1A La Prensa Panamá, lunes 14 de abril de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 14 de abril de 2025 - Año 44 - Nº 14986 Hoy por hoy Panamá atraviesa una encrucijada institucional. Cuando la Iglesia católica, la Cámara de Comercio, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y la Coalición Vamos coinciden en rechazar una iniciativa de la Asamblea Nacional, el país debe encender las alarmas. Algunos diputados evaden adelantar si apoyarán o no un proyecto de ley abiertamente inconstitucional, cuyo objetivo es claro: favorecer a dos expresidentes: uno condenado y otro acusado en casos de alto perfil por corrupción. Este no es un simple exceso legislativo. El proyecto golpea directamente las facultades del Órgano Judicial, vulnerando la separación de poderes que sostiene nuestra democracia. Si se permite este atropello, ¿qué sigue después? ¿Un intento de golpe al Ejecutivo? La negativa a sustentar públicamente el voto no es prudencia ni estrategia política: es cobardía. El país tiene derecho a saber quiénes están dispuestos a debilitar las instituciones para proteger intereses personales. Este no es un simple proyecto de ley: es una amenaza directa al Estado de derecho. Y el silencio —o la complicidad— en este momento puede tener consecuencias que lamentaremos por generaciones Ni sí, ni no: evasivas frente a la ley que favorece a Martinelli y Varela Mientras avanza en la Asamblea un proyecto que busca amnistiar casos emblemáticos de corrupción, los partidos Panameñista y CD evitan pronunciarse. La iniciativa podría beneficiar a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. VEA 2A PPC : Empresas en los puertos ‘no son fantasmas’ Mónica Palm [email protected] La empresa Panama Ports Company (PPC) defendió la legalidad de sus operaciones y la presencia de empresas subcontratadas dentro de los puertos de Balboa ENTREVISTA El asesor de PPC pidió al Estado resolver el conflicto por vías institucionales, como el diálogo o el arbitraje, y defendió que sus subcontratistas son legales y cumplen con sus obligaciones. y Cristóbal, tras los señalamientos del contralor general, Anel Flores. Este había advertido que varias compañías estarían prestando servicios en los recintos portuarios sin pagar impuestos, lo que podría constituir una irregularidad contractual. Alejandro Kouruklis, asesor legal de PPC, explicó que el Contrato Ley 5 de 1997 autoriza expresamente a la empresa a subcontratar servicios sin requerir aprobación estatal, y que esto es una práctica común en la industria portuaria nacional e internacional. VEA 6A Catedral Fe, historia y turismo Turistas recorrían ayer la Catedral Basílica Santa María la Antigua, en el Casco Antiguo, durante el Domingo de Ramos. Con el inicio de la Semana Santa, se espera la tradicional visita a las siete iglesias y una alta afluencia de visitantes. El año pasado entraron al país 2.7 millones de turistas y para 2025 se esperan 3.1 millones. VEA 1B Isaac Ortega En Panamá, la desigualdad no solo se expresa en las cifras de pobreza o desempleo. También se materializa en las aulas, donde miles de estudiantes enfrentan condiciones indignas para aprender. Según un reciente diagnóstico elaborado por Jóvenes Unidos por la Educación, muchas escuelas del país operan con estructuras inestables, baños inservibles, y sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad o internet. La situación es más crítica en zonas rurales y comarcales, donde estudiar implica resistir el abandono. Estas carencias no solo dificultan el aprendizaje, también profundizan las brechas sociales que afectan a los sectores más vulnerables. Mientras se repite el discurso de una “educación de calidad para todos”, la realidad muestra lo contrario. El aula, en lugar de ser un espacio que iguala oportunidades, se ha convertido en el escenario más visible de la desigualdad estructural del país. VEA 10A EDUCACIÓN De El Bronx a Santiago: la viajera que vio el alma del istmo Daniel Noboa derrotóa la candidata del correísmo Retrato de la desigualdad: el aula como reflejo del país En su nuevo libro, Stanley Heckadon-Moreno revive la mirada de Jenny C. White del Bal sobre un Panamá en plena transformación durante el siglo XIX. A través de cartas íntimas y observaciones agudas, la joven neoyorquina documentó costumbres, tensiones políticas y la vida cotidiana desde la élite hasta lo popular, dejando un testimonio único del istmo. VEA 12A Daniel Noboa ha sido reelegido presidente de Ecuador con el 56.13% de los votos, frente al 43.87% de la correísta Luisa González, cuando ya se ha escrutado el 75.82% de las actas, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE). VEA 11A HISTORIAS Alejandro Kouruklis. Isaac Ortega AL CIERRE Prolífico narrador, intelectual incansable y firme defensor de las libertades. Murió a los 88 años. Deportes Archibold le da medalla de oro a Panamá en ciclismo 14A Adiós a Mario Vargas Llosa, el último gigante del ‘boom’ latinoamericano
