2B La Prensa Panamá, martes 1 de abril de 2025 Economía & Negocios Ángela Russo, magistrada de la Corte Suprema. Archivo Cinco abogados opinaron ante CSJ sobre contrato de PPC Juan Manuel Díaz [email protected] ÓRGANO JUDICIAL La magistrada Ángela Russo, quien actúa como ponente, deberá elaborar un proyecto de fallo y ponerlo a circular entre los restantes ocho magistrados. El período para la presentación de opiniones dentro de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el contrato suscrito entre el Estado y la empresa Panamá Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal concluyó. Fuentes del Órgano Judicial (OJ) revelaron que cinco abogados presentaron opiniones ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia sobre la viabilidad de la demanda presentada por los abogados Julio Fidel Macías y Norman Castro. Ahora, la magistrada Ángela Russo, quien actúa como ponente, deberá elaborar un proyecto de fallo y ponerlo a circular entre los restantes ocho magistrados que conforman el Pleno de la Corte. Ya el pasado 19 de febrero el procurador Luis Carlos Gómez estimó —y así lo plasmó en una vista scal— que el contrato rmado entre el Estado y PPC viola15 artículos de la Constitución. Entre los argumentos presentados por Gómez se encuentra que al negociar el contrato se acordó indebidamente transferir derechos privativos del Estado, incidiendo esto en el bienestar social y el interés público, por lo que se afectó la libre competencia. Además, que se permite a la empresa la explotación de áreas distintas a la concesionada. La demanda plantea que el contrato suscrito entre PPC y el Estado violó los artículos 1 y 2 de la Constitución, ya que dispone que el Estado debe consultar y requerir aprobación previa a la empresa para otorgar cualquier concesión futura sobre terrenos del Estado. También plantea que lo anterior atenta contra la soberanía que ejerce el Estado sobre todo su territorio y los bienes de su propiedad, lo cual solo puede estar sujeto a su Gobierno y no debe requerir consentimiento ni aprobación previa de ninguna entidad privada. La Sala Tercera de la Corte también tramita una demanda de nulidad contra la prórroga dada a PPC para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. La demanda de nulidad, presentada por Roberto Ruiz Díaz, pretende que se declaren nulas las notas ADM-1123--062021DGPIMA-CON de 28 de junio de 2021 y la certi cación SG No. 021-062021 también de 28 de junio de 2021 expedidas por la AMP, en las que se le concedió la prórroga automática para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal a PPC por un lapso de 25 años. La Contraloría General de la República también ordenó una auditoría de las operaciones y pagos realizados por PPC a raíz del contrato otorgado para la operación de ambos puertos. La auditoría a PPC busca evaluar la correcta administración de los recursos y veri - car el cumplimiento de los términos de la concesión, un contrato cuestionado por la falta de claridad en los bene- cios que genera al Estado. En el año 2020 una auditoría realizada por el entonces contralor Gerardo Solís arrojó que PPC había cumplido con todas las normas establecidas en el contrato rmado en el año de 1997. Vista aérea del puerto de Cristóbal, en Colón. EFE Mulino pide reunión con entidades encargadas de seguridad de los puertos NARCOTRÁFICO Juan Manuel Díaz [email protected] El presidente José Raúl Mulino cali có como mínima y de ciente la cooperación en materia de seguridad entre las entidades encargadas de la seguridad portuaria, por lo que convocó para la próxima semana una reunión con la Autoridad Nacional de Aduanas, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Zona Libre de Colón (ZLC). En sus comentarios, que hizo a través de su cuenta de X, Mulino precisó que los puertos son del Estado y que los concesionarios deben cumplir con sus obligaciones, haciendo referencia a posibles de ciencias de seguridad. En los últimos meses los puertos ubicados en el Pací co y el Atlántico han sido objeto de múltiples decomisos de drogas que, en su mayoría, tienen como destino el mercado europeo. Tan solo el pasado lunes, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó 357 kilos de drogas que se encontraban dentro de un contenedor en tránsito por un puerto de la provincia de Colón, que tenía como destino Los Ángeles, Estados Unidos. También, el 1 de noviembre de 2024, Aduanas ubicó en una bodega en Chilibre, provincia de Panamá, un lote de 335 cajas con un total de 183,202 monedas de un balboa falsi cadas procedentes de China, que ingresaron al país en un contenedor. Luego, el 31 de diciembre de 2024, las autoridades de Aduanas incautaron un cargamento de 32 mil 130 libras de arroz procedente de China, que se introdujo al país falsi cando una marca panameña. También las autoridades han detectado la introducción ilegal de partes de armas a través del sistema de courier, que luego son ensambladas y vendidas en el mercado negro.
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