1A La Prensa Panamá, viernes 28 de marzo de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 28 de marzo de 2025 - Año 44 - Nº 14969 Hoy por hoy El salvoconducto otorgado por el gobierno de José Raúl Mulino a Ricardo Martinelli para viajar a Nicaragua —país que le otorgó la condición de asilado político— pone en evidencia, una vez más, la fragilidad de nuestras instituciones. Aunque el gobierno justi ca la medida por “razones humanitarias”, no se puede ignorar que Martinelli es un delincuente común, condenado por lavado de dinero y señalado incluso por sus propios hijos como corrupto. Es profundamente frustrante constatar que nuestro sistema permitió que se burlara de la justicia con el dinero que, muy probablemente, nos robó a todos los panameños. Que un país lo acoja como perseguido político es un insulto para quienes han sido verdaderamente perseguidos por defender la democracia y los derechos humanos. Pero esta jugada también deja algo claro: Mulino no es Martinelli. Le ha hecho un jaque. ¿Será jaque mate? ¿O veremos nuevas jugadas que prolonguen esta partida que tanto nos ha costado? Panamá merece mejores días. Paz para tomar decisiones trascendentales y trabajar, de una vez por todas, por el bienestar y desarrollo de todos los ciudadanos. Murillo estaría muy cerca de regresar 4B Deportes Panorama Deportados por Trump: la incertidumbre de los migrantes iraníes 6A Economía Nueva auditoría a PPC pondría en duda la que ordenó Solís 2B Martinelli ‘acepta’ el salvoconducto Martinelli informó la decisión de aceptar la medida horas después de que el canciller Javier Martínez Acha anunciara que su despacho expedía el salvoconducto, por razones “estrictamente humanitarias”. VEA 4A El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado desde el 7 de febrero de 2024 en la embajada nicaragüense en Panamá anunció ayer jueves que acepta el salvoconducto para viajar a Nicaragua. VEA 2A La coalición Vamos rechazó el salvoconducto otorgado a Martinelli y calificó la medida como “un golpe a la justicia” y una concesión de impunidad que debilita el Estado de derecho. VEA 2A El alza de salario a los magistrados se intentó aplicar desde febrero. Archivo El contralor Anel ‘Bolo’ Flores refrendó por insistencia el aumento salarial de $4,000 para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tras rechazarlo inicialmente. La solicitud fue reiterada con la rma de los nueve magistrados, lo que activó el mecanismo de silencio administrativo que permitió su aprobación automática. Aunque Flores expresó su desacuerdo, a rmó que actuó conforme a la ley. El incremento, eleva los salarios de los magistrados a $14,000. VEA 6A GASTO Refrendan por insistencia alza salarial a magistrados Martinelli recibió el salvoconducto luego de un año, un mes y 27 días de asilo diplomático en la sede de la embajada de la República de Nicaragua en la ciudad de Panamá. Alexander Arosemena Aleida Samaniego C. [email protected] El Ministerio de Educación (Meduca) desembolsó $7.2 millones para pagar los salarios adeudados a unos 4,000 docentes que tomaron posesión tras el Primer Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores para 2025. Este pago, realizado el 26 de marzo, pone n a largos períodos de espera y, según el Meduca, cumple con el compromiso de garantizar remuneraciones puntuales. EDUCACIÓN Meduca paga $7.2 millones en salarios a 4 mil docentes 9A Tomado de @ricardomartinelli99
2A La Prensa Panamá, viernes 28 de marzo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ana Matilde Gómez y Ricardo Lombana. Archivo Gómez y Lombana atribuyen decisión a compromiso político SALVOCONDUCTO La exdiputada y exprocuradora Ana Matilde Gómez cali có el salvoconducto otorgado por el gobierno panameño al expresidente Ricardo Martinelli como una “salida política” para resolver un problema de la misma naturaleza. Según Gómez, la administración de José Raúl Mulino evitó confrontaciones internas al facilitar la salida del exmandatario, pero a costa de debilitar la justicia panameña. “El gobierno de José Raúl Mulino se quita un problema político de encima, pero le da un golpe muy duro a la e cacia de la justicia”, expresó. Gómez también consideró la medida como una “burla” para el pueblo panameño y un fracaso para el propio Martinelli, quien buscaba permanecer en el país en libertad. “Su intención era estar libre y quedarse aquí”, señaló. Aunque reconoció que el salvoconducto retira al exmandatario del escenario político inmediato, advirtió que la decisión deja una sensación de frustración en quienes consideran que una persona condenada a 12 años de prisión por un delito común debería cumplir su pena en la cárcel. Por su parte, el líder del Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, cuestionó la decisión del gobierno de Mulino, asegurando que la medida responde a compromisos políticos. Lombana remarcó que esta decisión garantiza impunidad a Martinelli en lugar de exigirle que rinda cuentas ante la justicia. “Lamentable, pero nada sorpresivo”, concluyó. Bancada de RM El jefe de bancada de Realizando Metas, Alaín Cedeño, reaccionó con cautela. “No sabemos qué repercusión tendrá, pero ese es el presidente de nuestro partido y tenemos que estar enterados de lo que está pasando”, a rmó. Consultado sobre qué consejo le daría al exmandatario, Cedeño reiteró que la decisión nal dependerá de Martinelli. “Voy a sentarme con él y evaluar los temas. La decisión que se tome será la que más le convenga”, agregó. El canciller Javier Martínez Acha anunció que su despacho expedirá el salvoconducto por razones ‘estrictamente humanitarias’, para que Martinelli viaje a Nicaragua. Alexander Arosemena El salvoconducto no es una puerta a la impunidad Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS El salvoconducto no extingue la pena, ni es un perdón, ni indulto en favor del asilado. El término de prescripción de la condena por el caso New Business es de 10 años y ocho meses es decir, en 2034. Luego de un año, un mes y veinte días de asilo diplomático del expresidente Ricardo Martinelli en la sede de la embajada de la República de Nicaragua en la ciudad de Panamá, el ministro de Relaciones Exteriores Javier Martínez Acha comunicó o cialmente la decisión del Estado panameño de otorgar el salvoconducto al exmandatario para que pueda abandonar el territorio nacional. Los efectos del salvoconducto Una vez el gobierno de la República de Nicaragua concedió el asilo diplomático al expresidente Martinelli, jurídicamente solo habían dos soluciones. La primera era que el propio asilado se retirara voluntariamente de la embajada de Nicaragua y se entregara a la justicia panameña; la segunda opción era que el Estado panameño le otorgara el salvoconducto para salir del país. Transcurrido más de un año del asilo, estaba claro que la primera opción era una salida muy remota. El salvoconducto concedido por el Estado panameño es a la vez un permiso y una orden. Es un permiso que autoriza a la misión diplomática de la República de Nicaragua a realizar el traslado fuera del país del ciudadano Martinelli. Es una orden, porque si transcurrido el “término improrrogable” del próximo 31 de marzo, y dicho traslado no se haya realizado, la República de Panamá tendría el derecho de adoptar otras medidas. Dado que la República de Nicaragua no ha rati - cado las convenciones más recientes de asilo, se debe hacer referencia a los instrumentos jurídicos que dicho país sí ha reconocido y que tiene en común con la República de Panamá. Así, en el artículo 4 de la Convención de Montevideo sobre asilo político de 1933, establece un mecanismo que Panamá podría usar si el salvoconducto no es ejecutado: “Artículo 4. -Cuando se solicite el retiro de un agente diplomático a causa de las discusiones a que hubiere dado lugar un caso de asilo político, el agente diplomático deberá ser reemplazado por su Gobierno, sin que ello pueda determinar la interrupción de las relaciones diplomáticas de los dos Estados.”