6A La Prensa Panamá, sábado 19 de abril de 2025 Panorama El revuelo generado por el pago de la primera quincena de abril a través de cheques en la Asamblea Nacional desató un choque de opiniones en el Legislativo, esta vez en torno al anteproyecto de ley 365, que busca modi car la Ley 12 de 1998, que desarrolla la carrera del servicio legislativo. El anteproyecto presentado por el diputado Jorge Bloise, incluye la posibilidad de “desacreditar a funcionarios que entraron de manera irregular” al servicio legislativo. Sin embargo, el texto incluye también un artículo nuevo que abriría la puerta para que los diputados suplentes puedan ejercer cargos dentro del Legislativo y recibir remuneración, siempre y cuando no ejerzan la suplencia del principal. Esta posibilidad ha sido cuestionada por diversos sectores, incluida la Asociación de Servidores de la Carrera Legislativa, que fue protagonista de una huelga de brazos caídos luego de que la Contraloría General de la República realizara el pago de la primera quincena de abril con cheques. La presidenta y portavoz de la Asociación, Karina Conell, argumentó el pasado miércoles que el proyecto “vulnera la estabilidad laboral de los funcionarios y contiene materia extraña”. La molestia de algunos Choque por propuesta que permitiría nombrar a diputados suplentes ASAMBLEA NACIONAL funcionarios escaló, incluso hasta el punto de que un grupo de funcionarios llegó a increpar y amedrentar al diputado Bloise frente a su despacho. Consultado por La Prensa, Bloise explicó que su equipo legal revisó el texto del anteproyecto basándose en el fallo de la Corte Suprema del 10 de mayo de 2017, el cual señala que los emolumentos de los funcionarios sólo serán otorgados cuando ocupen la curul, durante las sesiones ordinarias o extraordinarias del Legislativo. Al respecto, Bloise compartió comentarios jurídicos que, a juicio de su equipo, respaldan la inclusión de la gura del suplente, “porque se trata de la posibilidad que tiene el diputado suplente de formar parte de los servicios legislativos en una calidad distinta a la que suple”, detalla uno de ellos. Recientemente, se ha evidenciado que algunos diputados suplentes estarían recibiendo salarios de la Asamblea por desempeñar funciones en cargos como “asistente técnico parlamentario”; logrando, de alguna manera, esquivar el fallo de la CSJ. Aunque el anteproyecto no ha sido repartido a una Comisión de la Asamblea para su discusión, Bloise adelantó que evalúa retirar el artículo en cuestión. El Servicio Aeronaval ingresó a Quebrada Satra, donde operaba una secta religiosa y que se constituyó en el caso más reciente, este 2025. Cortesía ¿Cómo operan las sectas en la comarca Ngäbe Buglé? Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Mario De Gracia [email protected] DELITOS En muchas de estas comunidades indígenas, los miembros de las sectas se presentan como líderes espirituales, sanadores o profetas. Se aprovechan de la falta de acceso a servicios de salud, educación y justicia, y reemplazan la institucionalidad con fanatismo. Las montañas de la comarca Ngäbe Buglé guardan secretos que, cuando emergen, estremecen al país. Aisladas por la geografía y olvidadas por el Estado, varias comunidades indígenas han sido escenario de uno de los fenómenos más oscuros de los últimos años: la proliferación de sectas que han convertido la fe en un instrumento de control, tortura y muerte. El primer hecho de horror llegó en enero de 2020, cuando los habitantes de El Terrón, una remota comunidad del distrito de Santa Catalina, despertaron con olor a humo y el eco de gritos apagados. Al llegar las autoridades, el hallazgo fue espeluznante: seis menores de edad y una mujer embarazada habían sido asesinados durante un ritual de “puri - cación” dirigido por una supuesta secta. El caso de El Terrón marcó un antes y un después. Las imágenes del improvisado templo, los relatos de los sobrevivientes y el hallazgo de fosas comunes sacudieron al país y colocaron a la comarca en el mapa del horror. Las autoridades prometieron presencia, vigilancia y justicia, pero el eco de aquella masacre no disuadió a otros grupos similares. Solo siete meses después, en agosto de 2020, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) irrumpió en la comunidad de Guayabal, corregimiento de Boquerón, para rescatar a tres menores de edad que se encontraban cautivos. Los niños fueron hallados desnutridos, encerrados y con señales de maltrato. Otra vez, la religión