2A La Prensa Panamá, lunes 14 de abril de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] José Luis Varela y Sidney Sittón. Archivo Corte condena a Sidney Sittón a pagar $61 mil a Popi Varela DISPUTA Se genera un nuevo capítulo en el viejo litigio judicial entre el diputado José Luis Popi Varela, del Partido Panameñista, y el abogado Sidney Sittón, producto de acusaciones públicas emitidas en 2015 en un programa de televisión. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) condenó a Sittón a pagar $61,200 a Varela por daños y perjuicios, y revirtió decisiones previas que habían favorecido al abogado. Se trata de $50,000 por daños y perjuicios y $11,200 en concepto de costas, incluyendo las de segunda instancia. Es decir, gastos económicos derivados del proceso judicial (honorarios de abogados, tasas judiciales, y otros gastos). Así lo establece el edicto número 447 del pasado 10 de abril, emitido por la Sala Primera de lo Civil de la CSJ. Esta es la historia Esta historia comenzó el 26 de mayo de 2015, día en que Sittón dijo en RPC Canal 4 que Varela había recibido $1 millón de la extinta sociedad Cobranzas del Istmo, S.A., por presuntamente gestionar unos pagos que el Estado le adeudaba a la mencionada empresa. Al día siguiente (27 de mayo de 2015), Sittón denunció a Varela por este caso. La acción legal de Sittón también alcanzó al diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson. Popi Varela y Robinson denunciaron a Sittón por calumnia e injuria. Varela reclamó $1 millón. Robinson le exigió $5 millones. El recorrido judicial En 2020 se conoció la primera decisión producto de esta disputa: el Juzgado Duodécimo Civil condenó a Sittón a pagar $50 mil y otros $11 mil en concepto de costas a Varela, por calumnia e injuria. Sittón apeló, y en 2023 el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial revocó el fallo que había favorecido a Varela, argumentando que Sittón ejerció su derecho a cuestionar a un funcionario y no actuó con “mala fe”. Se revirtieron los papeles. El tribunal ordenó a Varela pagar $70,000 a Sittón por gastos procesales. Por esos días también hubo noticias del caso de Robinson. El tribunal ordenó que este diputado tenía que pagarle $371 mil a Sittón en concepto de costas. Con la sentencia del pasado 15 de abril se actualiza el caso. La decisión fue respaldada por los magistrados de la Sala Primera de lo Civil, Miguel Ángel Espino González, suplente del magistrado Olmedo Arrocha, y Miriam Yadira Cheng Rosas. En tanto, la magistrada Ángela Russo de Cedeño salvó su voto. De izquierda a derecha: diputados Jairo Salazar, Ariel Vallarino y Luis Eduardo Camacho. Elysée Fernández Partidos evaden polémica por ley que exoneraría a Martinelli y Varela Eliana Morales Gil [email protected] CASOS DE CORRUPCIÓN La cúpula de los partidos Panameñista y CD, al igual que diputados de ambos colectivos, mantienen silencio sobre el controversial proyecto de ley que busca exonerar a condenados e imputados en algunos de los escándalos más sonados de la historia reciente de Panamá. Mientras el proyecto de ley que busca exonerar a condenados e imputados en casos de corrupción da un paso más en la Asamblea Nacional, las cúpulas de los partidos Panameñista y Cambio Democrático (CD) mantienen un silencio que resuena más que cualquier discurso. La iniciativa, impulsada por el diputado perredista Jairo Bolota Salazar, podría beneficiar a figuras como los expresidentes Ricardo Martinelli, condenado por New Business, y Juan Carlos Varela, llamado a juicio por el caso Odebrecht. El mutis de los líderes Ni José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, ni Yanibel Ábrego, presidenta de CD, se han pronunciado públicamente sobre el asunto, tal como lo han hecho otras organizaciones políticas como el Partido Revolucionario Democrático (PRD) o la coalición Vamos, que cuenta con 20 diputados en el Palacio Justo Arosemena. La Prensa llamó y envió mensajes vía chat a Blandón y Ábrego para que dieran a conocer su posición sobre el proyecto, pero no respondieron. ¿Es un silencio estratégico? ¿O cautela ante el riesgo de defender una ley que amnistía a acusados de corrupción? Diputados: entre evasivas y medias palabras La estrategia del mutis se replica en sus bancadas. José Luis Varela, hermano del expresidente Juan Carlos Varela, y Jorge Herrera, diputados del Partido Panameñista, tampoco contestaron consultas sobre el asunto. Mientras que Medín Jiménez, también de ese colectivo político, dijo haber estudiado el proyecto “por encima” y prefirió no opinar sin “revisar bien el tema“. Sin embargo, aseguró que si cree que la iniciativa riñe con la Constitución. Ariana Coba, otra diputada de esta agrupación, por su parte, respondió con un “no tengo comentarios“. Aseguró no haberlo leído, pues está concentrada en asuntos de su comisión. Coba preside la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. En esta agrupación política, solo Edwin Vergara aparece entre los firmantes del proyecto. Francisco Panchito Brea, miembro de la Comisión de Gobierno, por el contrario, no lo firmó. En CD, el panorama es más revelador: cinco diputados —Didiano Pinilla, Yesica Romero, Gertrudis Rodríguez, Orlando Carrasquilla y Juan Díaz Concepción, suplente de Pinilla— respaldan abiertamente la propuesta. Sin embargo, figuras clave como Carlos Tito Afú, Manuel Cohen o Eduardo Vásquez guardan un perfil bajo. Ninguno respondió a este medio sobre el proyecto que impulsa Jairo Bolota Salazar. ¿Lealtad a Martinelli? ¿Temor a represalias? Cohen fue uno de los diputados que visitó a Martinelli en la embajada de Nicaragua el pasado 31 de marzo, día en que supuestamente viajaría a Managua como consecuencia de un salvoexonerar a sus implicados, incluyendo expresidentes, podría reescribir o borrar páginas enteras de la lucha anticorrupción en Panamá. Tambien resalta otro hecho relevante: La amnistía se encuentra establecida en la Constitución Política de la República de Panamá como una de las atribuciones de la Asamblea según lo expone el artículo 159 en su numeral 6. Sin embargo, este solo menciona que podrá “decretar amnistía por delitos políticos”. Los que sí hablan La Iglesia católica se pronunció en contra de la corrupción. “Como panameños, atravesamos días de desconcierto, donde la democracia se resiente. El principal enemigo de Panamá no viene del exterior. No es una potencia extranjera. El verdadero enemigo somos cada uno de nosotros, en la sociedad, en la familia, en los negocios, en la religión. Porque el verdadero enemigo se esconde dentro: es la corrupción y la impunidad”, aseguró José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano de Panamá, durante la misa del Domingo