1B La Prensa Panamá, martes 15 de abril de 2025 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA Contralor reitera su postura sobre concesión a PPC La concesión, insistió Anel Flores ayer, ha sido ‘el atraco más grande de la historia’. Ahora le corresponde al Ministerio Público realizar las investigaciones. El contralor dijo que desde el año 2010 no se han ajustado las tarifas por movimiento de contenedores, a pesar de que la ley exige una revisión cada cinco años. Isaac Ortega Reyna Katiuska Hernández [email protected] “Panama Ports posiblemente representa el atraco más grande de la historia de este país. Y no por culpa de la compañía, sino por malos panameños que le entregaron de más, y ese ‘de más’ nos costó, en los 24 años que lleva esa concesión, más de 1,200 millones de dólares. Es decir, un promedio de casi 60 millones por año que no recibió el Estado panameño”, advirtió el contralor general de la República, Anel Bolo Flores, durante una entrevista en Radio Panamá. El contralor señaló que las conclusiones de la auditoría forense recientemente realizada por su despacho a Panama Ports Company (PPC) ya fueron remitidas al Ministerio Público, el cual ha iniciado una investigación de oficio para esclarecer responsabilidades. Reveló que entre los hallazgos más graves figura la renegociación del contrato en 2002, que modificó los términos de pago en beneficio de la empresa y eximió a PPC de varias obligaciones fiscales. periodo— ha incurrido en alguna omisión tributaria. Flores sostuvo que la tercerización no generó ahorros, como alegaba la empresa, sino importantes pérdidas. El contralor también afirmó que las auditorías no se limitarán únicamente al caso de Panama Ports. Explicó que se evaluarán otras concesiones portuarias del país, aunque advirtió que la Contraloría no cuenta con suficiente personal para auditar todos los puertos al mismo tiempo, por lo que se avanzará caso por caso. “Vamos uno por uno”, dijo, asegurando que ejercerán el derecho a auditar todas las concesiones en su debido momento. Además, reveló que desde el año 2010 no se han ajustado las tarifas por movimiento de contenedores, a pesar de que la ley exige una revisión cada cinco años. Este incumplimiento, atribuido a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), ha generado un daño económico significativo. “Si estamos moviendo casi nueve millones de contenedores, y cada aumento pudo ser de cuatro dólares, estamos hablando de unos 36 millones de dólares que no se recaudaron”, explicó el contralor, denunciando falta de acción y posible complicidad. PUERTOS Asimismo, Flores indicó que se ha descubierto la contratación de “compañías satélite”, como Serviestiba, entre otras, que habrían sido utilizadas presuntamente para drenar utilidades, reduciendo significativamente los ingresos netos de la empresa matriz, y, por tanto, el porcentaje que correspondía al Estado panameño, que posee un 10% de participación en PPC. “Panamá es socia de Panama Ports. Pero mediante estas empresas fantasmas se desviaron cientos de millones que debieron beneficiar al país”, denunció Flores en entrevista con Radio Panamá. Añadió que corresponderá también a la Dirección General de Ingresos (DGI) auditar y determinar si Serviestiba, empresa que facturó 468 millones de dólares entre 2015 y 2023 —mientras PPC reducía sus ganancias netas en ese mismo Juan Manuel Díaz [email protected] Investigaciones por $308 millones de sobreprecio en obras públicas se destraba FCC Y ODEBRECHT Una decisión del Primer Tribunal de Justicia destrabó la situación procesal de cinco investigaciones relacionadas con asignación de contratos para la ejecución de obras a las empresas Fomento de Construcción y Contratas (FCC) y Odebrecht que, según auditoría de la Contraloría General de la República, revelaban sobreprecios por unos $308 millones. A través del edicto No.418, colgado en la sede del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, se informa que el Primer Tribunal de Justicia desestimó un recurso para acumular las cinco investigaciones, lo que implica que ahora el juzgado podrá avanzar en la resolución de estos procesos. Se trata de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía Anticorrupción que involucran a funcionarios del período 2009 - 2014, entre ellos el exministro de Obras Públicas Federico Suárez y otros, a quienes se investiga por la presunta comisión del delito de peculado. Un informe de auditoría reveló la existencia de presuntos sobreprecios en la construcción de las obras. Los informes de auditoría de la Contraloría arrojaron que el corredor vía Brasil tuvo un sobreprecio de $70.6 millones en el tramo I y de $41.8 millones en el tramo II; que el sobrecosto en el proyecto de remodelación del Casco Antiguo fue por la suma de $51.4 millones. En tanto, el proyecto de mejoramiento de la vía Domingo Díaz, según las auditorías tuvo un sobreprecio de $47.5 millones, por lo que la fiscalía formuló cargos en estos casos. De acuerdo con los informes de la Contraloría también se ubicaron sobrecostos por un monto de $107.1 millones en el proyecto de diseño y construcción de la cinta costera 3. Hace un año y tres meses el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales dispuso la acumulación de los expedientes relacionados con la construcción del corredor vía Brasil tramo 1 y tramo 2, pero esta decisión fue apelada por los abogados defensores, quienes exigieron que los casos se tramitaran en un solo expediente por tratarse de las mismas personas y casi los mismos hechos. Fuentes del Ministerio Público confirmaron que el tribunal decidió que ahora se investigarán en un solo proceso las irregularidades en la construcción de la vía Domingo Díaz y el Casco Antiguo. Mientras que en otro expediente se adelantará el proceso por el diseño y construcción de la vía Brasil fase 1, fase 2 y la cinta costera 3. Todas las investigaciones relacionadas con los sobrecostos enfrentaron una gran cantidad de recursos legales que han retrasado su definición y el establecimiento o no de alguna conducta ilícita de parte de las personas inLos informes de auditoría de la Contraloría arrojaron que el corredor vía Brasil tuvo un sobreprecio de $41.8 millones en el tramo 2. Archivo vestigadas. Los abogados defensores de los investigados por la fiscalía han señalado que todas las obras fueron entregadas y recibidas conforme por las autoridades del MOP, por lo que no existe conducta ilícita alguna. También han señalado que se pudo demostrar que los sobrecostos de estas obras se debieron al incremento en el precio de algunos materiales en el comercio nacional, por lo que fue necesario realizar ajustes para concluir los trabajos. Las investigaciones se iniciaron en el año 2017, a raíz de una auditoría ordenada por el entonces contralor Federico Humbert. EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA 86.01 pies 224.49 pies Nivel de aguas mínimo - 75 pies Nivel de aguas mínimo - 190 pies 77 83 87 195 205 215 Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal
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