4A La Prensa Panamá, sábado 22 de marzo de 2025 Panorama La Fiscalía de Drogas practicó allanamientos en diversos puntos de la provincia de Colón en busca de drogas y evidencias. Cortesía/Ministerio Público Golpe al Clan del Golfo: desarticulan red de tráfico de droga y blanqueo de dinero Juan Manuel Díaz [email protected] MINISTERIO PÚBLICO La fiscalía señala como el cabecilla de esta organización al colombiano José Navarrete, actualmente detenido en el penal de Punta Coco y solicitado en extradición por Estados Unidos. Una serie de empresas de fachada, sociedades anónimas, abogados, talleres automotrices y empleados bancarios formaban parte de la estructura criminal ligada al Clan del Golfo, que logró introducir a Panamá cuatro toneladas de droga y blanquear dinero en el comercio local. Esta información quedó al descubierto cuando la Fiscalía de Drogas inició la operación Selva, desarrollada para desarticular un grupo criminal que introducía droga por la costa Abajo de Colón, especícamente la población de Piña, ubicada en el distrito de Chagres. De acuerdo con la investigación de la scalía, el cabecilla de esta organización es el colombiano José Navarrete, actualmente detenido en el penal de Punta Coco y solicitado en extradición por Estados Unidos. Según la scalía este grupo criminal recibía la droga de Colombia y la introducía por la Costa Abajo de Colón y luego la transportaba en vehículos con doble fondo hasta el taller Racing Car, en donde en un operativo se ubicaron 775 kilos de cocaína pertenecientes a esta red criminal. La organización también contaba con los servicios de un abogado que se encargaba de crear sociedades anónimas y empresas de fachada a través de las cuales se blanqueaba el dinero obtenido de la venta de la droga. La red criminal también logró reclutar a una asistente bancaria, quien daba asesoría al grupo sobre los mecanismos para introducir el dinero sucio al comercio local. La estructura también incluía a dos mujeres, quienes eran las encargadas de la coordinación para el movimiento del dinero obtenido de la venta de los estupefacientes. Durante una audiencia celebrada ayer en el sistema penal acusatorio, la Fiscalía de Drogas logró que se legalizara la aprehensión de 17 de los 18 investigados, a quienes se vincula a los delitos de blanqueo de capitales y conspiración para la introducción de drogas. Operación Tormenta En tanto, el juez garantías del Cuarto Distrito Judicial (Herrera y Los Santos) Bosco Monterrey validó un acuerdo de pena de 80 y 60 meses de prisión para ocho de las 10 personas detenidas en la operación Tormenta, que desmanteló una red narcotracantes que operaba en el área de Azuero. La operación, que se inició en septiembre de 2023, se desarrolló en las comunidades de Bahía Honda, Tres Quebradas y Sabana Grande, en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, y estuvo dirigida a dar con un un grupo dedicado a la venta de drogas. Durante la audiencia, el juez Monterrey acogió la imputación de cargos contra los 10 aprehendidos en el operativo policial, validó los acuerdos y dispuso la detención de otros dos procesados que decidieron no acogerse a acuerdos con la scalía. Por otro lado, en los últimos dos días el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó casi dos toneladas de drogas en operativos realizados en puertos ubicados en el Pacíco y el Atlántico. El pasado miércoles se ubicaron 700 kilos de cocaína dentro de un contenedor que se encontraba en tránsito por un puerto del Pacíco, mientras que otros 1,100 kilos fueron detectados dentro de un contenedor en uno de los puertos ubicados en la provincia de Colón. En ambos casos los contenedores tenían como destino puertos de Europa. Sabrina Bacal ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Presidente José Raúl Mulino. Archivo Sabrina Sin Censura: Cuentos y cuentas TRANSPARENCIA Las conferencias de prensa semanales fueron en un inicio una bocanada de aire fresco tras un quinquenio donde el mandatario Laurentino Cortizo estuvo practicamente ausente. José