4A La Prensa Panamá, sábado 5 de abril de 2025 Panorama La justicia en Panamá avanza montada en silla de ruedas cuadradas, empujada por dos caracoles que hacen siesta después de un centímetro de avance, y vacaciones cada treinta centímetros. Pero, además, la justicia es una princesa que no quiere quedar mal con los que están bajo su escrutinio: regala sentencias absolutorias, porque, según dice, “no se han integrado, de forma categórica e incontrovertible los elementos objetivos del tipo penal con los subjetivos, al no quedar determinado el perjuicio al ente estatal”. Jerigonza que solo busca ocultar el latrocinio y la sinvergüenzura. Decenas de millones arrebatados para que una pila de políticos mediocres y ladrones goce ahora de nuestro dinero comprando la última Land Cruiser, las comidas y tragos más caros, viajes de placer y una casa en cada playa de moda. Nunca hemos dejado de ser una república bananera, y eso seguirá siendo así mientras reaccionamos con indiferencia cuando una exfuncionaria de la Contraloría –millonaria de la noche a la mañana– exhibe en redes sociales su clóset: una vitrina extraída de Rodeo Drive, llena de bolsos y calzados de marca, comprados por miles de dólares, seguramente usados una sola vez, porque su grotesca vanidad le impide repetir atuendos y accesorios. La dama de la justicia en Panamá parece haber salido de un night club, tan reputado como el Mocambo de Aguadulce. Los ejemplos de lo contrario se cuentan con los dedos de una mano, pero tiene tantos detractores que uno se pregunta si Panamá entero no es el Mocambo. Nuestra política está tan podrida que, si el canciller quiere que Estados Unidos cambie de opinión sobre abrir bases militares disfrazadas en Panamá, solo debe pedirle a don Crispiano organizar una reunión con el secretario de Defensa de EUA, Pete Hegseth – que llega hoy a Panamá– para tomarse una botella de Macallan 18 años y luego, una alocada noche en un bar como el Mocambo, donde Hegseth se sentirá casi en casa. Y si no es Crispiano, lo podrían hacer más que bien varios centenares de políticos de cualquier partido local. Serían los nuevos héroes de la patria, que convencieron a Hegseth de que Panamá ya no es Macondo, sino Mocambo. Mario Martinelli es producto de la nueva justicia de Mocambo, lo mismo que los otros 44 absueltos en el caso granos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y ocho más, por peculado en perjuicio del MOP. Todo sin contar al exalcalde Bosco, condenado a 48 meses de cárcel, pero también enviado a casita. Después de una década, poco a poco los santos inocentes regresan a sus respectivas casas. Millones de dólares tirados a la basura en investigaciones que no convencieron “de forma categórica e incontrovertible” a la aguadulceña dama de la justicia. Pero, cómo convencerla, si no pudo hacerlo el diputado Afú ni confesando sus acciones en el caso Cemis, ni siquiera mostrando el dinero del soborno en televisión. Mario Martinelli, confesó sus delitos y lo mandaron a casa, y lo mismo pasó con Bosco. Qué será de los príncipes Martinelli en Odebrecht: confesos, pero el caso ya parece hasta virtual; lo han enviado a la nube, y probablemente terminará como los cigarros los clientes del Mocambo: en humo. Es que ni las sentencias de la Corte Suprema de Justicia se toman en serio: una empresa minera que le valió un rábano el fallo de inconstitucionalidad, un Presidente que también le vale y que hasta propicia la impunidad, como el fracasado intento de darle libertad en Nicaragua a uno de los pocos condenados. Si el expresidente Martinelli se hubiese acogido a la justicia de Mocambo le habría ido mejor: “Sí, me robé unos milloncitos, pero también lo hizo Varela”. Seguidamente lo mandan a casa a cumplir una condena de un día, porque entregó a su colega. Y si Varela confiesa, trato similar, siempre que delate a don Perico de los Palotes, que se robó una llanta y una batería de un carro chatarra de la junta comunal de Rincón Hondo, en la comarca Ngäbe-Buglé, a quien le meterán 15 años por delitos contra la personalidad interna del Estado, peculado, asociación ilícita, blanqueo, tráfico de influencias, corrupción… y por pendejo. Y, a propósito de pendejos, pregunta abierta: ¿Quién pagará el almuerzo con el que premia hoy el presidente Mulino en Penonomé a los diputados que apoyaron la nueva Ley de la CSS: A.- Mulino; B.- La CSS, C.- Nosotros, los pendejos? Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] La obra, que inicialmente tendría un costo de $152.6 millones, terminó costando $161.8 millones, tras la aprobación de varias adendas por parte del MOP que elevaron su costo. Archivo Daño patrimonial no se mantuvo, concluye fallo sobre autopista Juan Manuel Díaz [email protected] SENTENCIA JUDICIAL Un veredicto del Tribunal de Cuentas determinó que no hubo lesión en la construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera; las aseguradoras asumieron las deficiencias y, por ende, los perjuicios no se mantuvieron en el tiempo, hecho que actuó a favor de los procesados. La decisión de la juez Primera de Liquidación de Causas Penales, Agueda Rentería, para archivar el caso por presunto peculado en la construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera y absolver a todos los imputados se fundamenta en que un veredicto del Tribunal de Cuentas determinó que no existió una lesión patrimonial y que, si bien la obra se entregó sin completar, podía ser usada. El fallo de Rentería sostiene que si bien durante la investigación de la Fiscalía Anticorrupción se evidenció la existencia de falencias en la fiscalización de la obra —como trabajos realizados fuera de especificaciones técnicas, inconsistencias