de Ramos, actividad que da inicio a la Semana Santa. La Comisión de Gobierno comenzó el análisis de la propuesta el pasado jueves, pero decretó un receso hasta este lunes. Lo que suceda en esta instancia es clave. ¿Conseguirán los votos? Así está el pulso en la comisión: Luis Eduardo Camacho (presidente) y Ariel Vallarino (vicepresidente), ambos de RM, están a favor, al igual que Didiano Pinilla de CD, quien a su vez es el segundo vicepresidente de la Asamblea. Francisco Brea, del Partido Panameñista, no aparece entre los firmantes, al igual que Crispiano Adames y Raúl Pineda, del PRD. Mientras que Cheng y Roberto Zúñiga, de Vamos, la rechazan. conducto que le dio el gobierno panameño para que viajara al país que le concedió asilo político desde el 7 de febrero de 2024. Partidos hermanos, historia compartida CD, al igual que el partido Realizando Metas (RM), fue fundado por Martinelli. Lo creó en 1998 y con esa plataforma llegó al poder en las elecciones de 2009, en alianza, precisamente, con el Partido Panameñista. En enero de 2018, Martinelli perdió el control de CD luego de que Rómulo Roux ganara las elecciones internas y se quedara con la presidencia. Desde octubre de 2024, CD está en manos de Ábrego, quien a inicios de la campaña política para los comicios de 2024 pedía el voto para llevar a Martinelli a la presidencia de la República. El peso de los nombres El proyecto no es cualquier trámite: busca desestimar emblemáticos casos (Blue Apple y New Business) vinculados a corrupción y que destaparon redes de lavado millonarias. Martinelli fue condenado a más de 10 años de prisión por lavado de dinero por New Business. Odebrecht reveló la más grande red de sobornos del país. Varela y Martinelli son dos de los llamados juicio en este proceso. De acuerdo con expertos,
3A La Prensa Panamá, lunes 14 de abril de 2025
4A La Prensa Panamá, lunes 14 de abril de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] ‘HOUSE OF CARDS’. El proyecto de ley de amnistía “política” se ha erigido como un intento de golpe de Estado técnico, cuya ejecución estaría dividida en temporadas, como si se tratara de una serie de Netflix. La primera consistiría en la exculpación: tocar al asilado con su varita legislativa para eliminarle la condena de prisión, la multa y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. La segunda, perseguir políticamente al actual inquilino de Las Garzas para procesarlo y, eventualmente, expulsarlo del cargo. Recordemos que este país no tiene vicepresidente. JINETES. Tres diputados habrían asumido la tarea de recolectar las 27 firmas de apoyo al proyecto de Bolota: Benicio Robinson, uno de los operadores internos del “loco” en el PRD; Shirley Castañeda, su abogada, y Popi Varela, hermano del expresidente Juan Carlos Varela, uno de los que, hipotéticamente, se beneficiaría de la amnistía política. Si hiciéramos un casting para Lo bueno, lo malo y lo feo, aún faltaría cubrir uno de los personajes. Adivinen cuál… CABALLO REGALADO. Este fin de semana, el presidente Mulino fue obsequiado con un ejemplar durante el Concurso Nacional Oficial del Caballo Peruano de Paso, celebrado en Mamacona, Lima. “Será llevado por nuestro querido presidente de Panamá a su finca, para que crezca allá, para que luzca allá, para que brille allá”, anunció el presentador del evento cuando el nuevo caballo de Mulino fue exhibido frente a todos los asistentes. Por suerte, aquí no hay declaraciones conjuntas que publicar y —mejor aún— el caballo no puede hablar. WHAT? Cuatro días después, Estados Unidos todavía no ha “actualizado” la versión en inglés del comunicado conjunto, luego de que la Cancillería solicitara —por escrito— que se incluyera el reconocimiento de la soberanía de Panamá sobre el Canal, como sí está consignado en la versión en español. O en la embajada no han recibido la nota o simplemente no les preocupa lo que piense nuestro Actualmente, el país cuenta con solo 300 investigadores por cada millón de habitantes, cuando la norma internacional recomienda un mínimo de 1,000 investigadores por millón. Elysée Fernández ¿Qué está impidiendo el progreso del país? Aleida Samaniego C. [email protected] ECOSISTEMA CIENTÍFICO La baja inversión en I+D y la escasez de investigadores limitan la competitividad del país. La Senacyt busca aumentar la inversión y mejorar la formación de investigadores para impulsar la innovación y el desarrollo sostenible. A pesar de su crecimiento económico sostenido, Panamá enfrenta un rezago en su desarrollo científico y tecnológico debido a dos obstáculos fundamentales: la baja inversión en investigación y desarrollo (I+D) y la escasez de investigadores. Esta situación genera preocupaciones sobre el futuro del país en términos de innovación y competitividad en un mundo cada vez más globalizado y tecnológico. El secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría, detalló esta problemática el 7 de abril de 2025, durante la presentación de la Memoria Anual 2024 ante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional. Según Ortega Barría, la inversión de Panamá en I+D es de apenas el 0.18% de su PIB, una cifra baja que coloca al país en una clara desventaja frente a otros países de la región y del mundo. Este porcentaje está muy por debajo del promedio regional del 0.61%, lo que evidencia una falta de compromiso con el sector científico. La necesidad urgente de más inversión Ortega Barría subrayó que, aunque Panamá es una de las economías que más ha crecido en la región y en el mundo en las últimas décadas, la inversión en I+D no ha crecido proporcionalmente con la economía. “Si Panamá aspira a liderar en innovación, debe aumentar su inversión en ciencia al ritmo de su crecimiento económico”, expresó el secretario. Como respuesta a esta brecha, la Senacyt tiene como objetivo incrementar la