6A La Prensa Panamá, martes 1 de abril de 2025 Panorama Un 25% de descuento podría ser ofrecido por las aseguradoras a los clientes que renueven su póliza y no hayan requerido utilizar la cobertura. Esto ocurriría si se aprueba el proyecto de ley 53, que modica dos artículos de la Ley 68 de diciembre 2016, la cual regula el seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito. Por el momento, el proyecto de ley 53 fue aprobado en primer debate el pasado 26 de marzo en la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional. Durante la sesión, se escucharon opiniones a favor de la medida, como la de los transportistas representados por la Cámara Nacional de Transporte y otros gremios, mientras que la Asociación de Seguros manifestó su oposición. En su exposición de motivos, la iniciativa señala: “que al buen cliente se le reconozca un derecho, y el mejor camino es el de poder recibir una devolución del monto pagado, bajo la condición de que no haya requerido utilizar la cobertura mediante la póliza de seguro contratada. Pudiendo, si así lo desea, abonar con ese mismo monto a devolver la nueva póliza para el siguiente año o utilizarlo para la adquisición de otro tipo de cobertura de seguros”. La norma también busca incentivar la prevención de accidentes mediante la reducción del costo de la póliza para conductores que no registren siniestros. Además, pretende beneciar a los conductores responsables con seguros más accesibles y fomentar el cumplimiento de las normativas de tránsito y seguridad vial. Los transportistas sostienen que este gremio se ha visto duramente afectado por el aumento de la póliza en menos de un añoy que están atrapados en un sistema que no les retribuye. Por otro lado, los representantes de las aseguradoras argumentan que lo que se propone sobre la devolución de la prima no proviene de los fondos de la póliza, sino de la reserva destinada a indemnizar a las víctimas. Actualmente, el 76% de los conductores cuenta con póliza, es decir, 7 de cada 10 poseen seguro, mientras que un 30% no lo tiene. Esta semana, el proyecto de ley 53 deberá ser discutido en el pleno de la Asamblea. Ian Van Hoorde, presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores, expresó que “nosotros partimos de la premisa de que los transportistas y diputados que apoyan el proyecto de ley 53 tienen buenas intenciones”, ya que ciertamente el costo del seguro obligatorio (Sobat) se ha incrementado en los últimos años. Aseguradoras darían un 25% de descuento a quienes no tengan siniestros PROYECTO DE LEY No obstante, indicó que esto es debido a la in¡ación y la escasez de inventarios en agencias y casas de repuestos provocada por la pandemia y la guerra de Ucrania. “Entendemos que el impacto en el segmento de transporte colectivo y selectivo seguramente ha sido mayor porque presentan accidentes con mayor frecuencia”, dijo. A juicio de Van Hoorde, el proyecto no es la solución, ya ya que parte de premisas incorrectas: •Malinterpretación de lo que significa “usar un seguro”: se supone que un conductor solo usa su seguro si es “responsable del accidente”. Un seguro se usa para transferir un riesgo. Además, cuando ocurre un accidente el asegurador incurre en costos de asistencia (motorizados, grúas y representación legal) incluso cuando el asegurado no resulta responsable; costos que en muchos casos son superiores a la prima pagada. •Revisión obligatoria de montos asegurados: se pretende delegar en las aseguradoras la tarea de revisar cada cuatro años el monto, función que corresponde al ente regulador. •Imposición de plazos y tiempos de respuesta: regular los tiempos de atención afecta la libre competencia, ya que los consumidores eligen compañías según la calidad de sus servicios. Considerando que el Sobat es un producto “obligatorio” es necesario denir mecanismos de transparencia que permitan al consumidor comprender mejor las variaciones de precio. En ese sentido, manifestó que quizás el ente regulador debe hacer un informe anual sobre los costos y prima esperada para los segmentos de automóviles de uso particular, comercial y transporte selectivo y colectivo. Para cada segmento la frecuencia y severidad de accidentes