2A La Prensa Panamá, domingo 20 de abril de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] Medicina Legal ha trabajado en la exhumación de cuerpos en el Jardín de Paz y Monte Esperanza. Elysée Fernández Fiscalía pide reabrir 20 expedientes de desaparecidos durante la invasión JUDICIAL La Fiscalía Superior de Descarga del Ministerio Público solicitó la reapertura de un total de 20 expedientes, en busca de identicar personas desaparecidas durante la invasión del 20 de diciembre de 1989. Fuentes del Ministerio Público (MP) conrmaron que las peticiones fueron hechas al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales a n de reabrir algunos expedientes y realizar diligencias para identicar personas reportadas como desaparecidas durante la invasión. Entre las diligencias, que están a cargo de la scal primera de descarga, Geomara Guerra, se encuentran la práctica de pruebas de ADN a restos humanos ubicados en el Jardín de Paz y el cementerio de Monte Esperanza en la provincia de Colón, que fueron exhumados tras obtener información que puede llevar a su identi- cación. A la fecha, la scalía ha logrado exhumar 41 cuerpos para someterlos a pruebas de ADN y procurar identi- carlos. La scalía, a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), ha logrado establecer un banco de muestras biológicas de familiares de personas desaparecidas durante los hechos registrados el 20 de diciembre de 1989. Las identicaciones se han logrado con la colaboración de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala que realizó los análisis comparativos de las muestras entregadas por los familiares con las obtenidas de los restos humanos exhumados. La última persona identi- cada a través de las pruebas de ADN fue el estudiante universitario Alejandro Antonio Hubbard Torrero, reportado como desaparecido por sus familiares en los días de la invasión, cuyo cuerpo se encontraba sepultado en el cementerio del Jardín de Paz. La Comisión del 20 de Diciembre creada en el año 2016 ha impulsado las gestiones judiciales y periciales para identicar los cuerpos de personas muertas y desaparecidas durante la invasión y que fueron sepultados en fosas comunes en el Jardín de Paz y en la provincia de Colón. El 20 de diciembre de 1989, 25 mil soldados del Ejército de Estados Unidos atacaron instalaciones de las antiguas Fuerzas de Defensa de Panamá, en la denominada operación Causa Justa, cuyo principal objetivo era la captura del dictador Manuel Antonio Noriega. En esa operación se lanzaron bombas sobre el Cuartel Central, ubicado en el barrio de El Chorrillo. También se bombardearon otros cuarteles como los de Tinajitas, Panamá Viejo y Tocumen. Durante el ataque muchos civiles fallecieron a causa de explosiones y del fuego realizado por los militares estadounidenses. Las autoridades aún no tienen una cifra exacta del número de panameños fallecidos en esos días. Juan Manuel Díaz [email protected] Nueve condenas por tráfico de drogas deja la operación Nilo ÓRGANO JUDICIAL Nueve personas recibieron condenas por 60, 70 y hasta 90 meses de prisión por delitos de tráco de droga. Los condenados formaban parte de una red criminal dedicada al tráco de drogas, que fue desmantelada en la operación Nilo, realizada por la Fiscalía de Drogas en el año 2023. A este grupo de personas que fue detenido luego de varios meses de vigilancia y seguimiento, se le decomisó una tonelada y media de cocaína que fue transportada en varios embarques hasta las costas de Juan Díaz y Darién. La red usaba botes de pesca artesanales para eludir la vigilancia del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). También mantenía empresas de fachada para mover el dinero producto de la venta de drogas. La red movía las embarcaciones pesqueras con la droga usando como centro operativo el sector de Pacora y La Higuera en el sector este de la provincia de Panamá, para su posterior distribución en el país a través de vehículos arrendados y con doble fondo para evadir los seguimientos policiales. Según las investigaciones realizadas por la scalía, este grupo realizaba reuniones de coordinación en el Mercado del Marisco, el Chorrillo, Panamá este y además mantenía contactos con pandillas que operan en el área de Panamá Oeste. Las autoridades también detectaron que el grupo criminal tenía un centro de operaciones en una isla ubicada en el Archipiélago de Las Perlas que era usada como refugio y para ocultar la droga que luego era llevada a tierra rme. A este grupo, las autoridades le mantenían seguimiento desde 2022, cuando se logró un importante decomiso de droga en Chepo. En esa ocasión se ubicaron 237 kilos de cocaína que eran transportados en un auto con doble fondo que se dirigía hacia el área de Juan Díaz, provincia de Panamá. En este caso, ya cinco de los imputados habían alcanzado acuerdos de pena de 60 y 75 meses de prisión con la Fiscalía de Drogas, que les permite acortar el proceso penal tras aceptar su responsabilidad en los cargos imputados. Otros 17 imputados en este caso decidieron no acogerse a un acuerdo de pena y decidieron enfrentar un juicio, cuya fecha de celebración aún no ha sido jada por parte del Sistema Penal Acusatorio (SPA). Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional. Isaac Ortega Planilla sobre ruedas: choferes de la Asamblea cuestan $2.8 millones al año Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS PÚBLICOS No se especifica cuántos de estos funcionarios están asignados a diputados, a unidades administrativas o a tareas protocolarias. Los salarios implican un costo mensual de $233,225. En la numerosa y costosa planilla de la Asamblea Nacional, 146 personas ostentan el cargo de conductor, de acuerdo con los datos o- ciales de la Contraloría General de la República, actualizados hasta el 16 de abril de 2025. Los salarios de estos funcionarios representan un costo mensual de $233,225, lo que equivale a $2,798,700 al año. Un análisis de datos realizado sobre la información ocial disponible permite establecer que el salario promedio mensual por conductor es de $1,597. No obstante, los números revelan una amplia disparidad salarial: mientras algunos reciben sueldos de apenas $750, otros alcanzan hasta $4,000 mensuales, más del doble del promedio. Por ejemplo, cuatro choferes guran con salarios mensuales iguales o superiores a $3,000, muy por encima de la media de sus colegas. En esa lista están Ismael Frías y Marco Aguilar, quienes devengan $4,000 y forman parte de la institución desde 2009 y 2007, respectivamente. También destaca Arístides Urriola, con un ingreso de $3,500 y más de tres décadas en la planilla, desde 1992. A ellos se suma el caso de Johan Ureña, contratado el 11 de enero de 2024, quien tiene un salario de $3,000. En ese momento, el presidente de la Asamblea era Jaime Vargas, del Partido Revolucionario Democrático. Carga laboral y clasificaciones De los 146 conductores registrados en la planilla legislativa, 128 tienen estatus de empleados permanentes, lo que representa el 87.6% del total. El resto, 18 trabajadores, gura como personal eventual. De la información también se desprende que 21 nuevos conductores ingresaron a la planilla de la Asamblea Nacional a partir del 1 de julio de 2024, fecha que coincide con el cambio de la junta directiva. En ese momento, la diputada ocialista Dana Castañeda asumió la presidencia de este órgano del Estado. cuántos de estos funcionarios están asignados a diputados, a unidades administrativas o a tareas protocolarias. Sin embargo, algunos diputados, principalmente los que pertenecen a la coalición independiente Vamos, han señalado públicamente que no necesitan un conductor pagado por los contribuyentes, por lo que manejan sus vehículos personales. La purga de botellas La planilla de la Asamblea volvió a estar en el centro del debate público tras el inicio de una purga de “botellas”, personas que cobran sin trabajar, impulsada por la Contraloría la semana pasada. En lugar de depositar la quincena por transferencia electrónica, como es habitual, la entidad optó por emitir cheques, una medida destinada a conrmar la presencia real de los funcionarios. Este mecanismo desató una especie de guerra fría entre la Contraloría, dirigida por Anel Bolo Flores, y la Asamblea Nacional, presidida por Dana Castañeda. Ambos funcionarios, pese a estar enfrentados en esta disputa institucional, mantienen vínculos cercanos con el Ejecutivo, encabezado por el presidente José Raúl Mulino. Hasta la fecha, la nómina de trabajadores del palacio Justo Arosemena asciende a 4,000 funcionarios, que le cuestan al Estado al menos $ 7.1 millones mensuales. El cargo de asesor representa la mayor carga presupuestaria. Al 1 de abril, la Asamblea tenía registrados 469 asesores. Sus salarios suman $1,335,447 mensuales, equivalentes a $16,025,364 al año. ¿Qué función cumplen? Aunque la planilla no detalla la descripción especí- ca de funciones, cargos como “conductor de vehículo I” predominan, sin que existan distinciones claras entre tareas administrativas, logísticas o personales. Tampoco se especica
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==