inversión en I+D en un 0.2% del PIB cada año, con la meta de alcanzar el 1% para 2029. Este esfuerzo se considera clave para garantizar el desarrollo sostenible del país y su competitividad en la economía global. Sin embargo, la falta de recursos ha frenado el progreso. En 2024, la Senacyt solicitó un presupuesto de $108 millonesparafortalecerelsector de la ciencia y la tecnología, lo que habría representado un aumento del 33% en comparación con los $65.2 millones asignados en 2024. No obstante, el presupuesto actual de la entidad es de $83.3 millones, de los cuales solo $9.7 millones se destinan al funcionamiento administrativo, y el resto se asigna a proyectos e investigaciones. Falta de investigadores: un déficit crítico Otro de los problemas que enfrenta Panamá es la falta de recursos humanos especializados en ciencia y tecnología. Actualmente, el país cuenta con solo 300 investigadores por cada millón de habitantes, cuando la norma internacional recomienda un mínimo de 1,000 investigadores por millón. Este déficit de aproximadamente 2,800 investigadores lo que dificulta generar conocimiento y desarrollar innovaciones tecnológicas que puedan resolver los problemas más urgentes, como la crisis del cambio climático, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de la producción energética. A pesar de este déficit, el Sistema Nacional de Investigación (SNI) ha logrado ciertos avances en los últimos años. El número de investigadores ha crecido en la última década, pasando de 59 miembros en 2014 a 259 en 2024. Aunque este crecimiento es notable, sigue siendo insuficiente para satisfacer las demandas de un país que necesita expandir su base de conocimientos para enfrentar los retos del futuro, enfatizó Ortega Barría a los diputados. El desafío de generar conocimiento real La Senacyt enfatiza que no solo es necesario aumentar la cantidad de investigadores, sino también fomentar una cultura de conocimiento y solución de problemas reales. “No se trata solo de aumentar los números. Queremos investigadores que generen conocimiento, innovación, políticas públicas, artículos, patentes y soluciones reales a los problemas del país”, afirmó un vocero de la institución. Para lograr este objetivo, el SNI ha implementado incentivos financieros en tres categorías: nivel I, nivel II y nivel de investigador distinguido. Los investigadores son evaluados cada tres años, y aquellos que no cumplen con los criterios de productividad son excluidos del sistema. Un aspecto crítico que destacó es la persistente desigualdad de género en el campo científico. Aunque en áreas como las ciencias médicas se observa una mayor participación femenina, en disciplinas como las ciencias naturales y agrícolas sigue existiendo un predominio masculino. Además, aunque en ciencias sociales e ingeniería se han logrado avances hacia una mayor inclusión de mujeres, la brecha sigue siendo considerable. Para abordar esta desigualdad, la Senacyt ha diseñado estrategias para fomentar la inclusión de mujeres en todas las ramas del conocimiento científico y tecnológico, buscando no solo igualdad de oportunidades, sino también potenciar la diversidad en las soluciones científicas. Un logro significativo Un logro importante de la Senacyt en 2024 fue la aprobación de un préstamo de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para la construcción del Centro de Investigación y Producción en Ambiente Controlado. Este centro, que se construirá en colaboración con la Universidad de Panamá, estará ubicado en Tocumen, Guararé y Chiriquí, y se especializará en la investigación y desarrollo de agricultura vertical. Este modelo innovador de agricultura en entornos controlados permitirá la producción de alimentos sin la necesidad de tierra, agroquímicos ni sol, lo que representa una solución sostenible frente a los desafíos del cambio climático. El centro de Tocumen será el primero en operar y contará con tecnología avanzada para optimizar el uso de recursos, garantizando la seguridad alimentaria de Panamá. Este proyecto no solo impulsa la modernización de la agricultura del país, sino que también tiene el potencial de posicionar a Panamá como líder en soluciones sostenibles para la producción dealimentos. Por último, Ortega Barría hizo un llamado urgente a las universidades nacionales para que asuman un papel más activoenlaformacióndenuevos investigadores. “Los centros e institutos de investigación no pueden hacerlo solos. Las universidades son las que otorgan los títulos que permitenalosprofesionalesconvertirse en investigadores. Sin su participación, no podremos cerrar la brecha que nos separa del desarrollo científico y tecnológico que el país necesita”, concluyó Ortega Barría. El diputado independiente de la coalición Vamos, Miguel Ángel Campos, reconoció que aún hay mucho por hacer en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación. “Soy creyente de la formación de los investigadores que realiza la Senacyt”, agregó. Por su parte, Jorge Bloise, otro diputado independiente de la coalición Vamos, indicó que durante los años que permanezca en la Asamblea Nacional, espera lograr el presupuesto que la Senacyt realmente necesita. Con estos avances y retos, Panamá sigue trabajando en fortalecer su posición como un país innovador que, con una mayor inversión en ciencia y tecnología, puede ofrecer soluciones sostenibles y competitivas para el futuro del país. canciller. MIGAJAS. El 4 de febrero de 2021, en una conferencia de prensa, el entonces contralor Gerardo Solís informó que, en los primeros 23 años y cinco meses de concesión, PPC había pagado $8 millones en dividendos al Estado panameño por su participación del 10% de las acciones. Aún así, exclamó que la portuaria había cumplido con sus obligaciones “básicas”. Un poco más y terminamos pagándoles nosotros a ellos.
