1A La Prensa Panamá, martes 25 de marzo de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 25 de marzo de 2025 - Año 44 - Nº 14966 Hoy por hoy El escándalo de la planilla 172 expone, una vez más, las irregularidades en el manejo de fondos públicos en la Asamblea Nacional. Durante cinco años, este mecanismo permitió el uso discrecional de 134 millones de dólares bajo la sombra del clientelismo político. Su eliminación en 2024 no resuelve el problema de fondo: la falta de controles y sanciones efectivas para quienes abusaron del sistema. Una mayoría de los diputados responsables de ese despilfarro no fueron reelegidos, reejo del rechazo ciudadano ante el uso irresponsable de los recursos del Estado. Los nuevos miembros de la Asamblea tienen ahora la oportunidad —y el mandato— de hacerlo diferente. No basta con cerrar una planilla; es urgente fortalecer los mecanismos de scalización, promover una gestión transparente y respaldar sanciones para quienes incurran en abusos. La legitimidad se gana con hechos, no con discursos. La ciudadanía debe mantenerse vigilante y exigir rendición de cuentas. Solo con presión constante y una participación activa podremos desmontar las estructuras que han prote La polémica mano de Coto Córdoba con México 1B Deportes El opaco legado del ‘cashback’ legislativo Ohigginis Arcia Jaramillo Mario De Gracia [email protected] FONDOS PÚBLICOS La planilla 172 manejó $134 millones entre 2019 y 2024, con picos de $65 millones y $47 millones bajo Crispiano Adames y Jaime Vargas. La planilla 172, conocida como “cashback” por denuncias de devolución de fondos a diputados, permitió el manejo discrecional de $134 millones en la Asamblea Nacional entre 2019 y 2024. Bajo las presidencias de Crispiano Adames y Jaime Vargas, el gasto alcanzó su punto más alto, con $65 millones y $47 millones, respectivamente. Eliminada en julio de 2024, su uso sigue generando cuestionamientos, pues exdiputados, familiares y allegados políticos guraban como beneciarios. Fiscalizalización de las planillas 001 y 002 Ahora, la Contraloría General de la República audita las planillas 001 y 002, tras revelaciones de pagos irregulares a diputados suplentes, pese a un fallo de la Corte Suprema. La vericación realizada ayer causó reacciones opuestas: mientras la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, denunció malos tratos a funcionarios, otros sectores respaldaron la medida como un paso necesario para la transparencia. VEA 2A Coalición Vamos expulsa a Chandler y Richards La bancada independiente Vamos suspendió a los diputados Walkiria Chandler y Betserai Richards, impidiéndoles participar en sus reuniones ociales. La medida responde a un altercado ocurrido semanas atrás, que incluyó gritos y la entrega de ropa interior durante una discusión. VEA 4A Expocomer espera superar los $45 millones en impacto económico Expocomer, la feria multisectorial de Panamá, inicia hoy y se extenderá hasta el 27 de marzo. Organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, celebra su edición número 41 como la principal feria comercial del país y la región. Se estima que su impacto en la economía panameña supere los $45 millones. Se esperan unos 3 mil asistentes. VEA 13B Desmantelan red de minería en la cuenca del Canal Las autoridades desmantelaron una red de minería ilegal en los ríos Cuango y Culebra, dentro de la cuenca del Canal de Panamá, donde operaban 22 campamentos. En la operación, se incautaron equipos de extracción y se detuvo a cinco personas. VEA 4A Fracasa intento de procesar a magistrados de la Corte COMISIÓN DE CREDENCIALES Los diputados de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional archivaron varias denuncias penales presentadas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluidas las interpuestas por la exdiputada Zulay Rodríguez y el expresidente Ricardo Martinelli. Todas fueron archivadas con siete votos a favor, cero en contra y ninguna abstención. Entre los magistrados denunciados estaban Olmedo Arrocha, Ariadne García, María Cristina Chen, María Eugenia López, Miriam Chen y Carlos Alberto Vásquez, en su mayoría acusados de abuso de autoridad.
2A La Prensa Panamá, martes 25 de marzo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Henry Cárdenas [email protected] Los funcionarios de la Contraloría estarían haciendo las inspecciones desde la entrada al palacio legislativo. Archivo Contraloría intensifica fiscalización de la planilla de la AN; Castañeda protesta La Contraloría General de la República intensi có la mañana de ayer la auditoría especial a las planillas de la Asamblea Nacional. Desde temprano, los auditores veri caron la entrada del personal a las o cinas del palacio legislativo. La presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, criticó la forma en que se está llevando a cabo esta acción. “Respeto el rol de la @ ContraloriaPma, pero no puedo permitir el maltrato que están sufriendo los funcionarios de la Asamblea en este momento, ni la interferencia evidente en el funcionamiento de este órgano del Estado”, escribió Castañeda en la red social X en horas de la mañana der ayer. A rmó que hay otras maneras de realizar estas inspecciones sin exponer a los funcionarios y que, desde su elección como presidenta de la Asamblea, una de sus primeras acciones fue identi car y remover a quienes no trabajan. El pasado jueves, un grupo de auditores de la Contraloría llegó a la Asamblea para iniciar formalmente una auditoría especial a las planillas de ese órgano del Estado. La semana pasada, el contralor Anel Bolo Flores adelantó que comenzarían con la revisión de las planillas. El contralor adelantó en ese momento que habían encontrado, de manera preliminar, hojas de marcación a mano de diferentes funcionarios de la Asamblea. Hasta el momento, han identi cado unas 40 personas. “Todos conocidos del ámbito político del PRD: exministros, exdiputados...”, aseguró. Todos con salarios de entre $3,500 y $4,000, indicó. “Me parece positivo por la transparencia que nos exige el país, sin embargo, deben haber culpables”, comentó por su parte en su cuenta de X el diputado de la bancada Vamos, Jorge Bloise. En tanto, la jefa de la bancada de Vamos, Janine Prado, comentó que estarán atentos a