10A La Prensa Panamá, lunes 14 de abril de 2025 Panorama El 44.44% de las escuelas encuestadas reportaron graves problemas con la infraestructura: estructuras inestables, aulas improvisadas y baños inservibles. Archivo El diagnóstico de Jóvenes Unidos desnuda la crisis educativa Aleida Samaniego C. [email protected] INFRAESTRUCTURA La organización Jóvenes Unidos por la Educación (JUxLaE) revela, a través de una encuesta nacional, las graves deficiencias en infraestructura, servicios básicos y recursos en las escuelas del país. En medio de la falta de datos actualizados y confiables sobre el estado de la educación en Panamá, la organización Jóvenes Unidos por la Educación (JUxLaE) ha lanzado una iniciativa clave para destapar la cruda realidad de las escuelas del país. A través de una encuesta nacional, que incluyó testimonios de miembros de la comunidad educativa y evidencia fotográfica, JUxLaE ha logrado documentar las condiciones de los centros educativos más representativos. Con 72 respuestas obtenidas de escuelas situadas en ocho provincias y dos comarcas, este diagnóstico ofrece una radiografía detallada del estado de las infraestructuras, los servicios básicos y los recursos en los centros educativos, revelando deficiencias críticas que afectan a miles de estudiantes panameños. Los resultados preliminares de la encuesta son alarmantes. El 44.44% de las escuelas encuestadas reportaron graves problemas con la infraestructura: estructuras inestables, aulas improvisadas y baños completamente inservibles. Uno de los testimonios más preocupantes describe la situación de una escuela donde “la estructura se encuentra inestable. Ya se cayó una losa y hay peligro”, una señal clara del riesgo que enfrentan estudiantes y docentes a diario. Pero no solo se trata de lo que está caído, sino también de lo que falta, pues el 43.9% de las respuestas sobre infraestructura destaca la falta de espacios adecuados para actividades académicas y recreativas. Las aulas son pequeñas, incómodas y, en muchos casos, las instalaciones no cumplen con las mínimas normas de seguridad. Esto, junto con los baños deteriorados, crea un entorno poco propicio para el desarrollo académico. “Los baños están totalmente inservibles… tenemos que pasar muchas veces toda la jornada de clases sin poder ir al baño”, afirma otro testimonio, ilustrando las duras condiciones que deben enfrentar los estudiantes. Servicios básicos: el desafío del siglo XXI El problema no se limita solo a la infraestructura. El 16.67% de las escuelas reportaron carencias en servicios esenciales como agua potable, electricidad y conectividad. Esta situación impacta gravemente el ambiente de aprendizaje, especialmente en zonas rurales y comarcales, donde la falta de acceso a internet y tecnologías limita la capacidad de los estudiantes para desarrollarse en un mundo cada vez más digitalizado. “Los estudiantes no pueden acceder a internet, las computadoras no funcionan por falta de electricidad, y ni hablar del acceso a agua potable. Las condiciones son deplorables”, relata el estudio. Mientras que el 13.89% indicó problemas con sillas, pupitres y tableros en mal estado, lo que dificulta la comodidad de los estudiantes y limita su capacidad para concentrarse en las clases. Además, el 8.33% reportó un déficit de personal administrativo y docente, lo que afecta directamente la operatividad de las escuelas y la calidad educativa que se brinda. Un 5.56% de las escuelas indicó que no cuentan con libros de texto, recursos didácticos ni equipos adecuados para las clases. Esto dificulta aún más el aprendizaje de los estudiantes, sobre todo en áreas rurales, donde los recursos son limitados. El ciclo de desigualdad: Las comunidades más afectadas Lo más preocupante de este panorama es que las escuelas que enfrentan estas carencias se encuentran principalmente en las comunidades más vulnerables, aquellas que más necesitan un entorno adecuado para el desarrollo académico. Estas deficiencias estructurales y de recursos perpetúan el ciclo de desigualdad en el país, dejando a los estudiantes de las áreas más desfavorecidas sin las herramientas necesarias para tener éxito