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8A La Prensa Panamá, sábado 29 de marzo de 2025 La opinión de Hilde Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. serva una movilización signicativa que exige la renuncia de los diputados a ciertos privilegios. Sin embargo, esta reforma legislativa requiere el respaldo mayoritario de los propios diputados, lo que representa un desafío considerable. Como órgano encargado de la creación de leyes y de la representación de toda la ciudadanía panameña, el poder legislativo tiene la responsabilidad ética de ser un modelo para los demás poderes estatales e instituciones. Esta demanda también aboga por una mayor transparencia y rendición de cuentas, proponiendo la implementación de leyes que obligan a los diputados a justicar sus gastos, nóminas y otros benecios. Estas buscan reducir los abusos y limitar los recursos asignados, generando así un ahorro signicativo para el erario y controlando los excesos. Entre las primeras medidas a implementar se encuentran la eliminación de la franquicia telefónica, telegráca y postal; el pago de $2,000 para combustible; la importación libre de derechos de un vehículo cada dos años para uso personal y de sus faLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Hartazgo ante la corrupción, inseguridad y falta de empleo Crisis de confianza nidad con la que operan ciertos sectores del gobierno han erosionado la fe en las instituciones. La falta de transparencia y rendición de cuentas ha generado un círculo vicioso en el que los ciudadanos perciben que la justicia no se aplica de manera equitativa, favoreciendo a aquellos en el poder, mientras la mayoría sufre las consecuencias. Como resultado, las personas se sienten indefensas ante un sistema que parece estar diseñado para proteger a los corruptos en lugar de sancionarlos. Otro factor clave en el hartazgo ciudadano es la inseguridad. En muchos países, la violencia y el crimen organizado han alcanzado niveles alarmantes, afectando a todos los estratos sociales. El miedo a la delincuencia limita la movilidad de las personas, afecta el desarrollo económico y deterioRosela Nasta Menos privilegios y más servicio público de los diputados Voluntad política Eliminar los privilegios de los diputados en Panamá no es una tarea sencilla; más bien, es un problema de voluntad política. Esta voluntad sigue siendo inœuenciada por una cultura política que prioriza el benecio personal sobre el servicio público. Actualmente, los diputados reciben una remuneración de $7,000, que incluye gastos de representación, dietas y pago de combustibles. Esto plantea una pregunta crucial: ¿qué sucedería si la remuneración máxima fuera de $1,500? ¿Cuántas personas estarían dispuestas a participar en una campaña electoral, demostrando así que lo hacen por vocación de servicio y no por interés personal? Es probable que el número de candidatos disminuya, pero la calidad de quienes aspiran a este cargo público aumentará signicativamente. En las últimas décadas, el oportunismo político ha tenido un impacto considerable en la gestión legislativa. Hoy en día, existe una creciente presión ciudadana que exige mejorar la imagen del poder legislativo mediante debates más sustanciales y respetuosos hacia los electores. Además, se obAdemás, debería recibir remuneración únicamente cuando reemplace al diputado titular en el órgano legislativo. Esta debería ser su única fuente de ingresos, y si considera que es insuciente, debería reœexionar antes de aceptar la carga. La eliminación de la “prueba idónea”, del fuero electoral, la obligación de declarar bienes antes y después de ejercer el cargo, así como la asignación de responsabilidades por injurias e insultos durante los debates del pleno, son medidas necesarias para garantizar la integridad en el ejercicio de funciones públicas. Asimismo, el uso indebido del logo, nombre y miembro de la institución para nes personales, así como la autopromoción mediante recursos públicos, deben ser regulados para combatir el clientelismo que ha afectado negativamente a nuestra democracia. Estos cambios son esenciales para fortalecer la transparencia y la responsabilidad en el ámbito político. Es crucial que la ciudadanía adopte una mentalidad que apoye estos cambios, recordando que los diputados son funcionarios elegidos por voto popular. Aunque no son funcionarios de carrera pública, tienen las mismas responsabilidades y obligaciones que otros empleados públicos. No están por encima de la ley ni de las demás personas, y deben actuar con ética y responsabilidad. Opinión EL AUTOR es abogado, investigador y doctor en estudios avanzados en derechos humanos. LA AUTORA es abogada. ción para los gobiernos y las élites políticas. La falta de acción y soluciones efectivas solo alimentará el descontento y aumentará la brecha entre la ciudadanía y sus dirigentes. Es imperativo que se