los resultados. La Contraloría informó la semana pasada que las auditorías especiales van dirigidas a las planillas 001 y 002, correspondientes al personal permanente y eventual de la Asamblea, en el período comprendido entre los años 2020 y diciembre de 2024. Mario De Gracia [email protected] Auditoría de Contraloría podría tener impacto en reformas al reglamento interno Funcionarios que cobran sin trabajar o diputados suplentes que reciben salarios por ocupar otros cargos dentro de la Asamblea Nacional son algunas de las prácticas que se buscan frenar con una modi cación al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) del Órgano Legislativo. Precisamente por las cuestionadas prácticas de funcionarios de la Asamblea, la Contraloría General de la República adelantó una auditoría especial este 24 de marzo, misma que podría ser analizada para futuras modi caciones al RORI. La Comisión de Credenciales de la Asamblea conformó una subcomisión que será la encargada de analizar cualquier modi cación al Reglamento. El diputado Luis Duke, miembro de la subcomisión y de la coalición Vamos, explicó que los hallazgos de la auditoría podrían servir como base para ejecutar modi caciones que “bloqueen” las malas prácticas de los funcionarios. “Los maleantes son hábiles y siempre buscan alguna forma de cometer actos de corrupción. Entonces, entre mejor sean identi cados, mejor para blindar el reglamento y evitar que eso pase”, destacó en conversación con La Prensa. No obstante, la subcomisión estableció un período de 15 días hábiles para analizar hasta 11 proyectos de ley que buscan modi car el reglamento interno. El informe técnico nal de estos proyectos sería entregado el próximo 8 de abril, una fecha que Duke reconoce como muy ajustada para contar con los resultados de la auditoría de la Contraloría. “Esperamos que el informe de la auditoría que está haciendo el contralor en estos momentos sea compartido públicamente para que nosotros podamos analizarlo. Esto es un proceso que toma tiempo y no creo que lo tengan antes de que terminemos de debatir el RORI en la subcomisión; pero quedan el primer y el segundo debate para poder presentar modi caciones pertinentes”, acotó Duke. La aspiración de Duke se alinea, de alguna manera, con la del contralor de la República, Anel ‘Bolo’ Flores, quien ha manifestado su intención de llevar a cabo una mayor scalización del Legislativo ante los escándalos recientes. El proceso iniciado por la Contraloría surgió tras el escándalo de pagos a diputados suplentes y otros funcionarios a través de las planillas 001 y 002 de la Asamblea, a pesar de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señaló que los emolumentos a suplentes solo se deben otorgar cuando ocupen la curul en suplencia del principal. Por su parte, Duke ha sido enfático en que se establezca un nuevo RORI “antibotellas”. Entre los proyectos de ley entregados a la Comisión de Credenciales para modi - car el RORI hay propuestas para sancionar funcionarios que, por ejemplo, registran asistencia pero no ejercen una labor efectiva. También hay propuestas para impedir que personas dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de a nidad trabajen en la misma unidad administrativa de la Asamblea Nacional. Pleno de la Asamblea Nacional. Archivo Planilla 172 o ‘cashback’: la vía del PRD para manejar millones en la Asamblea Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FONDOS PÚBLICOS Esta planilla generó controversia debido a denuncias sobre la devolución obligatoria de parte de los fondos a los diputados, un esquema que se mantuvo en la sombra durante años. Durante el quinquenio 2019-2024, la Asamblea Nacional destinó casi 134 millones de dólares a la planilla 172, un mecanismo de contratación por servicios profesionales que bene ció a diputados y bancadas políticas, operando con poca transparencia. Conocida popularmente como “cashback”, esta planilla generó controversia debido a denuncias sobre la devolución obligatoria de parte de los fondos a los diputados, un esquema que se mantuvo en la sombra durante años. A pesar de los cuestionamientos, su uso continuó hasta su eliminación en julio de 2024, cuando Dana Castañeda asumió la presidencia de la Asamblea, dejando interrogantes sobre el destino de los recursos y las prácticas de manejo presupuestario en el Órgano Legislativo. Polémica gestión Entre 2019 y 2024, la presidencia de la Asamblea Nacional estuvo dominada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), con tres guras clave al frente. Marcos Castillero asumió el cargo el 1 de julio de 2019 y lo mantuvo hasta el 1 de julio de 2021, seguido por Crispiano Adames, quien dirigió el Legislativo hasta el 1 de julio de 2023. Posteriormente, Jaime Vargas ocupó la presidencia desde esa fecha hasta el 30 de junio de 2024. Datos de la Contraloría General de la República revelan cómo se distribuyeron los fondos de la planilla 172 durante estos tres períodos presidenciales en la Asamblea Nacional, destacando un incremento signi cativo en las gestiones de Crispiano Adames y Jaime Vargas. El uso de fondos destinados a la planilla 172 experimentó un crecimiento sostenido en los últimos años, fondos, particularmente en los períodos donde el gasto fue más elevado. Una planilla bajo la sombra Para comprender el alcance de este gasto, es importante destacar que la Asamblea cuenta con varias planillas, entre ellas la 001, correspondiente a funcionarios permanentes, y la 002, destinada a empleados transitorios. Hasta el 1 de julio de 2024, también existía la planilla 172, utilizada para contratos por servicios profesionales. Sin embargo, la caja de Pandora se destapó en 2018, cuando, tras investigaciones de La Prensa y exigencias de la ciudadanía, el entonces contralor, Federico Humbert, se negó a refrendar la partida 172, conocida popularmente como cashback (o devolución de dinero). Las investigaciones revelaron que en esta planilla guraban exdiputados, familiares de legisladores y funcionarios de administraciones pasadas. En muchos casos, los contratados no prestaban ningún servicio a la Asamblea y, según denuncias, debían devolver entre el 90% y el 95% del monto asignado. Estas prácticas, ampliamente criticadas, convirtieron a la