es distinta y el precio será distinto. De aprobarse el proyecto de ley 53 no solo estaremos atentando contra la libre empresa, sino que se producirá un aumento general en las primas de la cobertura Sobat que permitirá entonces otorgar descuentos a los buenos conductores. En otros países se toma en cuenta la talla del niño, mas no su edad, para usar la silla de restricción infantil. Archivo Seguridad vs. costo: el debate de las sillas Aleida Samaniego C. [email protected] Yaritza Mojica [email protected] NUEVA LEGISLACIÓN Los conductores que no usen estas sillas de retención infantil enfrentarán multas progresivas de hasta $500, pérdida de puntos en su licencia y suspensiones de hasta tres meses, y tendrán que hacer cursos de seguridad vial. El proyecto de ley 52,que establece el uso obligatorio de sillas de retención infantil en vehículos particulares y dicta otras disposiciones, fue aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional. La propuesta, presentada por la diputada independiente de la coalición Vamos, Yarelis Rodríguez, obtuvo 46 votos a favor y ninguno en contra. El siguiente paso es que el proyecto de ley sea sancionado por el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino. Este proyecto busca garantizar la seguridad y protección de los niños durante el transporte vehicular, mediante la implementación del uso adecuado y obligatorio de las sillas de retención infantil en todos los vehículos particulares que transporten niños menores de 135 centímetros de estatura. Sin embargo, ha generado varios comentarios y opiniones en redes sociales, con algunas críticas. La nueva legislación establece sanciones estrictas para los conductores que no cumplan con sus disposiciones. Aquellos que sean sorprendidos transportando a un niño sin la silla de retención adecuada deberán pagar una multa de $100.00, perderán 5 puntos en su licencia de conducir y estarán obligados a asistir a un curso intensivo sobre seguridad vial y el uso correcto de las sillas de retención infantil, impartido por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). El documento aprobado también establece que, si el conductor reincide y es sorprendido nuevamente transportando a un niño sin la silla de retención adecuada, la multa ascenderá a $200.00, se le restarán otros 5 puntos de su licencia y deberá asistir a una segunda capacitación obligatoria. Además, en este caso, su licencia será suspendida por un período de dos meses. En caso de que el conductor cometa una tercera infracción o más, la multa aumentará a $500.00, con la correspondiente pérdida de 5 puntos en su licencia por cada nueva infracción. Además, deberá asistir a un curso intensivo sobre seguridad vial y el uso adecuado de las sillas de retención infantil, y su licencia será suspendida por tres meses. Sin embargo, se aclara que esta norma no aplicará para taxis, vehículos colegiales, comerciales ni de emergencia o servicios esenciales, como ambulancias, bomberos y policía. La diputada Rodríguez destacó que el uso de la silla de retención puede reducir hasta en un 90% las lesiones graves y hasta en un 75% las muertes infantiles. Por su parte, Osiris Gratácos, directora de Educación Vial de la ATTT, señaló que entre 2016 y 2022 se registraron 2,086 accidentes de tránsito en los que estuvieron involucrados niños. De estos accidentes, 37 menores perdieron la vida de manera inmediata por no estar asegurados en los asientos traseros del vehículo. Además, los datos de los últimos 15 años indican que se han registrado 10,063 accidentes de tránsito en los que han estado involucrados niños de entre 0 y 14 años de edad, con un saldo de 213 fallecidos a causa de estos siniestros. Hasta la aprobación de esta nueva ley, Panamá no contaba con una normativa especíca y rigurosa que regulase el uso de sillas de retención infantil. Sin embargo, el país sí cuenta con la Ley No. 9 de 1993, que establece la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad para todos los ocupantes de un vehículo. Además, el Decreto Ejecutivo No. 640, emitido en 2006, establece que el conductor es responsable del vehículo y debe velar por la seguridad de sus pasajeros, pero no aborda el tema de las