4A La Prensa Panamá, jueves 10 de abril de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] LECCIÓN. Parece mentira (y ojalá así lo fuera...), pero con la visita de Pete Hegseth ha ocurrido lo mismo que con la de Marco Rubio: Panamá y Estados Unidos emitieron comunicados distintos sobre la reunión de cada uno con José Raúl Mulino. Con Hegseth, la Presidencia de la República circuló una “declaración conjunta” en la que Mulino y el secretario estadounidense reconocen la soberanía “irrenunciable” de Panamá sobre su Canal. No obstante, cuando el Departamento de Defensa reprodujo ese texto en inglés, eliminó las referencias a la soberanía panameña y, de paso, anunció que la ACP adquirió el compromiso de reconocer compensaciones a Estados Unidos (“First & Free”, le llaman). Ya tendríamos que irnos acostumbrando a estos manejos. Pareciera que cada secretario viene con un comunicado redactado incluso antes de su reunión con Mulino. INCREMENTO. Uno de los proyectos denunciados ayer por Pandeportes es el del diseño y construcción del estadio Rico Cedeño, en Herrera. La obra tenía un precio de referencia de $4.9 millones, fue adjudicada en $5.3 millones y terminó costando $10.3 millones. En cinco años se le concedieron seis adendas y, aparentemente, venía la séptima, ya que en diciembre pasado se anunció que habría una más, para incrementar (todavía más) el costo y extender el tiempo de ejecución, con el fin de instalar un sistema de “luminarias LED interactivas”. Sobra decir quién era la abogada equilibrista de este contratista. SECRETO. El 4 de febrero de 2021, la Contraloría anunció que había concluido la auditoría de cumplimiento a PPC y, seis días después, La Prensa solicitó una copia, invocando la Ley de Transparencia de 2002. Respondió Zenia Vásquez, la entonces secretaria general de la Contraloría, quien rechazó la petición con el argumento de que no era “procedente”, ya que esa auditoría era “confidencial”. Será tan confidencial que capaz ni Gerardo Solís la vio. Tal vez la auditoría está escondida en el mismo lugar donde tienen los $1,300 millones que el Los migrantes duermen en colchonetas. Ohigginis Arcia Panamá extiende permiso a migrantes deportados por EUA Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] MIGRACIÓN IRREGULAR Tres vuelos llegaron a Panamá desde Estados Unidos durante el gobierno de Trump, como parte de operativos de repatriación cuestionados por organismos de derechos humanos debido a posibles violaciones y condiciones inadecuadas para los migrantes. Ante la incertidumbre de decenas de personas atrapadas en un limbo migratorio, el Gobierno renovó el permiso humanitario temporal a unos 48 migrantes extracontinentales que fueron deportados desde Estados Unidos durante el pasado mes de febrero. Los vuelos, tres en total, llegaron a Panamá desde distintos puntos del país norteamericano, bajo la administración de Donald Trump, en el marco de operativos de repatriación que han sido duramente cuestionados por organismos de derechos humanos. Los migrantes, procedentes de países de África y Asia, permanecen ahora bajo protección temporal mientras las autoridades panameñas evalúan sus casos. Este grupo fue acogido dentro del gimnasio de Fe y Alegría, un centro educativo transformado en refugio improvisado. Allí, entre paredes de concreto, conviven el cansancio, el miedo y una esperanza frágil. Marco Gómez, director del centro, les abrió las puertas con lo poco que tenía: camas, comida caliente y una red de apoyo tejida por la Iglesia católica, grupos evangélicos y la comunidad musulmana. “Vinieron voluntariamente. Les ofrecimos un espacio y ellos aceptaron”, dice con voz serena, aunque no esconde su inquietud. Los migrantes —de países como Somalia, Irán, Rusia, Etiopía o Afganistán— cargan historias dolorosas. Un joven afgano que perdió un ojo combatiendo junto al ejército estadounidense teme ahora por su vida. Un ruso huyó tras negarse a ir a la guerra en Ucrania. Una joven iraní teme represalias por haberse convertido al cristianismo. Todos tienen razones para no volver. Tras pasar por una estación migratoria en Darién y un hotel en la capital, el grupo fue llevado a este refugio, con un permiso humanitario temporal que vencía el pasado 7 de abril, pero que ya fue renovado. La medida, otorgada por el Gobierno panameño, puede prorrogarse por 90 días, aunque la incertidumbre persiste. De los 64 migrantes que llegaron inicialmente, algunos ya se han ido. “Este lugar no está custodiado, ellos son libres. Algunos llegaron, almorzaron y se fueron”, comenta Gómez. La libertad parcial es un respiro, pero también una puerta abierta a lo desconocido. Una realidad compleja El principal obstáculo que enfrentan los migrantes extracontinentales en Panamá no es solo la incertidumbre sobre su futuro, sino un marco legal que les ofrece pocas salidas. La legislación panameña no contempla mecanismos flexibles para su regularización, y la única vía