planilla 172 en un símbolo de clientelismo y posible malversación de fondos públicos. A pesar de la negativa de Humbert, con la llegada del PRD al Gobierno en 2019, se reactivó la planilla 172. De hecho, entre 2019 y 2024, esta planilla representó un gasto total de 134 millones de dólares. alcanzando su punto más alto en 2023 antes de registrar una reducción en 2024. En 2019, el monto asignado fue de 528 mil dólares, pero para 2020 se disparó hasta los 9.8 millones. La tendencia continuó al alza en 2021 con 23 millones, mientras que en 2022 y 2023 se alcanzaron cifras récord de 34.1 y 38.6 millones, respectivamente. Sin embargo, en 2024, la cantidad utilizada cayó a 27.5 millones, en medio de cuestionamientos sobre el manejo de estos recursos. Períodos legislativos Durante las gestiones de Crispiano Adames y Jaime Vargas como presidentes de la Asamblea Nacional, el uso de la planilla 172 estuvo en su punto más alto. Bajo la presidencia de Adames, se dispusieron cerca de 64.9 millones de dólares para todos los diputados, mientras que en el período de Vargas el monto fue de aproximadamente 46.8 millones. En contraste, Castillero manejó una cifra considerablemente menor, con 21.8 millones. La diferencia en estos montos ha generado interrogantes sobre la distribución y el destino de los
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4A La Prensa Panamá, martes 25 de marzo de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] RETÉN. Aunque Dana Castañeda consideró que se “maltrató” al personal por “exponerlos al sol” mientras hacían fila para ingresar a la Asamblea, hay que reconocer que esta vez se permitió a la Contraloría hacer su trabajo en paz. Ahora sería bueno que se comprometan a divulgar el resultado de esta diligencia y que, además, la repliquen en otras entidades del Estado. Y si es en quincena, mejor. REGRESO. Por cierto, Yanibel Ábrego —quien, cuando presidió la Asamblea, obstruyó la tarea de los auditores de la Contraloría— reapareció como representante de Cambio Democrático (CD) en la recién instalada Comisión Nacional de Reformas Electorales, el organismo colegiado encargado de revisar las normas y establecer nuevas pautas para los comicios de 2029. Esto equivale a poner a Drácula a custodiar el banco de sangre. DISCURSO. Vamos circuló un comunicado para informar prácticamente lo mismo que ya había dicho hace dos semanas: el 11 de marzo anunció que aplicaría su código de ética a Walkiria Chandler y Betserai Richards, y ayer indicó que el conflicto entre los dos sería dirimido por el comité de ética. Más allá de reprenderlos públicamente o expulsarlos de la coalición, ¿qué sanción se les podría imponer a ambos? Vamos no es un partido político; por tanto, no cabe una revocatoria de curul. Y lo que se les endilga no es un delito que pueda ser denunciando ante la Corte Suprema. Así que no importa si se está a favor o en contra: los dos seguirán siendo diputados. REVANCHA. Mayer Mizrachi ha decidido personalizar el proceso de rezonificación de San Francisco. En una reunión pública en El Hatillo, el alcalde dijo que el equipo de la Junta de Planificación Municipal recibió “amenazas” del exdirector de la AIG, Irvin El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, el viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández. Isaac Ortega Destruyen 22 campamentos de minería ilegal en parque Chagres Juan Manuel Díaz [email protected] AMBIENTE Los campamentos, que estaban ubicados en esta área de la cuenca del Canal, ocupaban aproximadamente 34 kilómetros. Una operación conjunta entre funcionarios del Ministerio Público y la Policía Nacional desmanteló una red de minería ilegal que operaba en las inmediaciones de la Cuenca del Canal de Panamá. En la denominada operación Caribe Verde 3, las autoridades ubicaron 22 campamentos que eran utilizados para la minería ilegal en las cuencas de los ríos Cuango y Culebra, en el corregimiento de Santa Isabel, provincia de Colón. En los campamentos, que ocupaban aproximadamente 34 kilómetros, se encontraron un total de nueve motobombas y una planta eléctrica, utilizadas para la extracción de materiales de los ríos con el propósito de buscar oro. También se logró la aprehensión de cinco personas, entre ellas un ciudadano de origen colombiano, quienes serían llevados ante un juez de garantías para la formulación de cargos y la aplicación de medidas cautelares. Las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público revelan que estos campamentos podrían servir como sitios de descanso y abastecimiento para redes dedicadas al trá co de drogas. El director de la Policía, Jaime Fernández, detalló que los agentes policiales han desmantelado 53 campamentos dedicados a la minería ilegal a través de 11 operaciones. Dichas operaciones, precisó, han resultado en la detención de 18 personas que actualmente enfrentan procesos judiciales por delitos contra el medioambiente. El titular del Ministerio de Ambiente, Juan Carlos Navarro, advirtió que la minería ilegal causa severos daños al ecosistema, especialmente por la contaminación de los ríos. Navarro informó que se ordenó tomar muestras de los ríos afectados para determinar si existe contaminación por mercurio u otros metales pesados. Remarcó que esta actividad ilegal puede ocasionar graves daños a la cuenca del Canal de Panamá, por lo que es necesario tomar medidas para evitar su proliferación y aplicar todo el peso de la ley a los responsables. La operación se inició luego de que funcionarios del Canal de Panamá, durante patrullajes en la cuenca, detectaran la devastación de los cauces en el Parque Nacional Chagres. El pasado jueves, a través de la operación Piedra Amarilla del Servicio Nacional Aeronaval, se desmanteló un campamento de minería ilegal en el área de Coclé del Norte, en la Costa Abajo de Colón. En esa ocasión, se encontraron 14 motobombas, dinero en efectivo y pequeñas cantidades de oro. El pasado 30 de enero, otras 10 personas fueron aprehendidas por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en el área del río Mangle, corregimiento de Paya, distrito de Pinogana, provincia de Darién. En esa operación, las autoridades destruyeron un campamento y equipo utilizado para la extracción ilegal de oro. En la