1A La Prensa Panamá, miércoles 16 de abril de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 16 de abril de 2025 - Año 44 - Nº 14988 Hoy por hoy El rechazo del proyecto de amnistía para los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela representa un respiro para el Estado de derecho, pero también revela la profundidad del deterioro institucional en Panamá. No se trataba de una ley para el bien común: era un intento descarado por convertir la Asamblea en refugio de impunidad. Veintisiete diputados firmaron esa propuesta. Sabían que violaba la Constitución, que confundía delitos comunes con delitos políticos y que deshonraba el principio de igualdad ante la ley. Hasta una lectura rápida —o una consulta con cualquier asesor legal, humano o digital— bastaba para demostrar que no era viable. Los votos en contra, incluyendo algunos sorpresivos, impidieron que este adefesio legal avanzara. Pero el daño está hecho: quedó en evidencia que hay bancadas dispuestas a legislar para encubrir delitos, no para prevenirlos. El descaro con que se intentó esta maniobra revela una élite política dispuesta a protegerse entre sí. Hoy el blindaje fracasó, pero la lucha contra la impunidad no termina aquí. Ellas.pa La opinión de Lucy Molinar sobre el llamado a huelga 7A Panorama Ariel Vallarino y Luis Eduardo Camacho no lograron pasar la iniciativa que favorecía al presidente de su partido. ‘Hemos alcanzado el 70% del censo en río Indio’: Ilya Espino de Marotta ENTREVISTA Reyna Katiuska Hernández [email protected] “El censo con las comunidades de Río Indio ya tiene un avance del 70%”, afirmó Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal de Panamá. La funcionaria explicó que esta fase forma parte del proceso de diálogo previo a la construcción del reservorio que abastecerá de agua a la vía interoceánica. También se ha completado el 80% del levantamiento de información sobre infraestructuras que serían impactadas. VEA 1B Fracasa otro intento de amnistía para corruptos Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL La Comisión de Gobierno rechazó el proyecto de ley que buscaba amnistiar a implicados en casos como Odebrecht. Diputados Camacho y Acosta defendieron la propuesta, alegando persecución política contra el expresidente Ricardo Martinelli. La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional rechazó ayer el proyecto de ley que buscaba conceder una “amnistía general” a implicados en los casos New Business, Blue Apple y Odebrecht. Entre los posibles beneficiarios estaban los expresidentes Ricardo Martinelli —ya condenado en uno de los procesos— y Juan Carlos Varela, actualmente investigado. El proyecto recibió cinco votos en contra y solo dos a favor. Los diputados Luis Eduardo Camacho y Ariel Vallarino, ambos del partido Realizando Metas, respaldaron la propuesta. Camacho la defendió como un acto de justicia para quienes, según él, han sido perseguidos políticamente. El diputado Jamis Acosta también argumentó que Martinelli fue víctima de un proceso amañado. Diversos sectores habían rechado la iniciativa alegando que promovía la impunidad en un país que requiere que se haga justicia. Diputados de otras bancadas advirtieron que el proyecto violaba la Constitución al tratar delitos comunes como si fueran delitos políticos. VEA 2A Asesores legislativos cuestan $1.6 millones por mes FONDOS PÚBLICOS Eliana Morales Gil [email protected] La Asamblea Nacional destina $1.6 millones mensuales solo en asesores, el cargo con mayor carga presupuestaria de su planilla. Son 469 funcionarios, entre ellos 43 que ganan $5,000 o más. Aunque algunos cumplen funciones técnicas clave, otros han sido señalados como parte del engranaje Sector logístico en riesgo, pero se abren oportunidades José Digerónimo, presidente de la Cámara Marítima de Panamá advirtió que la apuesta de Panamá por el sector logístico enfrenta riesgos ante los cambios geopolíticos. Sin embargo, reconoce las oportunidades para que el país se consolide como centro regional de procesamiento y distribución, con bajos aranceles frente a otros países. VEA 2B Serviestiba y Maniobras: ¿satélites de PPC o evasores blindados? Las dos empresas operan dentro de los puertos concesionados a Panama Ports Company desde 2015. No tienen contrato con la AMP ni figuran como contribuyentes activos, según la Contraloría y la DGI. VEA 6A clientelista. La reciente verificación con cheques físicos expuso la presencia de figuras desconocidas, reavivando las sospechas de “botellas”. Anoche la Contraloría informó que concluyó el proceso de entrega de cheques. Un informe de la entidad detalló que entregó 3,812 cheques, quedando 110 pendientes de ser reclamados por los destinatarios correspondientes. VEA 4A Ilya Espino, subadministradora de la ACP. Alexander Arosemena FAE 2025: artes escénicas para todos 10A
2A La Prensa Panamá, miércoles 16 de abril de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] Tribunal rechaza habeas corpus a David Ochy y declara legal la orden de arresto JUSTICIA El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales decretó legal de orden arresto expedida contra David Ochy por su presunta vinculación en el delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business. La decisión del tribunal, que se notificó a través del edicto No.84 fijado el pasado lunes en la sede del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, señala que es legal la orden de arresto expedida contra Ochy por el delito de blanqueo de capitales. Ochy permanece detenido en Costa Rica por una solicitud de extradición expedida por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales por el caso New Business. La defensa de Ochy alega que en este caso la competencia la debe tener la Corte Suprema de Justicia, ya que su cliente es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el partido Realizando Metas. Sin embargo, fuentes ligadas al proceso señalan que la orden de arresto contra Ochy fue expedida por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales antes que Ochy obtuviera la condición de diputado del Parlacen, por lo que la Corte envió el recurso de habeas corpus al Tribunal Superior. El 13 de diciembre de 2023, la Cancillería panameña formalizó la solicitud de extradición ante las autoridades costarricenses; sin embargo, más de un año después, esta petición aún no se ha concretado. Fuentes judiciales revelaron que el proceso se ha dilatado en exceso por la variedad de recursos legales que se han presentado y que Ochy en Costa Rica mantiene abierto un proceso penal que no ha concluido. Ochy fue detenido en Costa Rica en mayo de 2023 por supuestas actividades de blanqueo de capitales. Posteriormente, Panamá solicitó su extradición, requerido por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales en el proceso del caso New Business. El 19 de agosto del 2024, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó una decisión de la jueza Águeda Rentería que negó la petición de la defensa de David Ochy para que se le reconociera su condición de miembro del Parlacen y se dejara sin efecto la alerta roja emitida por Interpol para su detención. En esa ocasión, el juzgado alegó que no tenían certificación alguna de que Ochy hubiese sido juramentado como diputado del Parlacen, por lo que el trámite del proceso en su contra debía seguir en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales. SERVICIOS INTERNACIONALES Ollanta Humala fue condenado por recibir aportes ilícitos en sus campañas políticas SECUELAS DEL CASO ODEBRECHT El expresidente peruano Ollanta Humala (20112016) fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos, al haber