3A La Prensa Panamá, miércoles 19 de marzo de 2025 Panorama Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente. LP Navarro replantea compra de autos; prioriza eléctricos e híbridos Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS PÚBLICOS El Ministerio de Ambiente canceló la compra de 68 vehículos y optó por adquirir 19 eléctricos e híbridos por $664,400. Además, suspendió viajes internacionales, destinando los fondos a proyectos de conservación y actividades de campo. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ya no comprará los 68 vehículos que le representaban un gasto al Estado de $2.6 millones. La entidad descartó la compra de 49 carros de combustible diesel y en cambio avanza con sus planes de adquirir 19 eléctricos e híbridos, que representan un costo de $664 mil 400. En un comunicado, la entidad a cargo de Juan Carlos Navarro informó que también suspendió los gastos de viajes internacionales a partir del 14 de marzo. Esos fondos, según el ministerio, se utilizarán en actividades de campo y en proyectos de conservación. La decisión, según la institución, se tomó un día después de que Navarro acudiera a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar la solicitud de un traslado de partida por $2.6 millones Al grano Flor Mizrachi [email protected] Para variar, los maestros están en pie de guerra. Desde el lunes bloquean calles, cierran avenidas, paralizan el tráfico. Se apostaron frente a la Asamblea, presionaron al Ejecutivo y ahora anuncian un paro nacional para el viernes. ¿Por qué? Porque dicen que la nueva ley del Seguro Social los perjudica, que les quita derechos, que los deja desamparados. Lo cual no es cierto. Son mentiras repetidas hasta el cansancio, como las de Trump. Su régimen de jubilación especial sigue intacto. No les tocan sus pensiones. No les aplican los cambios. Además, tienen el PRAA, que les garantiza una jubilación anticipada: las mujeres se jubilan a los 52 años y seis meses, y los hombres, a los 56. Un privilegio que ningún otro trabajador tiene. Mientras tanto, el resto del país sobrevive con un sistema de pensiones al borde del colapso. Y aquí está la pregunta clave: si no los afecta, ¿por qué protestan? La respuesta es simple: porque pueden. Porque saben que el chantaje les ha funcionado. Porque el miedo a un paro de maestros ha doblegado a todos los gobiernos. Porque hasta ahora ha sido más fácil cederles que enfrentarlos. ¿Y quiénes sí pierden? Pierde el país. Pierde la estabilidad. La inversión, el empleo. Las empresas, que ven cómo cada protesta golpea la economía. La ciudadanía, que paga el costo de calles cerradas, de tráfico imposible, de clases interrumpidas. Y es que no se trata solo de la jubilación. En los últinar dijo que aplicará la ley. Ese cuento lo hemos escuchado antes. De varios ministros, incluyéndola a ella. Y siempre terminan cediendo. El derecho a protestar existe. Pero también el derecho a trabajar, a moverse libremente, a que no nos bloqueen la vida cada vez que a un grupo se le antoje presionar. El gobierno debe decidir qué defiende más: el derecho a la protesta o el derecho de todos a la libre circulación. Porque hasta ahora, siempre termina cediendo. Ojalá esta vez se pare firme. Que no pase lo de siempre. Que no sean, otra vez, los más vulnerables quienes paguen el costo de los privilegios de unos pocos. pandemia, cuando miles perdían sus empleos o sufrían recortes, ellos siguieron cobrando su salario completo, con un supuesto teletrabajo y sin riesgo de despido. Pero con ellos, nunca es suficiente. Ahora anuncian un paro nacional para el viernes. Porque protestar sin afectar al resto no es suficiente. No les basta con que la ley no toque sus privilegios, ahora también quieren paralizar el país. Un solo día de paralización cuesta, según cálculos oficiales, B/.90 millones. Sabemos cómo termina esto si el gobierno no actúa: tranques interminables, bloqueos en las calles principales, miles de niños sin clases. Ya pasó antes. Varias veces. La ministra Lucinda Molimos años, los maestros han sido uno de los sectores más privilegiados del aparato estatal. El panameño promedio gana B/.735. Pero en los últimos años, los docentes han recibido un aumento de B/.900 sobre su salario base. Sin contar que, en plena Juan Manuel Díaz [email protected] Ampollas decomisadas en mayo de 2023 Cortesía Investigación por pérdida de fentanilo en el Seguro Social: dos años sin imputados INVESTIGACIÓN Tras dos años y tres meses de investigación, el Ministerio Público (MP) aún no ha imputado cargos por la pérdida de 19 mil ampollas de fentanilo en los almacenes de la Caja de Seguro Social (CSS). La investigación se inició el 9 de noviembre de 2022, luego de que las autoridades de la CSS admitieran la desaparición de los viales de fentanilo y presentaran una denuncia al MP para identi car a los responsables de la sustracción y localizar el