5A La Prensa Panamá, lunes 14 de abril de 2025 Panorama Giselle Burillo, diputada del Parlacen y exdirectora de la Ampyme Archivo Burillo enfrentará juicio por fraccionamiento de contratos Juan Manuel Díaz [email protected] PRESUNTO PECULADO La investigación en Ampyme bajo el mandato de Giselle Burillo involucra $21.6 millones y se suma a otros procesos contra miembros del partido Realizando Metas por corrupción pública. La Corte Suprema de Justicia tiene previsto celebrar el próximo jueves 24 el juicio a la diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Giselle Burillo, investigada por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme). Este caso, que se ventila bajo las normas del sistema inquisitivo, tiene como sustanciador al magistrado Juan Francisco Castillo, suplente de la magistrada María Eugenia López, mientras que el magistrado Carlos Vásquez Reyes actuará como fiscal de la causa. La investigación contra Burillo, inicialmente adelantada por la Fiscalía Anticorrupción y relacionada con irregularidades en el manejo de contratos cuando fungía como directora de Ampyme (2009-2014), fue remitida a la Corte Suprema de Justicia luego de ser electa diputada del Parlacen en las elecciones de mayo de 2024 por el partido Realizando Metas. Este caso se relaciona con el fraccionamiento de contratos. A la exfuncionaria se le atribuye haber gestionado contrataciones por un monto de 21.6 millones de dólares. Las licitaciones estaban vinculadas a contrataciones técnicas y capacitación empresarial dirigidas a personas interesadas en desarrollar pequeñas y microempresas. A Burillo se le concedió un sobreseimiento provisional, pero luego se decidió continuar con la investigación, por lo que ahora se ha fijado una fecha de juicio para debatir los hechos expuestos durante el proceso. Tras su salida de Ampyme, Burillo enfrentó varios procesos por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. Entre ellos, uno relacionado con el fraccionamiento de contratos; otro, por irregularidades en el alquiler de vehículos de esa entidad; así como una investigación por el uso de funcionarios de la institución en actividades de carácter político durante horas laborales. En junio de 2020, tres exfuncionarios de la Ampyme fueron condenados a 36 meses de prisión por el delito de peculado, a raíz de irregularidades en la celebración de 38 contratos menores con la sociedad Grupo Orme, S.A., para el servicio de transporte de plantas móviles en el país. Se concluyó que hubo inconsistencias e irregularidades que ocasionaron una lesión al Estado por 91,913 dólares. Otros miembros del partido Realizando Metas también enfrentan procesos ante la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de los delitos de peculado y blanqueo de capitales. Entre ellos, el exministro de Obras Públicas Jaime Ford; los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares; Alma Cortés; y David Ochy, actualmente detenido en Costa Rica, en espera de un proceso de extradición solicitado por Panamá. Senan rescata a 11 turistas en isla Bolaños El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) logró rescatar a 11 turistas cuya embarcación quedó varada en la isla Bolaños, en la provincia de Chiriquí, mientras realizaban un recorrido por la región. El grupo de turistas había salido en horas de la mañana de ayer, hacia la isla, y, al parecer, la embarcación tocó algunos arrecifes y quedó encallada, por lo que solicitaron ayuda al Senan. Funcionarios del Senan que acudieron al llamado de auxilio lograron rescatar a los 11 turistas, entre ellos un menor de edad, y también remolcaron la embarcación que sufrió el percance. La isla no cuenta con muelle, por lo que los visitantes que desean conocerla deben abordar una embarcación más pequeña que los acerque hasta la costa para poder descender. El Senan trasladó a los turistas hasta tierra firme para que fueran evaluados y rindieran un informe a las autoridades sobre los hechos registrados durante el incidente. CHIRIQUÍ Juan Manuel Díaz [email protected]
6A La Prensa Panamá, lunes 14 de abril de 2025 Panorama El Contrato Ley 5 de 1997 es el marco legal de la concesión en los puertos de Balboa y Cristóbal. Isaac Ortega Es la AMP la que decide si se ha cumplido el contrato, no la Contraloría: PPC Mónica Palm [email protected] ENTREVISTA El asesor legal de la empresa, Alejandro Kouruklis, sostiene que quien debe conducir estas auditorías es la Autoridad Marítima de Panamá, ya que es la ‘entidad reguladora’ del Contrato Ley 5 de 1997. Ni incumplimientos en el contrato, ni manipulación financiera, ni perjuicio al Estado. La empresa Panama Ports Company (PPC), operadora de los puertos de Balboa (en el Pacífico) y de Cristóbal (en el Atlántico), sostiene que maneja cifras —las cuales no comparte con La Prensa, por tratarse de información “interna de la empresa”— que refutan los resultados de la auditoría de cumplimiento recientemente concluida por la Contraloría General de la República (CGR). Además, cuestiona dicha auditoría, señalando que fue realizada por una entidad “que no tiene conocimiento portuario para decidir si las prácticas de la empresa son convenientes o no”. Quien así se expresa es Alejandro Kouruklis, quien ha estado vinculado a la compañía desde 1998, un año después de que la hongkonesa CK Hutchison adquirió la operación en Panamá. Actualmente se desempeña como asesor legal. Kouruklis sostiene que quien debe conducir estas auditorías es la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), ya que es la “entidad reguladora” del Contrato Ley 5 de 1997, marco legal de la concesión en Balboa y Cristóbal. “Es la Autoridad Marítima la que realmente decide si la empresa ha cumplido con sus obligaciones, no la Contraloría”, indicó. Además, recordó que en 2021, cuando la CGR realizó una auditoría por orden del entonces contralor Gerardo Solís, todo fue “evaluado” posteriormente por la AMP, la cual consideró que PPC había cumplido “con todas sus obligaciones”. El actual contralor, Anel Flores, ya ha declarado que toda la información concerniente a sus hallazgos será remitida a la AMP, “que es la regente de los puertos”. El administrador de la AMP, Luis Roquebert, hasta ahora ha guardado silencio. Kouruklis opina que, precisamente por carecer de formación en la industria portuaria, se ha malinterpretado que PPC ha “tercerizado” servicios que, según el contrato, estaba obligada a prestar directamente. Flores ha señalado que hay compañías concesionarias “operando dentro del recinto portuario, haciendo las veces de lo que ella [PPC] tenía que hacer, pero que no pagan impuestos… Nadie sabe por qué están ahí”. La Prensa preguntó a Kouruklis quién