recibido aportaciones ilícitas del expresidente venezolano Hugo Chávez y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011, y fue inmediatamente arrestado por la Policía para ser trasladado a prisión. La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue encontrada culpable del mismo delito y recibió una condena de 15 años de prisión por haber dirigido esas campañas electorales. Además, el hermano de Heredia, Ilán, recibió una sentencia de 12 años de prisión. El tribunal ordenó una “ejecución provisional inmediata de la sentencia”, por lo que Humala, Heredia -quien se conectó de manera virtual- y su hermano deberán serán ser enviados a la cárcel que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). De inmediato, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresaron al tribunal y detuvieron al exgobernante. “En este juicio se ha probado la comisión del delito de lavado de activos con estos actos diversos de agenciarse dinero de procedencia ilícita”, remarcó la directora del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, la magistrada Nayko Coronado. La jueza agregó que el tribunal hará la lectura completa de su sentencia el próximo 29 de abril, pero adelantó que ha visto “los elementos de lo que configuraría la existencia de una organización criminal” durante estas campañas. El tribunal determinó, en ese sentido, que el monto de reparación civil por este caso será de 10 millones de soles (unos 2,67 millones de dólares). Los diputados Luis Eduardo Camacho y José Pérez Barboni, ambos de la Comisión de Gobierno. Isaac Ortega Comisión rechazó la propuesta de amnistía para Martinelli y Varela Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Con cinco votos en contra y dos a favor, la Comisión de Gobierno rechazó el proyecto que buscaba amnistiar a Martinelli y Varela por casos de corrupción como New Business, Odebrecht y Blue Apple. Con cinco votos en contra y dos a favor, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional rechazó el polémico proyecto de ley que buscaba conceder una amnistía a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, implicados en casos emblemáticos de corrupción como New Business, Blue Apple y Odebrecht. El presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas (RM), encabezó la discusión y votación en medio de un ambiente tenso y expectante. “Artículo número uno, modificado: los que estén a favor, levanten la mano”, dijo Camacho, quien luego solicitó el resultado al secretario de la comisión. Al confirmarse el rechazo del primer artículo, el presidente anunció que, según el criterio del equipo legal, el resto del proyecto se consideraba automáticamente desechado. “Así se reflejará en el informe, en el acta, y ya no es necesario someter a votación el resto de los artículos”, añadió. Camacho, quien fue uno de los firmantes de la propuesta legislativa, adelantó que presentará un informe de minoría ante el pleno de la Asamblea. “Ya ustedes saben, porque conocía más o menos los resultados, someteré posteriormente en el pleno el informe este y un informe de minoría”, expresó antes de levantar la sesión. La reunión fue clausurada a la 1:30 de la tarde, tras agradecer la participación de los diputados y asistentes. Los cinco votos en contra del proyecto de ley provinieron de Manuel Cheng y Roberto Zúñiga, ambos diputados de la coalición Vamos, además de José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA). A ellos se sumaron las diputadas suplentes Marta de Sandoya, en representación de Crispiano Adames, y Ana María Poveda, suplente de Didiano Pinilla, diputado de Cambio Democrático. Este último voto generó particular atención, ya que Pinilla había respaldado la propuesta con su firma apenas una semana antes. El debate Varios diputados que no forman parte de la Comisión de Gobierno tomaron la palabra para participar del debate. La diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, argumentó que la iniciativa “va en contra de la ciudadanía” y busca “defender la impunidad”. Los únicos dos votos a favor fueron los de Camacho y Ariel Vallarino, ambos miembros de RM y cercanos al expresidente Martinelli. No estuvieron presentes en la sesión de la Comisión de Gobierno los diputados Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático, y Francisco Brea, del Partido Panameñista. Durante su intervención ante la comisión, señaló que esta propuesta representa un retroceso en la lucha contra la corrupción, ya que pretende beneficiar con borrón penal y restauración de derechos políticos a involucrados en escándalos como Blue Apple, New Business y Odebrecht. “Esto es un traje a la medida no sólo para un expresidente, sino para expresidentes, exministros y familiares relacionados”, denunció Prado, al tiempo que recordó que la Constitución establece igualdad ante la ley y prohíbe fueros y privilegios. Por su parte, el diputado Luis Duke, de la bancada Vamos, aseguró que “busca perdonar crímenes que atentan contra el bien común” y que solo beneficia a quienes “roban desde el poder”. Durante su intervención en la ComiVisiblemente apasionado, recordó su rol como asistente legal en el caso de los “pinchazos”, que calificó como plagado de “cochinadas”, y enfatizó que Martinelli fue absuelto en dos ocasiones. Acosta señaló que el expresidente enfrentó una persecución política que, en 2015, acumuló 27 carpetas judiciales, de las cuales solo siete llegaron a procesos formales. El diputado colonense y proponente de la iniciativa, Jairo Bolota Salazar, explicó que su respaldo a Martinelli no está condicionado por la política, sino por un vínculo de lealtad que se forjó en el pasado. “Soy amigo de Ricardo Martinelli. Y él me lo demostró en el quinquenio pasado”, señaló, al tiempo que destacó que se trata de una amistad verdadera, no de una conveniencia política. Otros detalles Este es el segundo intento del Legislativo por librar al exmandatario de la condena de 128 meses de prisión que le fue impuesta por el caso New Business, relacionado con la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) en 2010, cuando aún ocupaba la Presidencia. El anteproyecto consta de seis artículos —uno de ellos añadido a mano— y, desde el primero, establece con claridad su propósito: conceder una “amnistía general” a las personas sentenciadas o procesadas en los casos New Business, Odebrecht y Blue Apple. Martinelli figura en los tres expedientes: ya fue condenado por el primero y está llamado a juicio por los otros dos, junto a sus hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, también implicados en las operaciones de blanqueo. El artículo 1 lo deja explícito: “Se concede amnistía general a favor de las personas sentenciadas o que estén procesadas, o resulten procesadas” en esos tres casos de alto perfil. sión de Gobierno, Duke denunció que mientras más de 15 anteproyectos relacionados con la lucha anticorrupción permanecen engavetados, este proyecto recibió “la atención a la velocidad de la luz”, sin atender las verdaderas necesidades del país. “No podemos convertir el sistema de justicia en una herramienta para proteger a los poderosos”, afirmó. Duke también cuestionó la legalidad del proyecto, señalando que, según la Constitución, la Asamblea sólo puede decretar amnistía por delitos políticos, no por delitos comunes como los que rodean los casos de New Business, Blue Apple y Odebrecht. “Le pregunté a mis asesores y hasta a ChatGPT: estos no son delitos políticos”, dijo con tono irónico, antes de recalcar que los crímenes de corrupción deben ser castigados, no borrados por conveniencia política. Voces a favor El diputado Jamis Acosta, de RM, defendió con vehemencia la propuesta de ley de amnistía, argumentando que más allá de beneficiar al expresidente Ricardo Martinelli —a quien representó como abogado y con quien mantiene vínculos políticos— se trata de una cuestión de justicia para cualquier ciudadano panameño. “Esto no es para defender a Martinelli, es para reconocer que en este país cualquiera puede ser víctima de un proceso amañado”, aseguró Acosta durante el primer debate. La Policía escolta a Ollanta Humala tras sus sentencia. EFE