se usaba como excusa para la violencia. Nuevos ataques En mayo de 2021, fue la comunidad de Calante, en Jironday, la que dio la voz de alarma. Un grupo de 27 personas, incluidos 14 menores de edad, logró escapar de una secta que los mantenía retenidos. Caminando entre montañas y ríos, llegaron hasta Kankintú, donde fueron rescatados por las autoridades. Los relatos hablaban de torturas, privaciones y castigos que buscaban “liberarlos del mal”. Uno de los niños rescatados contó que los obligaban a ayunar durante días, les aplicaban golpes con varas de guayaba y los sumergían en ríos helados a medianoche. “Decían que teníamos al diablo adentro”, relató. Las autoridades con rmaron signos de violencia y lesiones antiguas en la mayoría de los menores. En abril de 2023, otro episodio encendió las alarmas. Cinco personas ingresaron al hospital de Chiriquí Grande, entre ellas tres menores de edad y dos mujeres, todas con heridas visibles por golpes y quemaduras. Eran habitantes de isla Paterson, en el distrito de Kusapín. La Policía abrió una investigación de o cio: otra vez, se trataba de una presunta secta religiosa. En esa ocasión, las autoridades locales, los docentes y defensores de derechos humanos coincidieron en algo: nunca antes se había reportado un hecho similar en esta comunidad indígena, a la que solo se accede por vía marítima. Es un punto aislado del mapa, pero también de la atención estatal. “Un pueblo invisible”, lo llamaron. Invisible para los programas sociales, para la justicia, para la inversión pública. La noticia de los heridos por presunta violencia sectaria no solo conmocionó al distrito de Kusapín, sino que encendió una luz sobre un lugar que solo aparece cuando la tragedia toca la puerta. Antonio Smith, entonces alcalde del lugar, subrayó con la voz contenida de quien ha repetido lo mismo durante años sin que lo escuchen. Dijo que las únicas religiones practicadas tradicionalmente por los ngäbes son Mama Tatda y la Cruz o Ley, una derivación de la primera. Pero lo ocurrido en Paterson, a rmó, comenzó con la llegada de un forastero: un supuesto “mesías” proveniente de Changuinola. Con él llegaron los rituales y la violencia. “Si no hubiera pasado esto, nadie sabría dónde queda la isla Paterson”, lamentó en su momento. Smith pintó, esa vez, con crudeza el retrato de su distrito: escuelas improvisadas, pobreza estructural y un presupuesto que no alcanza ni para soñar. En Kusapín, el abandono también ha sido religión. Último caso Lo más reciente ocurrió en abril de 2025, en la comunidad de Quebrada Satra. Cinco adultos fueron aprehendidos por el Senan, mientras varios menores de edad eran rescatados con evidentes signos de maltrato físico. En el lugar se encontraron elementos que sugerían rituales y prácticas violentas. Otra secta. Otro capítulo. Lo que tienen en común estos episodios no es solo la brutalidad, sino el silencio que los precede. En muchas de estas comunidades, los miembros de las sectas se presentan como líderes espirituales, sanadores o profetas. Se aprovechan de la falta de acceso a servicios de salud, educación y justicia, y reemplazan la institucionalidad con fanatismo. La fe, en estos rincones, es muchas veces el único recurso. Y por eso, cuando alguien llega con un discurso religioso, es escuchado. Pero cuando ese discurso deriva en castigos, aislamiento y sometimiento, ya es demasiado tarde. El miedo y la obediencia se instalan como norma. Las autoridades, como el Servicio Nacional Aeronaval, reconocen que llegar a estas comunidades es difícil. Las condiciones topográ cas, la falta de caminos y la resistencia cultural al “exterior” complican la intervención. Muchos de los operativos de rescate han sido posibles solo gracias a alertas internas: algún familiar, un sobreviviente, un maestro que se atreve a denunciar. Lo que está ocurriendo en la comarca Ngäbe Buglé no es un fenómeno aislado. Es una emergencia social que ha orecido en el abandono, en la exclusión y en la ausencia de un Estado que apenas llega. La violencia de estas sectas es solo el síntoma de algo más profundo: la desesperación de comunidades olvidadas que buscan respuestas, aunque sea en los lugares más oscuros. Diputado Jorge Bloise. Archivo Autoridades en isla Paterson, distrito Kusapín, caso que en 2023 volvió a desatar el horror. Cortesía En esta ranchería tenían lugarlos rituales en el Terrón, en el distrito de Santa Catalina. Alexander Arosemena
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