Raul Mulino supo leer el escenario político y llenó con habilidad ese vacío de comunicación y autoridad presidencial. Ocho meses después, es evidente que hablarle al país cada jueves no es equivalente a ser transparente. Y es que además de las serias contradicciones entre sus promesas y sus acciones, hay sospechosas omisiones de información de interés público. El presidente solo habla de lo que le conviene, cuando le conviene y esquiva los temas polémicos con la actitud de quien posee la verdad absoluta. El caso de la mina de Donoso es un claro ejemplo de eso. Mulino aseguró que a partir del lunes tratará la situación ya que solo “cinco gatos que no pagan una planilla” se oponen a la mina. La expresión, para utilizar sus propias palabras, es una afrenta a la verdad, al fallo de inconstitucionalidad y a los muchos panameños (solo en la Corte hay nueve) que se manifestaron en contra de la minería metálica. El mandatario también está incumpliendo sus propias promesas. Recordemos que en su discurso de toma de posesión aseguró que “respetaría las leyes, el fallo de la Corte y el pedido de nuestro pueblo”. Agregó que “el plan de abrir para cerrar de forma denitiva, dependería del resultado de una estricta auditoría ambiental”. Nada de eso ha sido una realidad. Lo único claro es que es que de buenas a primeras el Presidente autorizó a la empresa a exportar el cobre molido, encender la planta termoeléctrica e importar carbón. Tres actividades de una operación que la Corte declaró inconstitucional y que claramente requerían de pasos legales previos que se obviaron alegremente. ¿Ha decidido el mandatario reabrir la mina a cuentagotas, para que cuando lleguen los cuestionamientos, ya sea un “hecho cumplido” tan profundo como el hueco de la mina? Solo el tiempo lo dirá. Presidente, la opacidad y la prepotencia en un tema tan delicado son bofetadas no solo al Estado de Derecho, sino también al “pedido del pueblo” que usted prometió respetar. El otro tema en el que las conferencias no han aportado nada de transparencia, son las explosivas relaciones con Estados Unidos. Y es que ante la amenaza existencial que representan las pretensiones de Trump, nuestro gobierno ha cedido en varios aspectos y de casi todos ellos nos hemos enterado por medios internacionales. Como es su costumbre, Mulino miniza la importancia de aquellas noticias sobre las que no le conviene comentar. Algo así ocurrió con el reporte de NBC que informaba sobre un pedido de Trump al Pentágono de opciones para “aumentar” sus tropas en Panamá. Nuestro mandatario lo catalogó como un “refrito periodístico”. Esta noticia desestimada por el Presidente puede relacionarse con otra información sobre la que el gobierno no nos ha dicho toda la verdad. Me reero a la rma de un acuerdo de entrenamiento de largo plazo del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos a todos los estamentos de seguridad de Panamá. Qué un país desmilitarizado por Constitución se comprometa a esto ante una superpotencia que no ha descartado el uso de la fuerza para “tomarse el Canal” es muy preocupante. Pero ante los interrogantes periodísticos se responde con un cuento, sin ninguna intención de que haya una verdadera rendición de cuentas. La mina y la relación con Estados Unidos: dos ejemplos de la enorme diferencia que hay entre hacer conferencias de prensa y hablar con la verdad a los ciudadanos. Lo primero es una estrategia de comunicación, lo segundo es practicar la transparencia en el ejercicio del poder público. No hay que dejarse confundir, ni en esos, ni en otros muchos temas donde las palabras van por un lado y las acciones por el otro. Denitivamente tenemos un Presidente que es bueno echando cuentos, pero no rindiendo cuentas. Un hecho reciente ha pasado un tanto inadvertido: la admisión de la demanda de inconstitucionalidad contra la condena del expresidente Ricardo Martinelli. Y a mi estas cosas me huelen mal, en especial, porque siempre están involucrados los mismos magistrados, cuyos fallos han sido objeto de consuetudinarios y serios