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4A La Prensa Panamá, miércoles 16 de abril de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] IRONÍA. Camacho ya debería estar retirando los carteles que dicen “Free Martinelli”, después del bofetón que recibió el proyecto de ley de amnistía política durante su discusión en primer debate. Según él, la propuesta buscaba “combatir la corrupción” y, cándidamente, aseguró que “no hay ningún proceso que diga que Martinelli se ha robado un real”. Como si semejante afirmación no fuera lo suficientemente risible, luego compartió una reflexión que dejó a más de uno ojiplático: “Mis principios y mis valores no se acomodan dependiendo de si la persona me simpatiza o no”. Si una persona dice eso, lo lógico es que actúe en consecuencia. Pero si quien lo dice es un adlátere de Martinelli, seguramente está practicando aquello que asegura repudiar. REPUDIO. En el debate del proyecto de amnistía, la jefa de la bancada de Vamos, Janine Prado, se negó a responder preguntas de Camacho, alegando que todo lo “tergiversa”. Hasta Crispiano Adames se mostró hastiado y se burló de los argumentos expuestos en la exposición de motivos. “El artífice de esta persecución política es Juan Carlos Varela, pero este proyecto lo beneficia a él. ¿Esto qué es? ¿Síndrome de Estocolmo?”, exclamó. Por su parte, Bolota quiso arengar a la “fanaticada” presente en el recinto, pero Camacho no lo permitió, probablemente porque anticipaba que lo que escucharía sería una sonora rechifla. Ojalá los 27 que la semana pasada tuvieron el descaro de refrendar esa propuesta entiendan el mensaje. Ya está bueno de andar delinquiendo y luego pretender salir impunes. CONSECUENCIAS. Parece que, en la Asamblea, prácticas como las que intentan erradicar (por separado) el contralor Anel Flores y Jorge Bloise, de la bancada Vamos, son más una distinción que una causa justificada de destitución, porque varios diputados han salido a defender a las botellas. Algunos con más fervor que otros. Flores acusó a Jairo Salazar y Javier Sucre de amenazar, empujar e intimidar a los auditores. Otros que andaban sulfurados eran Manuel Cohen, Osmán Gómez y la presidenta de la AN, Dana Castañeda. Mientras tanto, Bloise ahora Palacio Justo Arosemena, sede del Órgano Legislativo. Isaac Ortega El reino silencioso de los asesores legislativos Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS PÚBLICOS Al 1 de abril, la Asamblea tenía registrados 469 asesores. Sus salarios suman 1,335,447 dólares al mes, equivalentes a 16,025,364 dólares al año. La purga de botellas en la Asamblea Nacional vuelve a poner en el centro del debate la abultada planilla legislativa: una nómina de aproximadamente 4 mil funcionarios que le cuesta al Estado al menos 7.1 millones de dólares mensuales. Un repaso a la planilla parlamentaria, disponible en el portal digital de la Contraloría General de la República, revela patrones que ayudan a descifrar las dinámicas y juegos internos del Palacio Justo Arosemena. Uno de los datos más reveladores es que el cargo de asesor representa la mayor carga presupuestaria. Al 1 de abril, la Asamblea tenía registrados 469 asesores. Sus salarios suman 1,335,447 dólares al mes, equivalentes a 16,025,364 dólares al año. No obstante, no todos los asesores responden a cuotas políticas ni forman parte del engranaje clientelista que caracteriza a la Asamblea. Entre los casi 500 registrados en la planilla, hay profesionales con formación técnica, jurídica y administrativa que cumplen funciones clave en la redacción de proyectos de ley, análisis legislativo y asesoría especializada. Varios de ellos cuentan con años de experiencia, labor en la que han cumplido roles que, aunque poco visibles, son esenciales para el funcionamiento institucional del Palacio Justo Arosemena. Están distribuidos en cargos como asesor II, asesor legal, asesor técnico especializado, entre otros. El asesor II, por ejemplo, agrupa a 138 funcionarios cuyos sueldos totalizan casi 459 mil dólares mensuales, con un promedio de 3,326 dólares por persona. Los que más ganan En total, 43 asesores reciben un salario mensual de 5 mil dólares o más, según la planilla reportada a la Contraloría. Entre ellos figuran nombres con larga trayectoria legislativa, como Nancy M. Aguila (desde 1999), Martha Martin (2005) y Eduardo Paz, quien ingresó en 1990. También aparecen contrataciones recientes, como la de Itzenith Taylor, incorporada el 16 de julio de 2024 bajo contrato eventual; Ivette Solis, desde el 2 de septiembre de 2024; y Aralis Arcia, desde el 1 de agosto del mismo año. Igualmente figura el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático Carlos Motta, quien aparece en planilla desde 2023. Entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025, ingresaron 182 nuevos asesores. Sin embargo, fue en junio de 2024, en plena transición política y a semanas del relevo de la presidencia legislativa, cuando el engranaje del Palacio Justo Arosemena se activó con precisión. Ese mes fue nombrada la abogada Jessica Canto, militante del partido oficialista Realizando Metas y una de las defensoras del expresidente Ricardo Martinelli. Su salario: 5 mil dólares mensuales. A Canto se le vio este martes 15 de abril en los pasillos de la Asamblea, institución sacudida por las recientes quejas tras el cambio en el sistema de pagos implementado por la Contraloría: de transferencias electrónicas (ACH) a cheques físicos. Según explicó el contralor Anel Bolo Flores, la medida busca identificar a las botellas, personas que cobran sin trabajar. El pago por cheques inició el lunes 14 de abril, día en que decenas de personas colmaron los pasillos del Legislativo. A muchos no se les había visto antes por el recinto, lo que despertó sospechas entre algunos diputados y dejó en evidencia posibles nombramientos fantasma. “Gente que apareció ayer (lunes) y que en la vida habían visto por allí. Había un montón de personas que salieron a arengar y tenían años sin pisar la Asamblea Nacional, pero cobraban por ACH”, aseguró el contralor Flores en entrevista con TVN Canal 2. “Los estacionamientos estaban todos ocupados por personas que nunca habían llegado allá. Los carros no cabían dentro del recinto”. Flores también reveló que la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, ha nombrado a 721 funcionarios adicionales. Aseguró que la Contraloría ya tiene planillas con nombres de diputados y funcionarios cuyos pagos oscilan entre 300 mil y 400 mil dólares. Esos datos, indicó, serán publicados en el sitio web institucional para garantizar el acceso público. Por ahora, los cerca de 4 mil funcionarios de la Asamblea seguían cobrando este martes sus quincenas en cheques. En los pasillos del Legislativo colgaban carteles con mensajes como: “Señor Anel Flores respete. Atentamente, trabajadores de la Asamblea”. Juan Manuel Díaz [email protected] Médico panameño logra acuerdo en caso de fraude a veteranos de guerra de EUA JUSTICIA El médico panameño Rolando Chin alcanzó un acuerdo de pena de 18 meses de prisión dentro de la investigación adelantada por el Ministerio Público, relacionada con un esquema de fraude en perjuicio