4A La Prensa Panamá, miércoles 16 de abril de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] IRONÍA. Camacho ya debería estar retirando los carteles que dicen “Free Martinelli”, después del bofetón que recibió el proyecto de ley de amnistía política durante su discusión en primer debate. Según él, la propuesta buscaba “combatir la corrupción” y, cándidamente, aseguró que “no hay ningún proceso que diga que Martinelli se ha robado un real”. Como si semejante afirmación no fuera lo suficientemente risible, luego compartió una reflexión que dejó a más de uno ojiplático: “Mis principios y mis valores no se acomodan dependiendo de si la persona me simpatiza o no”. Si una persona dice eso, lo lógico es que actúe en consecuencia. Pero si quien lo dice es un adlátere de Martinelli, seguramente está practicando aquello que asegura repudiar. REPUDIO. En el debate del proyecto de amnistía, la jefa de la bancada de Vamos, Janine Prado, se negó a responder preguntas de Camacho, alegando que todo lo “tergiversa”. Hasta Crispiano Adames se mostró hastiado y se burló de los argumentos expuestos en la exposición de motivos. “El artífice de esta persecución política es Juan Carlos Varela, pero este proyecto lo beneficia a él. ¿Esto qué es? ¿Síndrome de Estocolmo?”, exclamó. Por su parte, Bolota quiso arengar a la “fanaticada” presente en el recinto, pero Camacho no lo permitió, probablemente porque anticipaba que lo que escucharía sería una sonora rechifla. Ojalá los 27 que la semana pasada tuvieron el descaro de refrendar esa propuesta entiendan el mensaje. Ya está bueno de andar delinquiendo y luego pretender salir impunes. CONSECUENCIAS. Parece que, en la Asamblea, prácticas como las que intentan erradicar (por separado) el contralor Anel Flores y Jorge Bloise, de la bancada Vamos, son más una distinción que una causa justificada de destitución, porque varios diputados han salido a defender a las botellas. Algunos con más fervor que otros. Flores acusó a Jairo Salazar y Javier Sucre de amenazar, empujar e intimidar a los auditores. Otros que andaban sulfurados eran Manuel Cohen, Osmán Gómez y la presidenta de la AN, Dana Castañeda. Mientras tanto, Bloise ahora Palacio Justo Arosemena, sede del Órgano Legislativo. Isaac Ortega El reino silencioso de los asesores legislativos Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS PÚBLICOS Al 1 de abril, la Asamblea tenía registrados 469 asesores. Sus salarios suman 1,335,447 dólares al mes, equivalentes a 16,025,364 dólares al año. La purga de botellas en la Asamblea Nacional vuelve a poner en el centro del debate la abultada planilla legislativa: una nómina de aproximadamente 4 mil funcionarios que le cuesta al Estado al menos 7.1 millones de dólares mensuales. Un repaso a la planilla parlamentaria, disponible en el portal digital de la Contraloría General de la República, revela patrones que ayudan a descifrar las dinámicas y juegos internos del Palacio Justo Arosemena. Uno de los datos más reveladores es que el cargo de asesor representa la mayor carga presupuestaria. Al 1 de abril, la Asamblea tenía registrados 469 asesores. Sus salarios suman 1,335,447 dólares al mes, equivalentes a 16,025,364 dólares al año. No obstante, no todos los asesores responden a cuotas políticas ni forman parte del engranaje clientelista que caracteriza a la Asamblea. Entre los casi 500 registrados en la planilla, hay profesionales con formación técnica, jurídica y administrativa que cumplen funciones clave en la redacción de proyectos de ley, análisis legislativo y asesoría especializada. Varios de ellos cuentan con años de experiencia, labor en la que han cumplido roles que, aunque poco visibles, son esenciales para el funcionamiento institucional del Palacio Justo Arosemena. Están distribuidos en cargos como asesor II, asesor legal, asesor técnico especializado, entre otros. El asesor II, por ejemplo, agrupa a 138 funcionarios cuyos sueldos totalizan casi 459 mil dólares mensuales, con un promedio de 3,326 dólares por persona. Los que más ganan En total, 43 asesores reciben un salario mensual de 5 mil dólares o más, según la planilla reportada a la Contraloría. Entre ellos figuran nombres con larga trayectoria legislativa, como Nancy M. Aguila (desde 1999), Martha Martin (2005) y Eduardo Paz, quien ingresó en 1990. También aparecen contrataciones recientes, como la de Itzenith Taylor, incorporada el 16 de julio de 2024 bajo contrato eventual; Ivette Solis, desde el 2 de septiembre de 2024; y Aralis Arcia, desde el 1 de agosto del mismo año. Igualmente figura el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático Carlos Motta, quien aparece en planilla desde 2023. Entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025, ingresaron 182 nuevos asesores. Sin embargo, fue en junio de 2024, en plena transición política y a semanas del relevo de la presidencia legislativa, cuando el engranaje del Palacio Justo Arosemena se activó con precisión. Ese mes fue nombrada la abogada Jessica Canto, militante del partido oficialista Realizando Metas y una de las defensoras del expresidente Ricardo Martinelli. Su salario: 5 mil dólares mensuales. A Canto se le vio este martes 15 de abril en los pasillos