3A La Prensa Panamá, jueves 17 de abril de 2025 Panorama Ariadne García, María Eugenia López, Maribel Cornejo y Baloisa Marquínez. LP Sala Penal revoca condena contra Valentín Martínez en el caso New Business Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA Las magistradas María Eugenia López Arias y Ariadne García consideraron que no hubo un delito precedente. En tanto Maribel Cornejo salvó su voto y dijo que el recurso de revisión nunca debió ser admitido porque las pruebas eran conocidas por la jueza Marquínez. Por mayoría de dos votos contra uno, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la condena por blanqueo de capitales impuesta a Valentín Martínez Vásquez por en el caso New Business, y lo absolvió de los cargos. La decisión se adoptó bajo la ponencia de la magistrada presidenta de la Corte María Eugenia López Arias y voto favorable de la magistrada Ariadne García, mientras que la magistrada Maribel Cornejo salvó su voto. Con esta resolución, la Sala dejó sin efecto el veredicto de la jueza primera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, quien había sentenciado a Martínez Vásquez a 80 meses de prisión. El fallo, contenido en 43 páginas, concluyó que Martínez Vásquez no participó en las reuniones en las que se decidió el desvío de fondos provenientes de la construcción de la Ciudad Hospitalaria (actual Ciudad de la Salud), los cuales habrían sido canalizados hacia cuentas vinculadas a la sociedad New Business. El fallo precisa que la conducta desplegada por Valentín Martínez Vásquez, hermano del Canciller Javier Martínez Acha, no cumple con la acreditación de los elementos objetivos de tipo penal, entre ellos que no se pudo determinar que el procesado actuó a sabiendas de la procedencia ilícita del dinero y que tampoco aseguró el provecho de los fondos provenientes del ilícito. Uno de los argumentos del fallo de la juez Baloisa Marquínez para condenar a Martínez, fue que como parte de la firma Martínez Acha y Asociados, prestó servicios a la sociedad Construcciones Hospitalarias, responsable de la construcción de la Ciudad Hospitalaria, a la que entregaron fondos que luego fueron depositadas en el sociedad New Business para comprar acciones de Editora Panamá América (Epasa). Sin embargo, la defensa de Martínez logró presentar un informe de los auditores de la Contraloría General de la República en el que se estableció que en el caso de la Ciudad Hospitalaria no se comprobó la existencia una lesión en perjuicio del Estado y no se probó el delito de peculado, que servía de precedente para el blanqueo de capitales. El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales dio por cerrado el caso de peculado de la Ciudad Hospitalaria, evidencia que fue aportada por la defensa de Martínez para alegar que al no existir delito precedente no se le podía condenar por blanqueo de capitales. El fallo también sostiene que, a pesar de que Martínez prestó servicios de asesoría legal a las empresas que participaban en el proyecto de la Ciudad Hospitalaria, no se comprobó que haya participado en las reuniones en las que representantes del expresidente Ricardo Martinelli solicitaron coimas para la ejecución del proyecto, ni que supiera que esos fondos fueron a parar a la cuenta de New Business.También plantea que los fondos recibidos por Martínez eran en concepto del contrato de asesoría pactado con Riccardo Francolini y Henry Mizrachi Cohen, y que nunca intentó encubrir la procedencia de dichos fondos. El salvamento de voto En tanto, la magistrada Maribel Cornejo discrepó de sus colegas López y García al señalar que las pruebas aportadas por la defensa de Martínez no son elementos nuevos, ya que eran de conocimiento de las partes durante el desarrollo del proceso. Cornejo sostiene que la causal presentada para revisar la sentencia condenatoria es el surgimiento de nuevos elementos de convicción que no fueron valorados al momento de emitir el fallo. Sin embargo, en este caso, Cornejo señala que las declaraciones de Francolini y Mizrachi no constituyen pruebas novedosas, ya que la información aportada está dirigida a ratificar la relación profesional con el sancionado, la titularidad de las sociedades utilizadas en las transacciones y a establecer que estas fueron ejecutadas por Martínez a petición de ambos; hechos que ya eran de conocimiento de la jueza Marquínez. Cornejo sostiene que la información aportada por la defensa de Martínez no es novedosa y, por ende, el recurso de revisión no debió ser admitido, ya que este recurso solo es procedente cuando se presentan elementos que no fueron valorados durante el juicio. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ha puesto la lupa sobre el manejo de $5.3 millones otorgados a organizaciones sindicales, tras detectar presuntas irregularidades en el uso de estos fondos, originalmente destinados a programas de educación y capacitación laboral. Se trata de una auditoría preliminar sobre el uso de esos recursos en los últimos cinco años, aún en curso, que surge en medio de crecientes cuestionamientos sobre la transparencia y fiscalización de los fondos públicos entregados a los gremios. Según fuentes oficiales, el dinero fue distribuido en el marco de programas diseñados para fortalecer la formación sindical; sin embargo, las inconsistencias en los informes de ejecución y la falta de documentación comprobatoria encendieron las alertas. Las autoridades no descartan que parte del dinero haya sido utilizado para fines distintos a los establecidos, lo que podría derivar en sanciones administrativas y, de comprobarse un uso indebido, incluso en acciones legales. Los detalles Cada año, entre $12 y $14 millones provenientes del Seguro Educativo son canalizados a través del Mitradel para financiar programas de educación y capacitación sindical. No obstante, el uso de estos fondos ha encendido las alarmas: primero fue el propio Mitradel quien inició una auditoría, y posteriormente la Contraloría General de la República también anunció una revisión para evaluar su correcta administración. La auditoría busca determinar si los recursos han sido ejecutados conforme a su propósito original o si se han desviado hacia actividades no justificadas, lo que podría derivar en hallazgos de irregularidades administrativas o financieras. El pasado 15 de enero, el Ministerio de Trabajo advirtió que la entrega de los fondos destinados a la capacitación sindical estará sujeta a condiciones más estrictas, exigiendo a los sindicatos la presentación oportuna y adecuada de los informes correspondientes. La auditoría Posteriormente, la Contraloría anunció la realización de una auditoría para evaluar la correcta administración de los fondos del Seguro Educativo, específicamente aquellos destinados a la “capacitación sindical”, en el período comprendido entre enero de 2012 y el 30 de junio de 2024. Si se toma en cuenta que, en ese período de 12 años, se han entregado entre $12 y $14 millones anuales para capacitación sindical, la Contraloría deberá auditar el uso de entre $144 millones y $168 millones. “Como ente fiscalizador, la Contraloría llevará a cabo las diligencias necesarias para recopilar los elementos de juicio que permitan esclarecer los hechos. Para ello, los auditores realizarán entrevistas, designarán peritos y efectuarán las inspecciones que sean necesarias, aplicando las normas, $5.3 millones en la mira: Mitradel audita uso de fondos sindicales PRESUNTOS IRREGULARIDADES pruebas técnicas y procedimientos de auditoría instituidos por la ley”, señaló la institución en un comunicado. Los fondos de capacitación son gestionados por el Mitradel a través del Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL). Posteriormente, estos recursos son entregados a los sindicatos para la capacitación de los trabajadores. Esta no es la primera vez que se anuncia una auditoría sobre el uso de estos fondos. En 2009, cuando la ministra era Alma Cortés, también se llevó a cabo una revisión. Además, la decisión de auditar los fondos destinados a los sindicatos surge luego de las declaraciones del presidente José Raúl Mulino, quien anunció una revisión exhaustiva de los recursos que el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) recibe de diversas entidades gubernamentales. Mulino advirtió que la Contraloría no autorizará ningún desembolso a esta ni a ninguna otra organización sindical hasta que concluyan las auditorías. El mandatario fue enfático al rechazar el uso de fondos públicos para lo que calificó como “subvención de la anarquía”, señalando que estos recursos provienen del bolsillo de los panameños y deben ser manejados con transparencia y responsabilidad. Actualmente, en el Mitradel hay más de 400 organizaciones sindicales registradas. Algunas de las organizaciones que reciben estos fondos son la Central General de Trabajadores de Panamá, la cual forma parte del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), donde convergen seis centrales sindicales y tres federaciones. Por otro lado, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) es parte de la Confederación de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), lo que implica que los fondos destinados a su capacitación y funcionamiento deben ser gestionados a través de esta última organización. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Los fondos tienen un fin específico: capacitación laboral y educación. Elysée Fernández
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