de veteranos de guerra de Estados Unidos. La investigación, que se inició tras una denuncia presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, reveló una compleja red de fraude mediante reclamaciones de seguros médicos presentadas por farmacias y médicos panameños a través del Programa de Médico en el Extranjero, dirigido a veteranos de guerra estadounidenses. En 2023, el Ministerio Público ordenó la detención de los médicos Walter Kravcio y Javier Alvarado por este caso, y continua las pesquisas contra otro grupo de personas. Kravcio, Alvarado y algunos de sus negocios y sociedades están en la lista de 36 proveedores médicos en Panamá que han sido suspendidos del programa VA, por supuesto fraude en perjuicio de veteranos estadounidenses. Una nota de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá destaca que desde 2022 el gobierno de ese país presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Panamá contra unas 40 personas, entre las que se incluyen médicos, farmacias, enpresas y un hospital por la presunta comisión de los delitos de fraude y blanqueo de capitales. El acuerdo alcanzado por Chin implica un proceso de restitución con los Estados Unidos, mientras que los fiscales panameños avanzan con la investigación contra los presuntos responsables de haber perpetrado el fraude. En febrero pasado, la fiscal Sandy Cedeño, de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, solicitó más tiempo para concluir la investigación debido a la multiplicidad de diligencias que su despacho debe realizar y al número de víctimas de la supuesta estafa. Finalmente, se le concedió una prórroga de un año para concluir la investigación. Hasta agosto de 2023, la fiscalía había logrado cautelar la suma de $585,689 depositados en bancos locales y que se presume formaban parte del dinero pagado por el gobierno estadounidense para que sus veteranos recibieran atenciones médicas en Panamá. tiene que circular acompañado por atreverse a presentar un anteproyecto para expulsar de la carrera legislativa a aquellos funcionarios que no cumplen con los requisitos. Después no anden por ahí pidiendo tratamiento de “honorables”, cuando se comportan como cómplices de delincuentes. COLADO. Dicen que Bolota acudió personalmente a retirar los cheques de su planilla, sin siquiera molestarse en hacer la fila. Si usted quiere saber por qué las botellas aquí parecen irrompibles, ya sabe a quién puede preguntarle. 3,812 cheques fueron retirados; hay 110 sin reclamar Funcionarios de la Contraloría culminaron ayer con el pago de la quincena al personal de la Asamblea Nacional mediante cheques, una medida implementada para detectar posibles “botellas”. De acuerdo con la Contraloría, se entregaron 3,812 cheques, quedando 110 pendientes de ser reclamados por los destinatarios correspondientes. “Este proceso se enmarca en los esfuerzos por garantizar la correcta administración de los recursos públicos”, recordó la institución. La entrega de cheques comenzó el lunes 14 de abril en medio de quejas por parte de los funcionarios del Palacio Legislativo, debido al lento proceso. Los trabajadores de la Asamblea tuvieron que hacer largas filas para reclamar su pago, denunció la Asociación de Funcionarios de legislativo.
5A La Prensa Panamá, miércoles 16 de abril de 2025
6A La Prensa Panamá, miércoles 16 de abril de 2025 Panorama Puerto de Balboa Isaac Ortega Ereida Prieto-Barreiro [email protected] En una conferencia de prensa el pasado 7 de abril, el contralor Anel “Bolo” Flores reveló que entre 1997 y 2014, Panama Ports Company (PPC) movió 30 millones de TEU (contenedores) y obtuvo $698 millones de ganancia neta, lo que equivale a a $23 por movimiento de contenedor. A partir de 2015, eso cambió. Ese año se constituyeron las empresas Serviestiba, S.A. y Maniobras y Estiba Portuaria, S.A., las cuales ofrecen servicios de estiba, desestiba, conteo de contenedores y provisión de mano de obra portuaria en Balboa y Cristóbal, ambos puertos concesionados a PPC mediante el Contrato Ley N.° 5 del 16 de enero de 1997. Ahora, en lugar de $23 por contenedor, PPC gana $11.5. Por tanto, se puede colegir que la ganancia de PPC, empresa en la que el Estado tiene el 10% de las acciones, cayó. La portuaria, en cambio, lo aplaude y sostiene que la contratación de estos proveedores de servicios representó “un ahorro significativo” en los últimos 10 años. El problema está en que estas empresas proveedoras no tienen contrato de concesión con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Con quien tienen relación directa es con PPC, por tanto, se arropan con el Contrato Ley No. 5, que en su cláusula 2.10, punto “u”, otorga a la portuaria la facultad de “subcontratar todos sus derechos y actividades otorgadas mediante este contrato de concesión, sin necesidad de aprobación del Estado”. De ese modo, operan dentro de Balboa y Cristóbal y generan ingresos. El problema está en que -según el contralor- no pagan impuestos. Al Estado no le toca ni un centavo por esos servicio que están prestando en terrenos y bienes que son propiedad de la Nación. “Son fantasmas que existen ahí, operan, cobran… pero nadie sabe por qué están ahí. Según ellos [PPC], no saben quiénes son, pero operan en sus recintos”, afirmó Flores. Pero, ¿de dónde salen estas empresas? ¿Quiénes las manejan? Serviestiba, S.A. y Maniobras y Estiba Portuaria, S.A. tienen mucho más en común que el hecho de convivir en la concesión de PPC. Ambas se inscribieron en el Registro Público en la misma fecha (el 20 de mayo de 2015), tienen el mismo agente residente (el abogado, exdiputado del PRD y expresidente de la Asamblea Nacional, Raúl Eugenio Rodríguez Arauz) y comparten a un director, que se llama Reinaldo Franco y que en ambas aparece como fiscal. Además, las dos empresas utilizan la misma dirección comercial: corregimiento de Ancón, Avenida Arnulfo Arias Madrid, Puerto de Balboa, edificio 39, planta 1A, que corresponde al área de concesión de PPC. El presidente y representante legal de Serviestiba es Raúl Alejandro Rodríguez Virzi, hijo de Raúl Rodríguez Arauz. Como tesorero y secretario figuran Luis Jurado González y Bienvenido Ábrego García, respectivamente. En los registros de licencias de operación otorgadas por la AMP, Gicela Rachel de Kinkead aparece como representante de Serviestiba. En tanto, en Maniobras y Estiba Portuarias están anotados los nombres de Raquilda Mercedes Pérez, Patsy Ortiz Álvarez y Neila Castrellón Coronel como presidenta, tesorera y secretaria, respectivamente. Pérez, además, es la representante legal. Aunque Alejandro Kouruklis, asesor legal de PPC, le dijo a La Prensa que la relación con estas proveedoras de servicios es “totalmente comercial” y que no sabe quiénes son sus beneficiarios finales, Serviestiba ofrece a su personal la posibilidad de trabajar “en Hutchison Ports”, que es la compañía matriz de PPC. El único requisito pareciera ser someterse a los “debidos procesos de selección”, según consta en un mensaje divulgado en la cuenta @serviestibasa, en Instagram. Y, aparentemente, también opera a la inversa: trabajadores de PPC se han incorporado a Serviestiba. Por ejemplo, el 9 de diciembre de 2015, se comunicó una “sustitución patronal”: un grupo de trabajadores fue “traspasado” de PPC a Serviestiba, la cual se convirtió en el nuevo “empleador”. La medida no fue del agrado de los trabajadores afectados, quienes incluso presentaron reclamos ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), pero la situación no cambió. Actualmente, Serviestiba tendría incluso más personal que PPC: la empresa proveedora, según el exdiputado Rodríguez, tiene una fuerza laboral