fármaco. La pesquisa comenzó cuando un agente de seguridad encontró un estuche olvidado por un anestesiólogo en un pasillo. En ese estuche se hallaron 25 medicamentos, de los cuales 12 eran ampollas de fentanilo. Asimismo, la administración de la CSS inició una investigación administrativa para determinar cuáles controles de veri cación fallaron y quiénes pudieron ser los responsables. El 16 de marzo de 2023, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción realizó una inspección ocular en el Departamento de Farmacias del Complejo Hospitalario de la CSS, como parte de las pesquisas sobre la pérdida de fentanilo, entre otros medicamentos. Además, se efectuaron tres diligencias de inspección ocular en la CSS en busca de indicios, y se remitieron notas a las autoridades del Seguro Social para determinar el valor de las dosis perdidas. En abril de 2023, la scalía ordenó una auditoría, con una duración de un año, para veri car el manejo, la administración y la custodia de este opioide sintético por parte de la CSS. El MP conformó un equipo multidisciplinario para llevar a cabo esta tarea, integrado por funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de la Universidad de Panamá, un representante de la Facultad de Enfermería y un médico de la Facultad de Medicina; los resultados obtenidos serían comparados con otro informe elaborado por el Seguro. Las auditorías realizadas por la CSS detectaron diversas irregularidades: la dispensación de medicamentos controlados sin cumplir los requisitos generales de las recetas o ciales; la emisión de algunas recetas por médicos residentes; múltiples solicitudes de ampollas de fentanilo para un mismo paciente; y la falta de control sobre las llaves que resguardan dichos medicamentos. En este contexto, el Colegio Nacional de Farmacéuticos presentó una denuncia contra el exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, y otros funcionarios administrativos por incumplimiento de sus deberes como servidores públicos, a raíz de la desaparición del fármaco. Lau Cortés nunca dio a conocer los resultados de las auditorías realizadas, los cuales fueron remitidos al Ministerio Público para ser incorporados a la investigación penal. En mayo de 2023, la Policía Nacional detuvo a cinco personas con 28 ampollas de fentanilo, encontradas en una residencia en el área de Pueblo Nuevo. En esa ocasión, un juez de garantías impuso la medida cautelar de presentarse los lunes y jueves, e imputó cargos por posesión de drogas a un español, un colombiano, un venezolano y un panameño. Los viales de fentanilo fueron enviados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar si pertenecían al lote sustraído de la CSS. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas, ya que es 50 veces más potente que la heroína. Los carteles de la droga suelen mezclar fentanilo con otras sustancias, como heroína, metanfetaminas y cocaína, para aumentar su potencia. Además, en países como Estados Unidos y México, se comercializa en forma de tabletas. Se trata de una droga altamente adictiva y mortal para sus consumidores; en Estados Unidos, durante el año 2023, aproximadamente 100,000 personas fallecieron debido al consumo clandestino de fentanilo. para la compra de los 68 carros. Durante la reunión, el diputado independiente Betserai Richards cuestionó que los autos eléctricos más costosos se entregarían a los altos funcionarios del ministerio, mientras que las direcciones regionales recibirían vehículos diésel. Entre los modelos previstos estaba el Dongfeng Voyah Free, con un costo de $62,050, destinado al ministro y al viceministro. Otras direcciones en la sede central también recibirían camionetas híbridas con precios superiores a los $60,000. Navarro sostuvo que la distribución respondió a un análisis técnico que priorizó las o cinas con acceso a estaciones de recarga y rutas adecuadas para los vehículos eléctricos. También aseguró que la compra se hará por licitación pública. “Todas las compras de bienes y servicios en MiAmbiente se hacen por licitación pública, por lo que se invita a todas las empresas y proveedores del país a ofrecer sus servicios y productos a través de los respectivos actos públicos”, reiteró el ministerio en el comunicado distribuido este martes 18 de marzo. Sin embargo, Richards insistió en que, si la intención es avanzar en la movilidad eléctrica, se deben instalar estaciones en las regiones para que las direcciones locales también puedan acceder a esta tecnología. Navarro detalló que el parque vehicular de MiAmbiente está en estado crítico: 292 vehículos fueron catalogados como chatarra y otros 388 requieren reparación. La renovación de la ota, dijo, busca cumplir con la Ley 295 de 2022, que obliga a las instituciones públicas a destinar al menos el 10% de sus vehículos a tecnología eléctrica o híbrida.
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