2A La Prensa Panamá, miércoles 16 de abril de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] Tribunal rechaza habeas corpus a David Ochy y declara legal la orden de arresto JUSTICIA El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales decretó legal de orden arresto expedida contra David Ochy por su presunta vinculación en el delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business. La decisión del tribunal, que se notificó a través del edicto No.84 fijado el pasado lunes en la sede del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, señala que es legal la orden de arresto expedida contra Ochy por el delito de blanqueo de capitales. Ochy permanece detenido en Costa Rica por una solicitud de extradición expedida por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales por el caso New Business. La defensa de Ochy alega que en este caso la competencia la debe tener la Corte Suprema de Justicia, ya que su cliente es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el partido Realizando Metas. Sin embargo, fuentes ligadas al proceso señalan que la orden de arresto contra Ochy fue expedida por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales antes que Ochy obtuviera la condición de diputado del Parlacen, por lo que la Corte envió el recurso de habeas corpus al Tribunal Superior. El 13 de diciembre de 2023, la Cancillería panameña formalizó la solicitud de extradición ante las autoridades costarricenses; sin embargo, más de un año después, esta petición aún no se ha concretado. Fuentes judiciales revelaron que el proceso se ha dilatado en exceso por la variedad de recursos legales que se han presentado y que Ochy en Costa Rica mantiene abierto un proceso penal que no ha concluido. Ochy fue detenido en Costa Rica en mayo de 2023 por supuestas actividades de blanqueo de capitales. Posteriormente, Panamá solicitó su extradición, requerido por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales en el proceso del caso New Business. El 19 de agosto del 2024, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó una decisión de la jueza Águeda Rentería que negó la petición de la defensa de David Ochy para que se le reconociera su condición de miembro del Parlacen y se dejara sin efecto la alerta roja emitida por Interpol para su detención. En esa ocasión, el juzgado alegó que no tenían certificación alguna de que Ochy hubiese sido juramentado como diputado del Parlacen, por lo que el trámite del proceso en su contra debía seguir en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales. SERVICIOS INTERNACIONALES Ollanta Humala fue condenado por recibir aportes ilícitos en sus campañas políticas SECUELAS DEL CASO ODEBRECHT El expresidente peruano Ollanta Humala (20112016) fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos, al haber recibido aportaciones ilícitas del expresidente venezolano Hugo Chávez y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011, y fue inmediatamente arrestado por la Policía para ser trasladado a prisión. La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue encontrada culpable del mismo delito y recibió una condena de 15 años de prisión por haber dirigido esas campañas electorales. Además, el hermano de Heredia, Ilán, recibió una sentencia de 12 años de prisión. El tribunal ordenó una “ejecución provisional inmediata de la sentencia”, por lo que Humala, Heredia -quien se conectó de manera virtual- y su hermano deberán serán ser enviados a la cárcel que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). De inmediato, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresaron al tribunal y detuvieron al exgobernante. “En este juicio se ha probado la comisión del delito de lavado de activos con estos actos diversos de agenciarse dinero de procedencia ilícita”, remarcó la directora del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, la magistrada Nayko Coronado. La jueza agregó que el tribunal hará la lectura completa de su sentencia el próximo 29 de abril, pero adelantó que ha visto “los elementos de lo que configuraría la existencia de una organización criminal” durante estas campañas. El tribunal determinó, en ese sentido, que el monto de reparación civil por este caso será de 10 millones de soles (unos 2,67 millones de dólares). Los diputados Luis Eduardo Camacho y José Pérez Barboni, ambos de la Comisión de Gobierno. Isaac Ortega Comisión rechazó la propuesta de amnistía para Martinelli y Varela Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Con cinco votos en contra y dos a favor, la Comisión de Gobierno rechazó el proyecto que buscaba amnistiar a Martinelli y Varela por casos de corrupción como New Business, Odebrecht y Blue Apple. Con cinco votos en contra y dos a favor, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional rechazó el polémico proyecto de ley que buscaba conceder una amnistía a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, implicados en casos emblemáticos de corrupción como New Business, Blue Apple y Odebrecht. El presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas (RM), encabezó la discusión y votación en medio de un ambiente tenso y expectante. “Artículo número uno, modificado: los que estén a favor, levanten la mano”, dijo Camacho, quien luego solicitó el resultado al secretario de la comisión. Al confirmarse el rechazo del primer artículo, el presidente anunció que, según el criterio del equipo legal, el resto del proyecto se consideraba automáticamente desechado. “Así se