región de Darién, esta actividad se atribuye al Clan del Golfo, organización que también promueve el contrabando de drogas, trá co de migrantes y minería ilegal en la zona. Las autoridades han señalado que este grupo es el responsable de nanciar actividades de minería ilegal en el área de Darién. Henry Cárdenas [email protected] Walkiria Chadler y Beserai Richards. Archivo Coalición Vamos suspende a los diputados Walkiria Chandler y Betserai Richards ÉTICA La bancada independiente en la Asamblea Nacional, Vamos, informó que sus diputados Walkiria Chandler y Betserai Richards fueron suspendidos y no podrán participar en las reuniones o ciales de la bancada. Semanas atrás, Chandler y Richards estuvieron involucrados en una discusión que incluyó gritos y la entrega de ropa interior. “Lamentamos la discusión ocurrida entre los diputados Betserai Richards y Walkiria Chandler, ya que este incidente no representa los valores de la Coalición Vamos”, se plasma en el comunicado de la bancada. Se resalta que lo sucedido no tiene justi cación ni excusa y por tal motivo, en cumplimiento de los principios de la coalición y del Código de Ética: “la Jefatura de Bancada presentará una denuncia formal respecto a ambos diputados ante el Comité de Ética de la Coalición Vamos, para que se investiguen los hechos y se determinen las sanciones correspondientes”. El pasado 11 de marzo, en medio del debate sobre las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), salió a relucir las diferencias entre ambos diputados cuando se desarrollaba una reunión interna de los miembros de la bancada. Diputados que estuvieron presentes contaron a La Prensa que, en un momento del encuentro, Jonathan Vega reclamó a sus colegas, entre ellos Chandler, por la actitud que asumieron durante el debate del proyecto de ley que reformó la CSS. Cuando los ánimos alcanzaron su punto más álgido, se observó a la diputada Chandler entregarle una caja con un lazo al diputado Vega. “Para que se lo ponga”, dijo. Fuentes del Legislativo informaron después que se trataba de una tanga. Vega no quiso hacer comentarios sobre el contenido del obsequio. En medio de la discusión, gritos retadores de “¡Ven, ven!” resonaron en el salón de reuniones, intensi cando aún más la confrontación. Además, tras esta reunión, el diputado Richards hizo fuertes comentarios en la red social X sobre sus tres de sus compañeras, entre ellas Chandler. “Lamentablemente el populismo del PRD contagió a nuestras colegas comunistas Walkiria Chandler, Alexandra Brenes y Yamireliz Chong. Aliarse con un partido que saqueó al país por tanto tiempo es un error que les pasará factura”, fue lo que escribió Richards el 1 de marzo, tras la reunión. Halman, esposo de Nadia Pedreschi, una de las residentes más beligerantes del corregimiento. También lo culpó por su estancia en La Picota, en Bogotá, ya que fue Halman quien impulsó la denuncia por supuesto peculado en perjuicio de la AIG, en un contrato para el uso de Criptext (caso que eventualmente fue anulado). Si al personalizar los cambios de zonificación piensa que amedrentará a los vecinos quejosos, se equivoca. Canciller se reúne con secretario de la ONU El canciller panameño Javier Martínez-Acha se reunió ayer con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en la sede del organismo internacional en Nueva York, Estados Unidos. Ambos compartieron su apoyo “irrestricto” al multilateralismo y al derecho internacional, informó la Cancillería. Guterres reconoció el compromiso de Panamá con la Carta de las Naciones Unidas en su participación como miembro electo del Consejo de Seguridad, “espacio en el que Panamá de ende, vehementemente, los principios de soberanía e integridad territorial de los Estados”. Martínez Acha aprovechó el encuentro para invitar al Secretario General para que visite Panamá en el marco del Bicentenario del Congreso An ctiónico en el 2026. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores con rmó que el canciller sostuvo una reunión con su homólogo de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen. Durante el encuentro, rea rmaron el compromiso mutuo “con la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo en energía renovable y la cooperación entre nuestros países”. MULTILATERALISMO Mario De Gracia [email protected]
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6A La Prensa Panamá, martes 25 de marzo de 2025 Panorama En la consulta pública, los residentes se oponían a una votación donde se buscaba cambiar la zonificación de uso de suelo de mixto en el corregimiento Elysée Fernández Exigen detener elección de Junta de Planificación Municipal Yaritza Mojica [email protected] URBANISMO La petición proviene de la Junta de Desarrollo Local de Villa Lilla y fue elevada a la representante del corregimiento de San Francisco, Serena Vamvas, mediante una misiva. Los residentes organizados del corregimiento de San Francisco, especí camente la Junta de Desarrollo Local de Villa Lilla, están solicitando al Pleno del Consejo Municipal del distrito de Panamá que suspenda el proceso de escogencia de la Junta de Plani cación Municipal (JPM) de la Alcaldía de Panamá, acto que se llevará a cabo hoy 25 de marzo en la Comisión de Vivienda. La petición de la Junta de Desarrollo Local de Villa Lilla ha sido elevada a la representante del corregimiento de San Francisco, Serena Vamvas, mediante una misiva en la que solicitan cortesía de sala ante el Pleno del Consejo Municipal de Panamá con el n de exponer este tema que considera de gran importancia para el distrito Capital. La nota, rmada por Julio Benedetti, expresidente de la Junta Local de Villa Lilla y representante en temas de ordenamiento territorial en su comunidad, sustenta, en primer lugar, que la conformación de la Junta de Plani- cación, creada mediante la Ley No. 6 de febrero de 2006 y modi cada por la Ley No. 14 de abril de 2015, establece que la JPM debe incluir dos representantes de la sociedad civil designados por el Consejo Municipal con base en propuestas de organizaciones comunitarias. Sin embargo, el Acuerdo Municipal No. 79 de 2021, creado en la administración del exalcalde José Luis Fábrega, permitió que gremios profesionales no comunitarios propongan candidatos, lo