posible —solicitar refugio— se torna en una carrera de obstáculos: trámites lentos, procesos engorrosos y una burocracia que requiere voluntad política para funcionar con agilidad. A esto se suma la escasez de abogados migratorios especializados, lo que deja a muchos sin la orientación legal necesaria para defender su derecho a quedarse. En el caso de los migrantes iraníes, la situación es aún más delicada, marcada por la falta de comunicación entre las autoridades y las organizaciones que los acogen. Hasta ahora, no ha existido un acercamiento formal del Gobierno panameño para atender sus casos ni explorar soluciones concretas. Esa ausencia institucional profundiza el limbo en el que viven, mientras las organizaciones humanitarias hacen lo posible por llenar el vacío con recursos limitados y sin certezas sobre lo que vendrá. Además, el panorama se complica aún más debido a las restricciones de visa impuestas por la mayoría de los países latinoamericanos a ciudadanos de ciertas nacionalidades, incluyendo la iraní. Esto reduce significativamente las opciones de reasentamiento para estos migrantes en otras naciones de la región. Juan Manuel Díaz [email protected] En la operación Éxodo se imputaron cargos a 32 personas y se ordenó la detención de otras 14. Archivo Tribunal rechaza amparo de Jaime Powell en caso de blanqueo de capitales JUDICIAL El Primer Tribunal Superior de Justicia no concedió un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Jaime Powell (alias Yunya), investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, interpuesto contra un juez de garantías que determinó que en dicha investigación no existió una afectación de sus derechos fundamentales. El fallo, con fecha del 31 de marzo pasado y con la ponencia del magistrado Miguel A. Espino, respaldó la decisión de la juez de garantías Tulia Morelos, quien determinó que la Fiscalía de Drogas no había violado las garantías fundamentales de Powell al llevar una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, cuando en España se le sigue un proceso por el mismo delito. La defensa de Powell argumenta que las garantías fundamentales de su cliente fueron violentadas, al sostener que se le está sometiendo a un doble juzgamiento, ya que existe un proceso en España y otro en Panamá por la presunta comisión del mismo delito. Sin embargo, los magistrados del Primer Tribunal advierten que, en este caso, dicho principio no es aplicable, pues cada país tiene su propio sistema jurídico y sus propias leyes. Así, lo que es considerado un delito en un país puede no serlo en otro. Además, señala que la aplicación del principio de doble juzgamiento tiene una aplicación limitada en el ámbito internacional debido a la soberanía de los Estados, la falta de armonización legal y la complejidad de los delitos transnacionales. También plantea que, en la investigación adelantada en Panamá, a Powell se le ha permitido el derecho a la defensa e incluso puede rendir una declaración en España, la cual puede realizarse a través de medios electrónicos y ser recibida por el Ministerio Público. Powell mantiene la calidad de indiciado dentro de la denominada investigación Éxodo, que desmanteló una red ligada a presuntas actividades de tráfico de drogas, entre cuyos cabecillas figura Juan Vicente Blandford, quien supuestamente desde la cárcel daba directrices a Powell y a Anthony Meza, este último detenido en Dubái. Según la investigación de la Fiscalía, esta red criminal enviaba drogas desde puertos ubicados en la provincia de Colón hacia Europa. De acuerdo con la información aportada por la Fiscalía, en Dubái se inició la operación denominada Desertlight, mientras que en España a la misma se le denominó operación Faucas; en ambas se vincula a la misma red criminal. El 25 de abril de 2024, la juez de garantías Yanina Moquera imputó cargos a 32 personas y ordenó la detención provisional de 14 de ellas dentro de la operación Éxodo. Este grupo criminal, que operaba en la provincia de Colón, recibía droga proveniente de Colombia y la introducía en contenedores con destino a Europa. La red criminal usaba un servicio de mensajería encriptada para mantener sus comunicaciones sin interferencia de las autoridades. La Fiscalía de Drogas solicitó asistencia judicial internacional a las autoridades españolas y de Dubái para obtener detalles de las investigaciones llevadas a cabo en esos países contra este grupo criminal. país tendría que haber recibido de PPC, si no hubiesen modificado el contrato original. MODALIDAD. Según Solís, en aquella auditoría participaron 25 “profesionales” —entre auditores, abogados y financistas, entre otros— que sumaron 9,904 horas de trabajo. Alguien tendría que haber visto a este ejército de gente entrando y saliendo a cada rato de las oficinas de PPC, pero como era pandemia, tienen la excusa perfecta. ¿Será que todo lo hicieron virtual?
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