. Esto signi ca que el gobierno de Nicaragua debe hacer cumplir el salvoconducto y en caso contrario el Estado panameño puede declarar non grato al personal de dicha embajada o incluso romper relaciones diplomáticas lo que les obligaría al momento de abandonar el territorio panameño a llevarse al expresidente panameño hacia Nicaragua. Consecuencias procesales penales del salvoconducto El salvoconducto es una decisión política del Órgano Ejecutivo panameño de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Público. Ese mismo Derecho Internacional Público le reconoce a la justicia panameña el derecho de solicitar la extradición a la persona bene ciada con el salvoconducto. Esto signi ca que el salvoconducto no extingue la pena, ni es un perdón, ni indulto en favor del asilado. Si la condena por el caso New Business quedó en rme el 4 de marzo del año 2024, el término de prescripción de esa pena es de diez años y ocho meses es decir, el 4 de noviembre de 2034. En todo ese término la justicia panameña podrá pedir la extradición del exmandatario. Sin embargo, una vez trasladado fuera del territorio panameño otros países también podrían pedir la extradición del político asilado. Diputados que integran la coalición Vamos. Archivo Vamos acusa al gobierno de conceder impunidad a Ricardo Martinelli REACCIÓN Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La coalición Vamos expresó su rechazo categórico a la decisión del gobierno panameño de otorgar un salvoconducto al expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra refugiado en la embajada de Nicaragua tras ser condenado por corrupción. En un comunicado o cial, el grupo cali có la medida como “un golpe a la justicia” y “una concesión de impunidad” que debilita el Estado de derecho en Panamá. “Esto no es persecución política, es impunidad”, señaló la organización, argumentando que una persona con sentencia rme no debería recibir este bene cio. Según Vamos, el gobierno tenía alternativas diplomáticas para hacer cumplir la condena de Martinelli sin recurrir al salvoconducto. “Lo correcto era agotar la vía diplomática con Nicaragua y, en caso de negativa, recurrir a instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia”, sostuvo el comunicado. La coalición criticó que la administración de José Raúl Mulino haya esperado meses para actuar y que, al nal, tomara una decisión que consideran más política que jurídica. Otro de los puntos señalados por Vamos fue la desigualdad en la aplicación de la justicia en el país. “Este caso rearma que en Panamá la justicia no es igual para todos. Solo quienes no tienen poder ni privilegios enfrentan consecuencias reales”, advirtió el grupo. También denunciaron el uso del asilo político como una herramienta para eludir la justicia, asegurando que este mecanismo debe tener nes humanitarios y no ser utilizado para proteger a un condenado. Finalmente, Vamos exigió al gobierno una explicación jurídica clara sobre los fundamentos legales del salvoconducto, así como la solicitud de una circular roja a Interpol para garantizar el cumplimiento de la condena. Además, instaron a las autoridades a exigir que Nicaragua impida a Martinelli realizar pronunciamientos políticos desde su territorio. “Este no es el país que merecemos, pero juntos lo podemos transformar”, concluyó la coalición, rea- rmando su compromiso con la institucionalidad y la justicia en Panamá.
3A La Prensa Panamá, viernes 28 de marzo de 2025 una producción de
4A La Prensa Panamá, viernes 28 de marzo de 2025 Panorama Luis Enrique Martinelli, la abogada Jessica Canto, la diputada Shirley Castañeda, Martinelli y Eduardo Camacho. Tomada de @ricardomartinelli99 De Panamá a Nicaragua: claves del salvoconducto de Martinelli Eliana Morales Gil [email protected] REFUGIO POLÍTICO Euclides Tapia afirma que conceder el salvoconducto es reconocer implícitamente que Nicaragua otorgó asilo a Martinelli por considerarlo perseguido político, algo que el Gobierno no aceptaba. Al mediodía de ayer, el canciller Javier Martínez Acha anunció que su despacho expedirá un salvoconducto, por razones “estrictamente humanitarias”, para que el expresidente Ricardo Martinelli viaje a Nicaragua como asilado político. Pasadas las 7:00 p.m., el propio Martinelli con rmó en sus redes sociales que aceptará la medida. Es decir, se irá al país gobernado por el régimen de Daniel Ortega. ¿Qué signi ca esta decisión y cuáles son sus efectos? Aquí las claves. ¿Qué es el salvoconducto? Según el derecho internacional, es un documento temporal que permite a una persona transitar o permanecer sin riesgo en el territorio de un país. El abogado Julio Linares explica que, cuando se otorga asilo diplomático, el salvoconducto es una consecuencia directa, ya que las convenciones internacionales permiten que el asilado pueda salir del país bajo la protección del Estado que le concedió refugio. “Un salvoconducto se otorga a una persona que está asilada. Lo solicita el Estado asilante como una protección diplomática y humanitaria, porque se supone que esa persona está sufriendo perjuicios en sus derechos”, señala Linares. Por su parte, el internacionalista Euclides Tapia lo de ne como “un permiso” que permite al asilado salir del país. ¿Panamá tenía la obligación de concederlo? Según Tapia, en principio debía hacerlo. Sin embargo, este trámite no solo tiene un componente jurídico, sino también político. Al concederlo, Panamá reconocería implícitamente que Nicaragua otorgó asilo a Martinelli por considerarlo un perseguido político, algo que el gobierno panameño no aceptaba. El 9 de febrero de 2024, tres días después de que Martinelli se refugiara en la embajada nicaragüense, la administración de LaurentinoCortizo(20192024) le negó el salvoconducto. Argumentó que los países no pueden conceder asilo en embajadas, barcos de guerra, bases militares o aviones militares a personas acusadas de delitos comunes. Martinelli fue condenado a 10 años y seis meses de cárcel por blanqueo de capitales en el caso New Business. ¿Quién califica el delito? Según Linares, el Estado asilante es quien cali - ca el delito, no el país donde se encuentra el asilado. “Por eso Nicaragua cali - có a Martinelli como perseguido político”, señala. ¿Por qué se le otorgó el salvoconducto más de un año después? Linares considera que era “difícil” conceder un salvoconducto a una persona condenada por delitos comunes. A su juicio, esta es una “decisión política” del gobierno de José Raúl Mulino, que no veía con buenos ojos que la embajada de Nicaragua permitiera que Martinelli violara las convenciones de asilo de manera reiterada. ¿Qué pasa si