que, según la Junta de Desarrollo Local, es ilegal, ya que un acuerdo municipal no puede modi - car una ley nacional, explicó Benedetti. Benedetti destaca que los dos representantes de la sociedad civil deben provenir de organizaciones comunitarias y no de gremios organizados. “Hasta que se corrija el proceso de escogencia de dichos representantes ante la JPM, deseamos manifestar nuestro criterio de que, si se lleva a cabo este acto de escogencia incluyendo las ternas presentadas por organizaciones no comunitarias, se estaría viciando el proceso”, advierte en la nota. Benedetti indicó que tiene conocimiento de que la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) ha presentado una terna para la elección de estos representantes, lo que la Junta considera una distorsión del proceso, ya que este gremio profesional tiene otros intereses y no es una organización comunitaria. También argumenta que su participación crearía una sobrerrepresentación del sector de la construcción dentro de la JPM, generando un desequilibrio en la representación ciudadana. La junta resalta que la verdadera representación comunitaria debe ser garantizada por las Juntas de Desarrollo Local, según lo estipulado en la Ley No. 37 de junio de 2009 sobre Descentralización. Estas juntas son el espacio de participación ciudadana legítimo para la plani cación y el desaPadres de familia y estudiantes de la Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía protestaron ayer porque el plantel no pudo iniciar el año lectivo 2025 el 10 de marzo, debido a severos problemas de infraestructura. Entre las principales de- ciencias estructurales que enfrenta el plantel se encuentran rajaduras en las paredes de los salones y pasillos, lo que representa un peligro para los estudiantes y docentes. Con una matrícula de más de mil estudiantes, la comunidad educativa ha expresado su indignación ante la falta de soluciones. La semana pasada, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, se aprobó al Ministerio de Educación (Meduca) un total de 13 traslados de partidas por $106.9 millones, destinados a temas como mejorar la infraestructura educativa actual. Sin embargo, no han faltado críticas respecto a lo tardío que llegarían los trabajos y el mantenimiento. Un estudio patológico y evaluación estructural de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) con rmó la crítica situación de la escuela, que está próxima a cumplir 102 años de fundación. La misiva, enviada el pasado 19 de marzo a la viceministra de infraestructuUnos 1,000 estudiantes sin clases en Escuela Isabel Herrera de Obaldía INFRAESTRUCTURA ra, Marcela Herrera, indica que las estructuras de los pabellones no cumplen en su gran mayoría para resistir las cargas combinadas de acuerdo con la normativa del Reglamento Estructural Panameño Vigente. “El edi cio principal y el anexo tienen las mismas falencias estructurales”, mani esta. También menciona que la resistencia del concreto de las columnas está por debajo del mínimo requerido y que el grado de rehabilitación y de intervención a las estructuras es de gran magnitud, ya que para suplir la demanda de carga lateral se tiene que edi car un sistema de reforzamiento local o global según el diseño. El costo del diseño de rehabilitación es más elevado que el de un diseño totalmente nuevo. La docente Teresa Argüelles señaló el domingo que “durante las vacaciones no se hizo nada” para mejorar la infraestructura del plantel, aunque sí se realizaron seminarios para maestros y profesores. Además, mencionó que hay salones sin ventanas en una zona donde hay un alto tránsito de autos, y esto afecta la atención de los estudiantes durante las clases. “Yo quiero dar clases”, enfatizó la profesora Argüelles, re¦ejando la frustración de la comunidad educativa, que exige respuestas inmediatas para garantizar el derecho a la educación en condiciones seguras. Guillermo Pineda G. [email protected] De acuerdo con el análisis, las estructuras de los pabellones no cumplen en su gran mayoría para resistir las cargas combinadas, de acuerdo con la normativa del Reglamento Estructural Panameño vigente. Cortesía Integrantes Junta de Planificación Municipal •El alcalde o su delegado. •Dos concejales designados por el pleno del Concejo Municipal. •Un representante del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) •Dos representantes de organizaciones comunitarias de la sociedad civil •Un representante de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) Consultas previas Dos rechazos El pasado 25 de febrero se llevó a cabo una consulta pública para abordar el tema del cambio de zonificación. Durante esta reunión, los vecinos de San Francisco manifestaron su oposición al cambio propuesto por la Alcaldía de Panamá. Otra consulta pública se realizó el pasado 19 de marzo en el edificio El Hatillo, sede de la Alcaldía, donde el alcalde Mayer Mizrachi llamó a los residentes que se oponen a la actualización de la zonificación a un diálogo “civilizado”. Sin embargo, nuevamente se generaron tensiones entre las autoridades y los vecinos de San Francisco debido al borrador de la propuesta de cambio en la zonificación del corregimiento. rrollo de las comunidades. En la nota en la que solicitan cortesía de sala al Pleno Municipal, la Junta de Desarrollo Local de Villa Lilla rechaza la inclusión de gremios profesionales en la selección de representantes comunitarios y solicita que se respete la Ley No. 6, asegurando que los miembros de la JPM sean exclusivamente designados por organizaciones comunitarias. Para Benedetti, es de suma importancia la representación de la comunidad organizada, ya que actualmente el corregimiento de San Francisco está sometido a un cambio de zoni - cación a uso mixto, lo que permitiría la construcción de más comercios, una medida que la comunidad no aprueba. Los residentes argumentan que actualmente enfrentan caos en las calles, falta de espacios peatonales y aceras inadecuadas para la movilidad de personas con discapacidad, debido a la ocupación de espacios públicos por comercios que invaden estos lugares. Este medio buscó la posición de la Capac frente a estos señalamientos, pero hasta el cierre de esta edición no emitieron un pronunciamiento.
