2A La Prensa Panamá, jueves 20 de marzo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] Sheyla Castillo de Arias, directora de Antai. Cortesía Antai sanciona a 29 funcionarios por faltas a la ética y mantiene 273 investigaciones abiertas ‘CÓDIGO DE ÉTICA’ La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ha sancionado a un total de 29 servidores públicos por violaciones al Código de Ética de los servidores públicos en distintos periodos. Entre 2023 y 2024, 16 servidores públicos fueron sancionados por faltas como nepotismo, conicto de interés, uso inadecuado de bienes del Estado y ejercicio indebido del cargo. Los afectados laboraban en la Junta Comunal de Parita, el municipio de Penonomé, la Caja de Seguro Social, la Universidad Marítima de Panamá, el Ministerio de Educación, la Junta Comunal de Sajalices y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Adicionalmente, desde noviembre de 2024 hasta la fecha, la entidad impuso sanciones a otros 13 trabajadores del Estados por nepotismo, conicto de interés y uso indebido del tiempo de trabajo. Las sanciones impuestas varían en su impacto. El 47% de los funcionarios sancionados recibió una reducción del 50% en su salario mensual, mientras que un 35% fue sancionado con la deducción del 25% de sus ingresos. Además, un 12% enfrentó la disminución del 10% de su salario, y un 6% recibió una recomendación de destitución. Actualmente, la Antai mantiene 273 investigaciones en curso por posibles irregularidades en diversas entidades gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la Autoridad de Aseo, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), la Caja de Seguro Social, así como múltiples juntas comunales y municipios. Suplentes, en mora con la declaración de conflicto de interés Otro hallazgo relevante es el rezago en la presentación de declaraciones juradas de intereses particulares. Cuatro diputados suplentes aún no han entregado este documento, y aunque ministros y viceministros han cumplido con esta obligación al 100%, cinco entidades autónomas todavía no lo han hecho. Mientras que el 37% de los gobernadores y vicegobernadores sigue sin presentar su declaración. La directora de la Antai no mencionó nombres. Estos datos fueron revelados por Sheyla Castillo de Arias, directora de la Antai, durante su comparecencia ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, donde sustentó el informe de gestión 20232024. Su presentación se enmarca en el artículo 198 de la Constitución, que establece la obligación de rendir cuentas ante el Legislativo. En su exposición, Castillo de Arias subrayó los esfuerzos de la institución por fortalecer la transparencia en el sector público y sancionar a quienes incumplen las normas éticas y administrativas. La declaración jurada de intereses particulares es un mecanismo contemplado en la legislación panameña para prevenir conictos de interés en la función pública. Lo dispone la Ley 59 de 1999, que establece la necesidad de que un grupo de servidores públicos, incluyendo ministros, viceministros, directores de entidades autónomas y semiautónomas, magistrados, diputados, gobernadores y otros funcionarios de jerarquía, revelen información sobre sus intereses económicos y patrimoniales. Reyna Katiuska Hernández [email protected] El Estado le adeuda $33 millones al distrito de Donoso por regalías de la mina FONDOS MUNICIPALES El Estado adeuda un total de 33 millones de dólares al distrito de Donoso por concepto de las regalías pagadas por Minera Panamá entre 2022 y noviembre de 2023. Así lo informó Edilberto Medina Mejía (PRD), alcalde del distrito de Donoso, quien explicó que tanto a este distrito como al Distrito Especial Omar Torrijos Herrera les corresponden recursos provenientes de las regalías generadas por la explotación minera, la cual fue suspendida tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia a ¢nales de noviembre de 2023. Los recursos fueron entregados por Minera Panamá al Estado y, según ha informado el presidente José Raúl Mulino, fueron depositados en la cuenta común del Tesoro durante la pasada administración. Medina Mejía explicó que en enero pasado, mediante una nota enviada al presidente de la República, José Raúl Mulino, le comunicó la imperiosa necesidad de acceder a estos fondos, adeudados desde la administración de Laurentino Cortizo, para materializar proyectos transformadores que mejoren la calidad de vida de los habitantes de Donoso. El alcalde sostuvo que estos recursos ayudarían a atender las necesidades de las 53 comunidades que conforman el distrito. Asimismo, aseguró que se garantizará que los fondos “sean asignados con e¢ciencia y transparencia”. Finalmente, manifestó la importancia de tomar en cuenta la opinión y participación de las comunidades de Donoso en las decisiones sobre el futuro de la mina. Walkiria Chandler junto a su suplente Carlos Ho. Tomada de Instagram Diputada Chandler denunció prácticas irregulares en las que ella incurrió Mónica Palm [email protected] PLANILLA LEGISLATIVA Se pagaron salarios a suplentes sin cumplir con sus funciones en la Asamblea Nacional, incluida Chandler, lo