6A La Prensa Panamá, viernes 28 de marzo de 2025 Panorama Jorge Luis Ayala, director del Hogar Luisa y Administrador de Proyectos en Pastoral de Movilidad Humana Panama, durante la visita al Centro de Acompañamiento Integral a Refugiados y Migrantes, en Río Abajo. Alexander Arosemena Deportados por Trump: los migrantes iraníes en Panamá Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] MIGRACIÓN IRREGULAR Muchos de ellos aseguran haber huido de Irán debido a la persecución religiosa derivada de su conversión al cristianismo, mientras que otros aluden a la falta de libertades ciudadanas y la imposibilidad de ejercer sus derechos sexuales. La crisis migratoria, intensi cada por las políticas restrictivas implementadas con la llegada de la administración de Donald Trump el 20 de enero de 2025, ha adquirido una nueva dimensión en Panamá, con la llegada de migrantes iraníes deportados desde Estados Unidos. Muchos de ellos aseguran haber huido de Irán debido a la persecución religiosa derivada de su conversión al cristianismo, mientras que otros mencionan razones relacionadas con la falta de libertades ciudadanas y la imposibilidad de ejercer sus derechos sexuales en su país de origen. Según Jorge Ayala, de la Pastoral de Movilidad, del grupo de 299 iraníes deportados a Panamá, la mayoría ha optado por regresar a su país o buscar refugio en un tercer país. Sin embargo, 111 decidieron permanecer en territorio panameño, enfrentándose a un escenario incierto debido a la falta de alternativas legales para su situación migratoria. Entre los que permanecen en Panamá, alrededor de 60 se encuentran en la organización Fe y Alegría, 10 están en el albergue Luisa y aproximadamente 22 personas, pertenecientes a seis familias, reciben asistencia de Unicef. Otros han intentado regresar a Estados Unidos a través de rutas terrestres irregulares, en un intento por sortear las estrictas políticas migratorias que los llevaron de vuelta a Panamá. El principal obstáculo para estos migrantes es el marco jurídico panameño, que no ofrece muchas opciones para su regularización. La única alternativa legal que tienen es solicitar refugio, pero el proceso es complejo y requiere voluntad política para agilizarse. Según Ayala, la falta de abogados migratorios especializados es otro desafío que di culta la gestión de estos casos. Además de la incertidumbre sobre su futuro, los migrantes iraníes enfrentan una problemática adicional: la falta de comunicación entre las autoridades panameñas y las organizaciones que los acogen. Hasta el momento, no ha habido un acercamiento o cial por parte del gobierno para discutir posibles soluciones para este grupo de personas. De momento, el Gobierno les ha otorgado a este grupo un permiso humanitario por 30 días con una posible extensión hasta 90, para que busquen una salida a su situación. Incluso, el presidente de la república, José Raúl Mulino, dijo hoy jueves 27 de marzo que vencido ese plazo aún no han de- nido qué sucederá con este grupo. “Ellos no quieren quedarse en Panamá”, dijo el mandatario. Panorama complejo El panorama se complica aún más debido a las restricciones de visa impuestas por la mayoría de los países latinoamericanos a ciudadanos de ciertas nacionalidades, incluyendo la iraní. Esto reduce signi cativamente las opciones de reasentamiento para estos migrantes en otras naciones de la región. La falta de claridad sobre el futuro de estas deportaciones también preocupa a las organizaciones que los atienden. Según Ayala, el presidente de Panamá ha manifestado desconocer si habrá más vuelos con migrantes deportados en el futuro, lo que impide tomar decisiones concretas que sienten precedentes para casos similares. Ante esta situación, la Pastoral de Movilidad y otras organizaciones han instado al gobierno panameño a modi car el decreto ejecutivo que otorga protección temporal a estos migrantes. La propuesta es extender el período de estadía de 30 a 90 días o, idealmente, a un año, permitiéndoles acceder a un permiso de trabajo y a opciones de regularización a largo plazo. En Panamá, históricamente se aprueba menos del 1% de las solicitudes de refugio, lo que genera dudas sobre la viabilidad de esta vía para los migrantes iraníes. Si el gobierno mantiene esta tasa de reconocimiento, la mayoría de estos solicitantes quedarían en un limbo migratorio, sin posibilidades de legalizar su estatus. Acogida a migrantes Unos 10 migrantes iraníes están en el Hogar Luisa, creado en diciembre de 2013 por la Pastoral de Movilidad Humana en Panamá, un sitio que se ha convertido en un refugio clave para migrantes y solicitantes de asilo. Surgió como una respuesta a la falta de albergues en el país y ha ido evolucionando para atender diversas poblaciones, desde refugiados colombianos hasta migrantes en tránsito y personas deportadas desde Estados Unidos. Se intentó conversar con los solicitantes de refugio pero pre rieron no emitir comentarios, mientras e resuelve su situación legal. Inicialmente, la Pastoral centraba su trabajo en la provincia de Darién, apoyando a comunidades colombianas desplazadas por el conicto armado. Sin embargo, al no ser reconocidos como refugiados por el gobierno panameño, estas personas recibieron un estatus especial de protección temporal, lo que limitaba su movilidad y acceso a servicios. Conscientes de la necesidad de