cuestionamientos que han dejado una larga y justicada estela de dudas. Eso, sin contar que hasta hace poco la Corte Suprema era un mercado en el que se vendían sentencias a la medida por el precio correcto. Como para tranquilizarnos, dicen que la admisión de la demanda no signica que le darán la razón a los abogados. Si es así, ¿para que admitirla? Es un hecho -nada tranquilizante- que si la admiten es porque hay posibilidad -nada remota- de que están considerando anular la sentencia. Y en virtud de su bien ganada reputación en el pasado, no dudo de que estamos frente al peor escenario imaginable sobre este asunto. En el fallo de la Corte sobre la constitucionalidad de la candidatura de José Raúl Mulino, emitido horas antes de las elecciones, los magistrados apelaron a los valores de la democracia para justicar su sentencia: esta “decisión -decían- debe adoptarse con visión de Estado y en defensa a los derechos, valores y principios constitucionales y derechos humanos, acentuando el espíritu de la Constitución que se encuentra concentrado en su Preámbulo: “...garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional...”. Este texto es importante. En primer lugar, la condena de Martinelli en esta demanda deja de ser importante si es culpable de habernos robado. Lo importante es un tecnicismo: si lo protege el principio de especialidad, el mismo que Estados Unidos ya dijo que no es aplicable a él. Lo que busca el expresidente es blindarse para ser inalcanzable. Pero justo porque no era aplicable esa especialidad, Martinelli fue juzgado y condenado en un juicio en el que se le garantizaron sus derechos. Entonces, aludiendo las palabras de la sentencia a favor de la candidatura presidencial de Mulino, pregunto a los magistrados sobre su visión de Estado y su supuesta defensa a los derechos humanos. ¿Por qué revisar una sentencia emitida con base a un sólido caudal probatorio que no dejó dudas de su culpabilidad? ¿Qué hay de la defensa de los valores democráticos? ¿Eliminar la sentencia a un criminal que atentó contra nuestros derechos humanos es su visión de Estado? La impunidad no es un valor democrático… ¡Es un repugnante vicio y que, encima de todo, aquí ha reinado por décadas! Creo que la justicia debe estar por encima de todo. No puede primar sobre el Estado -o sea, sobre todos nosotros- el interés de un individuo que nos robó a todos millones y millones de dólares, y menos cuando todo su proceso judicial fue respetado, según el Ministerio Público que encabeza una persona nombrada por su gobierno. La sentencia condenatoria es prueba incontrovertible de que el demandante actuó como un delincuente. ¿Y ahora nos quiere hacer creer que no se respetó un tecnicismo que Estados Unidos asegura que no es aplicable a Martinelli? Pero hay algo más. Si los magistrados acogen como válidos los argumentos de los abogados de Martinelli, me pregunto si esa impunidad se extiende al caso Odebrecht. Los hijos de Martinelli confesaron sus delitos en Estados Unidos sobre Odebrecht, y dejaron clarolacomplicidadyautoría intelectual de su padre en este robo. Si los magistrados hacen lo que seguramente harán, les propongo eliminar la palabra Justicia y ajustamos el nombres según la forma en que actuarían los magistrados: Corte Supina de Impunidad. Y el antecedente que dejarán: Ya veré a todo el mundo demandando la inconstitucionalidad de sus sentencias, aboliendo eso de que los fallos de la Corte son denitivos, inapelables y de obligatorio cumplimiento. Sería, además, una Corte que actuaría como juez y parte, porque después de emitir sentencia, ella misma decidiría si es constitucional o no. Es absurdo, y eso, de- nitivamente no es justicia, ni siquiera llegaría a ser el sutil reejo de “asegurar la democracia y la estabilidad institucional”. A mi modo de ver, creo que analizar esas pretensiones es actuar contra su propia institucionalidad, contra la justicia y contra la democracia. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected]
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