8A La Prensa Panamá, martes 8 de abril de 2025 El contralor Anel Bolo Flores lanzó ayer una afirmación: la prórroga del contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) “jamás fue refrendada por la Contraloría General de la República”. “Se habla mucho de que el contralor anterior [Gerardo Solís] autorizó o dio criterio positivo sobre esa concesión. Eso es totalmente falso”, dijo Flores, argumentando que los hallazgos de la auditoría de la Contraloría durante la administración pasada fueron malinterpretados o distorsionados, especialmente por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Sin embargo, la declaración plantea una interrogante clave: ¿qué papel jugó su antecesor, Gerardo Solís, durante el proceso? La realidad es que existen tres hechos puntuales que evidencian que el excontralor tuvo un rol protagónico en este asunto. Primero, Solís era el contralor y, por ende, tenía la responsabilidad de auditar. El propio Solís, en un comunicado, informó en febrero de 2021 que la Contraloría había realizado una auditoría de cumplimiento al contrato Ley 5 de enero de 1997, entre el Estado y la empresa PPC, y sus respectivas adendas. Esta auditoría, que cubrió el periodo comprendido entre el 16 de enero de 1997 y el 30 de junio de 2020 —es decir, 23 años y cinco meses—, reveló que “se han cumplido con las obligaciones básicas del contrato de concesión y sus adendas”. Auditoría secreta Además, Solís formaba parte de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, con derecho a voto Dos contralores, dos versiones: la verdad detrás del contrato con PPC El contralor general de la República, Anel Flores, estuvo acompañado de su equipo de directores. Captura de video PPC: Incumplimientos y manipulación financiera Getzalette Reyes [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El contralor de la República anunció que se van a presentar las denuncias correspondientes para que se investigue penalmente a quienes permitieron la renovación de un contrato que calificó de ‘leonino’. Panamá dejó de percibir unos 1,337 millones de dólares por los contratos suscritos entre el Estado y Panama Ports Company (PPC), tras una desventajosa negociación del contrato de concesión suscrito con esta empresa. Así lo reveló el contralor general de la República, Anel Bolo Flores, durante una rueda de prensa, en la que también reveló que el Estado solo percibió 483 millones de dólares, causándole un perjuicio al país de 853 millones de dólares. “Ahora, eso no es culpa de la compañía... o puede tener parte de culpa. Ahí es culpa de mucha gente, malos panameños, que entregaron lo que no tenían que entregar, negociaron muy mal, y tiendo a pensar mal”, subrayó. Hasta este punto, Flores hacía un recuento financiero de lo que implicó la derogación de cláusulas del contrato, a través de una resolución ministerial firmada por el entonces ministro de Comercio, Jaime Jácome, en el año 2002. Pero Flores fue más allá y dijo que la empresa, además, ha incurrido en “incumplimientos” y habría manipulado la información financiera para no entregar al Estado lo que le correspondería con un contrato ya desventajoso para el país. El contralor precisó que PPC hacía transacciones con empresas relacionadas, lo que provocó que dejaran de pagar al Estado 300 millones de dólares. “Esta es una compañía que, entre más hace, menos gana. Pero lo que ocurre es que la empresa que menos gana es, precisamente, aquella en la que Panamá es socia”, expresó el contralor general de la República. Remarcó que el Estado panameño no es socio de las distintas compañías que operan dentro del recinto portuario y que, en muchos casos, hacen las veces de lo que PPC debía realizar. El contralor continuó señalando que en la empresa donde Panamá posee un 10% de participación, es decir, PPC, se generan cada vez menos ganancias, a pesar del aumento en el número de TEU movilizados (unidad de medida estándar utilizada para calcular la capacidad de carga de buques, puertos y terminales). “Yo puedo suponer que eso está ocurriendo allí. Este es un tema muy delicado”, advirtió. “Panamá tiene que manifestar su palabra como lo está haciendo hoy, porque hay hallazgos importantes que arrojan sumas más de 300 millones que nos adeudan por incumplimientos en el contrato. Vamos a una renovación que tampoco cumplió con todos los procedimientos de ley, ni cuenta con el refrendo de la Contraloría”, arremetió Flores. El contralor explicó que la primera auditoría realizada a PPC se llevó a cabo de manera virtual, debido a las restricciones impuestas por la pandemia de la covid-19. En esta segunda revisión − añadió−, no ha habido cooperación por parte de la empresa. Flanqueado por sus directo- res y desde las oficinas de la Contraloría General de la República, en la avenida Balboa, el contralor