3A La Prensa Panamá, jueves 20 de marzo de 2025 Panorama Equipo de la Fiscalía Anticorrupción entran a las instalaciones del SPA en Ancón. Cortesía Testigos clave declaran en juicio por en el caso de los hisopados Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA La Fiscalía Anticorrupción continúa el juicio contra Ana Lorena Chang, Leonardo Labrador y Carmen Arosemena, acusados de corrupción y delitos contra la salud pública. Testigos declararon sobre la relación con una empresa que realizó pruebas de Covid-19 para viajeros. La Fiscalía Anticorrupción continuó ayer con la evacuación de testigos en el juicio seguido a Ana Lorena Chang, exjefa de Salud Pública de la Región Metropolitana del Ministerio de Salud (Minsa); su esposo Leonardo Labrador, exjefe de Epidemiología del Minsa; y Carmen Arosemena, tecnóloga médica, imputados por los delitos de corrupción y contra la salud pública. El juicio, que se inició el pasado 10 de marzo, tiene previsto evacuar unos 42 testigos, tanto de la scalía como de la defensa, quienes aportaron sus declaraciones sobre los hechos ocurridos en agosto de 2021. En esa fecha, se descubrió que una empresa que realizaba hisopados para que las personas pudieran viajar a las islas del Pacíco, a raíz de la pandemia de covid-19, mantenía relación con los imputados, quienes en ese momento eran funcionarios del Minsa. Ayer, compareció en la sala de audiencias Zulay Sánchez Acosta, quien para esa época se desempeñaba como jefa de logística y turismo de una empresa que planicaba viajes a la isla de Taboga. Relató que, en 2021, en plena pandemia, su jefe la puso en contacto con Labrador para coordinar el tema de los hisopados de los viajeros. Sánchez precisó que Labrador le solicitó un espacio para facilitar la ubicación de Sermedic Panamá, donde se realizarían las pruebas de hisopados a los viajeros interesados en ir a las islas. Esto ocurrió después de que el Minsa, el 6 de agosto de 2021, emitiera el Decreto Ejecutivo 816, que establecía que, a partir del 9 de agosto de ese año, toda persona mayor de 5 años que ingresara a seis islas del Pací- co panameño debía mostrar, en el puerto de embarque, su tarjeta de vacunación física o digital con el esquema completo de inmunización contra el covid-19. Sánchez relató que incluso participó en una reunión por Zoom, en la que estuvieron presentes Labrador y funcionarios de la Alcaldía de Taboga, para coordinar la instalación de las mesas de hisopados. Indicó que se le proporcionó un número de contacto con alguien del laboratorio y que el costo de los hisopados sería de $25. La testigo también mencionó que mantuvo una conversación vía WhatsApp con Ana Lorena Chang para coordinar algunos temas logísticos con la empresa. Por su parte, Dalys Rodríguez, abogado de Labrador, aseguró que la scalía no ha podido demostrar que su cliente cometió algún delito. Alegó que, en realidad, Labrador fue un funcionario que se involucró en combatir la pandemia en jornadas que comenzaban muy temprano en la mañana y culminaban en la noche. Rodríguez planteó que la scalía ha intentado señalar que su cliente violó la ley, cuando en realidad su preocupación fue proteger a los ciudadanos del virus del covid-19. También argumentó que no se puede acusar a su cliente de aprovecharse de información privilegiada del Minsa para su benecio, ya que toda la información relacionada con la pandemia era pública. Mientras tanto, Rodrigo Esquivel, defensor de Carmen Arosemena, aseguró que su cliente no fue mencionada por ningún testigo en relación con la comisión de algún delito. Esquivel detalló que Arosemena no tuvo ninguna participación en los hechos investigados por la scalía. Ayer también compareció el testigo Edwin Franco, un electromecánico que presta servicios de reparación en las islas del Pacíco. Relató que se le ordenó hacerse un hisopado, ya que debía atender una situación en la isla Contadora. Franco contó que pagó $25 por el hisopado y que las personas que lo atendieron estaban vestidas con trajes blancos, pero no pudo reconocerlas porque usaban mascarillas y gorras. Fiscalía pide absolución para 17deimputados por peculado En su primer día de alegatos, la Fiscalía Anticorrupción solicitó un veredicto absolutorio para 17 de los 45 imputados por delitos de peculado en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN), ejecutado a través de contratos para la adquisición de granos que serían enviados a las escuelas públicas. Los scales Edwin Juárez, Ada Almanza y Ariel De Gracia iniciaron la presentación ante el tribunal del grado de responsabilidad de cada uno de los imputados en este proceso. Durante la sesión, que comenzó a las 9:00 a.m., la Fiscalía estimó que 17 de los implicados no tenían una participación clara en la comisión de los delitos investigados, por lo que se solicitó a la juez emitir un veredicto absolutorio a su favor. Entre los funcionarios para los que la Fiscalía solicitó un veredicto absolutorio se encuentran auditores de la Contraloría General de la República y funcionarios de mandos medios del PAN, para quienes inicialmente se había pedido un llamamiento a juicio. Fuentes judiciales revelaron que la Fiscalía también solicitó un veredicto absolutorio para varios exministros, entre ellos Guillermo Ferruno y Roberto Milton Cohen Enríquez. CASO PAN/GRANOS Juan Manuel Díaz [email protected]
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