académico. Los resultados de esta encuesta evidencian la necesidad urgente de una acción gubernamental. Las deficiencias en infraestructura y recursos no solo afectan la calidad educativa, sino que también contribuyen al aumento de las tasas de deserción escolar, especialmente en las áreas más vulnerables. JUxLaE hace un llamado a las autoridades educativas y nacionales para que prioricen la mejora de las infraestructuras escolares, la provisión de servicios básicos y la capacitación del personal docente y administrativo. Sin un cambio estructural, el ciclo de desigualdad socioeconómica que afecta a miles de estudiantes continuará, impidiendo que Panamá avance hacia una educación de calidad para todos, añade. Es hora de actuar: garantizar un entorno educativo seguro, digno y estimulante es fundamental para romper las barreras de la desigualdad y ofrecer a todos los niños y jóvenes panameños la oportunidad de un futuro mejor. Momento en que funcionarios del MP efectúan un allanamiento en una residencia. Tomada de @PGN_PANAMA Estafas en Panamá: del ‘hackeo’ de WhatsApp a la venta ficticia de autos JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] A pesar del aumento de las labores de vigilancia de la Policía Nacional y el Ministerio Público (MP) los delitos de fraude y estafa siguen al alza. Según cifras del Ministerio Público, hasta febrero se habían denunciado unos 974 casos. De acuerdo con los datos, el auge de las estafas y los fraudes se está dando a través del uso de plataformas de internet y páginas web que anuncian la venta de equipos de computación, autos y servicios en los que al cliente se le exige dar un adelanto de dinero, y una vez entregado, el supuesto vendedor desaparece. Según el MP, ya el 80% de estos delitos se comete a través de plataformas digitales y llamadas telefónicas,en las que se notifica a la víctima de un supuesto premio y de un paquete que debe reclamar, aunque para entregárselo debe dar datos personales y dinero. En 2024, las fiscalías del MP recibieron un total de 954 denuncias de estafa en los dos primeros meses. Otra técnica muy utilizada por los delincuentes es anunciar la venta de un vehículo en las redes sociales y pactar con la persona la entrega de un adelanto. Las autoridades revelaron que otra estafa muy frecuente usada por los criminales es el hackeo de las cuentas de WhatsApp y acto seguido usurpar la identidad de la persona para solicitar dinero a sus contactos. La pasada semana, dentro de la Operación Dignidad fase dos, las autoridades desmantelaron dos grupos de personas vinculados a estafas y fraudes bancarios. En los operativos se ubicaron computadoras y equipos usados para contactar a potenciales víctimas. La Dirección de Investigación Judicial ha detectado que algunos grupos de estafadores operan desde las cárceles en asocio con personas que reciben el dinero de las estafas y luego se los entregan. En octubre de 2024, las autoridades arrestaron a 25 personas, vinculadas al delito de estafa agravada. Fueron aprehendidas mediante la Operación Ocean’s desarrollada en Panamá, Colón, Herrera, Panamá Oeste y Chiriquí. Según las investigaciones este grupo utilizaba hasta cuatro técnicas diferentes para estafar a sus víctimas. Las autoridades estiman que este grupo criminal sustrajo miles de dólares en sus operaciones. Otro grupo detenido por las autoridades a finales de 2024 acudía a las arrendadoras con documentación falsa y alquilaba vehículos. Una vez tenían el automóvil en sus manos alteraban le registro vehicular y lo vendían a terceros. Esta investigación inició en febrero de 2024 y se ubicaron aproximadamente 20 víctimas, con una lesión patrimonial que supera los $120 mil. Entre 2017 y 2023 las autoridades reportaron un total de 17,459 denuncias de estafa y fraude, siendo la provincia de Panamá la que registraba la mayor incidencia de estos delitos, seguida de Colón y Chiriquí. El Código Penal, en sus artículos 220 y 2021, establece una pena de 1 a 4 años de prisión por el delito de estafa simple. Mientras que en su modalidad agravada las penas oscilan entre los 5 y 10 años de cárcel.
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