de 2,000 personas, mientras que la portuaria contrata a unas 1,200 personas, indicó Kouruklis. Kouruklis agregó que la rotación de personal es una práctica común e indica que esto también ocurre con Maniobras y Estiba Portuaria y otras empresas que operan en las terminales. La Prensa le preguntó a Rodríguez Arauz quién le solicitó la constitución de estas sociedades. Evitó responder. Se limitó a decir que actuó siguiendo instrucciones de un cliente. “La firma brinda servicios legales a diferentes clientes, entre ellos aquellos que me solicitaron la conformación y el servicio de agente residente de estas dos sociedades”, remarcó. Una fuente vinculada a la AMP se refirió a Serviestiba como “una empresa satélite de PPC utilizada para tercerizar sus servicios, una práctica conocida por todas las administraciones”. Contó que la AMP ha intentado inspeccionar las operaciones de ambas, pero “la empresa [PPC] evitaba las supervisiones y conseguía autorización para continuar con esta situación”. Ahora el que quiere averiguar es el contralor Flores, quien ya ha dicho que la Dirección General de Ingresos (DGI) está realizando auditorías a estas empresas subcontratadas, ya que no aparecen como contribuyentes activos ni pagan impuestos por sus operaciones. Flores indicó además que la Contraloría solo pudo verificar $690 millones de inversión por parte de PPC, a pesar de que el contrato exigía una inversión mínima de $1,000 millones para validar la renovación automática de la concesión otorgada en 2021. Esta diferencia representa una posible pérdida de más de $300 millones para el Estado. Rodríguez Arauz aseguró que Serviestiba y Maniobras y Estiba Portuaria cuentan con resoluciones emitidas por la DGI en 2015 y 2017, en las cuales se le reconoce la aplicación de los incentivos fiscales otorgados a PPC en el Contrato de Concesión No. 5 de 1997. Consultado sobre el monto específico que representa estos beneficios fiscales, respondió que no podía brindar esa información porque era un tema contable. Sobre los señalamientos del contralor, quien calificó a ambas como empresas “fantasmas” que operan dentro de PPC, Rodríguez los rechazó categóricamente, asegurando que se trata de “afirmaciones inexactas”. “No sé si se deben a una confusión o al desconocimiento de las disposiciones legales”, opinó. Por su parte, Kouruklis indicó que no han recibido ninguna notificación del Ministerio Público. Sin embargo, confirmó que los auditores de la DGI están llevando a cabo una auditoría a PPC, aunque aún desconocen los resultados. La Contraloría presentará en los próximos días denuncias penales contra aquellos miembros de la junta directiva de la AMP que prorrogaron la vigencia del Contrato Ley No. 5 hasta el año 2047, así como contra ejecutivos de PPC, por operar un modelo de explotación que —según Flores— ha favorecido de forma desproporcionada a intereses privados en detrimento del país. Al grano Flor Mizrachi [email protected] La ley de amnistía todavía no ha pasado. Pero que no nos engañe el “todavía”. Lo van a volver a intentar. Porque no es la primera vez, y porque están dispuestos a seguir hasta que les funcione. El proyecto lo presentó Bolota Salazar. Sí, el mismo que en 2019 amenazó a policías en Colón invitándolos a pelear “como hombres”, que en 2020 le tiró una botella de agua a la diputada Kayra Harding y que entre 2021 y 2023 fue señalado por el manejo opaco de más de $14 millones en fondos públicos destinados en teoría a su corregimiento. Y esto no es solo una maniobra para salvar a Martinelli. Es un mensaje. Un movimiento para medir fuerzas, provocar, y abrirle la puerta a la impunidad. Si no pasa ahora, lo meterán después. Cambiado, maquillado, en otro escándalo, pero lo meterán. ¿El objetivo? Blindar a Martinelli y a sus hijos, a Varela, a diputados, exfuncionarios, financistas y empresas. Es una ley diseñada para borrar el pasado y garantizar que nadie pague por nada. Esta ley beneficia a muchos. Muchísimos. Por eso tiene apoyo. Detrás hay diputados del PRD, Realizando Metas, Cambio Democrático y panameñismo. 27 firmas. No por principios. Por cálculo. Porque si esto se aprueba, todos ganan. Y eso es exactamente lo que buscan. Mulino está acorralado. No tiene bancada propia. No controla la Asamblea. No parece estar negociando. Y en un país acostumbrado al clientelismo, eso se paga caro. Por eso este proyecto no es una ley: es una emboscada. Para forzarlo a vetar, confrontar y quedar mal. Y mientras tanto, ellos juegan a ser víctimas. Dicen que es una ley de reconciliación. Que hay que cerrar ciclos. Que se persigue políticamente a sus líderes. Pero lo que están haciendo es normalizar la impunidad vistiéndola de “amnistía”. En paralelo, se habla de plata. $10 mil por firma. $90 mil si se aprueba. Nadie lo confirma, nadie lo niega. capas. Que busca proteger a los de antes, desgastar al de ahora, y pavimentar el camino para los de siempre. Y lo están haciendo con total conciencia de que, aunque la Corte la tumbe después, la impunidad ya habrá surtido efecto. Ya se habrán liberado, cerrado casos, eliminado penas. Y mientras, la oposición sigue cómoda. El PRD, jugando sucio, pero con estrategia. Para variar. Y la ciudadanía, desconectada. El país está frágil. Y ellos lo saben. Por eso insisten. Por eso empujan. Porque ven un Ejecutivo débil, una población cansada, y una Corte lenta. El escenario perfecto para colar la trampa. Esto no ha pasado. Pero están más cerca de lograrlo que antes. No lo olviden. Si no levantamos la voz, si no reaccionamos, si no señalamos, van a lograrlo. Y cuando eso pase, no nos preguntemos cómo fue que lo permitimos. que nadie se entere. O sin que a nadie le importe. Y eso es parte del plan. Aprovechar el cansancio. El ruido del Canal, la huelga médica, la embajada. Apostar a que la gente esté saturada. Que no reaccione. La semana pasada no sesionaron porque no tenían los votos. Pero eso puede cambiar en cualquier momento. Y aunque Mulino vete la ley, igual va a la Corte. Y mientras la Corte decide, la ley estaría vigente. O sea: objetivo cumplido. Y eso es lo que no dicen. No importa si es legal. Importa que funcione. De paso, usan esto para romper definitivamente con Mulino. Para exponerlo. Para empujarlo a un punto sin retorno. Para mostrar que no tiene poder. Que no manda. Que ni siquiera puede frenar una ley inconstitucional. Para debilitarlo tanto que el país vuelva a manos de quienes se lo reparten como botín. Esto no es un proyecto más. Es una jugada con muchas También se ofrecen cargos, botellas, impunidad a cambio de apoyo. Y sí, ya hay quienes están negociando desde ahora las presidencias de comisiones y hasta de la Asamblea. Lo de siempre. Pero más descarado. El cálculo político es simple: no necesitan mayoría calificada. Solo 19 votos. Un quórum mínimo, una sesión sin ruido, y listo. Lo pueden pasar rápido, sin Serviestiba y Maniobras: los rostros ocultos del negocio portuario Dos empresas, creadas el mismo día, con la misma dirección y sin control fiscal según el contralor Flores, operan dentro de la concesión portuaria sin pagar impuestos ni rendir cuentas al Estado. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