el 1 de Mario De Gracia [email protected] Lo que se vio y se dijo en la embajada de Nicaragua Caras conocidas y cercanas al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) llegaron a la sede de la Embajada de Nicaragua en Panamá, tras el anuncio del canciller de la República, Javier Martínez-Acha, de conceder un salvoconducto para que el exmandatario se traslade al vecino país centroamericano. Tan pronto como se dio a conocer la noticia en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, alrededor de la 1:00 p.m. de este 27 de marzo, a la embajada nicaragüense —en el sector de La Alameda— llegó uno de los abogados del expresidente: Alfredo Vallarino. Luego llegó Alma Cortés, exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral bajo la administración Martinelli. Vallarino y Cortés entraron directamente a la embajada, que es custodiada por agentes de la Policía Nacional. También se vio llegar a la abogada Jessica Canto. Con el paso de la tarde y la expectativa creciente sobre el destino del exmandatario, la calle frente a la sede diplomática empezó a llenarse de vehículos y, justo al borde de la acera, empezó a aglomerarse al menos una decena de periodistas. El abogado Alejandro Pérez, del equipo legal de Martinelli, llegó y se dirigió a los medios: “Ni siquiera el señor Martinelli ha asimilado el impacto de esta decisión, fue sorpresiva. No esperábamos esto”, aseguró Pérez. Martinelli se encuentra asilado desde el 7 de febrero de 2024 en la embajada nicaragüense, tras ser condenado a 128 meses de prisión por lavado de activos en el llamado caso New Business. En medio del tumulto, Martinelli rompió el silencio a través de sus redes sociales, acompañado de Vallarino, Cortés, Pérez y Canto; así como del abogado Roniel Ortiz y su perro, Bruno. Martinelli señaló que “le dieron una sorpresa”, argumentando que se le ejecutó “una condena política”, al tiempo que informó que estaba analizando con su equipo qué decisión tomaría. Más tarde, informó que aceptaba el salvoconducto a través de sus redes sociales. “Hoy con mi hijo, mi familia y mis allegados he tomado la decisión de aceptar el salvoconducto como asilado político en la hermana Republica de Nicaragua otorgado por mi gobierno”, escribió en redes sociales. Con anterioridad, cuando salía del recinto diplomático, el abogado Roniel Ortiz explicó que la decisión la tomaría Martinelli con base en los “pros y contras” de retirarse del país. Al mismo tiempo, indicó que apoyarían “lo que fuera mejor” para el exmandatario. “El canciller fue enfático en decir que están haciéndolo [dar el salvoconducto] para que él pueda pelear en otra trinchera. Eso fue lo que le entendí yo: que pueda pelear su especialidad y se resuelvan los recursos que él interpuso”, señaló el abogado Ortiz. El pronunciamiento del canciller Martínez-Acha señala: “Este asilo se reconoce y el salvoconducto se otorga por causas estrictamente humanitarias, pues le permitirá a Ricardo Martinelli continuar su defensa en condiciones más favorables que las actuales, como acceder, en libertad, a tratamiento ambulatorio que mejore signi cativamente su calidad de vida”. La calle volvió a llenarse de periodistas cuando se acercó el vehículo del diputado Alaín Cedeño, del partido Realizando Metas (RM), una de las primeras autoridades electas de RM en llegar a la embajada. “Quiero hablar con los abogados de Martinelli y con él mismo. Es el presidente de nuestro partido y queremos estar enterados de lo que está pasando”, señaló Cedeño. Posteriormente, llegó el abogado Carlos Carrillo, también del equipo legal del exmandatario, quien argumentó que el exmandatario sería “formalmente reconocido” como asilado político tras la declaración del canciller. La visita más esperada, quizás, por los presentes, era la de Luis Eduardo Camacho, diputado por RM y vocero de Ricardo Martinelli. Llegó pasadas las 4:00 p.m. y se mantuvo en el sitio por cerca de dos horas. Como ya se dijo, el gobierno dio un plazo hasta el 31 de marzo de 2025 para que Martinelli salga del país resguardado por el salvoconducto y tendría que salir escoltado por diplomáticos nicaragüenses. Se desconoce, al cierre de esta nota, qué día saldrá el expresidente del país. El pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer citar al director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Gabriel Cajiga, para que explique el motivo del retraso en el pago de becas a estudiantes sobresalientes y las nuevas políticas para su asignación. La propuesta fue presentada por la diputada y presidenta del Legislativo, Dana Castañeda. Cajiga deberá responder un cuestionario de 15 preguntas. Entre las preguntas se incluyen: ¿Por qué se ha demorado el pago de las becas de puestos distinguidos? ¿Cuál es el presupuesto del Ifarhu para 2024-2025? Explique su ejecución. ¿Cuál es la nueva política de asignación Citan al director del Ifarhu por retraso en pago de las becas ASAMBLEA NACIONAL de becas del Ifarhu? ¿Cuántos estudiantes se bene cian con el Pase-U? ¿Cuántas becas se han pagado en los años 2024-2025? De acuerdo con la diputada, el funcionario deberá comparecer en los próximos días. Esta institución enfrenta José González Pinilla [email protected] abril Martinelli no se ha ido? “Tiene que irse. Si no se va, va a la cárcel”, advierte Linares. Explica que, si el asilado desobedece al Estado que le otorgó refugio, lo normal es que Nicaragua le dé permiso a Panamá para detenerlo. “Nicaragua concedió el asilo bajo la condición de que se le otorgara un salvoconducto”, añade. ¿Qué pasa si Nicaragua no actúa? Si Nicaragua no presiona su salida, estaría contradiciendo su propia decisión. En ese caso, Panamá podría responder de varias maneras: •Declarar a funcionarios nicaragüenses como personas no gratas. •Restringir el uso de un segundo local que Nicaragua adquirió para su embajada, el cual no tiene protección diplomática porque no recibió la aprobación del gobierno panameño. •Romper relaciones diplomáticas con Nicaragua. Martinelli ya dijo que se iría, ¿qué sigue ahora? La Cancillería coordinará su salida bajo escolta diplomática y de seguridad panameña hasta el aeropuerto, donde abordará su vuelo rumbo a Nicaragua. ¿Qué pasará con su condena y los procesos pendientes? Panamá deberá iniciar un proceso de extradición para hacer efectiva su condena. Además, Martinelli es uno de los llamados a juicio por el caso Odebrecht. ¿Quién debe pagar su transporte a Nicaragua? Linares a rma que el costo del viaje debe asumirlo Nicaragua, ya que Martinelli está bajo su protección. ¿Podría solicitar asilo en otra embajada? En este momento, no. Linares explica que Martinelli ya está sometido a un proceso de asilo diplomático con Nicaragua. Alejandro Pérez, abogado y directivo de Realizando Metas. Elysée Fernández un dé cit nanciero, según han reiterado sus autoridades. A pesar de que el presupuestode2025contempla46 millones de dólares para nuevas becas y 93 millones para las ya vigentes, la situación se ha complicado debido a la asignación masiva de becas en los primeros cuatro meses de2024,unperíodomarcado por el contexto electoral. Según datos o ciales, el gobierno anterior otorgó 40,000 nuevas becas en ese lapso, lo que elevó la necesidad de nanciamiento a 190.8 millones de dólares para cubrir los compromisos adquiridos.
