejecutivo de la constructora FCC, investigada en España por presuntamente pagar más de $175 millones en sobornos durante el gobierno de Martinelli (2009–2014). Primer caso Rosendo Miranda, abogado de Martínez, presentó 18 testimonios y dos auditorías del año 2016, entre otros documentos, para probar que su defendido actuó sin dolo. Martínez fue condenado por dos hechos. El primero: girar un cheque de gerencia por $80,000 a la sociedad New Business Services Limited, titular de la cuenta “canasta” usada para adquirir las acciones de Epasa en diciembre de 2010. Pero Francolini declaró que él ordenó confeccionar ese cheque y que Martínez solo siguió instrucciones. Los fondos le pertenecían y estaban bajo custodia de la firma Dudley & Asociados, a la que pertenecía el hermano del canciller cuando se compraron las acciones de Epasa. La fiscal Grissel Mojica respaldó el argumento de la defensa, señalando que la conducta de Martínez “se enmarca dentro de los actos cotidianos que realiza un profesional del derecho”. Segundo caso El segundo hecho fue el giro de cinco cheques de gerencia que sumaron $1.3 millones. Aquí, la fiscalía no compartió el criterio de la defensa. Argumentó que la nueva declaración jurada de Henry Mizrachi contradice una previa, dada en calidad de testigo protegido. Por tanto, “esta nueva prueba no tiene la contundencia necesaria para demostrar que las transferencias realizadas por Valentín Martínez no constituyen delito”. Sin embargo, las magistradas López y García desecharon esos argumentos y le dieron la razón al imputado. La defensa también presentó un testimonio del exdirector de FCC, Avelino Acero (2009–2013), quien negó haber pagado sobornos en Panamá a cambio de contratos con el Estado. No obstante, las magistradas consideraron que su testimonio no bastaba, especialmente porque otros excolaboradores de FCC lo desmentían. Los cinco cheques estaban relacionados con una supuesta “asesoría” brindada por Martínez Acha & Asociados —firma fundada por Martínez tras dejar Dudley & Asociados— a FCC, respecto al contrato de la Ciudad de la Salud (entonces llamada Ciudad Hospitalaria). Pero nunca existió tal asesoría. Fue una excusa para justificar pagos de comisiones (sobornos), solicitadas por un alto ejecutivo de la Presidencia, según la sentencia. Los sobornos circularon a través del sistema financiero local, pasando por sociedades como Gextril Corporation y Rulkafy, S.A., hasta llegar a una cuenta de Clients Custody Account, Inc., todas controladas por Martínez. Él, según el fallo, “con pleno conocimiento de la procedencia de los fondos, ejecutó una serie de transacciones para enmascararlos mediante la trasposición de sociedades ligadas a su persona y a Francolini”. No se especifica cuánto dinero circuló, pero parte terminó en Global Office Corp., propiedad de Mizrachi. Compra ficticia Según el fallo, se fraccionó la operación en cinco cheques usando como justificación un “contrato ficticio de promesa de compraventa” de una oficina. Julio Casla, colaborador de FCC, declaró que la empresa pagó millonarios sobornos y firmó un contrato con Martínez por $6 millones para justificar el pago de una comisión adicional de $12 millones. Eugenio del Barrio, otro ejecutivo de FCC, dijo que Francolini actuó como intermediario de esas comisiones, que incluían el 9% del contrato adjudicado y los $12 millones por una adenda al financiamiento del proyecto. Testimonio de Mizrachi Este relato coincide con lo que declaró Henry Mizrachi, quien como testigo protegido afirmó que participó en reuniones en Presidencia donde se solicitaron sobornos. En una declaración posterior, Mizrachi afirmó haber simulado una venta de oficina a través de un contrato ficticio para justificar el recibo de $1.3 millones destinados a pagar una deuda personal con la Caja de Ahorros (CA). Asegura que Martínez actuó en nombre de Sparkroll International Group, Corp., siguiendo instrucciones de Martinelli. Según las nuevas declaraciones de Francolini, Martínez solo siguió instrucciones y desconocía que se trataba de una operación ficticia. La Corte concluyó que el hermano del canciller Martínez Acha actuó como abogado, sin saber lo que tramaban Francolini y Mizrachi. Dio total crédito a Francolini, pese a que Mizrachi ofreció tres versiones distintas del mismo hecho. La Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional aprehendieron a otras tres personas presuntamente implicadas en la sustracción de vigas tipo H de un patio del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Farfán, corregimiento