autorizó la presencia de esas empresas “fantasma”, como las llama el contralor. “Lo autorizó el contrato de concesión, en su artículo 2.11, que es ley de la República de Panamá, y textualmente dice que la empresa tiene el derecho a dedicarse directamente o por medio de contratistas a operar, administrar, dirigir, transportar, etc., todas las demás actividades necesarias para la adecuada administración y explotación de los puertos. También establece que tiene derecho ‘a subcontratar todos sus derechos y actividades otorgadas mediante este contrato de concesión sin necesidad de aprobación del Estado’. Está súper claro. ¿Y por qué está claro? Porque no podría funcionar de otra forma. Hay que tener un poco de conocimiento de la industria portuaria para entenderlo. Un puerto como el de Balboa o Cristóbal presta una innumerable cantidad de servicios: no solo maneja barcos de contenedores, también carga general, automóviles, servicios a embarcaciones y contenedores. Es imposible que una sola empresa haga eso eficientemente. En todas las terminales portuarias de Panamá —porque hay tres más— esto es una práctica común, tanto local como internacionalmente”. El contralor Flores mencionó específicamente a Serviestiba, Maniobras y Estiba Portuaria, S.A., y Dibusport. Estas empresas, ¿también gozan de los beneficios contenidos en el Contrato Ley 5 de 1997? “Correcto. Si prestan servicios dentro del puerto, tienen la capacidad de aplicar a esos beneficios que otorga el mismo Estado. Deben acudir a la Dirección General de Ingresos (DGI) y gestionar sus autorizaciones. Esa es su responsabilidad”. El contralor Flores también afirmó que las ganancias de PPC habían pasando de $23 por movimiento de contenedor a $11.50. ¿Por qué subcontratar servicios si eso supuestamente afecta negativamente los ingresos de PPC? “Eso no es correcto. Tenemos constancia de que la tercerización ha representado ahorros significativos en los últimos 10 años. Tener personal permanente en días de baja actividad resulta más costoso que contratar servicios cuando realmente se necesitan. Según nuestros registros, nuestras ganancias no han disminuido por esta razón. Sí hemos perdido clientes que, por razones de competencia, se han trasladado a otras terminales, como ocurrió con un cliente importante que se mudó al puerto de Rotman. Son cosas que suceden y eso sí impacta las ganancias, pero no nuestra eficiencia”. ¿Cuál es la cifra por movimiento de contenedor que maneja PPC? “Esa información es interna de la empresa. Por motivos de competencia, no podemos divulgar públicamente nuestros costos ni nuestras ganancias”. El contralor también dijo que esas empresas no pagan impuestos a la DGI. ¿Ustedes estaban al tanto? “No tenemos conocimiento de lo que pagan o no pagan. Podemos hablar por nosotros. Los beneficios del contrato de concesión aplican tanto para la terminal como para sus proveedores, al igual que en otras terminales portuarias. Cada empresa es responsable de obtener su autorización ante la DGI. Confiamos en que así lo hacen. Nosotros no tenemos nada que ver con eso”. ¿Quiénes son los beneficiarios finales de esas empresas? “Eso habría que preguntárselo a las empresas”. ¿Existe alguna relación entre PPC y esas empresas más allá del contrato de servicios? “No, es una relación totalmente comercial”. ¿Esto ha sido explicado a los auditores de la Contraloría? “Sí, pero sinceramente, ninguno de ellos es experto en la industria portuaria. Son expertos en contabilidad y finanzas. Es muy difícil explicar esto sin conocimiento técnico. Por eso consideramos que una auditoría de esta naturaleza debe ser realizada por personas con experiencia en puertos, según las normas internacionales”. ¿Qué significa que la Contraloría hable de un “cumplimiento sustancial” del contrato de concesión? ¿Hubo algo que no se cumplió? “Se ha cumplido a cabalidad. El informe final de la auditoría de 2020, que tomó cuatro meses y fue realizado por los mismos auditores, concluyó públicamente que las operaciones de PPC se realizaron en cumplimiento sustancial de las cláusulas del contrato. Además, indica que, al cierre de la auditoría, la inversión realizada por la empresa fue de $1,695 millones, superando la inversión esperada en un 69.5%. También señala que PPC ha contribuido con $5.9 mil millones a la economía nacional. Esta auditoría cubrió el período completo desde 1997 hasta 2020”. ¿Por qué la Contraloría usa términos como “cumplimiento sustancial” o “básico”? “El contrato establece que, para renovarse, la empresa debía cumplir con sus obligaciones básicas. Esas son las palabras textuales del contrato. Aunque pueden existir muchas otras obligaciones —menores o mayores— las esenciales han sido cumplidas”. ¿Cuáles son esas obligaciones básicas? “Están estipuladas por ley: iniciar y continuar la modernización de los puertos; mantenerlos en buen estado y funcionamiento; otorgar al Estado la participación accionaria del 10%; presentar el plan y monto de inversión inicial, y pagar la contraprestación por el uso de la infraestructura recibida. Todas han sido cumplidas a cabalidad”. El excontralor Gerardo Solís dijo que PPC solo comenzó a pagar dividendos al Estado en 2015. ¿Eso no constituye un incumplimiento? “No. El pago de dividendos no es una obligación básica ni de otro tipo. Ninguna otra terminal portuaria lo hace, excepto PPC, ya que es la única en la que el Estado es socio. El dividendo se paga cuando se reparten las ganancias y, durante muchos años, esas ganancias se reinvirtieron para modernizar las instalaciones. Desde 2015, se han pagado más de $125 millones en dividendos al Estado, algo que ninguna otra terminal ha hecho”. El Estado panameño, ¿estaba al tanto de que sus dividendos estaban siendo reinvertidos? “El Estado conocía las inversiones realizadas. Y no es que se reinvirtieron sus dividendos, sino que no se generaron dividendos durante ese período. Estos solo existen cuando se declaran y reparten. Una vez completada la inversión, todos los dividendos correspondientes desde 1997 fueron pagados en su totalidad”. PPC sostiene que la contratación de proveedores generó ahorros, lo cual contradice lo dicho por el contralor Flores. “Nosotros solo podemos hablar desde la realidad que reflejan nuestros registros”. ¿Cuántas auditorías ha realizado la Contraloría desde 1997? “Dos: la de 2020 y la actual. Y puedo afirmar que somos la única terminal portuaria auditada; ninguna otra lo ha sido”. ¿Cómo va la negociación con BlackRock? “No tenemos conocimiento al respecto, ya que se maneja a otro nivel. Solo sabemos lo que se publica. Sí es evidente que existen presiones internacionales, cuyo efecto aún no conocemos.” ¿Qué acciones adoptará PPC ante las declaraciones del contralor? “Instaremos al Gobierno a que, conforme al contrato de concesión, iniciemos conversaciones. El contrato contempla el diálogo como primera etapa. Si hay desacuerdos, pueden ser subsanados. Y si no, existe el recurso del arbitraje”. Alejandro Kouruklis tiene 23 años trabajando en PPC: de 1998 a 2014 y de 2020 a 2025. Actualmente, es asesor legal. Isaac Ortega