que violaría un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2017 que limita los emolumentos a suplentes activos. Walkiria Chandler, de la bancada independiente Vamos, fungió como “asistente técnico parlamentario” en el quinquenio pasado (2019-2024), cuando era suplente del entonces diputado Gabriel Silva, y su salario se pagó con fondos de la partida 002. Ese es el mismo cargo que ahora ocupan Carlos Ho, Yamileth Rodríguez y Moisés Wilson, expulsados el pasado lunes de Vamos. Ho es, además, suplente de Chandler. Los otros dos también lo son, pero de Manuel Cheng y Yamirelis Chong. Según Vamos, los expulsaron ante la imposibilidad de veri¢car que cumplieran una función y atendieran un horario laboral. Los asistentes técnicos parlamentarios no responden a su bancada, ya que son designados por la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, de Realizando Metas (RM). La novedad fue comunicada por la coalición independiente, a través de un comunicado en redes sociales. Ahí no hay ni una sola referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2017, que advierte que los diputados suplentes solo pueden recibir emolumentos cuando ocupen la curul, en reemplazo del principal, durante las sesiones ordinarias y extraordinarias del pleno legislativo. Por tanto, todos (hasta Chandler en su momento) habría burlado ese fallo. Quien designó a Chandler en la planilla 002 fue el perredista Marcos Castillero, no Silva. Castillero presidió la AN entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2021. Según la documentación que reposa en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos de la AN, el decreto que o¢cializó el nombramiento de la entonces diputada suplente Chandler como asistente técnico parlamentario se expidió el 6 de abril de 2020 y lo ¢rmó Castillero; el cargo lo ocupó hasta el 4 de agosto de 2022, cuando presentó su renuncia. Todo esto se conoce ahora porque Ho quiso saber qué hacía Chandler cuando era ella la suplente y otro (Silva) el principal. Se desconoce qué hará Ho con esa información, que pidió le fuera certi¢cada. Tampoco ha trascendido el origen de las desavenencias entre ambos, pero en este conicto hay un punto de inexión y este ocurrió el 17 de enero pasado. Ese día, Chandler presentó una denuncia ante el Ministerio Público, en la que no acusa a nadie directamente, pero sí pide investigar la planilla del legislativo. Se re¢rió a un fallo de la Corte del año de enero dirigió una nota a Carlos Alvarado, secretario general de la AN, para solicitar la información. Alvarado recibió el o¢cio el 30 de enero. Poco después, el 11 de febrero, Ho le pidió a Castañeda, por escrito, que le certi¢cara qué dietas o emolumentos recibió Chandler en el periodo 2019-2024 y si tenía la posición de asistente técnico parlamentario, marcaba de forma biométrica su asistencia y presentaba algún informe o reporte sobre el trabajo que realizaba. Castañeda respondió el 25 de febrero, pero él recibió la nota el 18 de marzo. Entre otras cosas, Castañeda informó que no consta que Chandler recibiera emolumentos adicionales a su salario de $2,000 como asistente técnica parlamentaria. También indicó que marcaba manualmente en un formulario diario de asistencia, ya que la AN no cuenta con un registro biométrico o digital. Igualmente, Castañeda respondió que en el expediente que reposa en la Dirección de Recursos Humanos, no hay archivos o informes referentes a la labor que desempeñaba Chandler. En cuanto al cuestionario de la ¢scal anticorrupción, éste todavía no ha sido atendido. Las respuestas aún las está preparando, según Alvarado, el secretario de la AN, la Dirección de Asesoría Legal Administrativa. La Prensa publicó esta información el pasado lunes, y esa misma noche, Vamos sacó a tres diputados suplentes, aunque hay uno que se mantiene en la bancada, pese a que ocupa el mismo cargo que los expulsados. Se trata de José Andrés González, suplente de Yarelis Rodríguez. 2017, que tuvo como ponente al magistrado Cecilio Cedalise (características que corresponden al pronunciamiento sobre los emolumentos de los diputados suplentes), y mencionó que en la Asamblea hay personas que no trabajan, pero que igual cobran. En concreto, pidió investigar quiénes se bene¢cian o reciben fondos de las planillas 002 (asignada al personal transitorio de cada diputado) y 150 (supuestamente para atender los gastos de transporte). Chandler apuntó que los hechos denunciados iniciaron el 2 de julio de 2024, al día siguiente de la instalación de la actual Asamblea. Fue a partir de esa fecha que en la planilla del legislativo empezaron a aparecer los nombres de los diputados suplentes, con cargos como el de asistente técnico parlamentario, aunque también los hay que ¢guran como asesor o abogado. En total, hay 54, de todas las bancadas: 15 de Vamos, 9 de RM, 8 del PRD, 8 del Panameñista, 7 de Cambio Democrático (CD), 3 del Movimiento Otro Camino (Moca), 2 de Alianza, 1 del Partido Popular y 1 del Molirena. La denuncia de Chandler fue enviada al despacho de la ¢scal anticorrupción Adela Cedeño, quien el 23
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