de Veracruz. Durante las diligencias que se realizaron en Pacora y Veracruz las autoridades aprehendieron a dos hombres y una mujer que según las investigaciones de la fiscalía tuvieron una amplia participación en la sustracción y posterior venta de las vigas a empresas recicladoras de metales. Entre los detenidos figura un funcionario del MOP que, según la fiscalía, facilitó la sustracción de las vigas que se encontraba en un depósito en Farfán, en el corregimiento de Veracruz. En las últimas semanas la fiscalía realizó varias diligencias para la verificación de la posible participación de un segundo celador del MOP que presuntamente habría tenido participación en la sustracción de las vigas. También se revisaron pagos tercerizados por el propietario de una recicladora por la adquisición de las vigas tipo H propiedad del MOP, así como la compra de un camión con fondos obtenidos de la venta de las vigas en las que aparecía como propietaria Brenda González, hermana del exrepresentante de Veracruz RoNuevas detenciones por el robo de vigas H del MOP, incluido un funcionario INVESTIGACIÓN nald González. Detenidos en este causa se encuentran el ex representante de Veracruz Ronald González; Víctor Moreno, encargado de la seguridad del patio del MOP en Farfán; Gary Ismare, encargado de negociar la ventas de la vigas y Roy Obando. En septiembre del año pasado, el MOP denunció la desaparición de 600 vigas tipo H, adquiridas para trabajos de mejora en el Puente de Las Américas. Las vigas desaparecidas, cuyo costo se estima en $3 millones, tienen un peso de 2,854 libras cada una. Según la información bancaria en manos de las autoridades, una recicladora pagó $38,050 y la otra $13,704 por las vigas. El pasado 2 de marzo un juez de garantías declaró como causa compleja esta investigación y concedió a la fiscalía un término de un año para concluir las investigación. Juan Manuel Díaz [email protected] Patio del MOP en Farfan, donde se sustrajeron 600 vigas valoradas en $3 millones, Alexander Arosemena Valentín Martínez participó en la audiencia por zoom. Captura de video Valentín Martínez fue absuelto con ayuda de Riccardo Francolini La Corte absolvió al abogado, condenado por lavado en el caso New Business, tras aceptar una declaración de Francolini que lo exculpa, alegando que desconocía la naturaleza ilícita de las transacciones. Pese a dudas sobre la prueba, dos magistradas lo consideraron inocente.
7A La Prensa Panamá, jueves 24 de abril de 2025 Panorama La representante del corregimiento de San Francisco, Serena Vamvas, confirmó que avanzan con celeridad las auditorías y las investigaciones penales contra su antecesor, Carlos Pérez Herrera, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. Según declaró, tanto la Contraloría como el Ministerio Público han actuado con diligencia desde el inicio de su gestión. Vamvas indicó que tres funcionarios de la Contraloría General de la República están asignados casi de forma permanente a la junta comunal y que ya se elabora un informe extenso que incluye hallazgos de irregularidades, en referencia a anomalías en la administración anterior. Aseguró que pronto se harán públicos los resultados. Además, reveló que existen cuatro denuncias penales interpuestas ante el Ministerio Público por distintos hechos, todas presentadas por ella misma. Aunque evitó precisar detalles de cada caso, reiteró que la justicia debe actuar con firmeza y que los responsables deben rendir cuentas por el presunto uso indebido de recursos. Consultada sobre los montos involucrados, Vamvas señaló que aún no se tiene una cifra definitiva, dado que las auditorías están en curso. Sin embargo, adelantó que una de las partidas bajo sospecha asciende a 1.5 millones de balboas, provenientes de fondos de descentralización, los cuales, según sus palabras, “fueron manejados horriblemente, para no decir otra palabra”. La representante concluyó afirmando que, una vez estén listos los informes de la Contraloría, los resultados se comunicarán públicamente. “Ustedes van a ser los primeros en conocer los resulAvanzan auditorías y denuncias contra exrepresentante de San Francisco IRREGULARIDADES tados y toda la ciudadanía”, prometió, reiterando su compromiso con la transparencia y el saneamiento de la gestión pública en la Junta Comunal de San Francisco. La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) ha presentado más de 50 denuncias ante el Ministerio Público, relacionadas con el presunto mal uso de fondos distribuidos a través de la controversial “descentralización paralela”. Estas denuncias, que se centran principalmente en juntas comunales del Partido Revolucionario Democrático (PRD) durante el período de 2020 a 2024, han puesto en el ojo del huracán la gestión de 320 millones de balboas destinados a proyectos locales. Algunos de los ediles y exediles denunciados han sido los de San Francisco, Pacora y Ernesto Córdoba Campos. En el caso de San Francisco y Ernesto Córdoba Campos, los ediles entre 2019 y 2024 fueron Carlos Pérez Herrera y Rubén Medina, respectivamente. A pesar de sus aspiraciones, ambos no lograron reelegirse. Por otro lado, el representante de Pacora, Hugo Henríquez, sí consiguió su reelección. En su momento, este medio consultó sobre la denuncia a Pérez Herrera, quien expresó que no entendía el motivo. “Lo que te puedo decir es que todo está sustentado y la Contraloría puede dar fe de ello”, afirmó. Mayer Mizrachi Matalón, alcalde del distrito de Panamá. Cortesía prensa Municipio de Panamá. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ohigginis ArciaJaramillo [email protected] ALCALDÍA PARALELA La propuesta del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, de crear una empresa municipal bajo el régimen de sociedad anónima —ya aprobada por el Concejo de Panamá— no ha dejado indiferente a la opinión pública. Mientras el alcalde defiende la medida como una vía para modernizar la gestión y agilizar procesos administrativos, voces críticas denuncian una peligrosa opacidad en su aprobación, marcada por la falta de debate, consulta ciudadana y claridad sobre los fines reales de la nueva entidad. El especialista en derecho administrativo, Daniel Lombana, advirtió que la creación de una nueva empresa municipal en el distrito de Panamá podría contravenir lo establecido en la normativa vigente. Aunque reconoció que la Constitución permite a los municipios constituir empresas municipales o mixtas, recordó que estas deben estar orientadas a la explotación de bienes o servicios, tal como lo dispone la Ley 106 de 1973, sobre el régimen municipal. Lombana subrayó que dicha ley delimita con claridad los fines permitidos, entre los que se destacan el desarrollo turístico, industrial, agrícola y agropecuario. Sin embargo, señaló que los objetivos propuestos por la nueva empresa —como la digitalización, la automatización de procesos y la transformación digital del municipio— no se alinean con las competencias expresamente reconocidas por la legislación. El jurista consideró especialmente cuestionable que el acuerdo municipal contemple la prestación de servicios de asesoría al propio municipio, actividad que, a su juicio, no constituye la explotación de un bien o servicio público. “Eso dista mucho del modelo de una empresa municipal dedicada, por ejemplo, a la recolección de basura o a la administración de parques”, explicó, alertando sobre una posible desviación del marco legal que rige la gestión pública local. Falta de fiscalización Por su parte, el excandidato a alcalde y exsecretario del Municipio de Panamá, Guillermo Bermúdez, advirtió que la falta de transparencia en el proceso genera serias dudas sobre la legalidad y los fines de esta figura jurídica, aprobada sin debate previo ni consulta ciudadana. “Me hace mucho ruido la forma en que fue aprobado”, afirmó, señalando que ni siquiera se compartió el texto completo del acuerdo entre los concejales. A juicio de Bermúdez, la iniciativa debió pasar primero por una revisión de la Contraloría General de la República. “El contralor tiene que tener veeduría sobre este tipo de sociedades”, recalcó. También advirtió que la creación de una sociedad anónima desde la administración municipal podría ser un mecanismo para evadir licitaciones, controles y fiscalización de los fondos públicos. Incluso puso en duda las motivaciones detrás de la empresa y comparó la situación con prácticas de administraciones anteriores. “Esto lo van a terminar demandando”, advirtió, tras cuestionar el uso discrecional de recursos y la ausencia de sistemas robustos de control. Finalmente, indicó que no hay claridad sobre los fines de la sociedad ni sobre la manera en que se utilizarán sus fondos. “No puede ser que la agilización de procesos pase por encima de la transparencia”, expresó. Autonomía La nueva empresa municipal operará con plena autonomía financiera y administrativa, lo que le permitirá actuar de forma independiente de la estructura tradicional del municipio. A su vez, esta sociedad anónima tendrá la capacidad legal para contratar, adquirir, operar y gestionar