7A La Prensa Panamá, lunes 14 de abril de 2025
8A La Prensa Panamá, lunes 14 de abril de 2025
9A La Prensa Panamá, lunes 14 de abril de 2025 Larry Solís Velásquez. Cortesía/Minseg Cambio de mando en el Senafront hoy; asume Larry Solís Velásquez CAMBIO DE MANDO Eliana Morales Gil [email protected] El Gobierno panameño designó a Larry Solís Velásquez como nuevo director general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) mediante el Decreto Ejecutivo N° 9, publicado el pasado jueves en la Gaceta Oficial 30255-C. El decreto, firmado por el presidente José Raúl Mulino Quintero y el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, especifica un paquete económico que suma $9,841.60 mensuales, según detalla el documento oficial. El desglose de la remuneración incluye: •Salario base: $7,000.00 •Sobresueldo: $841.60 •Gasto de representación: $2,000.00 El cargo, establecido bajo los artículos 13 y 14 del Decreto Ley 8 de 2008, es de libre nombramiento y remoción por el Ejecutivo. La vigencia del nombramiento comenzará tras la toma de posesión de Solís. Senafront, creado en 2008 durante el gobierno de Martín Torrijos (20042009), es responsable de la seguridad en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de Panamá. Solís reemplaza en el puesto a Jorge Luis Gobea Trejos, quien se retiró por jubilación. El cambio de mando en la institución se concretará hoy, lunes 14 de abril, actividad en la que participará el presidente Mulino, según dio a conocer la Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República. Según información disponible en el sitio web del Senafront, en septiembre de 2024, Solís fue incluido en el Salón de la Fama del Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC), en reconocimiento a su compromiso con la seguridad en las fronteras, la paz social, el desarrollo sostenible de la región y la cooperación en las Américas. Solís es graduado del Diplomado del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, con especialización en Operaciones Conjuntas, como parte de su desarrollo institucional en 2016. En Panamá, de 10 pelaos que entraron a primaria, solo 1 termina la universidad. Elysée Fernández “Si Panamá tuviera solo 10 estudiantes…” José Rodríguez [email protected] FRENTIAO Imagínate que todos los estudiantes de Panamá fueran solo 10 pelaos...¿Cuántos llegarían a graduarse? Usando los datos más actualizados del MEDUCA (2023), hicimos un cálculo aproximado —ajustado por el crecimiento de la población— para entender, de forma sencilla, esta arista de nuestra realidad educativa. Pensemos que los 10 pelaos entran a primaria. Aquí, la cobertura es bastante alta, casi todos logran ingresar. Pero en la transición de primaria a secundaria le fallamos a uno. Al iniciar la secundaria nos quedan 9. A medida que avanza la premedia y la media, viene el golpe más fuerte. De esos 10 que entraron a primaria… solo 5 terminan la secundaria. Es justo en esta etapa donde más estudiantes perdemos. ¿Y la universidad? No hay muchas cifras disponibles en web de la matricula exacta de las universidades públicas y privadas en Panamá, pero usando los datos disponibles, de esos 5 que se graduaron de secundaria, solo 2 entrarían a la universidad. Y, por tendencias regionales y locales, apenas 1 se estaría graduando. En resumen: En Panamá, de 10 pelaos que entraron a primaria, solo 1 termina la universidad. Esto es una estimación, un cálculo aproximado que trata de simplificar algo que es muy complejo de calcular y analizar. Pero sirve para aterrizar los números y darnos cuenta de algo clave: esta realidad no es justa y no tenemos que pasarla como normal. Y no, no se trata de que “los pelaos son vagos” o “se portan mal”. Las razones por las que un joven sale del sistema educativo son muchas: familiares, emocionales, sociales o académicas. Cada historia es distinta y hay que atenderla de manera distinta. Cuando un pelao deja la escuela, no es culpa de él o ella. Es culpa de todos porque el sistema somos todos nosotros. Un joven que no termina sus estudios tiene muchas más probabilidades de tener ingresos bajísimos, quedar desempleado, caer en redes criminales, o en el caso de muchas chicas, enfrentar embarazos no deseados desde muy temprano. Así que la próxima vez que alguien diga: “El sistema no sirve” o “hay que cambiar el sistema”…¡Recuerden que nosotros también somos el sistema! Y todos podemos poner de nuestra parte para que nuestros pelaos vivan un aprendizaje con dignidad. Para que ninguno sienta, ni por un segundo, que los abandonamos. Un abrazo, nos vemos en clases y en el siguiente ¡Frentiao! Panorama
10A La Prensa Panamá, lunes 14 de abril de 2025 Panorama El 44.44% de las escuelas encuestadas reportaron graves problemas con la infraestructura: estructuras inestables, aulas improvisadas y baños inservibles. Archivo El diagnóstico de Jóvenes Unidos desnuda la crisis educativa Aleida Samaniego C. [email protected] INFRAESTRUCTURA La organización Jóvenes Unidos por la Educación (JUxLaE) revela, a través de una encuesta nacional, las graves deficiencias en infraestructura, servicios básicos y recursos en las escuelas del país. En medio de la falta de datos actualizados y confiables sobre el estado de la educación en Panamá, la organización Jóvenes Unidos por la Educación (JUxLaE) ha lanzado una iniciativa clave para destapar la cruda realidad de las escuelas del país. A través de una encuesta nacional, que incluyó testimonios de miembros de la comunidad educativa y evidencia fotográfica, JUxLaE ha logrado documentar las condiciones de los centros educativos más representativos. Con 72 respuestas obtenidas de escuelas situadas en ocho provincias y dos comarcas, este diagnóstico ofrece una radiografía detallada del estado de las infraestructuras, los servicios básicos y los recursos en los centros educativos, revelando deficiencias críticas que afectan a miles de estudiantes panameños. Los resultados preliminares de la encuesta son alarmantes. El 44.44% de las escuelas encuestadas reportaron graves problemas con la infraestructura: estructuras inestables, aulas improvisadas y baños completamente inservibles. Uno de los testimonios más preocupantes describe la situación de una escuela donde “la estructura se encuentra inestable. Ya