7A La Prensa Panamá, martes 25 de marzo de 2025 Panorama Durante la investigación la fiscalía ubicó una serie de empresas de fachada, sociedades anónimas, abogados, talleres automotrices y empleados bancarios que eran parte de la organización criminal. Cortesía Aplican detención preventiva a 11 personas por blanqueo Juan Manuel Díaz [email protected] OPERACIÓN SELVA La medida cautelar fue decretada a los arrestados por delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales; otras cuatro personas deberán acudir periódicamente ante las autoridades y una hizo un acuerdo de pena. La juez de garantías América Vergara decretó la medida cautelar de detención provisional a 11 personas imputadas por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, y contra el orden económico por blanqueo de capitales. En una audiencia que concluyó la noche del domingo 23 de marzo, la juez también dictó medidas cautelares de noti cación periódica para otras cuatro personas y validó un acuerdo de pena de 60 meses de prisión para otro de los imputados. Tanto la defensa como el Ministerio Público anunciaron recursos de apelación contra las medidas cautelares impuestas, con la audiencia programada para el 8 de abril a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones, ubicado en Plaza Fortuna. Las detenciones se dieron dentro de la operación Selva, que tuvo su génesis en septiembre de 2023, con el desarrollo de cinco eventos durante los que se incautaron al menos cuatro toneladas de droga y se aprehendieron seis personas. Durante la investigación la scalía ubicó una serie de empresas de fachada, sociedades anónimas, abogados, talleres automotrices y empleados bancarios que formaban parte de la estructura criminal ligada al Clan del Golfo. De acuerdo con la pesquisa, el cabecilla de esta organización es el colombiano José Navarrete, quien está detenido en el penal de Punta Coco y fue solicitado en extradición por Estados Unidos. Según la scalía la organización contaba con los servicios de un abogado que se encargaba de crear sociedades anónimas y empresas de fachada a través de las cuales se blanqueaba el dinero obtenido de la venta de la droga. Las autoridades lograron establecer que esta red criminal utilizaba los poblados de la Costa Abajo de Colón para el trasiego de la droga procedente de Colombia, que luego colocaba en vehículos con doble fondo que llevaban hasta un taller mecánico en la ciudad de Panamá para luego enviarla hacia Centroamérica. Durante la operación las autoridades decomisaron varias embarcaciones y vehículos usados por la red criminal para mover la droga. También ubicaron varios apartamentos usados para coordinar sus operaciones. Anilú Batista, subsecretaria del Ministerio Público. Isaac Ortega Liberan a Dayra Caicedo, autoridades aún no ubican a sus captores MINISTERIO PÚBLICO Juan Manuel Díaz [email protected] La estudiante universitaria Dayra Caicedo fue liberada en las inmediaciones de sus residencia en Vista Alegre de Arraiján, después de mes y medio de haber sido privada de libertad. Las autoridades no revelaron los motivos de su rapto. La familia de Caicedo fue informada a eso de las 6:00 a.m. de ayer que su hija se encontraba cerca de una gasolinera en Burunga, distrito de Arraiján. Sus familiares se apersonaron al lugar y allí la encontraron. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, detalló que desde el 19 de febrero, cuando Caicedo desapareció, las autoridades realizaron unas 50 diligencias de allanamiento para dar con su paradero. En el marco de esta investigación, scales y funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial también realizaron entrevistas a testigos y familiares; se revisaron cámaras de vigilancia de lugares cercanos a la residencia para ubicar los vehículos vistos cerca el día de los hechos. La subsecretaria del Ministerio Público, Anilú Batista, dijo no poder dar otros detalles de las diligencias que se realizan por tratarse de una investigación reservada. Batista aseguró que lo más importante ha sido la recuperación, sana y salva, de Caicedo, e informó que el Ministerio Público seguirá investigando para dar con el paradero de quienes la privaron de libertad. La scal explicó que a la víctima se le está dando tratamiento psicológico por parte de la Unidad de Protección de Víctimas del Delito y que también será examinada por médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por este caso se decretó la detención preventiva de Anel Ballo y su pareja sentimental Karol Rodríguez. La scalía se encuentra tras la pista de un tercer y cuarto implicado.
8A La Prensa Panamá, martes 25 de marzo de 2025 Jorge Ramos. Tomada de elpais.com Jorge Ramos, premio Ortega y Gasset 2025 a la trayectoria profesional PERIODISMO EFE. MADRID, ESPAÑA El periódico español El País anunció ayer que el periodista mexicano Jorge Ramos ha sido galardonado con el premio Ortega y Gasset 2025 a la mejor trayectoria profesional, por una carrera de casi cuatro décadas que le convirtió en el comunicador hispano “más inuyente de América”. El diario reconoció a Ramos como el “presentador y reportero hispano contemporáneo más inuyente en Améica”, y el jurado resaltó que el periodista se convirtió en “la voz de los latinos en Estados Unidos”, algo que consiguió con una carrera que terminó el pasado diciembre después de 38 años de no faltar casi nunca a la cita diaria con la información en la cadena Univisión. “Referente en el continente americano, de norte a sur, por su constante scalización del poder, Jorge Ramos representa el ejemplo del mejor periodismo, el que la sociedad necesita en estos tiempos”, señaló el jurado, compuesto por el escritor argentino Martín Caparrós, el lósofo español Santiago Alba Rico, y la aspirante a astronauta española Sara García, entre otros. Los otros premiados fueron la española Isabel Coello por su serie en pódcast ‘La casa grande’ sobre el maltrato a las mujeres (mejor investigación periodística); el reportero de guerra español Mikel Ayestarán por su cobertura en Instagram de la guerra en Gaza (mejor cobertura multimedia); y el fotoperiodista Óscar Corral (mejor fotografía) por una instantánea de los bomberos en un pueblo de Valencia (este) tras el temporal que arrasó la región hace unos meses. Cada una de las cuatro categorías está dotada con un premio de 10,000 euros y una obra de arte conmemorativa, en esta edición ‘Mondongo’ del escultor español Miquel Barceló. La reforma a la Ley de la Caja de Seguro Social tenía entre sus objetivos resolver la crisis de sostenibilidad del programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Archivo ¿Qué dice la nueva ley de la edad de jubilación? José Rodríguez [email protected] FRENTIAO La reforma dice que hoy no sube la edad, pero en 2031, si el informe dice que el sistema está en crisis, podrían aumentarla hasta un máximo de tres años. Las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social tienen más de 100 páginas, pero ¿qué dice (de manera simple) acerca de la edad de jubilación? Para hacer la aclaración, esto no es una opinión, esto es un resumen de lo que está textualmente en la ley que presentó el presidente de la República y que modicó y aprobó la Asamblea Nacional, solo eso. Si quieren buscarlo es el artículo 138 y 