anunció que próximamente se van a presentar las denuncias correspondientes para que se investigue penalmente a quienes permitieron la renovación de un contrato que calificó de “leonino”. El 23 de junio de 2023, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) autorizó la renovación automática del contrato entre el Estado y PPC para operar los puertos de Balboa y Cristóbal por otros 25 años o hasta 2047. Flores precisó que “la gente” de la AMP de aquel tiempo, cuando se dio la renovación, “malamente usó una auditoría de la Contraloría, donde decía textualmente que se habían hecho sustanciales cumplimientos de las obligaciones básicas del contrato, entre ellas la del Anel Flores sustituyó como contralor a Gerardo Solís. Archivo AUDITORÍA A PPC aporte o de la inversión de mil millones. ‘Sustancial’, en el término de una auditoría, significa ‘parcial”. El contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, fue aprobado a través de la Ley 5 del 16 de enero de 1997, durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares. Mediante este acuerdo, la compañía asumió el control de dos de las terminales más estratégicas del país, ubicadas en las entradas del Canal de Panamá, comprometiéndose inicialmente a pagos anuales al Estado que incluían una suma fija de $22.2 millones y el 10% de sus ingresos brutos. No obstante, en 2002, durante la administración de Mireya Moscoso, dichos compromisos fueron eliminados mediante una resolución firmada por el entonces ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, lo que modificó sustancialmente las condiciones originales del contrato y redujo de manera significativa los ingresos que el Estado esperaba percibir a través de esta concesión. Tras la conferencia de prensa ofrecida por el contralor Flores, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) emitió un breve comunicado en el que reitera su firme compromiso de mantener una colaboración abierta con todas las instituciones gubernamentales involucradas, en el marco de los procesos de fiscalización relacionados con Panama Ports Company (PPC). en representación de la Contraloría, donde se discutió la renovación del contrato. Por lo tanto, conocía con lujo de detalles lo que ocurría en el proceso de renovación de la concesión portuaria. Cuando varias organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación pidieron conocer detalles de la auditoría, Solís declaró que los informes de auditoría y los documentos que la componen eran información de carácter confidencial, según el artículo 125 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, aprobado mediante el Decreto No. 194 de 16 de septiembre de 1997. Así lo dio a conocer la Contraloría en septiembre de 2021, en un comunicado, donde indicó que el artículo 125 del Reglamento Interno confiere “exclusivamente” al contralor la facultad discrecional de divulgar los resultados que se consideren pertinentes. Varios sectores de la sociedad civil mostraron su interés en conocer el resultado de la auditoría realizada por la Contraloría, con el objetivo de entender cuáles fueron las consideraciones técnicas que llevaron a certificar el cumplimiento de la empresa con las obligaciones previamente pactadas. En este sentido, la Contraloría señaló que “las auditorías comprenden documentos de índole personal, financiera, correspondencia y otros documentos privados de personas naturales o jurídicas que están protegidos por el artículo 29 de la Constitución Política de Panamá, en concordancia con la Ley 6 de 2002, el Artículo 89 del Código de Comercio y el Artículo 722 del Código Fiscal”. El acta de la directiva de la AMP En la junta de la AMP, celebrada el 23 de junio de 2021, se discutió la renovación de la concesión portuaria a PPC por un periodo de 25 años. Esta reunión estuvo marcada por la presencia de figuras clave, entre ellos Solís y otros funcionarios del Estado. Según el acta, a lo largo de la sesión, el contralor Solís defendió su posición de que PPC no estaba obligada a repartir dividendos, pero lo más polémico fue su insistencia en la venta de las acciones. Solís planteó que la venta del 10% permitiría a PPC estar “en igualdad de condiciones” con otras empresas portuarias, lo que dejó en el aire la pregunta sobre si este enfoque realmente favorecía los intereses nacionales. Finalmente, en junio de 2021, la junta directiva de la AMP autorizó la renovación automática del contrato entre el Estado y PPC para operar los puertos de Balboa y Cristóbal por otros 25 años, hasta 2047. La negociación generó indignación y dudas al quedar al descubierto la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre el proceso. La equiparación de Jaime Jácome en 2002 fue motivo de tiulares de ‘La Prensa’. Panorama
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