se cayó una losa y hay peligro”, una señal clara del riesgo que enfrentan estudiantes y docentes a diario. Pero no solo se trata de lo que está caído, sino también de lo que falta, pues el 43.9% de las respuestas sobre infraestructura destaca la falta de espacios adecuados para actividades académicas y recreativas. Las aulas son pequeñas, incómodas y, en muchos casos, las instalaciones no cumplen con las mínimas normas de seguridad. Esto, junto con los baños deteriorados, crea un entorno poco propicio para el desarrollo académico. “Los baños están totalmente inservibles… tenemos que pasar muchas veces toda la jornada de clases sin poder ir al baño”, afirma otro testimonio, ilustrando las duras condiciones que deben enfrentar los estudiantes. Servicios básicos: el desafío del siglo XXI El problema no se limita solo a la infraestructura. El 16.67% de las escuelas reportaron carencias en servicios esenciales como agua potable, electricidad y conectividad. Esta situación impacta gravemente el ambiente de aprendizaje, especialmente en zonas rurales y comarcales, donde la falta de acceso a internet y tecnologías limita la capacidad de los estudiantes para desarrollarse en un mundo cada vez más digitalizado. “Los estudiantes no pueden acceder a internet, las computadoras no funcionan por falta de electricidad, y ni hablar del acceso a agua potable. Las condiciones son deplorables”, relata el estudio. Mientras que el 13.89% indicó problemas con sillas, pupitres y tableros en mal estado, lo que dificulta la comodidad de los estudiantes y limita su capacidad para concentrarse en las clases. Además, el 8.33% reportó un déficit de personal administrativo y docente, lo que afecta directamente la operatividad de las escuelas y la calidad educativa que se brinda. Un 5.56% de las escuelas indicó que no cuentan con libros de texto, recursos didácticos ni equipos adecuados para las clases. Esto dificulta aún más el aprendizaje de los estudiantes, sobre todo en áreas rurales, donde los recursos son limitados. El ciclo de desigualdad: Las comunidades más afectadas Lo más preocupante de este panorama es que las escuelas que enfrentan estas carencias se encuentran principalmente en las comunidades más vulnerables, aquellas que más necesitan un entorno adecuado para el desarrollo académico. Estas deficiencias estructurales y de recursos perpetúan el ciclo de desigualdad en el país, dejando a los estudiantes de las áreas más desfavorecidas sin las herramientas necesarias para tener éxito académico. Los resultados de esta encuesta evidencian la necesidad urgente de una acción gubernamental. Las deficiencias en infraestructura y recursos no solo afectan la calidad educativa, sino que también contribuyen al aumento de las tasas de deserción escolar, especialmente en las áreas más vulnerables. JUxLaE hace un llamado a las autoridades educativas y nacionales para que prioricen la mejora de las infraestructuras escolares, la provisión de servicios básicos y la capacitación del personal docente y administrativo. Sin un cambio estructural, el ciclo de desigualdad socioeconómica que afecta a miles de estudiantes continuará, impidiendo que Panamá avance hacia una educación de calidad para todos, añade. Es hora de actuar: garantizar un entorno educativo seguro, digno y estimulante es fundamental para romper las barreras de la desigualdad y ofrecer a todos los niños y jóvenes panameños la oportunidad de un futuro mejor. Momento en que funcionarios del MP efectúan un allanamiento en una residencia. Tomada de @PGN_PANAMA Estafas en Panamá: del ‘hackeo’ de WhatsApp a la venta ficticia de autos JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] A pesar del aumento de las labores de vigilancia de la Policía Nacional y el Ministerio Público (MP) los delitos de fraude y estafa siguen al alza. Según cifras del Ministerio Público, hasta febrero se habían denunciado unos 974 casos. De acuerdo con los datos, el auge de las estafas y los fraudes se está dando a través del uso de plataformas de internet y páginas web que anuncian la venta de equipos de computación, autos y servicios en los que al cliente se le exige dar un adelanto de dinero, y una vez entregado, el supuesto vendedor desaparece. Según el MP, ya el 80% de estos delitos se comete a través de plataformas digitales y llamadas telefónicas,en las que se notifica a la víctima de un supuesto premio y de un paquete que debe reclamar, aunque para entregárselo debe dar datos personales y dinero. En 2024, las fiscalías del MP recibieron un total de 954 denuncias de estafa en los dos primeros meses. Otra técnica muy utilizada por los delincuentes es anunciar la venta de un vehículo en las redes sociales y pactar con la persona la entrega de un adelanto. Las autoridades revelaron que otra estafa muy frecuente usada por los criminales es el hackeo de las cuentas de WhatsApp y acto seguido usurpar la identidad de la persona para solicitar dinero a sus contactos. La pasada semana, dentro de la Operación Dignidad fase dos, las autoridades desmantelaron dos grupos de personas vinculados a estafas y fraudes bancarios. En los operativos se ubicaron computadoras y equipos usados para contactar a potenciales víctimas. La Dirección de Investigación Judicial ha detectado que algunos grupos de estafadores operan desde las cárceles en asocio con personas que reciben el dinero de las estafas y luego se los entregan. En octubre de 2024, las autoridades arrestaron a 25 personas, vinculadas al delito de estafa agravada. Fueron aprehendidas mediante la Operación Ocean’s desarrollada en Panamá, Colón, Herrera, Panamá Oeste y Chiriquí. Según las investigaciones este grupo utilizaba hasta cuatro técnicas diferentes para estafar a sus víctimas. Las autoridades estiman que este grupo criminal sustrajo miles de dólares en sus operaciones. Otro grupo detenido por las autoridades a finales de 2024 acudía a las arrendadoras con documentación falsa y alquilaba vehículos. Una vez tenían el automóvil en sus manos alteraban le registro vehicular y lo vendían a terceros. Esta investigación inició en febrero de 2024 y se ubicaron aproximadamente 20 víctimas, con una lesión patrimonial que supera los $120 mil. Entre 2017 y 2023 las autoridades reportaron un total de 17,459 denuncias de estafa y fraude, siendo la provincia de Panamá la que registraba la mayor incidencia de estos delitos, seguida de Colón y Chiriquí. El Código Penal, en sus artículos 220 y 2021, establece una pena de 1 a 4 años de prisión por el delito de estafa simple. Mientras que en su modalidad agravada las penas oscilan entre los 5 y 10 años de cárcel.
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