139 de la reforma. En estos artículos dice que la edad de retiro o de jubilación no se modicará en este momento, pero aquí viene la vuelta: Cada año se revisará y se harán evaluaciones del sistema en especial si todavía puede aguantar o mantenerse así como está. Las personas que conforman el equipo para hacer estas evaluaciones se hará mediante licitación pública. Es decir, el gobierno abre el concurso para que apliquen y cualquiera que cumpla los requisitos puede aplicar. Dentro de seis años, en 2031, con un nuevo presidente y una nueva asamblea, se contratarán tres entidades que determinarán si se debe mantener la edad de jubilación como está, si debe aumentarse o hacer que el Estado ponga más dinero. Las 3 entidades serán: 1. Una rma técnica internacional de seguridad social 2. Una entidad académica o con investigaciones en pensiones 3. Un organismo internacional o entidad pública o privada ya sea panameña o extranjera con experiencia en pensiones y seguridad social. La contratación pública de las dos primeras lo hará la Dirección General de la Caja y la contratación de la tercera lo hará la Junta Directiva de la Caja. Con las evaluaciones y tras el análisis, ellos recomendarán si la edad de jubilación se mantiene o se debe aumentar. Si deciden aumentarla, no podrá ser mayor a tres años. Si aun con eso se necesita más dinero, el Estado tendrá que poner lo que haga falta. Todas estas recomendaciones se mandarán a la Asamblea Nacional y tendrán que tomar la decisión de aprobar o no una ley con estas recomendaciones. En resumen: La reforma dice que hoy no sube la edad, pero en 2031, si el informe dice que el sistema está en crisis, podrían aumentarla hasta un máximo de tres años. Un abrazo y nos vemos en el siguiente ¡Frentiao! Panorama
9A La Prensa Panamá, martes 25 de marzo de 2025
10A La Prensa Panamá, martes 25 de marzo de 2025 Mujeres gritan arengas durante una manifestación en apoyo a los venezolanos encarcelados en El Salvador. EFE Venezolanos y haitianos piden a juez suspender orden de Trump sobre TPS EFE. CALIFORNIA, EU INMIGRACIÓN El presidente de Estados Unidos ordenó poner fin al amparo migratorio para ciudadanos de Venezuela y Haití , medida que expone a la deportación a unas 850,000 personas. Bene ciarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela y Haití solicitaron ayer a un juez federal en California suspender la orden de la Casa Blanca que pone n al amparo migratorio en los próximos meses y los expone a la deportación. En la audiencia realizada en una corte de San Francisco (California), los demandantes solicitaron a la corte que bloquee la orden de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem, de nalizar las protecciones para unos 350,000 venezolanos y cerca de 500,000 haitianos bene ciados con el TPS, mientras se desarrolla el litigio. La demanda argumenta que el n del TPS para los inmigrantes de estas dos naciones está motivado por “racismo” y que la secretaria Noem carece de autoridad, ya que la Administración de Joe Biden (2021-2025) había otorgado una extensión al amparo de 18 meses. La Alianza Nacional del TPS, liderada por decenas de miles de bene ciarios del TPS y organizaciones, es la principal demandante en el caso. “La cancelación del TPS para las comunidades venezolana y haitiana no solo es ilegal, sino también profundamente perjudicial para las familias que han buscado refugio ante un peligro inimaginable”, dijo en un comunicado José Palma, coordinador de la Alianza Nacional de TPS. La querella busca proteger a más de un millón de bene - ciariosdelTPShaitianosyvenezolanos. “Me sentí conmocionado y devastado cuando supe que nos iban a retirar el TPS en tan solo una semana. El TPS nos ha dado seguridad. No podemos regresar a Venezuela con seguridad”, manifestó un demandante venezolano, que se identi ca como E.R. y perdería su protección el próximo 2 de abril si la corte no interviene. La Alianza TPS se formó tras el primer intento de Trump en 2018 de nalizar este amparo para por lo menos seis países, el cual fue derrotado en un tribunal federal. Los demandantes están representados por la Red Nacional de Jornaleros, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Norte (ACLU) y el Sur de California, el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de California Los Ángeles y la Alianza Puente Haitiana. Emi MacLean, abogada de laACLUdelNortedeCalifornia, reiteró que la secretaria Noem “no tiene la facultad de eliminar las protecciones del TPS ni socavar la integridad de un programa autorizado por ley”. Venezuela: Piden justicia y retorno de migrantes deportados a El Salvador Familiares y allegados de migrantes venezolanos se concentraron ayer en Caracas para pedir justicia y el regreso de sus parientes, a quienes consideran “secuestrados” en El Salvador, luego de que Estados Unidos enviara a unos 200 deportados a una cárcel de ese país, acusados de ser presuntos miembros de la banda transnacional Tren de Aragua. El grupo teme que sus familiares fueron deportados al Centro de Con - namiento del Terrorismo (Cecotec), en El Salvador. Los parientes de los detenidos pidieron a Nayib Bukele y a Donald Trump, que respeten el “debido proceso”, al considerar que se lo “saltaron” y “metieron a todos” los venezolanos “en un mismo saco”. Venezuela a rmó ayer que hay una “cacería de brujas” contra sus connacionales en Estados Unidos por parte de Trump, quien invocó recientemente una ley de 1789 para deportar a unos 200 migrantes a El Salvador. Nelson Mendoza, padre de Jean Claude Mendoza, aseguró que su hijo entró a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One, que era usada por los migrantes hasta enero pasado para gestionar una cita para solicitar asilo político a su llegada a los puestos en la frontera con México. Arancel de 25% para el que compre crudo de Venezuela El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles del 25% a los países que compren petróleo de Venezuela, ya sea de forma directa o a través de una tercera parte. Estos aranceles entrarán en vigor el próximo 2 de abril y el mandatario dejó en manos del secretario de Estado, Marco Rubio, la imposición de dichos aranceles a los países que se considere pertinentes. La orden ejecutiva no menciona a los países que compren gas de Venezuela, algo que Trump citó en su mensaje en Truth Social. El comunicado detalla que por petróleo venezolano se entiende el petróleo o productos derivados independientemente de la nacionalidad de la entidad involucrada en la producción o venta de los mismos. Este “arancel secundario” responde, según dijo en Truth Social, a que Venezuela ha enviado a Estados Unidos “a decenas de miles de criminales de alto nivel y otros delincuentes” de manera “intencionada y fraudulenta”. Panorama
