2B La Prensa Panamá, sábado 5 de abril de 2025 Economía & Negocios Panamá es el único país de la región que cuenta con una normativa específica para fomentar la incorporación de mujeres en juntas directivas. iStock Siete años después, la paridad en juntas directivas sigue pendiente Alex E. Hernández ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] EQUIDAD DE GÉNERO Bancos privados y estatales, aseguradoras, empresas del mercado bursátil, entre otros, integran la lista de compañías que deben cumplir con la igualdad de género en sus órganos directivos. En 2017 se aprobó la Ley 56, que tiene como objetivo aumentar la participación de las mujeres en juntas directivas del sector privado y estatal, con la intención de incrementar la diversidad de género en los organismos de toma de decisiones. La Ley 56 se aplica a instituciones del Gobierno Central, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros y aquellas reguladas donde exista una junta directiva. La normativa establecía que, para el año 2020, el 100% de las empresas y entidades obligadas a cumplir con la diversidad de género debían contar con al menos un 30% de mujeres en sus juntas directivas. Aunque en los dos primeros años se registraron avances importantes en la incorporación de mujeres en juntas directivas, el país ya acumula unos cuatro años de retraso en alcanzar ese 100%, registrándose un cumplimiento por debajo del 50%. La Prensa conversó con Ana Karina Smith, presidenta de la Asociación de Directoras de Panamá (ADP), gremio que desde 2018 mide el cumplimiento de la Ley 56, normativa que, a nivel centroamericano, solo existe en Panamá. Smith comentó que actualmente solo el 44% de las empresas que deben cumplir con la Ley 56 tienen al menos un 30% de mujeres en sus juntas directivas. Bancos privados y estatales, aseguradoras, empresas del mercado bursátil, reguladores del sector financiero, empresas mixtas, asesores de inversión, fiduciarias, administradores de inversión, reaseguradoras y administradores de fondos de pensiones, entre otros, integran la lista de compañías que deben cumplir con la igualdad de género en sus órganos directivos. En total, son 442 entidades las que están sujetas a los lineamientos de la Ley 56. De estas, solo 194 —el 44%— los cumplen a cabalidad. “La presencia equitativa de mujeres en la toma de decisiones empresariales y gubernamentales no solo responde a un principio de justicia, sino que también impulsa el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 5: Igualdad de Género. Su meta 5.5 establece la necesidad de garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres en todos los niveles de liderazgo, tanto en la esfera política como económica y pública”, comentó Smith. El estudio anual que realiza la ADP arrojó un leve incremento, del 43% al 44%, en el número de empresas privadas y estatales que cumplen con la participación del 30% de mujeres en sus juntas directivas. Adicionalmente, el estudio concluyó que la participación femenina en los máximos organismos dentro de una empresa o institución pasó de 23% a 24% el año pasado. Avance lento Aunque es positivo que anualmente se incremente la presencia de mujeres en juntas directivas, Ana Karina Smith reconoce que se ha registrado un estancamiento, e incluso un retroceso, a nivel estatal en el cumplimiento de la Ley 56. En 2023, el porcentaje de mujeres en empresas estatales era de 24.15%, pero en 2024 cayó a 23.58%. Smith comentó que, en la lista de empresas reconocidas por contar con el mayor porcentaje de mujeres en sus juntas directivas, no figuró ninguna entidad estatal, a diferencia de las dos versiones anteriores del estudio, donde el primer lugar lo había ocupado el sector público. ¿Por qué no se está avanzando en incrementar la participación de mujeres en juntas directivas? La presidenta de la ADP señaló que todo se reduce a la voluntad de cumplir con la normativa, ya que no se trata de una falta de profesionales capacitadas para ocupar esos cargos. “La voluntad, tanto de los tomadores de decisiones en el sector público como de los accionistas en el sector privado, es necesaria para que se generen los cambios positivos. Aquellos que sí tomaron las medidas para incorporar mujeres calificadas en puestos directivos son el vivo ejemplo de que la diversidad de género es buen negocio y, además, es positiva para la sociedad”, comentó. Al detallar los resultados del estudio —dados a conocer la semana pasada— se observa que sigue siendo bajo el porcentaje de mujeres que lideran juntas directivas dentro del grupo de empresas e instituciones sujetas a la Ley 56. La primera medición, realizada en 2018, arrojó que solo el 5% de las juntas eran presididas por mujeres; siete años después, el porcentaje apenas alcanza el 10%. Para Smith, la cifra sigue siendo baja, especialmente en el sector