5A La Prensa Panamá, viernes 28 de marzo de 2025
6A La Prensa Panamá, viernes 28 de marzo de 2025 Panorama Jorge Luis Ayala, director del Hogar Luisa y Administrador de Proyectos en Pastoral de Movilidad Humana Panama, durante la visita al Centro de Acompañamiento Integral a Refugiados y Migrantes, en Río Abajo. Alexander Arosemena Deportados por Trump: los migrantes iraníes en Panamá Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] MIGRACIÓN IRREGULAR Muchos de ellos aseguran haber huido de Irán debido a la persecución religiosa derivada de su conversión al cristianismo, mientras que otros aluden a la falta de libertades ciudadanas y la imposibilidad de ejercer sus derechos sexuales. La crisis migratoria, intensi cada por las políticas restrictivas implementadas con la llegada de la administración de Donald Trump el 20 de enero de 2025, ha adquirido una nueva dimensión en Panamá, con la llegada de migrantes iraníes deportados desde Estados Unidos. Muchos de ellos aseguran haber huido de Irán debido a la persecución religiosa derivada de su conversión al cristianismo, mientras que otros mencionan razones relacionadas con la falta de libertades ciudadanas y la imposibilidad de ejercer sus derechos sexuales en su país de origen. Según Jorge Ayala, de la Pastoral de Movilidad, del grupo de 299 iraníes deportados a Panamá, la mayoría ha optado por regresar a su país o buscar refugio en un tercer país. Sin embargo, 111 decidieron permanecer en territorio panameño, enfrentándose a un escenario incierto debido a la falta de alternativas legales para su situación migratoria. Entre los que permanecen en Panamá, alrededor de 60 se encuentran en la organización Fe y Alegría, 10 están en el albergue Luisa y aproximadamente 22 personas, pertenecientes a seis familias, reciben asistencia de Unicef. Otros han intentado regresar a Estados Unidos a través de rutas terrestres irregulares, en un intento por sortear las estrictas políticas migratorias que los llevaron de vuelta a Panamá. El principal obstáculo para estos migrantes es el marco jurídico panameño, que no ofrece muchas opciones para su regularización. La única alternativa legal que tienen es solicitar refugio, pero el proceso es complejo y requiere voluntad política para agilizarse. Según Ayala, la falta de abogados migratorios especializados es otro desafío que di culta la gestión de estos casos. Además de la incertidumbre sobre su futuro, los migrantes iraníes enfrentan una problemática adicional: la falta de comunicación entre las autoridades panameñas y las organizaciones que los acogen. Hasta el momento, no ha habido un acercamiento o cial por parte del gobierno para discutir posibles soluciones para este grupo de personas. De momento, el Gobierno les ha otorgado a este grupo un permiso humanitario por 30 días con una posible extensión hasta 90, para que busquen una salida a su situación. Incluso, el presidente de la república, José Raúl Mulino, dijo hoy jueves 27 de marzo que vencido ese plazo aún no han de- nido qué sucederá con este grupo. “Ellos no quieren quedarse en Panamá”, dijo el mandatario. Panorama complejo El panorama se complica aún más debido a las restricciones de visa impuestas por la mayoría de los países latinoamericanos a ciudadanos de ciertas nacionalidades, incluyendo la iraní. Esto reduce signi cativamente las opciones de reasentamiento para estos migrantes en otras naciones de la región. La falta de claridad sobre el futuro de estas deportaciones también preocupa a las organizaciones que los atienden. Según Ayala, el presidente de Panamá ha manifestado desconocer si habrá más vuelos con migrantes deportados en el futuro, lo que impide tomar decisiones concretas que sienten precedentes para casos similares. Ante esta situación, la Pastoral de Movilidad y otras organizaciones han instado al gobierno panameño a modi car el decreto ejecutivo que otorga protección temporal a estos migrantes. La propuesta es extender el período de estadía de 30 a 90 días o, idealmente, a un año, permitiéndoles acceder a un permiso de trabajo y a opciones de regularización a largo plazo. En Panamá, históricamente se aprueba menos del 1% de las solicitudes de refugio, lo que genera dudas sobre la viabilidad de esta vía para los migrantes iraníes. Si el gobierno mantiene esta tasa de reconocimiento, la mayoría de estos solicitantes quedarían en un limbo migratorio, sin posibilidades de legalizar su estatus. Acogida a migrantes Unos 10 migrantes iraníes están en el Hogar Luisa, creado en diciembre de 2013 por la Pastoral de Movilidad Humana en Panamá, un sitio que se ha convertido en un refugio clave para migrantes y solicitantes de asilo. Surgió como una respuesta a la falta de albergues en el país y ha ido evolucionando para atender diversas poblaciones, desde refugiados colombianos hasta migrantes en tránsito y personas deportadas desde Estados Unidos. Se intentó conversar con los solicitantes de refugio pero pre rieron no emitir comentarios, mientras e resuelve su situación legal. Inicialmente, la Pastoral centraba su trabajo en la provincia de Darién, apoyando a comunidades colombianas desplazadas por el conicto armado. Sin embargo, al no ser reconocidos como refugiados por el gobierno panameño, estas personas recibieron un estatus especial de protección temporal, lo que limitaba su movilidad y acceso a servicios. Conscientes de la necesidad de un espacio seguro para migrantes y refugiados en Panamá, la Pastoral estableció el Hogar Luisa con el apoyo de la Arquidiócesis. Desde su apertura, el centro ha ampliado su alcance para incluir a migrantes en situación de tránsito y aquellos que buscan establecerse en el país. El proceso de acogida en el Hogar Luisa busca primero estabilizar emocionalmente a los migrantes, muchos de los cuales han sufrido traumas severos durante su travesía. Posteriormente, se trabaja en un plan estratégico personal que permite a cada individuo de nir su objetivo en Panamá, ya sea solicitar refugio, encontrar estabilidad laboral o continuar su camino hacia otro destino. Además de los residentes del hogar, unas 300 a 400 familias acuden regularmente en busca de apoyo, principalmente alimentos y artículos de higiene. La crisis económica ha afectado tanto a panameños como a migrantes, haciendo más difícil la estabilización de estas personas en el país. La suspensión de fondos por parte de USAID ha reducido la capacidad de muchas organizaciones para brindar ayuda, limitando los recursos disponibles para asistencia médica, alimentaria y legal. Pese a estas di cultades, el Hogar Luisa sigue ofreciendo apoyo dentro de sus posibilidades. Refrendan por insistencia alza de salario de los magistrados El contralor general de la República, Anel Flores, con- rmó que el aumento salarial para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue refrendado por insistencia, luego de que la solicitud inicial fuera rechazada. Según Flores, la primera petición, que contemplaba un incremento de $4,000 en los salarios de los magistrados, fue devuelta sin refrendo. No obstante, el 29 de enero, la solicitud fue reiterada con la rma de los nueve magistrados, lo que activó un mecanismo legal que, tras dos meses sin una respuesta formal, permitió la aprobación automática bajo la gura del silencio administrativo. Pese a manifestar su desacuerdo con la medida, el contralor explicó que su decisión se ajustó estrictamente a lo establecido en la ley y la Constitución. “En contra de mi voluntad, pero apegado a la ley que juré defender, tengo que hacer el refrendo respectivo por insistencia”, declaró. Flores también señaló que sostuvo conversaciones previas con los magistrados sobre el tema, aunque nalmente se vio obligado a avalar el aumento. El lunes 20 de enero, varios diputados de la Asamblea Nacional manifestaron su rechazo al aumento salarial para los magistrados de