implementen reformas profundas para combatir la corrupción, fortalecer la seguridad y generar empleo digno. La transparencia, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la economía deben ser prioridades para restaurar la conanza en las instituciones y garantizar un futuro más justo y equitativo para todos. En conclusión, la corrupción, la inseguridad y la falta de empleo han generado un profundo hartazgo en la población, que se traduce en una crisis de legitimidad de los gobiernos. Si no se abordan estos problemas con determinación y voluntad política, el descontento seguirá creciendo, poniendo en riesgo la estabilidad social y el desarrollo de las naciones. Es momento de que los líderes escuchen a sus ciudadanos y trabajen en soluciones reales y sostenibles para garantizar el bienestar de la sociedad. La sociedad contemporánea latinoamericana, y en especial nuestro país, enfrenta una crisis de conanza en sus instituciones debido a problemas estructurales que han sido ignorados por décadas. La corrupción, la inseguridad y la falta de empleo se han convertido en los principales motivos de descontento ciudadano, generando un sentimiento de hartazgo que se traduce en protestas, abstencionismo electoral y un escepticismo generalizado hacia los gobernantes. Estos problemas no solo deterioran la calidad de vida de la población, sino que también amenazan la estabilidad democrática y el desarrollo económico de los países. La corrupción es una de las mayores causas de la desilusión social. La malversación de fondos públicos, el nepotismo y la impuLos diputados son funcionarios elegidos por voto popular. Aunque no son funcionarios de carrera pública, tienen las mismas responsabilidades y obligaciones que otros empleados públicos. No están por encima de la ley ni de las demás personas, y deben actuar con ética. Tomás Cristóbal Alonso Sandoval Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Anne e Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón La transparencia, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la economía deben ser prioridades para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar un futuro más justo y equitativo para todos. ra el tejido social. La percepción de ine- cacia de las fuerzas del orden, junto con la complicidad de algunos funcionarios con grupos criminales, ha provocado que la población pierda la conanza en la capacidad del Estado para garantizar su seguridad. Como consecuencia, algunos ciudadanos recurren a medidas extremas, como la justicia por mano propia o la emigración en busca de un entorno más seguro. La falta de empleo y las condiciones precarias en el mercado laboral también contribuyen a la frustración generalizada. El desempleo y la informalidad han aumentado en muchas regiones, dejando a miles de personas sin ingresos sucientes para cubrir sus necesidades básicas. Además, la falta de oportunidades laborales impulsa a los jóvenes a buscar alternativas fuera de sus países, lo que provoca una fuga de talento que afecta el crecimiento económico. La desigualdad salarial, la explotación laboral y la falta de protección social agravan aún más la situación, generando un descontento que se maniesta en huelgas, manifestaciones y crisis sociales. El hartazgo de la población ante estos problemas es un llamado de atenmiliares dependientes; y la asignación de un chofer para cada diputado. La placa vehicular debería limitarse al vehículo de uso personal del diputado, es decir, aquel que utiliza diariamente para acudir al órgano legislativo, sin extenderse a los vehículos de sus familiares. Asimismo, el uso del pasaporte diplomático debería restringirse exclusivamente a misiones ociales. En estos casos, la cancillería y la dirección de pasaportes deben emitir un pasaporte diplomático con una duración limitada al tiempo de la misión. Este documento sería de uso exclusivo del diputado y no debería extenderse a sus familiares. Es fundamental que todos los diputados y sus equipos de trabajo cumplan estrictamente con los registros de horario de llegada y salida. Además, ningún diputado debería ser reelegido por más de dos períodos consecutivos, con el objetivo de evitar la formación de una plutocracia legislativa y fomentar la incorporación de nuevas personas con ideas y perspectivas innovadoras. Un diputado tiene la obligación de cumplir con sus responsabilidades, esforzarse por dejar un legado positivo para las futuras generaciones y contribuir al progreso del país durante su mandato. Un diputado que no asiste al pleno no debería recibir su sueldo completo al nal del mes. También es necesario regular la gura del diputado suplente, de manera que no ocupe dos cargos simultáneamente, incluso si uno de ellos es eventual. Una persona debería ser diputado suplente o asistente parlamentario, pero no ambas cosas a la vez.

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