7A La Prensa Panamá, miércoles 16 de abril de 2025 Panorama Lucy Molinar es entrevistada por un equipo de Mi Diario en las instalaciones de Corprensa. Alexander Arosemena ‘Apaguen la luz y cierren la puerta’; Molinar habla del llamado a huelga Mario De Gracia [email protected] ENTREVISTA La ministra Lucy Molinar cuestiona la efectividad de la huelga docente convocada contra la Ley 462, argumentando que no debe sacrificarse la educación pública y advirtiendo sobre posibles sanciones por adoctrinamiento ideológico. La efectividad de la huelga indefinida que convocaron gremios y agrupaciones docentes a nivel nacional desde el próximo miércoles 23 de abril, para protestar contra la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS), es cuestionada por la ministra de educación, Lucy Molinar. En entrevista con La Prensa, la titular del Ministerio de Educación (Meduca) señaló que la entidad se ha reunido con directores de distintas escuelas públicas para coordinar estrategias de abordaje ante el paro docente, asegurando que “cuentan con un Plan B” para atender a los estudiantes, “porque hay docentes que sí quieren trabajar”, manifestó, a pesar de que no especificó en qué consiste el plan alterno. La relación entre Molinar y los gremios docentes ha tenido contratiempos desde el inicio de su administración en julio de 2024. A pesar de ello, la ministra asegura que conversa con dirigentes gremiales casi todos los días, pero que algunos tienen temor de rechazar el llamado a huelga “por miedo a que les llamen traidores”. “Con ellos hemos conversado muchas veces, de hecho, la mayoría de ellos conversa conmigo en privado un día sí y al otro también. Lo que pasa es que no se atreven a aparecer en público, porque les van a decir ‘traidor’ (...) Hoy tenemos a mucha gente que quiere salir a decir que apoyan la causa, pero que también quieren atender a sus alumnos y no se atreven porque los otros le van a decir traidores y les van a montar campaña”, señalóMolinar. A pesar de que Molinar ha pedido separar la educación de la política, la participación y el activismo político, tanto de estudiantes como docentes, forma parte del tejido histórico panameño. A esta realidad, la ministra argumenta: “No se pelea una cosa con la otra. Si tú quieres hacer política cotidiana, dedícate a eso. No involucres los procesos educativos en ese calle arriba y calle abajo de nuestra política criolla (...). Los movimientos estudiantiles [y docentes] tienen derecho a existir, derecho a expresarse, pero eso no puede ir a costa de la educación de quienes más necesitan porque mientras ellos paran el sistema público, las escuelas particulares están funcionando, entonces, ¿qué queremos? ¿Ayudar a los pobres o hacerlos más pobres?”, argumentó la ministra ante la interrogante. Por otra parte, y a pesar de que el derecho a la expresión se pone sobre la mesa, entidades como la Defensoría del Pueblo han alertado sobre presuntos intentos de “adoctrinamiento ideológico” por parte de docentes en centros educativos. Una pregunta al respecto se le planteó a Molinar, quien detalló que se están tomando medidas que podrían acarrear sanciones, sin ahondar en detalles. La ministra fue tajante en su reflexión sobre sobre los llamamientos a huelga intencionados a “poner presión al gobierno”. “Si el país sucumbe a que cada vez que alguien quiere presionar al gobierno o que tenga una causa, le diga a los padres que no manden sus hijos a la escuela, estamos muertos, apaguen la luz y cierren la puerta, por fuera, porque esto no va a funcionar como país”, expresó. Entre las razones de la huelga, diferentes gremios de docentes, apoyados también por agrupaciones de trabajadores y médicos, señalan la Ley 462 sobre la CSS, aprobada en la Asamblea Nacional el pasado 13 de marzo. Las agrupaciones han argumentado que sus propuestas para reformar la entidad de salud no fueron tomadas en cuenta, y además se oponen al establecimiento de un sistema de Dar seguimiento al Plan Local de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Panamá forma parte de las primeras metas que está ejecutando la Dirección de Planificación Urbana (DPU) del Municipio de Panamá, específicamente en el corregimiento de San Francisco. David Tapia, director de Planificación Urbana, en entrevista con La Prensa, explicó que una de las metas es cumplir con lo que establece el plan de ordenamiento. Sin embargo, se han encontrado con comunidades con espacios especiales como La Cresta, El Carmen, San Francisco y Panamá Viejo, que son barrios cuya zonificación fue adoptada por el plan local original, pero que deben ser trabajados y revisados. Tapia resaltó que, aunque se adoptaron las zonificaciones existentes, el plan requiere ser revisado cada cinco años. No obstante, aclaró que “esto no significa que va a cambiar la zonificación o que se construirán más edificios. Simplemente es que las ciudades cambian constantemente, y eso es sano”. Precisamente para tener ese acercamiento con las comunidades de San Francisco, la Dirección de Planificación Urbana ha implementado una nueva metodología de reuniones y trabajo, barrio por barrio. Tapia señaló: “Este tema de zonificación lo estamos viendo desde el punto de vista técnico y estamos aceptando sus comentarios. Estamos haciendo un ejercicio bien interesante con ellos sobre escala urbana, escala de edificios, usos del suelo, y creo que el resultado será bueno”, indicó. El director de la DPU agregó: “Definitivamente, hay una lección aprendida”, en referencia a la primera consulta pública realizada en el Parque Omar, donde los residentes no aceptaron los planteamientos y rechazaron rotundamente los cambios de zonificación en el corregimiento. El Plan Local de Ordenamiento Territorial define ciertos corregimientos como el centro de la ciudad, y San Francisco es uno de ellos, donde se proyectan líneas del metro. De cierta manera, es de interés para la ciudad mantener la densidad poblacional en las áreas céntricas. Según Tapia, a medida que las ciudades se van segregando, alejando o dispersando, se vuelve más complicado para el Estado o el municipio atender necesidades como la falta de agua, de servicios básicos o la seguridad, entre otras. “Entonces, la vocación de un barrio céntrico en la ciudad es ser una zona mixta. Por ejemplo, en San Francisco, al igual que en Bella Vista, Betania, Calidonia, Santa Ana, Curundú y San Felipe, son comunidades de uso mixto. Y uno puede ver que, desde hace muchos años, San Francisco ya es, de forma natural, un barrio de uso mixto”, indicó. Precisamente para atender estas necesidades, que se conocen de primera mano a través de los residentes, Ordenamiento territorial en Panamá: avances, desafíos y comunidad activa PLANIFICACIÓN se han implementado las Juntas de Desarrollo Local (JDL), las cuales velan, en una escala más íntima, por las necesidades del barrio. En San Francisco ya está conformada la JDL de la comunidad de Villa Lilla, la cual lleva adelante reuniones de organización con los residentes de las zonas de Villa Lilla y de Amortiguamiento, para que tengan información clara y precisa sobre los temas que se están abordando, y puedan tomar decisiones fundamentadas en el próximo taller con la DPU, que se realizará después de Semana Santa. Esta JDL ha llevado adelante acercamientos con diputados del circuito 8-4 y ha realizado estudios que han revelado que las servidumbres viales en las calles 64, 65 y 66 del corregimiento no tienen las medidas adecuadas, ya que no superan los 10.5 metros de ancho, cuando deberían tener 15 metros. Junta de Planificación El pasado 11 de abril, el alcalde de Panamá juramentó a la nueva Junta de Planificación Urbana, que estará vigente en el periodo 20252029. Es un órgano colegiado que aprueba planes y es el encargado de dar la aprobación final para enviar al Concejo Municipal los temas que se están revisando en San Francisco. La Junta de Planificación está compuesta por siete miembros: representantes del Municipio, universidades, gremios profesionales, concejales y sociedad civil. En el caso del Concejo Municipal de Panamá, Mizrachi juramentó a los representantes Carlos Domínguez, de