la Corte. Consideraron el bene cio como una “cachetada” al pueblo panameño y alejado de la realidad económica que atraviesa el país. La medida fue acordada por los magistrados en una sesión del pleno el 8 de enero, y representa un aumento salarial del 66.7%. CORTE SUPREMA Eliana Morales Gil Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Anel ‘Bolo’ Flores, contralor general de la Nación. Archivo Tal Cual Mónica Palm [email protected] RESISTENCIA. Si un Estado no va por ahí invitando a convictos a que huyan a su territorio, la pregunta que surge es la siguiente: el asilado, ¿quería o no quería el salvoconducto? Si no lo quería, entonces, ¿qué hacía todo este tiempo metido en la embajada de Nicaragua? ¿Para qué le pidió protección a Daniel Ortega, alegando ser un “perseguido político” y que su vida se encontraba “en riesgo de muerte”? Supuestamente fue por eso que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua otorgó el asilo y solicitó el salvoconducto a la cancillería panameña. Pero 414 días después, cuando finalmente le dan el aval, entonces dice que está “sorprendido”. ¿Acaso pretendía rechazar el salvoconducto y convertirse en un precarista en la embajada, para ver si alguien se atrevía a desalojarlo a la fuerza? Tras intentar eludir las consecuencias de sus actos con recursos de nulidad, demandas de inconstitucionalidad, candidaturas fallidas, propuestas legislativas de amnistía y hasta la pretensión de un nuevo juicio, finalmente este corrupto designado se va como un blanqueador convicto, prófugo. Y, como muchas jugadas se aprecian según las graderías desde donde se vean, se podría decir que se salió con la suya porque no irá preso. Ojalá ahora ningún otro condenado (expresidente o no) interprete que, para evadir su ingreso a prisión, solo tiene que escoger una embajada y esperar respuesta de la cancillería. BRUNA. Una de las primeras que llegó ayer a dar sus condolencias a la embajada fue la funcionaria Jessica Canto, pese a que cualquiera habría pensado que a esa hora habría estado asesorando a alguien en la Asamblea Nacional, ya que se supone que es por eso que cobra un salario mensual de $5,000. Por supuesto, su jefa no era la que iba a impedir que Canto fuera a taquillar allá. MININOS. Ayer hubo una manifestación para exigir la “libertad” de Martinelli frente a la sede de la misión diplomática. Suerte que no salió ninguna “rata” de la embajada a esa hora, porque no se sabe qué habría hecho cualquiera de los cinco gatos que había en la protesta. POLOS. Mientras Alejandro Pérez se mostró dispuesto a pelear para que su ídolo no fuera enviado a Nicaragua, Camacho fue más conciliador y hasta aplaudió que Mulino se interesara por el bienestar y la salud de Martinelli. Eso solo demuestra que las huestes están en desbandada y que ya ni siquiera alinean su discurso.
7A La Prensa Panamá, viernes 28 de marzo de 2025 Panorama
8A La Prensa Panamá, viernes 28 de marzo de 2025 El presidente de la República, José Raúl Mulino, cali có de “imperdonable” el comportamiento de un funcionario de la Caja de Seguro Social (CSS) en Capira, quien se negó a brindar atención médica a un estudiante del Instituto Profesional y Técnico (IPT) de Capira, en Panamá Oeste. Este acto ha generado gran indignación y ha sido fuertemente condenado tanto por la ciudadanía como por las autoridades gubernamentales. Mulino anunció que solicitará al director de la CSS, Dino Mon, el despido inmediato del funcionario involucrado y exigió al Ministerio de Salud (Minsa) y a la CSS que tomen medidas estrictas para prevenir que situaciones como esta se repitan. “Esto no puede ser tolerado. Es inaceptable que en un sistema de salud pública se trate así a los pacientes”, expresó el mandatario. El joven, quien inicialmente no fue atendido en la Unidad Local de Atención Primaria de Salud (Ulaps) de Capira, fue nalmente trasladado al Hospital Nicolás A. Solano en La Chorrera, donde se encuentra en condición estable. Sin embargo, el incidente ha puesto en evidencia la falta de sensibilidad y responsabilidad en el trato a los pacientes por parte de algunos funcionarios del sistema de salud pública. Disculpas del presidente y llamado a la acción Mulino reiteró su rechazo a este acto y, en nombre del Estado panameño, ofreció disculpas a la familia del estudiante: “Espero que este joven se recupere pronto y le pido disculpas a él y a su familia por esta barbaridad imperdonable”. Además, señaló que, si bien no puede estar vigilante de cada situación, instó a las autoridades del Minsa y de la CSS a actuar con rmeza y sancionar a aquellos que no cumplan con su deber de atención a los pacientes. El hecho ha generado un creciente malestar debido a las recurrentes denuncias sobre el maltrato y la negligencia en los servicios médicos de la CSS. “No puedo estar detrás de cada uno, pero exijo que los responsables se vayan si no están comprometidos con su labor”, declaró el presidente. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, expresó su indignación y recordó a los funcionarios del sistema de salud que su principal deber es servir a los pacientes: “Somos servidores públicos; no podemos maltratar a quien nos necesita. Si alguien no Mulino exige despido de funcionario que negó atención médica a estudiante CSS PANAMÁ OESTE está dispuesto a atender pacientes, que no trabaje en el sistema de salud”, manifestó. Boyd Galindo también hizo un llamado a las autoridades superiores para que tomen las medidas correctivas necesarias frente a cualquier caso de maltrato. “El paciente, además de estar enfermo y dolorido, no debe ser tratado con indiferencia. Esto es totalmente inaceptable”, enfatizó Sucre. Contexto y antecedentes Este caso remite a situaciones previas que han afectado gravemente la imagen del sistema de salud en Panamá. Un incidente similar ocurrió el 7 de abril de 2024, cuando el adolescente Christopher Zachrisson, de 15 años, falleció por no recibir atención médica oportuna, lo que desencadenó una investigación sobre posible negligencia médica. En ese momento, el Minsa anunció el inicio de una exhaustiva auditoría médica para determinar si hubo negligencia en el trato recibido por Zachrisson, y también evaluar el tiempo transcurrido en las diferentes instalaciones de salud involucradas en su caso. Estos hechos plantean una importante interrogante: ¿dónde quedó el derecho universal a la salud? Panamá, al igual que otros países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), está obligado por tratados internacionales a garantizar el derecho de sus ciudadanos a acceder a una salud gratuita, universal, de calidad y con calidez humana. La OMS establece que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental que no puede ser desvinculado de otros derechos esenciales, como la educación, la alimentación, el trabajo, la vivienda y la participación en decisiones que afecten la vida de las personas. De esta manera, la negativa a brindar atención médica no solo afecta a los pacientes, sino que también vulnera compromisos internacionales y derechos fundamentales. La compra de estos buses es posible por un préstamo de $26 millones otorgado por el BID. Tomada de redes MiBus iniciará su primera ruta verde hacia el Casco Antiguo el 31 de marzo Aleida Samaniego C. [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] TURISMO El presidente Mulino subrayó que esta medida contribuirá a aliviar los problemas de tráfico y las constantes congestiones que afectan esta popular zona capitalina. La primera ruta verde de MiBus, que conectará el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, comenzará a operar el próximo lunes 31 de marzo, según lo anunció el presidente de la República, José Raúl Mulino, en su conferencia de prensa semanal. El mandatario explicó que la nueva ruta partirá de la estación 5 de Mayo del Metro, integrando ambos sistemas de transporte