de la Asamblea, institución sacudida por las recientes quejas tras el cambio en el sistema de pagos implementado por la Contraloría: de transferencias electrónicas (ACH) a cheques físicos. Según explicó el contralor Anel Bolo Flores, la medida busca identificar a las botellas, personas que cobran sin trabajar. El pago por cheques inició el lunes 14 de abril, día en que decenas de personas colmaron los pasillos del Legislativo. A muchos no se les había visto antes por el recinto, lo que despertó sospechas entre algunos diputados y dejó en evidencia posibles nombramientos fantasma. “Gente que apareció ayer (lunes) y que en la vida habían visto por allí. Había un montón de personas que salieron a arengar y tenían años sin pisar la Asamblea Nacional, pero cobraban por ACH”, aseguró el contralor Flores en entrevista con TVN Canal 2. “Los estacionamientos estaban todos ocupados por personas que nunca habían llegado allá. Los carros no cabían dentro del recinto”. Flores también reveló que la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, ha nombrado a 721 funcionarios adicionales. Aseguró que la Contraloría ya tiene planillas con nombres de diputados y funcionarios cuyos pagos oscilan entre 300 mil y 400 mil dólares. Esos datos, indicó, serán publicados en el sitio web institucional para garantizar el acceso público. Por ahora, los cerca de 4 mil funcionarios de la Asamblea seguían cobrando este martes sus quincenas en cheques. En los pasillos del Legislativo colgaban carteles con mensajes como: “Señor Anel Flores respete. Atentamente, trabajadores de la Asamblea”. Juan Manuel Díaz [email protected] Médico panameño logra acuerdo en caso de fraude a veteranos de guerra de EUA JUSTICIA El médico panameño Rolando Chin alcanzó un acuerdo de pena de 18 meses de prisión dentro de la investigación adelantada por el Ministerio Público, relacionada con un esquema de fraude en perjuicio de veteranos de guerra de Estados Unidos. La investigación, que se inició tras una denuncia presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, reveló una compleja red de fraude mediante reclamaciones de seguros médicos presentadas por farmacias y médicos panameños a través del Programa de Médico en el Extranjero, dirigido a veteranos de guerra estadounidenses. En 2023, el Ministerio Público ordenó la detención de los médicos Walter Kravcio y Javier Alvarado por este caso, y continua las pesquisas contra otro grupo de personas. Kravcio, Alvarado y algunos de sus negocios y sociedades están en la lista de 36 proveedores médicos en Panamá que han sido suspendidos del programa VA, por supuesto fraude en perjuicio de veteranos estadounidenses. Una nota de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá destaca que desde 2022 el gobierno de ese país presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Panamá contra unas 40 personas, entre las que se incluyen médicos, farmacias, enpresas y un hospital por la presunta comisión de los delitos de fraude y blanqueo de capitales. El acuerdo alcanzado por Chin implica un proceso de restitución con los Estados Unidos, mientras que los fiscales panameños avanzan con la investigación contra los presuntos responsables de haber perpetrado el fraude. En febrero pasado, la fiscal Sandy Cedeño, de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, solicitó más tiempo para concluir la investigación debido a la multiplicidad de diligencias que su despacho debe realizar y al número de víctimas de la supuesta estafa. Finalmente, se le concedió una prórroga de un año para concluir la investigación. Hasta agosto de 2023, la fiscalía había logrado cautelar la suma de $585,689 depositados en bancos locales y que se presume formaban parte del dinero pagado por el gobierno estadounidense para que sus veteranos recibieran atenciones médicas en Panamá. tiene que circular acompañado por atreverse a presentar un anteproyecto para expulsar de la carrera legislativa a aquellos funcionarios que no cumplen con los requisitos. Después no anden por ahí pidiendo tratamiento de “honorables”, cuando se comportan como cómplices de delincuentes. COLADO. Dicen que Bolota acudió personalmente a retirar los cheques de su planilla, sin siquiera molestarse en hacer la fila. Si usted quiere saber por qué las botellas aquí parecen irrompibles, ya sabe a quién puede preguntarle. 3,812 cheques fueron retirados; hay 110 sin reclamar Funcionarios de la Contraloría culminaron ayer con el pago de la quincena al personal de la Asamblea Nacional mediante cheques, una medida implementada para detectar posibles “botellas”. De acuerdo con la Contraloría, se entregaron 3,812 cheques, quedando 110 pendientes de ser reclamados por los destinatarios correspondientes. “Este proceso se enmarca en los esfuerzos por garantizar la correcta administración de los recursos públicos”, recordó la institución. La entrega de cheques comenzó el lunes 14 de abril en medio de quejas por parte de los funcionarios del Palacio Legislativo, debido al lento proceso. Los trabajadores de la Asamblea tuvieron que hacer largas filas para reclamar su pago, denunció la Asociación de Funcionarios de legislativo.
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