la Junta Comunal de Las Mañanitas, y Humberto Chavarría, de la Junta Comunal de Betania. Por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) están Kathy Escalona y su suplente, Gianina Rodríguez. Por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá, representa Saúl Servin. En representación de la sociedad civil firmaron el acta José Esturaín, Jorge Núñez y Uriel Espinosa; y por parte de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), José Batista. El alcalde capitalino destacó que este distrito es motor del desarrollo, responsable del 70 % del Producto Interno Bruto del país, y que existe la responsabilidad de dinamizar con urgencia la actividad económica. La Junta de Planificación deberá trabajar para resolver la mora pendiente y promover el desarrollo urbano de la ciudad. Yaritza Mojica [email protected] David Tapia, director de Planificación Urbana de la Alcaldía de Panamá. Elysée Fernández pensiones basado en cuentas individuales. El pasado 3 y 4 de abril, los gremios de docentes se mantuvieron en paro por 48 horas; sin embargo, desde el Ejecutivo se puso en entredicho la efectividad de la huelga. El propio presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo ante medios de comunicación el pasado 4 de abril que parte de las huelgas convocadas fueron “un gran fracaso”. La línea del presidente la sigue Molinar, con mesura, poniendo en duda que la huelga indefinida convocada para la próxima semana genere la pérdida de clases en los centros educativos públicos. “Nosotros vamos a estar ahí para atender a los estudiantes”, sostuvo. Tribunal absuelve a exdirigentes del Comité Olímpico El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales dictó un veredicto absolutorio a favor de seis exdirigentes del Comité Olímpico de Panamá (COP) a quienes se acusó de la presunta comisión del delito de hurto en perjuicio de esa organización que regula el deporte olímpico en Panamá. A través del edicto No.420 colgado en la sede del juzgado el pasado viernes, se informa a las partes de la decisión asumida por la juez Agueda Rentería, la cual deja sin efecto los cargos contra los exdirigentes. La decisión del tribunal alcanza a los exdirigentes del COP Miguel Sanchiz, Ricardo Enrique Turner, Fernando Samaniego González, Franz O. Wever y Miguel Ángel Ramos. El proceso tiene su génesis en el año 2016, cuando los investigados eran miembros del COP y se les denunció por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de esa organización deportiva. La Fiscalía Undécima de Circuito ordenó la indagatoria de los investigados por presuntas irregularidades en los recursos económicos del programa de solidaridad olímpica, que fueron recibidos durante su gestión frente al COP. JUDICIAL Juan Manuel Díaz [email protected] El falló favoreció a seis exdirigentes del Comité Olímpico. Archivo
8A La Prensa Panamá, miércoles 16 de abril de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. ha sido completamente divulgado a la ciudadanía ni aprobado por la Asamblea Nacional, plantea interrogantes serios sobre el alcance de la cooperación bilateral en temas de seguridad, migración y presencia operativa en zonas fronterizas como el Darién. Una de las preocupaciones más fuertes radica en la posibilidad de que este acuerdo abra la puerta a una nueva forma de presencia militar extranjera en territorio panameño. Panamá, tras la salida de las bases estadounidenses en 1999, consagró en su Constitución —y en el sentimiento colectivo— la firme decisión de no permitir nuevamente instalaciones militares extranjeras en su suelo. Cualquier paso que sugiera una regresión en ese sentido representa un riesgo a la soberanía duramente conquistada y puede ser interpretado como una violación a la neutralidad del país y al principio de no intervención. Además, la historia latinoamericana demuestra que la presencia militar de potencias extranjeras, aunque justificada bajo el pretexto de la seguridad y el combate al crimen, con frecuencia ha derivado en acciones que afectan los derechos humanos, generan tensiones internas y comprometen decisiones nacionales a agendas externas. En el caso de Panamá, aceptar un rol suLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Una mortandad completamente inútil Guerra Llevamos más de dos años dedicados a debatir en el ágora global si compete y conviene ayudar a Ucrania, república independiente vecina de Rusia, a protegerse del huracán y tsunami que un buen día llegó a sus plácidas, exitosas vidas en libertad y democracia, sin provocación alguna. Su heroico presidente Zelensky viaja por el mundo tratando de convencer a los gobiernos democráticos con recursos que les den la mano, por favor, que les den con qué defenderse de la guerra más violenta y mortífera que hemos conocido, pues el armamento durante la II Guerra Mundial fue ligero comparado con el mundo de drones, tanques resistentes a todo, misiles y aviones equipados para eliminar a la humanidad. Y como si Goliat no conociera lo que es vergüenza, también los amenaza con bañarlos en radioactividad por varias generaciones, lanzándoles una bomba nuclear. Parece que hemos olvidado que en esta guerra no existe una sola justificación plausible, no hay un loco en el gobierno de Ucrania, no están los terroristas talibanes asentados allí, ni la ciudadanía sufre hambrunas por desgobierno, ni pedían jamás nada aparte de irse acercando más y más a las democracias occidentales, en las que veían libertad y progreso. En un artículo que escribí cuando comenzaba la agresión a Ucrania, dije que lo mejor que podían hacer las democracias fuertes era entrar con botas en tierra en Ucrania apenas se vio que era un ataque a la democracia cuya defensa quedaba en manos de David frente a Goliat, y aniquilar desde el principio la avanzada rusa en ese país. Que hacerlo tarde, cuando ya hubiesen muerto injusta e inútilmente cientos de miles de ucranianos, ciudades enteras arrasadas, y eso sin pensar en los miles de muertos rusos, era haber permitido un cósmico sacrificio a sabiendas de que no había fórmula que garantizara al ejército ucraniano y a sus ciudadanos un envío oportuno y suficiente cuando se necesitara para que Ucrania pudiera protegerse y empujar a los rusos de vuelta a sus tierras. Opiné entonces, y me atrevo a mantenerme en la misma posición, que el final de esta guerra será así mismo, con la llegada de soldados de varios ejércitos de países que creen en la justicia para Ucrania, y así obligar a Putin a llegar a un arreglo decente y justo, pues la alternativa que le quedaría sería declarar una III Guerra Mundial. Y así de irracional no es. Haberlo hecho antes de que murieran tantos inocentes. El Cartel de los Buneau Varilla Relaciones con EUA ellos sintió ni experimentó el fervor de la lucha para recuperar nuestra soberanía, por lo que ese evento tiene un efecto “neutro”, como el mecanismo de compensación que han inventado para disfrazar los cargos “que te doy y me haces”. Visto desde el prisma de ellos, como no nos costó nada obtenerlo, alegremente podemos regalar la soberanía que teníamos sobre el Canal, y dejar que se entrometan en nuestras decisiones soberanas, además de meter la mano en la alcancía del Canal. El 11 de octubre de 1968 sucedió la revolución octubrina, que transformó a Panamá en todo su sentido, ya que fue un golpe militar donde la democracia se extinguió. Esto sucedió cuatro años después del movimiento estudiantil que marcó la hoja de ruta para la recuperación del Canal. Para esa época, el Gringuillo estaba en escuela primaria y sus secuaces posiblemente en maternal o preparándose para ingresar a la escuela. La educación y la influencia del