para llegar al histórico Casco Antiguo. Mulino subrayó que esta medida contribuirá a aliviar los problemas de trá co y las constantes congestiones que afectan esta popular zona capitalina. El presidente también destacó que esta será la primera ruta verde del país, un paso crucial para fortalecer las iniciativas ambientales del gobierno, ya que los buses que cubrirán la ruta serán completamente eléctricos. Por su parte, Mi Bus anunció que, para mediados de los carnavales de 2026, la ciudad de Panamá contará con una ota de 60 nuevos buses eléctricos. Esta iniciativa marcará un cambio signi cativo en la operación del sistema de transporte público, brindando a los usuarios una alternativa ecológica, silenciosa y más e ciente. Además de esta ota, se informó que la Autoridad de Turismo adquirió cinco buses eléctricos adicionales, que circularán de manera especial en el Casco Antiguo, contribuyendo aún más a la sostenibilidad en El presidente de la República, José Raúl Mulino, con rmó que la seguridad, la migración y la energía serán puntos clave en la reunión bilateral que tendrá este viernes con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Durante su rueda de prensa semanal, Mulino aseguró que hablarán de la seguridad y la supuesta in- uencia del Clan del Golfo en la frontera colombo-panameña, así como en la ciudad de Panamá. “Sin duda alguna, esos temas serán abordados por el presidente Petro conmigo”, a rmó el mandatario, quien estará acompañado por el ministro de Seguridad, Frank Ábrego. Mulino expresó una actitud optimista sobre el encuentro y destacó el interés de Colombia en fortalecer los lazos con Panamá. “Siento positivismo y también creo en el interés de Colombia en tener esos acuerdos con Panamá”, señaló. Mulino también resaltó la buena relación que mantiene con su homólogo colombiano y pronosticó un encuentro productivo. “Tengo buena comunicación y siempre hemos hablado francamente, y no creo que mañana sea la exSeguridad, migración y energía, temas a discutir entre Mulino y Petro hoy cepción”, aseguró. En cuanto a la migración, el mandatario abordó la posibilidad de establecer vuelos desde la Ciudad de Panamá hasta Cúcuta, una ciudad fronteriza colombiana con el estado venezolano de Táchira. Enfatizó que no existe “ningún tipo de contacto y relación con Venezuela” y que se trata de “venezolanos documentados” que necesitan viajar a su país. “Pedimos que se nos permita, a Panamá, llevarlos a Cúcuta para que de ahí las autoridades venezolanas hagan lo que corresponde para permitir el ingreso a su país porque no están entrando a un tercer país”, explicó. Desde el 29 de julio de 2024 se retiró todo el personal diplomático de Venezuela; la suspensión de las relaciones se dio justo después de la reelección de Nicolás Maduro. El presidente Mulino llegó a de nir como “frágil” la relación entre ambos países durante los últimos años, y que “se dañó” el 26 de julio, a raíz de la decisión unilateral del gobierno venezolano de cerrar su espacio aéreo a vuelos de Copa Airlines. Sobre el tema energético, Mulino no profundizó sobre el proyecto de interconexión eléctrica anunciado en diciembre del año pasado por el gobierno colombiano. A través de la red social X, la Presidencia de Colombia explicó en diciembre que la iniciativa, llamada ICP, cuenta con una inversión de $800 millones e interconectará los sistemas eléctricos de ambos países, promoviendo la integración energética regional y el acceso a fuentes renovables, garantizando un futuro más e ciente y sostenible. Guillermo Pineda G. [email protected] El menor fue trasladado al Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera, donde se encuentra en condición estable. Archivo esta emblemática área de la capital. Estos nuevos buses no solo contribuirán a la reducción de la contaminación, sino que también colocarán a Panamá como el primer país de Centroamérica y el Caribe en contar con una ota de transporte público completamente eléctrica. En su momento, Carlos Sánchez Fábrega, presidente de MiBus, destacó las ventajas de esta tecnología tanto para el medio ambiente como para los usuarios. “Estos buses funcionarán con energía eléctrica almacenada en baterías, lo que representa un cambio radical en nuestra operación. Ya no utilizaremos diésel, lo que signi ca menos ruido, menor desgaste, costos de mantenimiento más bajos y, por supuesto, menos contaminación”, explicó Sánchez Fábrega. La compra de estos buses es posible por un préstamo de $26 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la aprobación del Consejo de Gabinete. Estos vehículos estarán destinados a 12 rutas y movilizarán a unos 20,000 usuarios diarios, según a rmó el presidente Mulino. El Casco Antiguo de Panamá, declarado Patrimonio de la Humanidad, sigue siendo un centro de atracción para miles de nacionales y turistas interesados en la historia del sitio. Panorama
9A La Prensa Panamá, viernes 28 de marzo de 2025 Para Mulino hay dos clases de panameños: los empresarios que pagan planillas y el resto. Cortesía ¿Para quién gobierna Mulino? Sabrina Bacal ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] SABRINA SIN CENSURA ¿Está contribuyendo el Presidente a abrir aún más la brecha entre quienes tienen acceso al poder y quienes no lo tienen en un país con niveles de desigualdad escandalosos? Es lo que se percibe. Hay pocas expresiones que revelan mejor la visión del país que tiene José Raúl Mulino, que la de los cinco gatos que nunca han pagado una planilla. Y es que además de descali- car a los miles de ciudadanos que se oponen a la minería, el mandatario enseñó que para él hay dos clases de panameños: los empresarios que pagan planillas y el resto. La frase no fue un desliz. Y es que si revisamos los mensajes, decisiones y prioridades del presidente entendemos que él gobierna para las necesidades de quienes pagan planilla. Lo ha dicho varias veces: el suyo es un gobierno de empresarios. El resto de actores deben contentarse con alguna pieza de la larga colección de insultos. Los ejemplos abundan. Quienes llevaron propuestas alternas para la CSS “decían locuras y hacían show”, los diputados que se oponían “querían cobrar rescate por la ley”, los de VAMOS son “ chiquillos”, los periodistas “ irrespetuosos”, los pescadores de Donoso “lancheros narcos”, Suntracs, una “ma a terrorista” y un largo etc. Para Mulino nadie tiene intenciones tan puras como los empresarios, al punto que utilizó su discurso en Expocomer para llamarle la atención a Mayer Mizrachi pues el Departamento de Ingeniería del municipio no resolvió con su ciente rapidez algún obstáculo a un amigo que le había escrito a su chat esa mañana. Ansioso por mostrar que para los empresarios no deben haber “cuellos de botella” designó al viceministro de Comercio Interior, como su representante ante los demás ministerios para agilizar los trámites. ¿Y qué hace el resto de ciudadanos? ¿Hay algún chat al que puedan escribir los panameños a los que no les llega el agua o algún funcionario designado para resolverle los líos burocráticos a los panameños ‘de a pie’? Sería bueno saberlo. ¿Está contribuyendo el Presidente a abrir aún más la brecha entre quienes tienen acceso al poder y quienes no lo tienen en un país con niveles de desigualdad escandalosos? Es lo que se percibe. No estoy demonizando a la empresa privada, vital para la generación de empleos y el crecimiento económico, pero sí llamando la atención sobre un gobierno que parece estar fortaleciendo los privilegios de algunos sobre los derechos de todos. El verdadero empresario es el que asume riesgos para crear riqueza, sin que el Estado le ayude con favores, exoneraciones scales, concesiones de a dedo o le adapte las reglas de juego a su favor. Recordemos que en los esquemas de corrupción el sector privado cercano al poder ocupa un lugar protagónico. Por algo, Guillermo