reflejará en el informe, en el acta, y ya no es necesario someter a votación el resto de los artículos”, añadió. Camacho, quien fue uno de los firmantes de la propuesta legislativa, adelantó que presentará un informe de minoría ante el pleno de la Asamblea. “Ya ustedes saben, porque conocía más o menos los resultados, someteré posteriormente en el pleno el informe este y un informe de minoría”, expresó antes de levantar la sesión. La reunión fue clausurada a la 1:30 de la tarde, tras agradecer la participación de los diputados y asistentes. Los cinco votos en contra del proyecto de ley provinieron de Manuel Cheng y Roberto Zúñiga, ambos diputados de la coalición Vamos, además de José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA). A ellos se sumaron las diputadas suplentes Marta de Sandoya, en representación de Crispiano Adames, y Ana María Poveda, suplente de Didiano Pinilla, diputado de Cambio Democrático. Este último voto generó particular atención, ya que Pinilla había respaldado la propuesta con su firma apenas una semana antes. El debate Varios diputados que no forman parte de la Comisión de Gobierno tomaron la palabra para participar del debate. La diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, argumentó que la iniciativa “va en contra de la ciudadanía” y busca “defender la impunidad”. Los únicos dos votos a favor fueron los de Camacho y Ariel Vallarino, ambos miembros de RM y cercanos al expresidente Martinelli. No estuvieron presentes en la sesión de la Comisión de Gobierno los diputados Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático, y Francisco Brea, del Partido Panameñista. Durante su intervención ante la comisión, señaló que esta propuesta representa un retroceso en la lucha contra la corrupción, ya que pretende beneficiar con borrón penal y restauración de derechos políticos a involucrados en escándalos como Blue Apple, New Business y Odebrecht. “Esto es un traje a la medida no sólo para un expresidente, sino para expresidentes, exministros y familiares relacionados”, denunció Prado, al tiempo que recordó que la Constitución establece igualdad ante la ley y prohíbe fueros y privilegios. Por su parte, el diputado Luis Duke, de la bancada Vamos, aseguró que “busca perdonar crímenes que atentan contra el bien común” y que solo beneficia a quienes “roban desde el poder”. Durante su intervención en la ComiVisiblemente apasionado, recordó su rol como asistente legal en el caso de los “pinchazos”, que calificó como plagado de “cochinadas”, y enfatizó que Martinelli fue absuelto en dos ocasiones. Acosta señaló que el expresidente enfrentó una persecución política que, en 2015, acumuló 27 carpetas judiciales, de las cuales solo siete llegaron a procesos formales. El diputado colonense y proponente de la iniciativa, Jairo Bolota Salazar, explicó que su respaldo a Martinelli no está condicionado por la política, sino por un vínculo de lealtad que se forjó en el pasado. “Soy amigo de Ricardo Martinelli. Y él me lo demostró en el quinquenio pasado”, señaló, al tiempo que destacó que se trata de una amistad verdadera, no de una conveniencia política. Otros detalles Este es el segundo intento del Legislativo por librar al exmandatario de la condena de 128 meses de prisión que le fue impuesta por el caso New Business, relacionado con la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) en 2010, cuando aún ocupaba la Presidencia. El anteproyecto consta de seis artículos —uno de ellos añadido a mano— y, desde el primero, establece con claridad su propósito: conceder una “amnistía general” a las personas sentenciadas o procesadas en los casos New Business, Odebrecht y Blue Apple. Martinelli figura en los tres expedientes: ya fue condenado por el primero y está llamado a juicio por los otros dos, junto a sus hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, también implicados en las operaciones de blanqueo. El artículo 1 lo deja explícito: “Se concede amnistía general a favor de las personas sentenciadas o que estén procesadas, o resulten procesadas” en esos tres casos de alto perfil. sión de Gobierno, Duke denunció que mientras más de 15 anteproyectos relacionados con la lucha anticorrupción permanecen engavetados, este proyecto recibió “la atención a la velocidad de la luz”, sin atender las verdaderas necesidades del país. “No podemos convertir el sistema de justicia en una herramienta para proteger a los poderosos”, afirmó. Duke también cuestionó la legalidad del proyecto, señalando que, según la Constitución, la Asamblea sólo puede decretar amnistía por delitos políticos, no por delitos comunes como los que rodean los casos de New Business, Blue Apple y Odebrecht. “Le pregunté a mis asesores y hasta a ChatGPT: estos no son delitos políticos”, dijo con tono irónico, antes de recalcar que los crímenes de corrupción deben ser castigados, no borrados por conveniencia política. Voces a favor El diputado Jamis Acosta, de RM, defendió con vehemencia la propuesta de ley de amnistía, argumentando que más allá de beneficiar al expresidente Ricardo Martinelli —a quien representó como abogado y con quien mantiene vínculos políticos— se trata de una cuestión de justicia para cualquier ciudadano panameño. “Esto no es para defender a Martinelli, es para reconocer que en este país cualquiera puede ser víctima de un proceso amañado”, aseguró Acosta durante el primer debate. La Policía escolta a Ollanta Humala tras sus sentencia. EFE
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