6A La Prensa Panamá, martes 25 de marzo de 2025 Panorama En la consulta pública, los residentes se oponían a una votación donde se buscaba cambiar la zonificación de uso de suelo de mixto en el corregimiento Elysée Fernández Exigen detener elección de Junta de Planificación Municipal Yaritza Mojica [email protected] URBANISMO La petición proviene de la Junta de Desarrollo Local de Villa Lilla y fue elevada a la representante del corregimiento de San Francisco, Serena Vamvas, mediante una misiva. Los residentes organizados del corregimiento de San Francisco, especí camente la Junta de Desarrollo Local de Villa Lilla, están solicitando al Pleno del Consejo Municipal del distrito de Panamá que suspenda el proceso de escogencia de la Junta de Plani cación Municipal (JPM) de la Alcaldía de Panamá, acto que se llevará a cabo hoy 25 de marzo en la Comisión de Vivienda. La petición de la Junta de Desarrollo Local de Villa Lilla ha sido elevada a la representante del corregimiento de San Francisco, Serena Vamvas, mediante una misiva en la que solicitan cortesía de sala ante el Pleno del Consejo Municipal de Panamá con el n de exponer este tema que considera de gran importancia para el distrito Capital. La nota, rmada por Julio Benedetti, expresidente de la Junta Local de Villa Lilla y representante en temas de ordenamiento territorial en su comunidad, sustenta, en primer lugar, que la conformación de la Junta de Plani- cación, creada mediante la Ley No. 6 de febrero de 2006 y modi cada por la Ley No. 14 de abril de 2015, establece que la JPM debe incluir dos representantes de la sociedad civil designados por el Consejo Municipal con base en propuestas de organizaciones comunitarias. Sin embargo, el Acuerdo Municipal No. 79 de 2021, creado en la administración del exalcalde José Luis Fábrega, permitió que gremios profesionales no comunitarios propongan candidatos, lo que, según la Junta de Desarrollo Local, es ilegal, ya que un acuerdo municipal no puede modi - car una ley nacional, explicó Benedetti. Benedetti destaca que los dos representantes de la sociedad civil deben provenir de organizaciones comunitarias y no de gremios organizados. “Hasta que se corrija el proceso de escogencia de dichos representantes ante la JPM, deseamos manifestar nuestro criterio de que, si se lleva a cabo este acto de escogencia incluyendo las ternas presentadas por organizaciones no comunitarias, se estaría viciando el proceso”, advierte en la nota. Benedetti indicó que tiene conocimiento de que la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) ha presentado una terna para la elección de estos representantes, lo que la Junta considera una distorsión del proceso, ya que este gremio profesional tiene otros intereses y no es una organización comunitaria. También argumenta que su participación crearía una sobrerrepresentación del sector de la construcción dentro de la JPM, generando un desequilibrio en la representación ciudadana. La junta resalta que la verdadera representación comunitaria debe ser garantizada por las Juntas de Desarrollo Local, según lo estipulado en la Ley No. 37 de junio de 2009 sobre Descentralización. Estas juntas son el espacio de participación ciudadana legítimo para la plani cación y el desaPadres de familia y estudiantes de la Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía protestaron ayer porque el plantel no pudo iniciar el año lectivo 2025 el 10 de marzo, debido a severos problemas de infraestructura. Entre las principales de- ciencias estructurales que enfrenta el plantel se encuentran rajaduras en las paredes de los salones y pasillos, lo que representa un peligro para los estudiantes y docentes. Con una matrícula de más de mil estudiantes, la comunidad educativa ha expresado su indignación ante la falta de soluciones. La semana pasada, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, se aprobó al Ministerio de Educación (Meduca) un total de 13 traslados de partidas por $106.9 millones, destinados a temas como mejorar la infraestructura educativa actual. Sin embargo, no han faltado críticas respecto a lo tardío que llegarían los trabajos y el mantenimiento. Un estudio patológico y evaluación estructural de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) con rmó la crítica situación de la escuela, que está próxima a cumplir 102 años de fundación. La misiva, enviada el pasado 19 de marzo a la viceministra de infraestructuUnos 1,000 estudiantes sin clases en Escuela Isabel Herrera de Obaldía INFRAESTRUCTURA ra, Marcela Herrera, indica que las estructuras de los pabellones no cumplen en su gran mayoría para resistir las cargas combinadas de acuerdo con la normativa del Reglamento Estructural Panameño Vigente. “El edi cio principal y el anexo tienen las mismas falencias estructurales”, mani esta. También menciona que la resistencia del concreto de las columnas está por debajo del mínimo requerido y que el grado de rehabilitación y de intervención a las estructuras es de gran magnitud, ya que para suplir la demanda de carga lateral se tiene que edi car un sistema de reforzamiento local o global según el diseño. El costo del diseño de rehabilitación es más elevado que el de un diseño totalmente nuevo. La docente Teresa Argüelles señaló el domingo que “durante las vacaciones no se hizo nada” para mejorar la infraestructura del plantel, aunque sí se realizaron seminarios para maestros y profesores. Además, mencionó que hay salones sin ventanas en una zona donde hay un alto tránsito de autos, y esto afecta la atención de los estudiantes durante las clases. “Yo quiero dar clases”, enfatizó la profesora Argüelles, re¦ejando la frustración de la comunidad educativa, que exige respuestas inmediatas para garantizar el derecho a la educación en condiciones seguras. Guillermo Pineda G. [email protected] De acuerdo con el análisis, las estructuras de los pabellones no cumplen en su gran mayoría para resistir las cargas combinadas, de acuerdo con la normativa del Reglamento Estructural Panameño vigente. Cortesía Integrantes Junta de Planificación Municipal •El alcalde o su delegado. •Dos concejales designados por el pleno del Concejo Municipal. •Un representante del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) •Dos representantes de organizaciones comunitarias de la sociedad civil •Un representante de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) Consultas previas Dos rechazos El pasado 25 de febrero se llevó a cabo una consulta pública para abordar el tema del cambio de zonificación. Durante esta reunión, los vecinos de San Francisco manifestaron su oposición al cambio propuesto por la Alcaldía de Panamá. Otra consulta pública se realizó el pasado 19 de marzo en el edificio El Hatillo, sede de la Alcaldía, donde el alcalde Mayer Mizrachi llamó a los residentes que se oponen a la actualización de la zonificación a un diálogo “civilizado”. Sin embargo, nuevamente se generaron tensiones entre las autoridades y los vecinos de San Francisco debido al borrador de la propuesta de cambio en la zonificación del corregimiento. rrollo de las comunidades. En la nota en la que solicitan cortesía de sala al Pleno Municipal, la Junta de Desarrollo Local de Villa Lilla rechaza la inclusión de gremios profesionales en la selección de representantes comunitarios y solicita que se respete la Ley No. 6, asegurando que los miembros de la JPM sean exclusivamente designados por organizaciones comunitarias. Para Benedetti, es de suma importancia la representación de la comunidad organizada, ya que actualmente el corregimiento de San Francisco está sometido a un cambio de zoni - cación a uso mixto, lo que permitiría la construcción de más comercios, una medida que la comunidad no aprueba. Los residentes argumentan que actualmente enfrentan caos en las calles, falta de espacios peatonales y aceras inadecuadas para la movilidad de personas con discapacidad, debido a la ocupación de espacios públicos por comercios que invaden estos lugares. Este medio buscó la posición de la Capac frente a estos señalamientos, pero hasta el cierre de esta edición no emitieron un pronunciamiento.
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