en el pago de un anticipo del 15% del contrato y que se superó de forma exagerada el tiempo para la entrega de la obra e incumplimientos en su finalización—, estos hechos fueron subsanados con las empresas aseguradoras que se hicieron cargo de las deficiencias de los trabajos ejecutados por la empresa Transcaribe Trading S.A. Rentería considera que se restituyó al Estado, al no existir trabajos pendientes, ya que a través de la Adenda No.8 las empresas Global Bank Corporation, Acerta Compañía de Seguros, Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica y Banco Internacional de Costa Rica se constituyeron en los nuevos contratistas al ejecutar la fianza de cumplimiento. También sostiene que la ejecución tardía de la obra no prueba que las acciones de los procesados hayan derivado en un perjuicio real y efectivo al patrimonio estatal. Concluye que si bien existieron elementos que justificaron la apertura del proceso penal en contra de los sindicados, por razón de las irregularidades detectadas en la ejecución contractual, tales como modificaciones no previstas, deficiencia en la ubicación de pesos y dimensiones, estas no fueron suficientes para establecer una responsabilidad penal. A su vez recalca que la inexistencia de una lesión patrimonial dictaminada por el Tribunal de Cuentas en este caso excluye la posibilidad de que el derecho penal continúe operando en estos casos. En este sentido, recalca que el Tribunal de Cuentas, como jurisdicción especializada en materia patrimonial, tiene la competencia para analizar si hubo un perjuicio económico al Estado. Explicó que en los delitos patrimoniales, el bien jurídico protegido son los bienes del Estado, lo que es un elemento esencial para la configuración del ilícito y que siendo así el derecho penal no puede operar en el vacío ni suplir la falta de prueba. Así mismo, el fallo de Rentería reconoce que si bien se evidenciaron inconsistencias en el manejo contractual y administrativo del proyecto de la Autopista Arraiján-La Chorrera, el transcurrir del tiempo no logró mantenerlas, quedó demostrado que no se mantuvo el daño patrimonial al Estado, situación que favorece a los imputados. En este caso el tribunal dictó un veredicto absolutorio a favor del exministro de Obras Públicas Federico Suárez y otras siete personas. La investigación se inició en el año 2014, cuando el entonces diputado José Antonio Domínguez, recibió una denuncia de un entonces funcionario del MOP sobre posibles irregularidades en el precio de la licitación para la ampliación de la Autopista Arraiján- Chorrera, que estuvo a cargo de la empresa TCT. La obra que inicialmente tendría un costo de $152.6 millones terminó costando la suma de $161.8 millones, tras la aprobación de varias adendas que elevaron su costo. Juan Manuel Díaz [email protected] La operación Panamax 2025 busca garantizar la seguridad del Canal de Panamá ante posibles ataques. Juan M. Díaz Operación Panamax 2025: preparación ante amenazas al Canal de Panamá SEGURIDAD Una serie de ejercicios navales, aéreos y terrestres para enfrentar posibles ataques contra el Canal de Panamá se efectuarán en los próximos días a través de acciones conjuntas que involucran la participación de efectivos de los estamentos de seguridad panameños y de Estados Unidos, a través de la operación Panamax 2025. La operación estará centrada en el diseño de estrategias para enfrentar posibles amenazas a la seguridad de la vía marítima, garantizar la seguridad y reforzar las estrategias de reacción ante eventos relacionados con el tráfico de drogas, ciberseguridad y el crimen organizado. La subcomisionada del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) Maritza Censión, primera mujer que lidera los ejercicios que se realizan desde el año 2003, explicó que el desarrollo de la operación abarca tres fases: la fase cero enfocada en la atención humanitaria en comunidades de difícil acceso de la geografía nacional, en la que actuará la Fuerza de Tarea Bravo de Estados Unidos y otra fuerza de tarea compuesta por estamentos de seguridad del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senaront) y la Policía Nacional. Sención explicó que esta primera parte ya se cumplió y en ella se logró dar asistencia a unas cinco mil personas, a las que se le entregaron 16,500 libras de materiales de construcción e insumos para reparación de escuelas y atención de salud. La fase uno incluye la capacitación de 90 unidades de los estamentos de seguridad panameños, que serán entrenados en tácticas para combatir el tráfico de drogas, ciberseguridad y sobre la integración de las capacidades operativas para enfrentar posibles amenazas al Canal de Panamá. No se informó cuál será la totalidad del pie de fuerza involucrado en el operativo conjunto, ni la cantidad de equipo, ni las áreas específicas en las que se desarrollarán los ejercicios. También se reforzarán las labores de intervención de embarcaciones que transportan droga en alta mar. En lo que va del año, el Senan ha incautado seis toneladas de drogas en 20 operaciones. Además, se informó que luego se desarrollará una tercera fase que involucra la evaluación de los ejercicios prácticos desarrollados durante la operación Panamax 2025 y determinar los puntos que se necesitan reforzar en materia de seguridad. Los ejercicios coinciden con la celebración, los días 8 y 10 de abril, de la Conferencia de Seguridad Centroamericana (Centsec) en la que estará presente el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth. Esta conferencia tiene como objetivo establecer estrategias conjuntas en materia de seguridad regional.
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