entorno a temprana edad de estos ahora secuaces vendidos estuvo carente de valores cívicos, y realmente no se desarrollaron para convertirse en buenos ciudadanos, sino que crecieron en la cultura del juega vivo. Algunos posteriormente adquirieron sus ínfulas de militares, ya que su juventud coincidió también con los años del sometimiento bajo el otro dictador, Manuel Antonio Noriega, que fue derrocado durante la invasión que realizaron los gringos en 1989. El Gringuillo nació en 1959 y el periodo dictatorial Torrijos/Noriega fue de 1968 a 1989, o sea que sus 20 años posteriores a su pubertad los vivió bajo la influencia dictatorial, que algo le debió haber calado. Durante sus años mozos fue activista contra la dictadura de Noriega e integrante de la Cruzada Civilista, pero pareciera que esos efímeros momentos de lucha han quedado en el olviJorge Obediente El Canal, la soberanía y el memorando Política exterior La soberanía del Canal de Panamá constituye uno de los logros más significativos de la historia republicana del país. El proceso que culminó con la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977 y la eventual transferencia total del Canal en el año 2000 marcó el fin de una etapa de intervención extranjera directa sobre territorio panameño. Esta victoria fue más que política: fue moral, cultural y simbólica. Representó la afirmación de la identidad nacional y la conquista de la plena autonomía sobre un bien estratégico de inmenso valor económico y geopolítico. No obstante, recientes decisiones del Ejecutivo panameño, como el memorando de entendimiento firmado por el ministro de Seguridad Pública con el gobierno de Estados Unidos, han generado un profundo debate en torno a la vigencia y solidez de dicha soberanía. El acuerdo, cuyo contenido no bordinado o facilitar espacios para operaciones extranjeras podría tener consecuencias en su política exterior, en su imagen internacional y, especialmente, en su cohesión social. En momentos donde la región enfrenta retos complejos en materia migratoria, seguridad fronteriza y crimen transnacional, es necesario encontrar soluciones desde la cooperación, sí, pero bajo estrictos marcos de legalidad, transparencia y respeto a la soberanía. El Canal de Panamá y su historia deben recordarnos que la defensa del territorio y la autodeterminación no son negociables, y que toda alianza debe estar orientada a fortalecer las capacidades nacionales, no a sustituirlas ni a condicionar nuestra independencia. Panamá no puede, por razones de conveniencia momentánea, abrir espacios a decisiones que puedan comprometer su soberanía a largo plazo. La experiencia nos ha enseñado que la libertad y el control sobre nuestro destino o se entregan ni se hipotecan: se defienden cada día con dignidad, visión de Estado y respeto a la voluntad popular. Opinión LA AUTORA es escritora. LA AUTORA es abogada. EL AUTOR es ciudadano. Beatriz Valdés do. El reflejo de su formación lo hemos experimentado con la venta de su alma al diablo para convertirse en el presidente electo por una minoría no representativa de la mayoría de los panameños. ¿Tendría también en ese entonces el apoyo encubierto de los gringos para lograr lo que ahora están recibiendo? Todo parece indicar que ha seguido con la misma técnica, aunque no tiene alma que vender porque no la ha recuperado. A cambio, recurrió al servilismo sin agallas al convertirse en el yes man de los gringos. Concurrentemente, los miembros del cartel Bunau-Varilla que lo acompañan ciegamente en la tarea de mancillar nuestra patria, dejándolos intervenir en nuestros derechos ciudadanos, son de una camada similar. Esta gallada que lo acompaña en el gabinete, direcciones de entidades públicas y círculo cero es una camada que está entre las décadas de los cuarenta y cincuenta años. O sea, que lo que fluye por sus venas no es comparable con el de la juventud del 9 de enero de 1964. Probablemente ninguno de ellos recitó el poema Patria, escrito por Ricardo Miró en 1909, conmemorando la independencia de Colombia, y que es un himno para los verdaderos patriotas, a quienes se les pone la piel de gallina de la emoción cuando lo oyen. Parece que tocará a la generación de los seniors fomentar, encabezar y dirigir una nueva cruzada denominada Pro Mundi Beneficio, y salir de este letargo y sumisión en la que nos ha envuelto el Gringuillo y su cartel Bunau-Varilla. Nuestra soberanía nos costó lucha y sangre recuperarla, para que ahora estos vendepatrias la anden regalando con arreglos neutros. Cuando pensábamos que el cartel de las Sanguijuelas era malo, resulta que tenemos uno peor: el cartel de los Bunau-Varilla, cuyo capo es el Gringuillo. El primero dominaba la Asamblea e influenciaba las decisiones y movimientos locales, pero este nuevo cartel tomó beligerancia a partir de las visitas de los enviados por el desquiciado con garrote en mano. El cartel de los Bunau-Varilla se caracteriza por estar integrado por unos serviles vendepatria, traidores a los principios soberanos, cuyo entreguismo de nuestros derechos inalienables repugna. Los que vivimos el 9 de enero de 1964, que ahora andamos por las décadas de los setenta y ochenta años, estamos viendo cómo todo ese esfuerzo estudiantil, que influyó de manera contundente en la recuperación del Canal, con muertos y sangre, ahora lo están pisoteando e ignorando. Como conmemoración de dicha lucha, el 9 de enero se designó como el Día de los Mártires, pero vamos a tener que borrarlo del calendario por el irrespeto a la memoria de dichos caídos. De seguro que el capo Gringuillo y sus secuaces van a establecer una nueva fecha, como el 7 de abril, para conmemorar el Día del Entreguismo. Haciendo un poco de historia y remontándonos a los años de 1964: para ese año, el Gringuillo tenía 5 años y la mayoría de sus secuaces andaban en pañales o no habían nacido. Es un hecho que ninguno de Rosela Nasta Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Réplica sobre Noticia sobre la ‘cacería de botellas’ en la Asamblea Panamá, 15 de abril de 2025 Señora Eliana Morales Gil Editora Política/Judicial Diario La Prensa Presente Respetada señora Morales Gil: La presente nota es para solicitar mi derecho a réplica por la publicación fechada el 15 de abril de 2025 en el diario La Prensa y titulada Cheque a cheque: la cacería de botellas sacude la Asamblea Nacional y en donde se cita mi nombre, dejando en tela de duda mis funciones y mi asistencia diaria a mi sitio de trabajo. En la publicación en mención, en el séptimo párrafo, escribe: “Pero mientras los veteranos del Palacio Justo Arosemena se quejaban del método, otros rostros, hasta entonces invisibles, hicieron su primera aparición. La caza de las botellas los había sacado de su escondite.” Más adelante, cita: “En la zona también estaba el exdirector de Pasaportes, Omar Ahumada”. Deseo dejar claro que soy funcionario de 18 años en la Asamblea Nacional, en donde soy abogado. Del 01 de julio de 2019 al 15 de mayo de 2024, me acogí a licencia sin suelo, para desempeñar el cargo de Administrador General de la Autoridad de Pasaportes y me reincorporé a la Asamblea Nacional hace 11 meses y mi asistencia y ejecutorias no pueden ser cuestionadas ni dejadas en dudas, toda vez que cumplo con las funciones establecidas y mis actuaciones han sido enmarcadas a las leyes y a la ética. Adjunto documentos que dan fe de lo antes expuesto y reitero mi solicitud de aclaratoria por el diario tanto en su versión impresa como digital. Atentamente, Omar Ahumada * Las réplicas son publicadas tal como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido.
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