3A La Prensa Panamá, viernes 18 de abril de 2025 Panamá enfrenta serias limitaciones para avanzar en el desarrollo de inteligencia artificial (IA), una tecnología que impacta transversalmente todos los sectores del país. Así lo advirtió Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, durante la presentación de la memoria anual 2024 de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) ante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional. Ortega Barría señaló que el país atraviesa una situación crítica en cuanto a la gestión de datos, un componente esencial para la implementación efectiva de tecnologías de inteligencia artificial. “Se necesita acceso actualizado y robusto a la información para que los científicos puedan trabajar con datos de calidad”, subrayó. Además de una base de datos abierta y confiable, el funcionario destacó otras brechas clave que Panamá debe atender con urgencia: la falta de capacidad computacional, la escasez de capital humano especializado y la insuficiencia de infraestructura tecnológica. “Si no tenemos los elementos básicos —datos, capital humano e infraestructura— no podremos hablar en serio de inteligencia artificial”, afirmó Ortega Barría, quien también recalcó que esta tecnología debe llegar a toda la población, en especial a los niños, para fomentar una inclusión temprana en la transformación digital. “La Senacyt no respalda esfuerzos de regulación en este momento porque consideramos que debemos discutir esta estrategia antes de involucrarnos en un marco regulatorio. No se trata de llegar primero, sino de ser responsables en lo que queremos hacer. Es importanPanamá enfrenta una situación crítica de datos para impulsar la IA CIENCIA EN PANAMÁ te esta discusión entre todos los sectores; queremos escucharlos”, comentó Ortega Barría. Como parte de las acciones previstas, entre mayo y junio se establecerá una comisión de tecnología crítica y emergente, con el objetivo de comenzar a delinear una estrategia nacional de inteligencia artificial. En tanto, Franklin Morales, jefe de Cooperación Internacional de la Senacyt, destacó que este es un paso inicial para informar cómo se va a abordar el proceso de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. “De aquí toca involucrar a más personas y sectores. Este va a ser un proceso en consulta con los distintos sectores nacionales”, explicó. “Para mí, el aspecto más relevante en temas de inteligencia artificial tiene que ver con la accesibilidad. Esta es una tecnología que realmente le permite al mundo evolucionar de una manera tan, tan rápida, pero que, de igual forma, puede ser excluyente debido al poco acceso que tiene la mayor parte de la población a las tecnologías de la información, que básicamente es el primer paso para trabajar en una IA”, comentó Rosemary Piper, del Centro Nacional de Competitividad. La Senacyt ya trabaja en colaboración con el ecosistema local y busca apoyo con instituciones internacionales como la Universidad de Florida y la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Hace 15 años había solo 10 ministerios y el gasto en el renglón de asesores no superaba los $3 millones anuales. Cortesía Planilla estatal: ¿Cuáles son los ministerios con más asesores? Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] EJECUTIVO Los ministerios con mayor número de asesores son el de Gobierno, con 30; la Presidencia, con 25; el de Economía y Finanzas, con 22; el de Seguridad, también con 22; y el de Obras Públicas, con 21. Si bien el Órgano Legislativo concentra la atención pública por la elevada cantidad de asesores que figuran en su planilla — muchos de ellos con salarios que superan los 2 mil dólares—, el Ejecutivo no se queda atrás. En los ministerios y entidades adscritas también se contabiliza una cifra alta de funcionarios contratados como asesores, cuyos perfiles, funciones específicas y justificación presupuestaria no siempre están claras. La diferencia, según expertos en gestión pública, no radica solo en la cantidad, sino en la opacidad que aún persiste en torno al criterio con el que se designan estos cargos dentro del aparato estatal. Este medio ya publicó que en la Asamblea Nacional hay 469 asesores que le cuestan al Estado $1.3 millones mensuales. No obstante, los informes de la Contraloría General de la República también revelan que, en los 16 ministerios del Ejecutivo, hay un total de 239 asesores cuyo costo mensual ronda los $800 mil, lo que supera los $9 millones al año y representa una carga importante para las finanzas públicas, especialmente en medio de