activos, servicios y suministros necesarios para cumplir sus múltiples objetivos. Bajo este modelo, contará con su propia organización, patrimonio y fuentes de financiamiento, lo que ha despertado interrogantes sobre los mecanismos de control y transparencia que se aplicarán para evitar posibles desvíos de recursos o conflictos de interés en su administración. Mizrachi justificó la creación de esta empresa como una vía para transformar a la Alcaldía de Panamá en un proveedor de servicios tecnológicos. “No se trata de una alcaldía paralela”, insistió, sino de una plataforma para ofrecer soluciones digitales eficientes a precios sensatos entre entes gubernamentales. Antes de llegar a la Alcaldía de Panamá, el mundo laboral de Mizrachi giraba en torno al ámbito empresarial y tecnológico. Un juez de cumplimiento negó la petición de libertad vigilada presentada por la defensa de Jorge ‘Churro’ Ruiz, condenado a la pena de 12 años de prisión por los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir a través de la sociedad Blue Apple. José Carrera, juez de cumplimiento del Primer Distrito Judicial, no acogió la solicitud presentada por el abogado Carlos Martínez, en representación Ruiz, para que se le concediera el beneficio de libertad vigilada, que incluía una oferta de trabajo como gerente de operaciones de la cadena de restaurantes Grupo Manolo, cuyo gerente es su hermano Alberto Ruiz. Carrera desestimó la petición hecha por el abogado Martínez alegando que durante la audiencia celebrada en la tarde de este miércoles 23 de abril, no había quedado claro quien era el propietario de la residencia en la que viviría Ruiz en caso de concederla la libertad vigilada. El juez interrogó a María Antonia Lee, esposa de Ruiz, sobre si tenía las escrituras que certificarán que su esposo era propietario de la residencia en la que ambos vivirían, a lo que dijo que no las tenía a mano, aunque presentó recibos de servicios públicos en los que se establece que la residencia es propiedad del sancionado. El juez precisó que la libertad vigilada no es un derecho, sino que se trata de una decisión que debe asumir el juez de cumplimiento previo el cumplimiento de una serie de requisitos por parte de la persona sancionada, y que para acceder a ese beneficio se debe haber cumplido Churro Ruiz seguirá en la cárcel; juez le niega su petición de libertad vigilada BLUE APPLE las dos terceras partes de la pena, tener una oferta laboral, buena conducta, un informe de la Junta Técnica de Sistema Penitenciario y un arraigo familiar. El juez Carrera planteó que el arraigo familiar es muy importante, ya que ese residencia sería objeto de visitas de las autoridades penitenciarias para confirmar que el sancionado realmente vive en ese lugar y no evada su responsabilidad. La defensa de Ruiz también presentó una nota de la Junta Técnica del Ministerio de Gobierno y una certificación de la cárcel El Renacer en la que se explica que el sancionado había cumplido con cursos para su resocialización, pero el juez planteó que en este caso no se había presentado un certificado que respaldara que el procesado los había cumplido satisfactoriamente. Una vez el juez dio a conocer su veredicto, el abogado Martínez apeló esa decisión, por lo que la audiencia para resolver dicho recurso fue agendada para el próximo 30 de abril ante el Tribunal Superior de Apelaciones. Ruiz, exjefe de la oficina de contratos del Ministerio de Obras Pública (MOP), fue condenado a la pena de 72 meses de cárcel. Ruiz alcanzó un acuerdo de pena, validado por la entonces juez Segunda de Liquidación de Causas Penales Baloisa Marquínez, el 22 de agosto de 2023, en el primer día del juicio a políticos, contratistas y exfuncionarios por blanqueo, corrupción y falsedad de documentos. El 13 de noviembre de 2024 Marquínez emitió un fallo en el que aplicó penas de 60 a 168 meses de prisión a ochos personas, entre ellas los exministros de Obras Públicas Federico Suárez y el expresidente de la Caja de Ahorros, Riccardo Francolini. Juan Manuel Díaz [email protected] Jorge Churro Ruiz. Archivo Serena Vamvas y Carlos Pérez Herrera. @serenavambas1 Sociedad anónima propuesta por Mayer Mizrachi: ¿opacidad o modernización? La empresa municipal propuesta por Mizrachi genera polémica: expertos y exfuncionarios alertan sobre falta de transparencia, posibles violaciones legales y riesgos de evasión de controles. La Alcaldía defiende el plan como modernización administrativa.