Chapman, padre del actual Ministro de Economía, señalaba que Panamá se asemejaba a un “capitalismo de amiguetes”. Los objetivos de reabrir la mina (si es que ya no la abrieron sin decirnos) y complacer a los intereses empresariales alrededor de la misma, no pueden estar por encima del respeto al Estado de Derecho. La Corte dejó claro en su fallo que los derechos humanos fundamentales tienen prevalencia sobre el derecho a la inversión y el Presidente no puede escoger cumplir solamente los fallos que le gustan. De nitivamente que la alfabetización constitucional tendría que empezar por el Palacio de las Garzas. De paso, el profesor Bernal podría recordarle a Mulino que todos los panameños somos iguales ante la ley y que no deben haber fueros y privilegios. Aunque algunos tengan acceso al chat presidencial. EU tiene 60 díaspara pedir extradición de presunto narco El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial concedió un término de 60 días para que las autoridades de Estados Unidos formalicen la solicitud de extradición del colombiano Jorge Navarrete, detenido en la operación Selva como presunto miembro de una red que tra có cuatro toneladas de drogas para el Clan del Golfo. Los magistrados del tribunal Yanelka Quijano, José Correa y José Félix Sánchez legalizaron la aprehensión y ordenaron su detención provisional con - nes de extradición. En el desarrollo de la audiencia, Navarrete se negó a someterse a una extradición simpli cada, por lo que las autoridades estadounidenses deberán presentar formal solicitud y someterla a la consideración de los jueces. Navarrete fue detenido el 19 de marzo durante la operación Selva, en la que se desarticuló una red criminal que introducía drogas desde Colombia por la costa abajo de Colón. La red tenía como centro de operaciones la población de Piña, a la que arribaban lanchas con droga, que luego era colocada en vehículos con doble fondo, para llevarla a la ciudad de Panamá y después a Centroamérica. CLAN DEL GOLFO Juan Manuel Díaz [email protected]
10A La Prensa Panamá, viernes 28 de marzo de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. sat-AIP) y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales han identi cado componentes bioactivos únicos que podrían ser la base para nuevos medicamentos y biomateriales. Estas ventajas naturales nos brindan una posición favorable para desarrollar soluciones biotecnológicas en áreas críticas. En salud humana, nuestra biodiversidad podría generar tratamientos contra enfermedades tropicales como el dengue y el zika. En seguridad alimentaria, podríamos crear cultivos resistentes a sequías e inundaciones. Nuestra bioeconomía circular permitiría transformar residuos agrícolas en biocombustibles, mientras que la biofabricación local posibilitaría la producción de bienes de alto valor con recursos propios, reduciendo la dependencia del exterior. El informe de la OCDE señala que la transición hacia una bioeconomía requiere una transformación profunda, que incluye infraestructura especializada para investigación y escalamiento, capital humano con habilidades en biología, computación y manufactura, marcos regulatorios adaptados a nuevas tecnologías, ecosistemas de innovación que conecten academia, industria y gobierno, y nanciamiento a largo plazo que reconozca los ciclos extensos de desarrollo en biotecnología. Para aprovechar este momento, Panamá necesita una estrategia clara con acciones concretas: Mayor inversión en investigación y desarrollo (I+D): Se deben crear consorcios público-privados de I+D, impulsar la formación de empresas emergentes en biotecnología y atraer inversión privada al sector. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La ciencia tras un buen tratamiento para la tuberculosis Enfermedad La tuberculosis (TB) sigue siendo una amenaza signi cativa para la salud pública mundial. En los últimos años, la aparición de cepas resistentes a los fármacos, como la TB multidrogoresistente (TB-MDR) y la extremadamente resistente (TB-XDR), ha complicado su tratamiento. En este contexto, el estudio y la monitorización de la farmacocinética de los medicamentos antituberculosos son esenciales para eliminar Mycobacterium tuberculosis y minimizar los efectos adversos y secuelas asociadas a los tratamientos prolongados. La farmacocinética evalúa cómo un fármaco es absorbido, distribuido, metabolizado y eliminado por el cuerpo. Una exposición inadecuada —por dosis incorrectas, mala absorción, interacciones medicamentosas o características individuales del paciente— puede resultar en niveles subterapéuticos del medicamento. Esto no solo reduce la e cacia del tratamiento, sino que también favorece la aparición de resistencias, lo que limita las opciones terapéuticas y obliga al uso de fármacos más tóxicos y menos e caces. Medicamentos como la bedaquilina o el linezolid requieren concentraciones especí cas para ser efectivos. En casos de mala absorción, como en pacientes con VIH o desnutrición, estas concentraciones pueden no alcanzarse, lo que permite la persistencia de la bacteria. Por el contrario, una sobreexposición puede causar toxicidad hepática, cardíaca o neurológica. Esta circunstancia resalta la importancia de personalizar las dosis y ajustar el tratamiento de manera individualizada. Los tratamientos para la tuberculosis drogoresistente pueden extenderse por más de un año, generando efectos secundarios importantes como neuropatías, pérdida de audición, fatiga crónica o alteraciones psicológicas. Estas secuelas impactan directamente en la calidad de vida del paciente y aumentan los costos sociales y sanitarios. Por ello, no basta con curar la tuberculosis: también es necesario cuidar al paciente durante y después del tratamiento. En este sentido, la monitorización terapéutica de fármacos es una herramienta clave para medir las concentraciones plasmáticas y ajustar las dosis. Técnicas como la cromatografía líquida permiten un análisis preciso, y el uso de matrices biológicas alternativas, como cuero cabelludo o sudor, facilita un seguimiento menos invasivo y más amigable para el paciente. Alcohol, pasaporte social perverso Política social atendieron a sus invitados la noche anterior y que ellos descubrían y las ingerían. No son extrañas esas experiencias, he sido testigo, con molestia que no puedo ocultar y desacuerdo, de la invitación a un hijo menor, a tomarse “un trago” con el padre, porque “tiene que aprender a tomar”. Para la mayor parte de los niños, el ambiente familiar es su más temprana exposición al alcohol. El alcohol desinhibe, como tal permite comunicar emociones y argumentos, aunque en algún momento ulterior, obstaculice una conversación decente y amable, facilite decir lo que mejor se callaba, y se expresen palabras altisonantes, que se amontonan bruscamente con frases enfurecidas y tropiezan con violencia, contra el otro. El consumo de alcohol es la 3ª. causa prevenible de cáncer, de al menos 7 tipos de cáncer: de la boca, de la garganta, de la voz (laringe), del esófago, de las glándulas mamaria, del hígado y del colon. En 2020, 741,300 casos de cáncer a nivel mundial se atribuyeron al consumo de alcohol. ¿Cuántas “reuniones de los miércoles” se realizan cada semana sin servir alcohol o costearlo?, incluso en las reuniones periódicas o asambleas de miembros de las sociedades de médicos. Y, ¿cuántas veces conocemos de eventos y actividades deportivas que permiten la promoción y la venta de bebidas alcohólicas dentro de los estadios y gimnasios mientras recuerdan el lema: “mente sana en cuerpo sano”, o, escuchamos y vemos repetidamente la divulgación en radio, televisión y redes sociales de propaganda de bebidas alcohólicas durante eventos deportivos? Como puntualmente lo han observado Luqman M. Ellythy y sus colaboradores, restricciones dietéticas o nutricionales, como las asociadas al vegetarianismo