6A La Prensa Panamá, jueves 3 de abril de 2025 Panorama Expedientes de casos del Ministerio Pública. Archivo Errores producen cierre de casos de corrupción de alto perfil Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA El diputado Ernesto Cedeño y experto en criminalística David Villarreal piden mayor formación técnica y sanciones internas para fiscales que incumplen los plazos de investigación. En menos de 10 meses, cuatro casos de alto perfil han sido archivados o concluyeron en fallos absolutorios por parte de los tribunales, todos vinculados a presuntos delitos de corrupción y peculado en perjuicio del Estado. Las decisiones judiciales coinciden en señalar fallas del Ministerio Público: investigaciones que excedieron el plazo legal, ausencia de solicitudes de prórroga, y auditorías sin conclusiones firmes. El caso más reciente se resolvió el 28 de marzo de 2025, cuando la jueza primera liquidadora, Águeda Rentería, absolvió a 45 personas, entre ellas varios exministros, acusados de peculado en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN). La Fiscalía Anticorrupción no solicitó prórroga tras vencerse el término de investigación. Apenas diez días antes, el 18 de marzo, el Tribunal Superior de Liquidación absolvió a 14 personas —cinco de ellas exministros— por supuestas irregularidades en el alquiler de helicópteros mediante el PAN para llegar a áreas de difícil acceso. Los magistrados señalaron que el informe de auditoría era deficiente y no establecía responsabilidad penal alguna. Como antecedente de este caso, en diciembre de 2019 otro tribunal ya había anulado un proceso relacionado con la compra de bolsas de comida también a través del PAN, debido al vencimiento del tiempo de investigación. El 9 de julio de 2024, tres personas fueron absueltas en el caso sobre la sustracción de bolsas del Plan Panamá Solidario. El tribunal concluyó que la fiscalía no logró probar su responsabilidad. Un mes antes, el 2 de junio de 2024, el Juzgado Segundo Liquidador absolvió a 28 personas vinculadas al caso Panama Papers y, en la misma resolución, archivó la investigación de Lava Jato por tratarse de los mismos hechos y personas. El tribunal consideró que el Ministerio Público no acreditó la relación entre los imputados y el delito investigado. El diputado y abogado Ernesto Cedeño considera necesario abrir procesos administrativos contra los fiscales que no cumplen con los plazos procesales. Por su parte, David Villarreal, exjefe de criminalística de la DIJ, insiste en fortalecer la investigación científica y la formación técnica del personal judicial para evitar fallos por falta de sustento probatorio. Los vecinos se reunieron con los diputados del 8-4. Cortesía Vecinos exigen voz real en planes de ordenamiento territorial URBANISMO Yaritza Mojica [email protected] Residentes del corregimiento de San Francisco y de la Junta de Desarrollo Local de Villa Lilla se reunieron ayer con los diputados del circuito 8-4 para exponer sus preocupaciones respecto a los planes de ordenamiento territorial que impulsa la Junta de Planificación Municipal (JPM) de la Alcaldía de Panamá. El encuentro fue convocado por el diputado Roberto Zúñiga, de la coalición Vamos, y contó con la participación de Jorge Bloise, así como de los diputados Grace Hernández y Ernesto Cedeño, ambos del Movimiento Otro Camino (MOCA). Durante la cita, los moradores expresaron inquietudes sobre un posible cambio de uso de suelo de zona residencial a zona mixta, uno de los puntos que genera mayor preocupación dentro del plan de ordenamiento del distrito capital. Otro tema abordado fue la reciente elección de la JPM, realizada el pasado 25 de marzo, donde la representación de la sociedad civil fue limitada. Raquel Amado, vocera comunitaria de Villa Lilla, destacó que si bien los diputados no pueden intervenir directamente en el proceso, se comprometieron a brindar seguimiento, apoyo y orientación legal y administrativa. Valoró el acercamiento con los parlamentarios, quienes residen en el mismo circuito y conocen la transformación que ha sufrido el corregimiento por la proliferación de comercios y la pérdida de espacios para residentes. Uno de los reclamos más reiterados por la comunidad es la falta de transparencia por parte de la JPM, particularmente la no entrega del acta de su última reunión, lo que impide conocer los detalles de cómo se eligió la nueva Junta Directiva. Esta falta de información ha generado sospechas y desconfianza entre los vecinos. Zúñiga señaló que existe temor en la población ante la posibilidad de que la JPM tome decisiones sin contar con una verdadera representación ciudadana. Recordó que, durante la reciente elección, solo se incluyó a un representante de la ciudadanía, mientras que otros puestos fueron ocupados por miembros degremiosempresariales.A su juicio, esto representa un “vicio” en el proceso de consulta, que debe revisarse para garantizar que las voces de la comunidad sean escuchadas. Por su parte, la diputada Hernández enfatizó que el principal problema es la ausencia de diálogo entre las autoridades y los ciudadanos. Afirmó que no es suficiente que expertos en urbanismo tomen decisiones sin la participación de quienes viven en las áreas afectadas. “La planificación debe ser construida junto con la comunidad y no impuesta desde el gobierno”, recalcó. Añadió que esta falta de consulta ciudadana no se limita a San Francisco, sino que se extiende a temas nacionales como la minería, donde también se percibe un patrón de exclusión. El director de Planificación Urbana, David Tapia, ha defendido el proceso de renovación de la JPM, asegurando que se realizó conforme a la ley. Lucy Molinar, ministra de Educación. Cortesía Cúpula magisterial insiste en paro: Meduca dice que hoy y mañana hay clases EDUCACIÓN Aleida Samaniego C. [email protected] Los gremios magisteriales reiteraron su convocatoria a un paro de 48 horas para leste jueves 3 y viernes 4 de abril, en protesta contra la Ley 462, aprobada el 18 de marzo de 2025, que introduce reformas a la Caja de Seguro Social (CSS). Este pronunciamiento surgió a un llamado realizado por la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien instó a los padres a enviar a sus hijos a los centros educativos. Molinar destacó que “el derecho a la educación está por encima de cualquier voluntad”. Además, subrayó que “no hay ciudadanos de primera ni de segunda; nuestra responsabilidad es garantizar educación a quien más lo necesita y defender ese derecho es nuestra obligación”. Molinar insistió en que los padres no deben ceder ante lo que calificó como una “trampa” de los que convocan la medida de fuerza. subrayó que el Ministerio de Educación (Meduca) ha advertido que se aplicarán sanciones, incluyendo deducciones salariales, a los docentes que participen en las protestas, en cumplimiento de la normativa vigente. La ministra Molinar también denunció que algunos centros educativos han utilizado los actos cívicos para adoctrinar a los estudiantes con consignas políticas, lo que constituye una violación de la ley educativa. Además, informó que varios directores han sido amenazados por gremios que buscan imponer su control sobre el sistema educativo. Ante estos hechos, el Meduca ha iniciado una investigación. Se confirma que algunos docentes están siendo investigados por su participación en actos de adoctrinamiento político, lo que infringe la Ley Orgánica de Educación.
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