7A La Prensa Panamá, domingo 6 de abril de 2025 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA Litigios contra Panamá alcanzan cifra récord Las demandas activas incluyen reclamos de mineras como Franco-Nevada y Orla Mining, así como procesos por supuestos sobrecostos en la ampliación del Canal y contratos con el Estado. De las ocho demandas activas contra Panamá, tres están relacionadas con el sector minero. EFE Alex E. Hernández V. Especial para La Prensa [email protected] El presidente José Raúl Mulino señaló esta semana, durante su conferencia de prensa, que el Gobierno ya había sido notificado de la suspensión de las dos demandas de arbitraje que interpuso la empresa canadiense First Quantum contra el país, debido a la paralización de la mina de cobre tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia. Se trata de dos reclamaciones que superan los 20 mil millones de dólares. Una fue presentada ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), y la otra bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Panamá. Según la empresa canadiense, dueña de Minera Panamá, la decisión de suspender ambos procesos se tomó tras una reunión con el asesor legal del Gobierno de Panamá. La compañía reiteró su compromiso con el diálogo y su disposición a formar parte de una solución que beneficie al país y al pueblo panameño. Inicialmente, la audiencia estaba programada para septiembre de 2025, pero en febrero pasado la empresa informó que se había reprogramado para enero de 2026, luego de que el Estado panameño solicitara una prórroga debido a cambios en su representación legal. Mulino indicó que está conformando un grupo de expertos para revisar el caso, pero aseguró que, por el momento, no se ha producido ningún acercamiento con representantes de la mina. Con la suspensión de las dos demandas —las cuales podrían reactivarse si no se alcanza un acuerdo entre el Gobierno y la empresa—, ¿cuántas reclamaciones por parte de inversionistas continúa enfrentando el país? De acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), todavía siguen activos ocho arbitrajes contra Panamá en materia de inversión, los cuales suman reclamaciones por al menos 11 mil millones de dólares. En su gran mayoría, estas demandas han sido interpuestas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial. El año pasado, el Ciadi registró 55 casos presentados por inversionistas y empresas contra distintos Estados, dos menos que en 2023, año que fue el tercero con más arbitrajes iniciados desde 1972. Durante 2024, el 38% de las demandas presentadas estuvieron relacionadas con sectores energéticos, como petróleo, gas y minería, seguidos por el sector eléctrico. Los Estados de Europa Oriental y Asia Central concentraron el 24% de los nuevos casos, mientras que las regiones de Centroamérica y el Caribe, América del Sur y África Subsahariana representaron, respectivamente, el 16% de los arbitrajes. Mayor reclamación Con la suspensión de las dos demandas de arbitraje presentadas por First Quantum, la reclamación de mayor cuantía que todavía sigue vigente también está relacionada con la mina ubicada en Donoso. Esta fue presentada por la canadiense Corporación Franco-Nevada, socio comercial de First Quantum. La compañía solicita una compensación de 5 mil millones de dólares por los ingresos dejados de percibir tras el cierre de la mina. En 2016, Franco-Nevada firmó un acuerdo con First Quantum en el que se comprometió a desembolsar mil millones de dólares para financiar la construcción del proyecto minero, ubicado en una concesión de 13 mil hectáreas en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón. Mediante este acuerdo, que tenía una vigencia de 20 ca de Panamá y la República Italiana. En este caso, la audiencia para la presentación de objeciones por parte de las partes está fijada para el 2 de junio próximo, mientras que la audiencia final se celebrará entre el 20 y el 27 de octubre de 2025. Esta demanda fue sustentada bajo los términos del Tratado Bilateral de Inversión entre Panamá y España. En cuanto al proceso interpuesto por Sacyr, que reclama un pago de 2,362 millones de dólares, el arbitraje entró en su etapa final luego de que el reclamante y el Estado panameño presentaran sus escritos finales sobre costos el 20 de noviembre de 2024. Por ello, solo se está a la espera del fallo definitivo que emitirá el panel arbitral, presidido por el británico John Beechey e integrado por el argentino Horacio A. Grigera Naón, designado por la compañía española, y el australiano Zachary Douglas, escogido por Panamá. Demandas mineras El arbitraje que aún mantiene vigente la Corporación Franco-Nevada no es el único vinculado al sector minero que enfrenta Panamá. También existen reclamaciones por parte de socios de la empresa Petaquilla Minerals, Ltd., cuya concesión fue cancelada en 2021, cuando el Gobierno declaró la zona como una reserva natural, tras determinar que la compañía no había subsanado irregularidades ambientales ni pagado regalías al Estado. También ante el Ciadi, Orla Mining, de capital canadiense, exige un pago mínimo de 400 millones de dólares, luego de que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) no renovara las concesiones que tenía para extraer oro en Azuero, específicamente en Cerro Quema, en la provincia de Los Santos. Entre los casos activos también figura el