11A La Prensa Panamá, martes 25 de marzo de 2025 Reforma constitucional en tiempos desafiantes Institucionalidad Panamá no ha hecho cambios a su Constitución desde el año 2004, y mucho ha cambiado desde entonces. Las redes sociales, la inteligencia arti cial y los profundos cambios geopolíticos, así como retos como la minería, la corrupción, el tamaño del Estado y su gasto, son cada vez más notorios. La Constitución es la base estructural y el contrato social de un país. La vigente, heredada de la dictadura, requiere una transformación acorde con la democracia. Sin embargo, las interrogantes clave son cómo hacerla, quiénes deben liderarla y cuándo ejecutarla. El último intento de reforma, impulsado por la Concertación Nacional, fue bloqueado por la Asamblea Nacional, lo que provocó protestas con numerosos detenidos. Además, es relevante recordar que el gobierno de entonces pertenecía al partido cuyos fundadores gobernaron Panamá sin democracia durante décadas. La represión de manifestaciones, como ocurrió en febrero con la reforma del Seguro Social, refuerza la descon anza en el proceso. Por ello, es fundamental de - nir cómo la sociedad asumirá este reto. ¿Puede con arse en que el Estado conducirá el proceso con transparencia y sin intereses políticos? El trato gubernamental a los medios, la calidad del debate legislativo y las decisiones judiciales contradictorias generan dudas sobre la capacidad de los actores Deterioro cognitivo en la vejez Soledad de riesgo tan peligroso como la hipertensión o la obesidad. Su impacto en el cerebro es devastador, favoreciendo la atro a cerebral y reduciendo la reserva cognitiva, es decir, la capacidad del cerebro para compensar la pérdida neuronal. Estudios han demostrado que la soledad incrementa los niveles de cortisol, una hormona del estrés que, en exceso, puede acelerar el declive cognitivo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 25% de las personas mayores de 60 años experimentan soledad crónica, lo que afecta su bienestar general. Investigaciones neurocientí cas han evidenciado que el aislamiento prolongado genera cambios estructurales en el cerebro, afectando áreas críticas como el hipocampo, lo que repercute en la memoria y en la capacidad de aprendizaje. Quienes carecen de una red social sólida tienen hasta un 50% más de probabilidades de desarrollar demencia en comparación con aquellos que mantienen vínculos sociales activos. Desde la infancia, el cerebro humano está programado para la interacción social. La comunicación, la cooperación y la vinculación con otras personas moldean nuestras conexiones neuronales y fomentan la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse ante nuevas experiencias. La estimulación cognitiva derivada del contacto social constante también ayuda a reforzar las conexiones sinápticas y a mejorar la reserva cognitiva. Un estudio publicado en The Lancet destaca que la participación en interacciones sociales regulares puede retrasar la aparición de síntomas de deterioro cognitivo hasta en un 25%, al proporcionar al cerebro un entorno dinámico y desa ante que fortalece su capacidad de adaptación y respuesta a estímulos externos. ¿Qué estrategias podemos utilizar en nuestra vida diaria para frenar Julio C. Barría EL AUTOR es estudiante de docencia superior. EL AUTOR es estudiante de medicina y egresado del LLAC. Abdías Zambrano el deterioro cognitivo en nuestros abuelos y en nosotros mismos? Una opción es promover los grupos de voluntariado y redes de apoyo intergeneracionales. Interactuar con personas de diferentes edades fortalece la estimulación cognitiva y emocional. La convivencia con generaciones más jóvenes impulsa la creatividad, la memoria y el sentido de propósito en la vida. Las actividades grupales y terapias innovadoras, como la participación en programas con mascotas, juegos de mesa, talleres de arte y sesiones de musicoterapia, han mostrado bene cios signi cativos en la función cognitiva y emocional. La musicoterapia, por ejemplo, ha sido utilizada con éxito en pacientes con Alzheimer, estimulando recuerdos y mejorando su estado de ánimo. En un mundo donde la población adulta mayor crece a un ritmo acelerado, es imperativo replantear el modo en que cuidamos a nuestros ancianos, promoviendo espacios de socialización que les permitan mantenerse mentalmente activos. Es responsabilidad de la sociedad fomentar la inclusión de los adultos mayores. Esto implica invertir en programas comunitarios, en iniciativas de alfabetización y actualización digital para la tercera edad y en estrategias de prevención del aislamiento. Estas son intervenciones urgentes para garantizar un envejecimiento digno, saludable y pleno. La clave para una mente sana en la vejez no está solo en los avances médicos, sino en fortalecer los lazos humanos. Construir comunidades conectadas, donde las personas mayores sean valoradas y participen activamente, es fundamental para garantizar una vida plena y un cerebro en óptimas condiciones a lo largo del tiempo. El silencio de la soledad puede ser ensordecedor. En el ocaso de la vida, muchas mentes se desvanecen no solo por el paso del tiempo, sino por la ausencia de conexiones humanas. ¿Es el aislamiento un verdugo silencioso del cerebro? ¿Puede una vida social activa convertirse en un escudo contra el deterioro cognitivo? Estudios recientes sugieren que la clave para una mente lúcida no está solo en los genes ni en los fármacos, sino en la calidez de una conversación, en la risa compartida y en la interacción constante con el mundo exterior. En esta batalla entre la soledad y la vitalidad de una mente activa, descubramos cómo la interacción social puede ser una barrera contra el envejecimiento cerebral. El envejecimiento trae consigo cambios inevitables en el cerebro, y el deterioro cognitivo es una de las mayores preocupaciones en la salud pública global. Estos cambios se mani estan con una ralentización en la velocidad de procesamiento y la capacidad de aprendizaje. Sin embargo, el declive cognitivo no es un destino inevitable. Investigaciones recientes han demostrado que el contacto social frecuente no solo mejora el bienestar emocional, sino que también actúa como un escudo protector contra el deterioro neuronal. Este artículo explora, desde una perspectiva neurocientí ca y humanista, cómo la interacción con los demás fortalece la mente, qué efectos tiene el aislamiento social y qué estrategias pueden implementarse para mantener el cerebro activo durante la vejez. El aislamiento social es un factor actuales. En este contexto, el “año de la alfabetización constitucional”, liderado por el doctor Miguel Antonio Bernal, cobra especial relevancia. La iniciativa busca que la sociedad comprenda el signi cado de una Constitución y fomente la participación en la elección de una Asamblea Constituyente. La formación y organización en gremios y comunidades serán determinantes para impulsar candidaturas con una visión renovadora. El gobierno actual ha prometido impulsar una Asamblea Constituyente originaria en este quinquenio, despertando tanto expectativas como preocupaciones. La gran incógnita es si la ciudadanía no organizada logrará representación efectiva y si se garantizará la inclusión de sectores históricamente excluidos, como movimientos afropanameños, LGBTIQ+ y personas con discapacidad. Una nueva Constitución debe abordar los desafíos contemporáneos, incluyendo el uso de tecnología en favor de la ciudadanía, acceso equitativo al agua y la reducción de brechas sociales. Sin estos elementos, el proceso estaría viciado, y yo solo espero estar equivocado en mi temor de que terminemos con otra Constitución con apariencia democrática pero con la exclusión de siempre. Opinión
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