8A La Prensa Panamá, jueves 24 de abril de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. peligro la seguridad de nuestro país, pues nos convierte en un objetivo militar. Enesteestremecimientodeltablerointernacional, ya no es un secreto su estrategia. Queda claro que lo que buscan es convertir a Panamá, nuevamente, en un enclave militar y controlar el Canal y a América Latina. Esos documentos ilegales que firmaron los ministros del gobierno, siguiendo instrucciones de Mulino, se gestaban desde meses atrás —en cobarde silencio—, con los oficiales del Departamento de Estado y de Defensa, y en las visitas a Estados Unidos de funcionarios panameños del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, los enemigos no son únicamente los genuflexos del gobierno que convirtieron los tratados de neutralidad en letra muerta, ni Trump, ni los que han puesto la identidad nacional en entredicho. El verdadero peligro, en estos momentos cruciales para los panameños, es la desorganización que vivimos. Esa desorganización es producto de la corrupción que debilitó nuestras instituciones públicas y privadas, los poderes del Estado, los partidos políticos y organizaciones gremiales. Ella ha permitido que los vendepatrias, junto a los Calígulas del norte, encuentren terreno propicio para materializar sus planes. En 1968 hubo una situación similar de cuestionamiento moral que emergió al calor de las elecciones. La única institución organizada era la Guardia Nacional, que, inicialmente por razones laborales, su alta oficialidad dio el golpe de Estado y, posteriormente, lideró una propuesta de reivindicaciones sociales y la lucha contra el colonialismo. Toda la sociedad quedó inmersa en la religión que une a los panameños: el rescate de la soberanía, del Canal de Panamá y la eliminación militar gringa en nuestro suelo. No obstante, en los últimos veinte años bajamos la guardia, cometimos graves errores y, nuevamente, la oligarquía y las élites empresariales oportunistas irrumpieron en la viLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Cultivar el amor propio sin sentir culpa Desarrollo personal Durante mucho tiempo, a muchas personas nos enseñaron que pensar en uno mismo es egoísta. Que primero están los demás, que hay que sacrificarse, que cuidarse es un lujo. Pero la realidad es otra: cultivar el amor propio no solo no es egoísmo, es una necesidad emocional y mental. El amor propio no se trata de creerse más que nadie ni de ponerse por encima del resto. Tampoco es vanidad ni orgullo. Es reconocer tu propio valor, saber que mereces respeto, descanso, cariño, límites y alegría. Es aprender a hablarte con ternura y tratarte como tratarías a alguien que amas. Muchas veces nos cuesta aceptarnos. Nos miramos al espejo con juicio, nos hablamos con dureza y nos exigimos más de la cuenta. Nos ponemos en el último lugar, nos sentimos culpables por decir que no o por descansar. Pero ¿quién dijo que solo somos valiosos cuando estamos agotados o complaciendo a los demás? Amarse es un acto de valentía. En un mundo que constantemente nos dice cómo deberíamos ser, amarse tal y como uno es —con virtudes y defectos, con luces y sombras— es revolucionario. Y no tiene nada de egoísta. Al contrario, una persona que se quiere, se respeta y se cuida, es capaz de ofrecer a los demás lo mejor de sí. Amarte a ti mismo no significa que no quierascambiaromejorar.Significaquete aceptas mientras trabajas en ti. Que reconoces tus logros, te perdonas tus errores y te das la oportunidad de crecer sin destruirte en el intento. Entonces, ¿cómo se cultiva el amor propio? Empieza con gestos pequeños. Háblate con más amabilidad. En lugar de decir “qué tonto soy” cuando te equivocas, di “me equivoqué, pero puedo aprender”. Observa cómo te tratas cuando nadie te ve. ¿Te cuidas? ¿Te hablas bonito? ¿Te das permiso de descansar? Poner límites también es parte del amor propio. Decir “no puedo” o “esto no me hace bien” no te convierte en mala persona. Al contrario, es una forma de proteger tu bienestar. No tienes que estar disponible para todos a toda hora. Estar para ti también es importante. Otro paso esencial es aprender a disfrutar tu propia compañía. No por obligación, sino por elección. Salir solo, tomar un café contigo, escribir lo que sientes, tener espacios donde puedas respirar sin tener que dar explicaciones. Estar contigo no debería ser incómodo, debería sentirse como un hogar. Y si hay días en los que te cuesta quererte, no pasa nada. El amor propio también tiene altibajos. No se trata de estar bien todo el tiempo, sino de ser compasivo contigo cuando no lo estás. De acompañarte con