público, lo que —en su opinión— debe corregirse en el corto plazo. “Tenemos historias de éxito maravillosasdemiembrosde ADP que han liderado juntas directivas. Estos ejemplos de mujeres que han ayudado a fortalecer a las empresas con las mejores prácticas de buen gobierno corporativo son motor para incentivar aotrascompañíasadarelpaso de pasar el timón a mujeres con perfiles destacados”, sostuvo. Según McKinsey & Company, firma global de consultoría en gestión, las empresas con mayor diversidad étnica y racial son más rentables, y aquellas con mayor diversidad de género y étnica en sus equipos ejecutivos tienen más probabilidades de superar a sus pares en términos financieros. La diversidad en el liderazgo, además, se asocia con ambiciones de crecimiento, un mayor impacto social y una fuerza laboral más satisfecha. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indica que los estudios han demostrado que una mayor proporción de mujeres en los equipos de toma de decisiones se asocia con un mejor desempeño financiero. A pesar del débil crecimiento registrado en los últimos años, la presidenta de la ADP considera que el panorama actual es alentador para potenciar la incorporación de más mujeres en juntas directivas y en puestos clave de toma de decisiones. El estudio también evaluó a las 100 empresas mejor reconocidas en Panamá, según el listado elaborado por MERCO, y encontró que estas registran una participación del 25% de mujeres en sus juntas directivas, porcentaje que supera al de las empresas que están obligadas a cumplir con la Ley 56. Reyna Katiuska Hernández [email protected] Contenedores en el puerto de Balboa. Alexander Arosemena Mici analiza impacto de arancel del 10% de EUA y gestionará excluir a Panamá COMERCIO MUNDIAL El gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), evalúa el impacto que tendrá sobre las exportaciones nacionales y el comercio la imposición de un arancel adicional del 10% a los productos panameños que se comercialicen en el mercado estadounidense, medida anunciada por el presidente Donald Trump. En un comunicado, el Mici expresó que se está analizando dicha medida y se gestionará la exclusión de Panamá de su aplicación. “Desde el punto de vista del Ministerio de Comercio e Industrias, las medidas de política comercial adoptadas por Estados Unidos para enfrentar los efectos del libre comercio deberían ajustarse a los compromisos adquiridos por todos los países en el marco de los Acuerdos de la OMC, así como a lo acordado bilateralmente en el Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos, suscrito en 2007”, señala el comunicado. La institución indicó que se buscará mitigar los efectos de este arancel, además de realizar gestiones para que Panamá sea excluido de su aplicación. “Por ello, se está analizando el alcance de esta decisión y las vías para mitigar su impacto, incluyendo gestiones para lograr la exclusión de Panamá”, indicó el Mici, despacho presidido por Julio Moltó. La entidad remarcó que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones panameñas, alcanzando los 179.6 millones de dólares en 2024, lo que representa un 19% del total de las exportaciones tradicionales del país. “Los productos más exportados son: azúcar de caña en bruto, que representó el 28% del total enviado a Estados Unidos; bananas frescas, con un 13%; y pargos frescos o refrigerados, con un 8%. El resto de las exportaciones, que representa el 48%, incluye productos como atún de aleta amarilla, cabrillas frescas o refrigeradas, camarones, dorados, cobias y desperdicios de cobre”, detalló el comunicado. El Mici explicó que estos productos actualmente ingresan sin aranceles al mercado estadounidense bajo el TPC, por lo que, en principio, no deberían verse afectados de forma significativa. “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los intereses comerciales de Panamá y continuaremos impulsando acciones estratégicas para garantizar un acceso preferencial y competitivo al mercado estadounidense”, concluyó la entidad. En la nota de prensa se detalla que el nuevo arancel, adoptado bajo leyes de emergencia nacional por el gobierno de Trump, entrará en vigor este 5 de abril, con excepción de aquellas mercancías que, para esa fecha, ya se encuentren en tránsito final hacia EUA. También informaron que ciertos productos, como minerales, algunos derivados de la madera, farmacéuticos y semiconductores, estarán exentos de esta medida. A partir del 9 de abril de 2025, se impondrán aranceles aún más elevados a productos provenientes de más de 50 países, entre ellos China (34%), la Unión Europea (20%), Japón (24%), Corea del Sur (26%) e India (27%). Por ello, Panamá continúa evaluando el impacto que estas decisiones podrían tener sobre su comercio exterior en general.
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