debates sobre austeridad y eficiencia del gasto estatal. Los ministerios con mayor número de asesores son el de Gobierno, con 30; la Presidencia, con 25; el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con 22; el Ministerio de Seguridad, también con 22; y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), con 21. Les siguen de cerca el Ministerio de Educación (Meduca), con 21; el Ministerio de Salud (Minsa), con 14; y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con 10. Por el contrario, carteras como la Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Archivo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de la Mujer cuentan apenas con 2 y 1 asesor, respectivamente. El resto de los ministerios mantiene estructuras más modestas: Cultura tiene 15 asesores; Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y Ambiente, 12 cada uno; Comercio, 5; Vivienda (Miviot), 4; y Desarrollo Social (Mides), 3. Aunque muchos de estos asesores son responsables de coordinar políticas, redactar informes técnicos o facilitar la toma de decisiones, sus contrataciones han sido objeto de críticas cuando no se justifican con resultados visibles o se perciben como nombramientos políticos. ¿Cuánto ganan? Aunque la Asamblea Nacional tiene más asesores nombrados que el Ejecutivo, este último órgano estatal les paga mejor, en promedio, a estos funcionarios. Por ejemplo, el salario promedio de un asesor en el Legislativo es de $2,835, mientras que en los ministerios asciende a $3,347. Figuras como el contralor de la República, Gerardo Anel Bolo Flores, han planteado que no solo auditarán la planilla de la Asamblea, sino también la del Órgano Ejecutivo, con el fin de detectar a las denominadas “botellas” dentro del aparato estatal. Tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo hay asesores que perciben salarios que oscilan entre $1,000 y $6,000. Además, el monto que devengan los asesores se ha incrementado con el paso del tiempo. Hace 15 años había solo 10 ministerios y el gasto en el renglón de asesores no superaba los $3 millones anuales. Precisamente, ese ha sido uno de los cuestionamientos recurrentes por parte de organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, debido a los costososnombramientospolíticos, las famosas “botellas” y las planillas infladas, cuyo aporte al Estado es bastante nulo. También en su momento, exdiputados como Juan Diego Vásquez han cuestionado esta práctica. De hecho, Vásquez ha planteado que la cantidad de asesores que tienen entidades como la Asamblea Nacional o los ministerios no se compadece con la realidad del país, ni con los beneficios tangibles que se le otorgan al Estado, donde muchas propuestas de este grupo de funcionarios carecen de sustento técnico alguno. Cantidad de asesores ‘Ranking’ de ministerios De Gobierno: 30 De la Presidencia: 25 De Seguridad: 22 De Economía y Finanzas: 22 De Obras Públicas: 21 De Educación: 21 De Cultura: 15 De Salud: 14 De Trabajo: 12 De Ambiente: 12 De Relaciones Exteriores: 10 De Comercio: 5 De Vivienda: 4 De Desarrollo Social: 3 De Desarrollo Agropecuario: 2 De la Mujer: 1 Henry Cárdenas [email protected] Las denuncias pueden presentarse en en el sitio web www.denunciaciudadana.gob.pa o llamando a la línea 100. Cortesía Inspectores de la Contraloría fiscalizan uso de vehículos del Estado OPERATIVO Con el objetivo de supervisar el uso adecuado de los vehículos del Estado durante Semana Santa, la Contraloría General de la República, a través de su Dirección Nacional de Fiscalización, activó un operativo vehicular a nivel nacional. La Contraloría reiteró que esta iniciativa busca prevenir el uso personal o no autorizado de automóviles oficiales en días feriados, reforzando así los mecanismos de control sobre los recursos públicos. El operativo se enmarca en lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo No. 124, así como por las guías actualizadas por la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad en 2024. Además, el Decreto Ejecutivo No. 167 del 22 de julio de 2022 introdujo sanciones más severas al modificar el artículo 8 del decreto anterior, estableciendo multas de $200.00, $300.00 y $500.00, según la gravedad de la infracción. Durante los días no laborables, como fines de semana y feriados, todo vehículo del Estado deberá portar un salvoconducto válido. La Policía Nacional y los funcionarios de la Contraloría están autorizados para verificar este documento y, de ser necesario, retener los vehículos que incumplan la normativa.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==