paciencia mientras vuelves a encontrarte. Recuerda: el amor propio no es un destino, es un camino. Uno que se camina paso a paso, día a día. A veces con avances grandes, a veces con tropiezos, pero siempre hacia una versión de ti más consciente, más libre y más amorosa. Así que si hoy estás dudando de ti, si te sientes agotado o desconectado, haz una pausa. Cierra los ojos, respira hondo y dite algo lindo. Reconócete. Abrázate con palabras. Porque te mereces estar bien. No por lo que haces por otros, no por lo productivo que seas, sino por el simple hecho de ser tú. Quererte no te hace egoísta. Te hace fuerte, te hace humano, te hace real. Y cuando aprendes a quererte, también aprendes a querer mejor a los demás. Entre el poder y la impunidad Corrupción corruptos. La corrupción atraviesa distintas instituciones y favorece intereses particulares en detrimento del bienestar común. No solo permite que el crimen organizado opere impunemente: también lo alimenta. Panamá debe alinearse con países latinoamericanos que han mejorado sus índices anticorrupción, como Uruguay y Chile. En las listas internacionales, Costa Rica es percibido como menos corrupto que Panamá. En Europa, Dinamarca, Suiza y los Países Bajos son considerados los más transparentes, según los Índices de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Actualmente, Panamá ocupa la posición 33, lo que indica un retroceso. Aunque cueste admitirlo, la mentalidad del “juega vivo” ha contribuido a la percepción —y realidad— de que la corrupción institucional va en aumento. Escándalos reiterados exaltan al político popular, en vez de exigirle integridad, y revelan la urgencia de reformas estructurales. Factores como la inflación y el desempleo refuerzan la idea de que las prácticas corruptas son necesarias para sobrevivir, lo cual refleja fallas profundas en nuestra cultura cívica. La participación ciudadana es esencial en esta lucha. Debe ser vista como un respaldo a la institucionalidad, no como una amenaza. La ciudadanía actúa como vigilante, promotora de la transparencia y garante de que las irregularidades sean denunciadas. También impulsa reformas legales —como leyes anticorrupción y protección de denunciantes— y trabaja con comunidades locales. Es una herramienta clave para lograr un cambio cultural. Los delitos de corrupción, y los relacionados, no deben prescribir. Además, no debería permitirse que una persona implicada vuelva a ocupar cargos públicos. La herramienta principal contra la corrupción es la efectividad institucional, que exige independencia y equilibrio entre poderes. Desde la era posinTomás Alonso Abril 8: Día de vergüenza nacional MoU Después de visitas de procónsules de Donald Trump, con el guion de sus irresponsables alocuciones de mentiras y amenazas, no quedan dudas de sus intenciones hacia nuestro país y el resto del mundo. AntesdequeTrumpganaralaselecciones en Estados Unidos, ya los especialistas prendían luces rojas ante el colapso de la economía norteamericana, como consecuencia de la crisis de la globalización y del neoliberalismo que la sustentaba. Es evidente que lo que se gestó durante cuarenta años para impulsar la globalización, que enriqueció a los oligarcas y a las grandes empresas transnacionales de Occidente, a costa de empobrecer a su clase media, acabó con la industria y generó dependencia del exterior; así lo demuestran las estadísticas y la intención desesperada de las guerras arancelarias. Ya no es un secreto que un sector de la oligarquía gringa, que encontró en Trump un salvavidas para evitar la caída imperial, desea aislar a China económicamente, dividirla de los rusos, arrodillar a los sumisos europeos, doblegar a México y sumar a los canadienses a la Unión. Con los acuerdos, entendimientos y anexos firmados por el gobierno entreguista de José Raúl Mulino, quedaron claras sus pretensiones de acantonar soldados en instalaciones panameñas y controlar los puertos, como desean hacer en otras partes del planeta, para controlar la cadena de comercialización internacional y fastidiar a China, lo cual pone en da del país con las mismas lacras de antaño. Esos hechos, aunados a la presencia presidencial de Trump, han coincidido para reeditar la historia. Además, perdimos capacidad de formar mejor a la juventud, pues la educación quedó en manos de dirigencias magisteriales que premiaban más sus reivindicaciones materiales que la concientización del ser nacional, eliminando la materia de relaciones de Panamá con Estados Unidos para no alterar a nuestros “socios”. No