sillas de retención infantil. La reciente aprobación del proyecto de ley 52 ha generado reacciones de los gremios transportistas, quienes han advertido que presentarán demandas contra la ley, argumentando que esta fue aprobada sin la debida consulta con todos los sectores sociales. “Presentaremos las demandas correspondientes ante la instancia judicial correspondiente, como Cámara Provincial de Transporte, porque creemos que la ley es positiva, pero debe contar con la consulta ciudadana adecuada. No solo se debe pensar en los panameños de clase media o alta, sino en todos los sectores de la sociedad”, armó Omar López, presidente de la Cámara Provincial de Transporte de Panamá. López denunció que la Asamblea Nacional aprobó la normativa sin realizar las consultas necesarias con los diferentes grupos del país. “No se ha tenido en cuenta a los panameños que ni siquiera tienen para echarle gasolina al vehículo. ¿Y a aquellos que tienen tres o cuatro niños? ¿Cuántas sillas podrán poner en su vehículo?”, cuestionó. Estas declaraciones re¡ejan las preocupaciones de los gremios, que consideran que la ley afectará a los sectores más vulnerables de la población. Si bien el objetivo principal de la ley es aumentar la seguridad vial y reducir las muertes infantiles, la implementación efectiva de esta ley dependerá de un equilibrio adecuado entre la seguridad y la accesibilidad para todos los panameños. En resumen, el proyecto de Ley 52, que promueve el uso obligatorio de las sillas de retención infantil en vehículos particulares, ha sido aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional. La ley cuenta con el apoyo de una amplia mayoría de los legisladores, pero aún se enfrenta a críticas de los gremios transportistas, quienes argumentan que su implementación debe ser reconsiderada para asegurar una consulta más amplia y considerar las di- cultades económicas de muchos panameños. Sin embargo, el principal objetivo de la ley sigue siendo garantizar la seguridad de los niños y reducir las muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito. El descontento en las redes sociales Un video publicado por la diputada mostrando precios entre $30 y $70 fue el detonante de muchas críticas, a pesar de que Rodríguez armó que “no hay nada más valioso que la vida de un hijo”. Uno de los comentarios en el video fue el del usuario @ juansolorzano18, quien escribió en Instagram: “Tristemente está equivocada en su forma de pensar. Esto afectará al pueblo que la eligió, y este pensamiento me hace arrepentirme de haber votado por usted. Una cosa es hacer conciencia y otra exigir gastar al pueblo algo que debe quedar a la responsabilidad de cada uno. Esto solo hará que haya policías buscando más coimas y ya no se podrá dar el bote a un familiar que tenga niños, y ni se diga a los Uber o taxis”. Otro usuario, en la red social Instagram @noahlopez799, agregó: “Hay tantas leyes que aún se necesitan, por ejemplo, mejorar la educación y las condiciones de las escuelas. También es necesario que se refuercen las sanciones para quienes no paguen la cuota obrero-patronal, con penas que podrían llegar hasta 10 años, entre otras medidas. Sin embargo, no entiendo por qué se está aprobando una ley que parece sugerir que los autos particulares son inseguros, pero no se aplica lo mismo a los taxis o los buses escolares. Señores, por favor, hay que reexionar sobre estas decisiones”. No todos están en contra. Algunos ciudadanos defendieron la ley como un paso importante en la seguridad vial infantil. Anel Del Busto (@EduSegVial507) escribió: “Yo quiero verlos emputa’os cuando muera el hij@ menor del prim@, herman@, tía, amigo, compañero. Esta ley trata de salvar vidas. No es capricho de ningún diputado. Hay una fundación que deende a los seres humanos para evitar más muertes en siniestros viales”. Este es el segundo intento de la Asamblea Nacional por aprobar una ley de este tipo. La primera propuesta fue presentada durante el periodo 2014–2019 por la entonces diputada independiente Ana Matilde Gómez, pero fue objetada por el expresidente Juan Carlos Varela. Tranque en Panamá Oeste. Alexander Arosemena
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