y las dietas kosher, no reciben la consideración a sus costumbres y creencias, ni se acomodan de manera prudente y respetuosa. Y, mayúscula es la desconsideración hacia las personas que, por razones médicas o de su salud mental, incluso expuestas a recaídas de sus adicciones, son incomodadas con estas promociones. Tanya Nieri y colaboradores examinaron en una universidad californiana, entre los organizadores de eventos donde se perPedro Vargas La revolución que Panamá no puede perder o quedará rezagada Bioeconomía Las biotecnologías emergentes, como la biología sintética, están transformando la economía global a un ritmo acelerado. Este campo multidisciplinario busca aprovechar sistemas vivos para la investigación y el desarrollo de productos, combinando ciencia, tecnología e ingeniería para facilitar el diseño, rediseño y modi cación de material genético, organismos vivos y sistemas biológicos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las innovaciones en este ámbito ya están proporcionando soluciones revolucionarias: desde tratamientos para trastornos genéticos y cáncer hasta nuevas fuentes de proteínas para enfrentar la escasez de alimentos, además de tecnologías para mitigar el cambio climático y promover la biofabricación sostenible. Un análisis de McKinsey estima que estas aplicaciones podrían generar entre 2 y 4 billones de dólares anuales en los próximos 10 a 20 años. Mientras países como Estados Unidos, Reino Unido y Brasil implementan estrategias nacionales ambiciosas en este campo, la pregunta clave para Panamá es clara: ¿cómo podemos posicionarnos estratégicamente en esta revolución cientí ca para transformar nuestros desafíos en oportunidades? Nuestro país tiene fortalezas únicas que pocos pueden igualar. Su extraordinaria biodiversidad constituye un activo invaluable para la investigación biotecnológica. El Instituto de Investigaciones Cientí cas y Servicios de Alta Tecnología (IndicaMarcos regulatorios adaptados: Es fundamental agilizar, sin comprometer la seguridad, la aprobación de biotecnologías y bioproductos avanzados. Formación de talento especializado: Se deben actualizar los planes de estudio e impulsar programas de becas en biotecnología. Un paso en esta dirección es el Programa de Doctorado en Biociencias y Biotecnología, desarrollado por la Universidad Tecnológica de Panamá e Indicasat-AIP, con nanciamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Redes de colaboración: La conexión entre academia, industria y gobierno facilitaría la transferencia de conocimiento y tecnología. La experiencia internacional demuestra que la aceptación pública es crucial para el éxito de estas tecnologías. Expertos de la OCDE enfatizan la necesidad de una “gobernanza anticipatoria”, que equilibre la promoción de la innovación con la mitigación de riesgos potenciales. En este sentido, Panamá tiene la oportunidad de construir desde el inicio un modelo inclusivo que involucre a diversos sectores en diálogos bidireccionales. No se trata solo de educar al público, sino de integrar sus perspectivas y preocupaciones en el desarrollo tecnológico. La bioeconomía avanza rápidamente, y países vecinos como Costa Rica y Colombia ya han puesto en marcha estrategias nacionales para su desarrollo. Panamá no puede quedarse atrás. Con su biodiversidad excepcional, ubicación estratégica y creciente capital humano, tiene los elementos necesarios para convertirse en un centro biotecnológico regional. El momento de actuar es ahora, antes de que esta revolución, como tantas otras en el pasado, nos deje en la estación. Opinión LA AUTORA es tecnóloga médica e integrante de Ciencia en Panamá. EL AUTOR es subdirector de Investigación y Desarrollo de la Senacyt. EL AUTOR es médico. Priya Patel mitía el uso de bebidas alcohólicas a profesores, personal y estudiantes graduandos, el comportamiento de estos organizadores y el manejo y la comprensión de los riesgos relacionados con el alcohol para las personas en recuperación de trastornos de uso de substancias y otros no bebedores. Ellos re- eren que estos organizadores estaban más preocupados por evitar problemas legales y menos preocupados para promover el uso responsable de bebidas entre los bebedores y, frecuentemente, no estaban atentos a las necesidades de los no bebedores. Entre las respuestas para explicar este comportamiento, los organizadores resaltaban, sobre el alcohol, aquello de que “la gente necesita alcohol para relajarse y socializar”; sobre los bebedores, “solo los estudiantes de grados más bajos se exponen a consumo riesgoso de alcohol”; sobre las personas en recuperación, “ellos no se auto-controlan”. Estas respuestas no solo reejan estigmas de construcción social hacia la persona con trastornos de uso, aún sea una en recuperación con todo los méritos y honestidad para alcanzarla y mantenerla, sino que revelan desinformación e ignorancia sobre estos trastornos que, no lo son de carácter, sino que son una enfermedad del cerebro. La educación de todos los segmentos de la sociedad sobre los daños de las adicciones es urgente y debe iniciarse desde muy temprano en las escuelas, en los hogares, en las clínicas de los médicos. Los riesgos del alcoholismo se generan desde las primeras oportunidades de los niños y adolescentes para ingerir alcohol. Pero, a nivel de eventos sociales, profesionales, empresariales o deportivos, donde se reúnen personas de diverso origen, formación y creencias, se da la oportunidad única de favorecer una cultura de salud sin dar por garantizado que no es necesario porque estas personas proceden los más altos estratos de educación y formación. Que el alcohol se socialmente aceptado -su disponibilidad, su precio y su promoción- es el pasaporte social más perverso que se concede dar a la enfermedad. La pregunta es sencilla, la respuesta suele resultar conveniente, cosa que, de seguro, no daría: ¿por qué la exitosa y necesaria, saludable y social campaña contra el cigarrillo no se ha trasladado a una campaña similar contra el alcohol? ¿Acaso el alcohol no causa enfermedad y muerte? ¿Acaso el alcohol no hace daño emocional a quien lo ingiere, a sus hijos, a su esposa o esposo? ¿Acaso el alcohol no daña las nanzas de la familia, el trabajo del alcohólico, el desempeño del profesional? ¿Acaso el alcohol no afecta negativamente la escolaridad propia o la de los hijos? ¿Acaso el alcohol no alberga malas, pésimas decisiones? ¿Acaso el alcohol no desemboca en comportamientos sexuales peligrosos? ¿Acaso el alcohol no es adictivo? ¿Acaso el alcohol no destruye los planes de bienestar y la felicidad de la persona? ¿Acaso los daños del alcohol se limitan solamente a los bebedores? La respuesta inconveniente a la pregunta del párrafo de ingreso a esta opinión es: porque el alcohol es un instrumento social y de negocios; porque el alcohol se experimenta –con anuencia de amigos y de padres- en la edad pediátrica, hasta se le hace escuela; porque el alcohol se automedica para sanar heridas que profundizará más tarde. Tengo historias de pacientes, aún pediátricos, que me han confesado que hoy están tratados con diferentes medicamentos antipsicóticos, por adicción al alcohol y a la marihuana, por trastornos mentales neuróticos, de personalidad y psicóticos, cuya historia de consumo y uso se inició en una estecita de los 12 años, donde la madre sirvió “chichita”, una bebida con color, azúcar y alcohol, para atraer a los invitados; o porque sus padres, descuidadamente dejaban los vasos con bebidas alcohólicas residuales, marihuana y drogas en las mesas donde No se trata solo de educar al público, sino de integrar sus perspectivas y preocupaciones en el desarrollo tecnológico. Ediner Fuentes-Campos Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Anne e Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. 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