presentado por Banesco Holding Latinoamérica, S.A. y Banesco (Panamá), S.A., que reclaman 10.4 millones de dólares por cobros de fianzas vencidas efectuados por entidades panameñas, como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. PROCESOS LEGALES años, Franco-Nevada obtuvo la opción de comprar parte del oro y la plata extraídos por Minera Panamá, a un precio inferior al de la cotización internacional de ambos minerales. La demanda fue inscrita el 12 de julio de 2024. El 23 de mayo de 2025, la empresa deberá presentar su escrito formal de demanda ante el tribunal, mientras que Panamá tendrá la oportunidad de presentar su contestación el 22 de septiembre próximo. En este caso, el italiano Luca Radicati fue designado como árbitro presidente y está acompañado por el alemán Klaus Sachs, quien fue nombrado por la empresa demandante, mientras que el Estado panameño seleccionó al colombiano-estadounidense José Antonio Rivas. Por ahora, la empresa no se ha pronunciado sobre una posible suspensión del proceso, a pesar de la inminente negociación que sostendrá la administración Mulino con First Quantum. Reclamos por trabajos de la ampliación del Canal Han pasado 8 años y 9 meses desde el 26 de junio de 2016, cuando el primer buque transitó por el nuevo juego de esclusas del Canal de Panamá, un proyecto que superó los 5 mil millones de dólares. A pesar del tiempo transcurrido, todavía se mantienen activas dos demandas relacionadas con la construcción de la ampliación de la vía interoceánica. Tras los fallos en contra en la mayoría de los arbitrajes interpuestos contra la Autoridad del Canal de Panamá, la empresa española Sacyr y su socio italiano Webuild — anteriormente conocida como Salini Impregilo— presentaron demandas por separado contra el Estado panameño. En ambos casos, las compañías reclaman supuestos sobrecostos surgidos durante la construcción del tercer juego de esclusas. En el caso de Webuild, la empresa solicita una compensación de 2,643 millones de dólares, proceso que avanza ante el Ciadi y se fundamenta en el tratado bilateral de inversión entre la RepúbliNormas tributarias Ventana fiscal Adolfo Campos Barranco J. economí[email protected] Las normas por las cuales se dictan los tributos, indistintamente que sean un impuesto, una tasa o una contribución especial, se regirán, en el siguiente orden de importancia, por: la Constitución Nacional, las convenciones o acuerdos internacionales promulgadas en la Gaceta Oficial, el Código de Procedimiento Tributario, las leyes que rigen a cada tributo, incluyendo al Código Fiscal y todas aquellas leyes que contengan el desarrollo de la materia tributaria, las normas reglamentarias o decretos ejecutivos por cada uno de los tributos, así como todas aquellas disposiciones de carácter general expedidas por las instituciones administrativas y con facultades para ello. Ahora bien, supletoriamente se aplicarán en materia tributaria como fuente de Derecho, los principios generales del Derecho tributario, las disposiciones administrativas y los principios del Derecho administrativo, especialmente las normas de procedimiento administrativo general contenidas en la Ley 38/2000, las disposiciones procesales contenidas en el Código Judicial y los principios generales en materia de Derecho procesal, teniendo siempre presente las recientes reformas, las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional que rijan materias relacionadas con el Derecho Tributario, la jurisprudencia en materia tributaria (fallos del Tribunal Administrativo Tributario y de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia), las opiniones expedidas por la Dirección General de Ingresos cuando se trate de consultas vinculantes para quien consulta por tener un interés directo, y según el artículo 145 del Código de Procedimiento Tributario, así como la analogía, exclusivamente en materia de procedimiento. En cuanto a la aplicación de la analogía en materia tributaria, con lo anteriormente mencionado, quedará limitado a la materia procesal, dado que, en el Derecho tributario, la utilización de la analogía tiene una restricción precisamente por la vigencia del principio de legalidad, en cuanto que solamente se pueden aplicar tributos, sus tasas, determinar el hecho generador así como sus sanciones, cuando esté establecido en la Ley formal. Es decir, no se puede aplicar la analogía en materia tributaria para establecer una obligación o sanción tributaria. Cápsula fiscal Las normas generales en materia tributaria, a través de las resoluciones, serán aprobadas y expedidas por el director de la Dirección General de Ingresos, siguiendo las políticas emanadas del Ministerio de Economía y Finanzas. Las resoluciones son normas generales obligatorias para regular las relaciones formales de los contribuyentes con el Fisco. El ejercicio de la potestad de emitir normas reglamentarias en materia tributaria constituye una actividad que posee límites legales y constitucionales, y que dichas normas reglamentarias pueden ser impugnables en la vía jurisdiccional, es decir, ante el Órgano Judicial. El autor es abogado especializado en materia tributaria. EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA 86.33 pies 226.83 pies Nivel de aguas mínimo - 75 pies Nivel de aguas mínimo - 190 pies 77 83 87 195 205 215 Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==