obstante, la buena noticia es que en el ADN del panameño también afloró la religión que nos une, pues rechaza mayoritariamente las imposiciones de Trump y de los vendepatrias del gobierno. Así lo reflejan encuestas nacionales que miden esta nueva intervención gringa. Figuras destacadas del fórum político y académico del país se manifiestan pública y valientemente, contando la historia que no se cuenta en las aulas de clases; y las organizaciones juveniles y populares encienden motores para enfrentar nuevamente la afrenta imperial. En ese espíritu de lucha in crescendo, la institución más respetada y mejor organizada, la Iglesia católica, con monseñor Ulloa a la cabeza, ha hecho sentir su posición patriótica y comprometida con la historia y el futuro del país. Su labor de concientización se siente en cada rincón de la geografía nacional, junto a exposiciones magistrales de figuras políticas de distintos signos políticos e ideológicos. Para ganar esta nueva batalla es necesaria la unidad de todas las fuerzas patrióticas, como en experiencias pasadas, y en coordinación con aquellas naciones que también sufren los embates del trumpismo. La tarea principal hoy es crear un liderazgo, sin egoísmos, que la dirija con la mente fría y el corazón ardiente. Opinión LA AUTORA es docente de primaria y escritora. EL AUTOR es abogado. EL AUTOR El autor es abogado. Ebony López vasión, ningún político de alta jerarquía ha sido condenado por sus actos. Para fortalecer el Estado de derecho, es fundamental que rindan cuentas ante la justicia. La lucha contra la corrupción debe ser integral. No basta con promover leyes de acceso a la información pública: debe garantizarse su cumplimiento. La falta de entrega o la entrega incompleta de información debe conllevar sanciones severas. La solicitud de datos debe ser sencilla, sin excesivas formalidades. Y la información entregada debe estar disponible de manera ágil y clara. Seguimos fallando en fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia y fiscalizar el uso del poder. Los tribunales, las comisiones independientes y las auditorías requieren apoyo real. No deben ser vistas como instrumentos de persecución política, sino como mecanismos para proteger la democracia. En Panamá, las acciones anticorrupción aún se perciben como excepcionales. Deben convertirse en la norma. Un aspecto crucial es la formación de valores desde la niñez. Debemos combatir el “juega vivo” con educación, conciencia y ejemplo. Cada vez que alguien se salta la fila, usa una conexión para obtener favores indebidos o incurre en clientelismo, no solo falla como individuo, sino como referente para las nuevas generaciones.Esecomportamientoperpetúael deterioro social. También es necesario aprovechar la tecnología y la digitalización institucional. Estas herramientas pueden reducir la burocracia, agilizar procesos y dejar registros verificables. El uso reducido de papel, además de ser ecológico, fortalece el control y la trazabilidad de la gestión pública, limita las presiones externas y permite mayor fiscalización ciudadana. Es indispensable reconocer que, como panameños, hemos hecho esfuerzos por avanzar a pesar de nuestros errores y desaciertos en la vida democrática. Sin embargo, también hemos experimentado retrocesos en términos de institucionalidad, lo cual refleja, en muchos casos, la desigualdad existente en nuestra sociedad. El principal problema, más allá de tantos otros que enfrentamos, es la corrupción. Este tema no es nuevo: es nuestro principal mal endémico como sociedad. Lamentablemente, es como una enfermedad grave: imposibilita pensar en otra cosa que no sea el daño que está causando. La sociedad panameña se ha acostumbrado de manera inadecuada a la impunidad persistente. Aunque existen algunos casos aislados de castigo y ciertos avances judiciales, la impunidad sigue siendo un problema grave, especialmente en los casos de corrupción de alto nivel. En ocasiones, la impunidad se confunde con inmunidad por parte de los funcionarios políticos de turno. Este problema se agrava cuando los delitos de cuello blancoresultaninmunes,mientrasqueotros menores, como el robo de huevos de tortuga o iguana, terminan con largas penas de prisión. La corrupción erosiona las instituciones democráticas y debilita la confianza pública. Muchos panameños prefieren que los recursos se destinen a instituciones que consideran más eficaces, dado el escepticismo generalizado sobre la capacidad de castigar a los Mitchell Doens
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