un espacio seguro para migrantes y refugiados en Panamá, la Pastoral estableció el Hogar Luisa con el apoyo de la Arquidiócesis. Desde su apertura, el centro ha ampliado su alcance para incluir a migrantes en situación de tránsito y aquellos que buscan establecerse en el país. El proceso de acogida en el Hogar Luisa busca primero estabilizar emocionalmente a los migrantes, muchos de los cuales han sufrido traumas severos durante su travesía. Posteriormente, se trabaja en un plan estratégico personal que permite a cada individuo de nir su objetivo en Panamá, ya sea solicitar refugio, encontrar estabilidad laboral o continuar su camino hacia otro destino. Además de los residentes del hogar, unas 300 a 400 familias acuden regularmente en busca de apoyo, principalmente alimentos y artículos de higiene. La crisis económica ha afectado tanto a panameños como a migrantes, haciendo más difícil la estabilización de estas personas en el país. La suspensión de fondos por parte de USAID ha reducido la capacidad de muchas organizaciones para brindar ayuda, limitando los recursos disponibles para asistencia médica, alimentaria y legal. Pese a estas di cultades, el Hogar Luisa sigue ofreciendo apoyo dentro de sus posibilidades. Refrendan por insistencia alza de salario de los magistrados El contralor general de la República, Anel Flores, con- rmó que el aumento salarial para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue refrendado por insistencia, luego de que la solicitud inicial fuera rechazada. Según Flores, la primera petición, que contemplaba un incremento de $4,000 en los salarios de los magistrados, fue devuelta sin refrendo. No obstante, el 29 de enero, la solicitud fue reiterada con la rma de los nueve magistrados, lo que activó un mecanismo legal que, tras dos meses sin una respuesta formal, permitió la aprobación automática bajo la gura del silencio administrativo. Pese a manifestar su desacuerdo con la medida, el contralor explicó que su decisión se ajustó estrictamente a lo establecido en la ley y la Constitución. “En contra de mi voluntad, pero apegado a la ley que juré defender, tengo que hacer el refrendo respectivo por insistencia”, declaró. Flores también señaló que sostuvo conversaciones previas con los magistrados sobre el tema, aunque nalmente se vio obligado a avalar el aumento. El lunes 20 de enero, varios diputados de la Asamblea Nacional manifestaron su rechazo al aumento salarial para los magistrados de la Corte. Consideraron el bene cio como una “cachetada” al pueblo panameño y alejado de la realidad económica que atraviesa el país. La medida fue acordada por los magistrados en una sesión del pleno el 8 de enero, y representa un aumento salarial del 66.7%. CORTE SUPREMA Eliana Morales Gil Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Anel ‘Bolo’ Flores, contralor general de la Nación. Archivo Tal Cual Mónica Palm [email protected] RESISTENCIA. Si un Estado no va por ahí invitando a convictos a que huyan a su territorio, la pregunta que surge es la siguiente: el asilado, ¿quería o no quería el salvoconducto? Si no lo quería, entonces, ¿qué hacía todo este tiempo metido en la embajada de Nicaragua? ¿Para qué le pidió protección a Daniel Ortega, alegando ser un “perseguido político” y que su vida se encontraba “en riesgo de muerte”? Supuestamente fue por eso que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua otorgó el asilo y solicitó el salvoconducto a la cancillería panameña. Pero 414 días después, cuando finalmente le dan el aval, entonces dice que está “sorprendido”. ¿Acaso pretendía rechazar el salvoconducto y convertirse en un precarista en la embajada, para ver si alguien se atrevía a desalojarlo a la fuerza? Tras intentar eludir las consecuencias de sus actos con recursos de nulidad, demandas de inconstitucionalidad, candidaturas fallidas, propuestas legislativas de amnistía y hasta la pretensión de un nuevo juicio, finalmente este corrupto designado se va como un blanqueador convicto, prófugo. Y, como muchas jugadas se aprecian según las graderías desde donde se vean, se podría decir que se salió con la suya porque no irá preso. Ojalá ahora ningún otro condenado (expresidente o no) interprete que, para evadir su ingreso a prisión, solo tiene que escoger una embajada y esperar respuesta de la cancillería. BRUNA. Una de las primeras que llegó ayer a dar sus condolencias a la embajada fue la funcionaria Jessica Canto, pese a que cualquiera habría pensado que a esa hora habría estado asesorando a alguien en la Asamblea Nacional, ya que se supone que es por eso que cobra un salario mensual de $5,000. Por supuesto, su jefa no era la que iba a impedir que Canto fuera a taquillar allá. MININOS. Ayer hubo una manifestación para exigir la “libertad” de Martinelli frente a la sede de la misión diplomática. Suerte que no salió ninguna “rata” de la embajada a esa hora, porque no se sabe qué habría hecho cualquiera de los cinco gatos que había en la protesta. POLOS. Mientras Alejandro Pérez se mostró dispuesto a pelear para que su ídolo no fuera enviado a Nicaragua, Camacho fue más conciliador y hasta aplaudió que Mulino se interesara por el bienestar y la salud de Martinelli. Eso solo demuestra que las huestes están en desbandada y que ya ni siquiera alinean su discurso.
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