2A La Prensa Panamá, viernes 4 de abril de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] Juez absuelve al exministro Federico Suárez y a siete más por caso de autopista ÓRGANO JUDICIAL La juez primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, dictó un veredicto absolutorio a favor de los ocho acusados, entre ellos el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, por el delito de peculado, por el diseño y construcción de la Autopista Arraiján-La Chorrera. A través de la sentencia No.3, del 2 de abril, la juez Rentería decretó la absolución de todos los implicados, tras determinar que la Fiscalía Anticorrupción no logró acreditar la responsabilidad de los implicados en la comisión del ilícito investigado. “En lo concerniente al delito de peculado, no se ha logrado mantener la acreditación, de manera fehaciente, de la existencia de un perjuicio al Estado, pese a las acciones censurables que ocurrieron. Es oportuno recordar que la carga probatoria recae sobre el Ministerio Público, y conforme al principio de presunción de inocencia, cualquier duda razonable debe resolverse en favor de los acusados”, señala el fallo. El fallo, que fue dado a conocer en la mañana de ayer, también plantea que el citado proyecto logró concluirse a través de la ejecución de la fianza de cumplimiento. Además de Suárez, entre los absueltos en este caso figuran el representante legal de la empresa Transcaribe Trading (TCT), Daniel Ochy, Eder Márquez, Eduardo Rodríguez, Lester González, Alcides Velásquez, Miguel González y Marcos Saavedra. En el juicio celebrado el 29 de febrero de 2024, el fiscal anticorrupción Ariel De Gracia solicitó un veredicto condenatorio por considerar que los imputados ocasionaron una lesión patrimonial de $7.8 millones. Durante el juicio, los abogados de la defensa alegaron que no existió delito, ya que todas las fases de la obra fueron entregadas. En este proceso se dictó una ruptura procesal en el caso del exministro del MOP Jaime Ford, ya que en su condición de diputado del Parlacen el caso debía enviarse a la Corte Suprema de Justicia, que es la competente para investigar a los diputados. Aquí también se investigó a David Ochy, también parte de la empresa TCT, pero en su caso se declaró la prescripción de la acción penal. Ochy permanece detenido en Costa Rica por un pedido de extradición realizado por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales por el caso New Business. Fue el diputado panameñista José Antonio Domínguez quien, en 2014, recibió una denuncia de un entonces funcionario del MOP sobre posibles irregularidades en el precio de la licitación para la ampliación de la Autopista Arraiján-La Chorrera, que estuvo a cargo de la empresa TCT. La obra, que inicialmente tendría un costo de $152.6 millones, terminó costando la suma de $161.8 millones, tras la aprobación de varias adendas que elevaron su costo. Eliana Morales Gil [email protected] ¿Por qué hay soldados estadounidenses en las calles de Panamá? PANAMAX 2025 Hombres vestidos con atuendos de camuflaje y cargando grandes mochilas frente a un hotel ubicado en la avenida Balboa. La imagen circuló por las redes sociales y generó múltiples preguntas. Las autoridades de seguridad dieron pistas sobre el inusual despliegue de las fuerzas armadas de Estados Unidos de América (EUA). El Servicio Nacional Aeronaval (Senan), a través de un comunicado, informó que Panamá y EUA están realizando el ejercicio conjunto Panamax 2025, “centrado en la protección y seguridad del Canal de Panamá ante posibles amenazas”, maniobras que son organizadas por el Comando Sur y en las que participan fuerzas de seguridad de naciones de América Latina, el Caribe y Europa. En 2024 participaron 18 y la sede fue Estados Unidos. Los ejercicios contemplan simulaciones de operaciones navales, aéreas y terrestres. Recientemente, la Embajada de EUA en Panamá informó que cuatro helicópteros y dos aviones del Comando Sur estarán en Panamá del 24 de marzo hasta mediados de abril para realizar ejercicios conjuntos de seguridad con el Ministerio de Seguridad, y para participar en programas de asistencia. En semanas previas se dio a conocer que el Comando Sur firmó un acuerdo que establece un marco para el entrenamiento colaborativo, a largo plazo. En el comunicado, el Senan recuerda que la iniciativa del ejercicio Panamax surgió en 2002 y consta de dos fases: una nacional y otra multinacional. “Ambas incluyen el intercambio de información, programas de capacitación y entrenamientos entre ambos países, además de actividades sociales y de ayuda humanitaria”, dice el comunicado. El ejercicio, de acuerdo con el Senan, implica actividades conjuntas de entrenamiento táctico y operacional junto a unidades especializadas tanto de su institución, como de la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras. Este año, los ejercicios Panamax se desarrollan en medio del creciente interés geopolítico por el Canal. El presidente estadounidense Donald Trump insiste en recuperar el control de la vía alegando, falsamente, la injerencia de China en su operación. Panamá lo ha negado de manera rotunda. El tema de la presencia militar estadounidense entró a la agenda pública cuando NBC News publicó que la Casa Blanca había ordenado a las fuerzas armadas estadounidenses elaborar opciones para “incrementar” la presencia de tropas en Panamá, o la opción más drástica del uso de la fuerza. El medio estadounidense publicó que esta medida responde a los planes del presidente Donald Trump, de “recuperar” el Canal de Panamá. El Pentágono negó que vaya a haber cambios en su presencia militar en Panamá pero sí destacó que se está trabajando con ese país en distintas maniobras militares conjuntas, algo que ya contemplan los Tratados Torrijos-Carter, para respaldar las prioridades de seguridad nacional del presidente Trump. El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli observa a sus simpatizantes desde el interior de la embajada de Nicaragua el 2 de abril de 2025. EFE Mulino modera su tono sobre Nicaragua y niega negociaciones Yasser Yánez García Eliana Morales Gil [email protected] SALVOCONDUCTO Según el presidente Mulino, no existe un intercambio de favores o presiones políticas. Es decir, descartó ‘un chantaje’ por parte de ese país, tal como lo califican abogados e internacionalistas. El presidente de la República, José Raúl Mulino, descartó que el gobierno de Nicaragua haya planteado un quid pro quo en relación con el atraso del viaje del expresidente Ricardo Martinelli y asilado de ese país. El mandatario, quien en el pasado calificó a Nicaragua como “un país sin Dios ni ley”, esta vez moderó su discurso al referirse a la nación gobernada por el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. “No me han pedido nada”, dijo el mandatario respecto a las declaraciones de la copresidenta Murillo, quien acusó al gobierno panameño de mantener una conducta hostil y de bloquear la participación de Nicaragua en la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Según Mulino, no existe un intercambio de favores o presiones políticas. Es decir, descartó “un chantaje” por parte de ese país, tal como lo han llamado abogados, internacionalistas y otros actores de la sociedad. Además, aclaró la posición de su gobierno respecto a la abstención en la votación de la moción en contra de Nicaragua en el SICA. Según Mulino, en la organización se emplea el consenso como método de toma de decisiones, por lo que la decisión de Panamá “no implica un bloqueo a Nicaragua”, sino la oportunidad para que esa nación presentara una nueva terna. “Yo lo detesto [el consenso], porque si hay mayoría se debe respetar la mayoría. Pero bueno, el modus operandi no es de ahora [...]”. Los hechos El pasado 27 de marzo, la Suprema de Justicia, que respaldan que la decisión corresponde únicamente al Órgano Ejecutivo. Sin embargo, expresó desconocimiento sobre la postura final de Nicaragua: “No lo sé. Así que, como he dicho, yo no especulo en materia de política exterior”. De asilos y convenciones El Presidente también se proclamó experto en el manejo de asilos diplomáticos, y de hecho recordó su labor junto al excanciller Ricardo Linares en la década de 1990, cuando gestionaron cerca de 200 casos en embajadas latinoamericanas. “No existe en este país nadie que haya manejado más asilos diplomáticos que yo”, afirmó. Explicó que, conforme a las convenciones internacionales de La Habana y Caracas —de las que Panamá es parte—, la decisión de reconocer un asilo político es exclusiva del Estado asilante. “Lo que sigue es otorgar el salvoconducto”, señaló, aclarando que este caso en particular no se originó durante su gobierno. En efecto, el 9 febrero de 2024, dos días después de que Martinelli se atrincheró en la embajada de Nicaragua, el gobierno de Laurentino Cortizo le negó el salvoconducto para viajar a Managua, alegando que había sido condenado por un delito común. Martinelli fue condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Además, es uno de los llamados a juicio del caso Odebrecht. Cancillería otorgó un salvoconducto a Martinelli para viajar a Nicaragua por “razones estrictamente humanitarias”. Ese permiso vencía el lunes 31 de marzo a medianoche. Pero Rosario Murillo bloqueó la entrada de Martinelli a su territorio. Exigió “aclaraciones” sobre una alerta roja de Interpol contra Martinelli, pese a que Panamá ya la había rechazado, y acusó a Panamá de actuar en contra de su país en el SICA. Luego, la Cancillería de Panamá le extendió el salvoconducto hasta ayer, a las 11:59 p.m. Sin embargo, Martinelli no ha podido emprender el viaje a Nicaragua. Mulino admitió que no hay una respuesta oficial de Nicaragua para autorizar el traslado. “Si no, ese avión no puede despegar de Panamá”, afirmó, reiterando que su gobierno actuará conforme a los plazos establecidos. Mulino detalló que Panamá ha cumplido con todos los requerimientos formales solicitados por Nicaragua, incluyendo documentos de Interpol y de la Corte Fotografía que circuló en las redes sociales de soldados de Estados Unidos frente a un hotel. Tomada de @ElbaSalaza36810 E
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