2A La Prensa Panamá, martes 18 de marzo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] Sede del tribunal de justicia. Archivo Así marcha el juicio a 45 personas por granos del PAN PRESUNTO PECULADO Una serie de peritos y auditores de la Contraloría General de la República han declarado en el juicio a 45 personas por presunto peculado relacionado con la venta de granos del Programa de Ayuda Nacional (PAN). En el juicio, que comenzó el 10 de marzo, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales llamó a dos auditoras que realizaron un informe de auditoría N° 073-003-2015-DINAG-DESAFPF, en el que se señala que las irregularidades en el manejo de los fondos del PAN para la compra y distribución de granos a las escuelas causaron una pérdida de $12.3 millones. Durante el juicio, el abogado David Cuevas, defensor de Abraham Williams, exjefe de proyectos del PAN, cuestionó el informe, alegando que no se hizo un estudio de campo para comprobar la entrega de los granos. Además, señaló que las auditoras admitieron que, después de una inspección posterior, reconocieron que en algunos casos sí se entregaron los granos. El abogado Roberto Moreno, defensor de Rita Fundora, también interrogó a las auditoras, quienes explicaron que hallaron inconsistencias administrativas en los trámites del PAN, pero aseguraron que las empresas pudieron justicar las entregas de los granos. Según ellos, no hubo lesión patrimonial. Los auditores también fueron cuestionados sobre la responsabilidad de los scalizadores de los procesos de compra y contratación. Además, cinco peritos solicitados por la defensa declararon que no se pudo probar una lesión patrimonial contra el Estado. Los abogados de la defensa desistieron de presentar a 11 testigos, por lo que la juez Águeda Rentería decretó un receso hasta mañana a las 9:00 a.m. Se espera que la fase de testigos termine mañana y que el miércoles la scalía presente sus alegatos, lo que podría durar dos días. El juicio debía concluir el 28 de marzo, pero podría terminar antes debido al desistimiento de los testigos. El primer día de juicio, la juez validó un acuerdo de 40 meses de prisión y el pago de $2.3 millones por Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli. Este acuerdo se dio tras el rechazo de un amparo presentado por la defensa el 28 de febrero. Martinelli está refugiado en la embajada de Nicaragua. Cortesía Procuraduría: no se violaron las garantías a Martinelli Mónica Palm [email protected] CASO NEW BUSINESS El procurador encargado, Jorge Luis de la Torre Franco, expresó su opinión por escrito a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias. La sentencia del caso New Business se encuentra “debidamente ejecutoriada” y no se han constatado las vulneraciones al debido proceso que alega el principal condenado en este proceso, el expresidente Ricardo Martinelli. Esa fue la opinión del procurador de la Nación (encargado), Jorge Luis de la Torre Franco, quien la remitió por escrito a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias. La opinión del procurador encargado fue solicitada por el magistrado Olmedo Arrocha, ponente de una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Ángel Álvarez, en contra de la orden de indagar a Martinelli que emitió hace dos años Emeldo Márquez, el scal que instruyó la investigación por blanqueo de capitales en la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) a través de cuentas canastas a nombre de la sociedad New Business. Por este caso, Martinelli ya fue condenado a 128 meses de prisión, multado con $19.2 millones e inhabilitado para ejercer funciones públicas. Para evadir su ingreso a prisión, el expresidente huyó a la embajada de Nicaragua en Panamá, donde permanece desde el 7 de febrero de 2024. De la Torre sostiene que New Business ya es cosa juzgada, que la defensa ha tenido un “sinnúmero de oportunidades” para plantear sus desacuerdos y que no se pueden utilizar reclamos como el presentado por Álvarez como un instrumento para “corregir fallos”. “El pleno de la Corte Suprema de Justicia dejó claro que la acción de inconstitucionalidad no es un medio para reexaminar decisiones judiciales como si fuera otra instancia más del proceso penal”, remarcó el procurador encargado en un escrito de 25 páginas que envió a la magistrada presidenta el pasado 14 de marzo. En su demanda, Álvarez alega un reclamo que ha sido reiteradamente esgrimido por los abogados de Martinelli: que al expresidente se le ha violado el debido proceso porque supuestamente está protegido por el principio de especialidad, contemplado en el tratado de extradición suscrito entre Estados Unidos y Panamá en 1904. No obstante, Estados Unidos ya ha dicho que el referido principio ya no aplica a Martinelli. De la Torre recordó que la defensa del expresidente ha presentado varias acciones judiciales (incidentes de nulidad y de controversia, recursos de tutela judicial efectiva, etc.), en las que insiste que se ha violado el principio de especialidad. Todos han sido fallados en contra, en diversas instancias. Incluso, el pleno de la CSJ ya examinó el tema y respaldó una decisión del Tribunal Tercero Liquidador de Causas Penales, que consideró que Martinelli ya había perdido el principio de especialidad que lo amparaba. “Los argumentos del accionante parecen asumir una postura absolutista en cuanto al principio de especialidad, desconociendo que el propio tratado de extradición invocado contempla excepciones a este principio, las cuales fueron decididas por el tribunal de la causa y sometidas a sendos recursos por las partes intervinientes, evidenciándose el resguardo de la tutela judicial efectiva y, por ende, del debido proceso”, escribió el procurador encargado. Agregó que, en el fondo, no hay una vulneración real de derechos fundamentales, sino una discrepancia en la interpretación de las normas hechas por los jueces que han intervenido en el caso. Otro argumento de la demanda de Álvarez es que hubo violaciones al no permitir a la defensa el contrainterrogatorio (durante el juicio) de dos testigos de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada: Riccardo Francolini y Henry Mizrachi. Ambos se ausentaron, pese a estar citados. El procurador encargado opinó que esta “circunstancia” no constituye tema de debate en esta esfera judicial. En relación con New Business, ya se han presentado al menos cuatro demandas de inconstitucionalidad, alegando violaciones al debido proceso y al principio de especialidad. Una, que tenía como ponente a la magistrada López, no fue admitida. Las otras tres están en el despacho de Arrocha. La última ingresó el jueves de la semana pasada, cuando el pleno, en una votación de 5 a 4, acordó su admisión. Vamos desvincula a tres suplentes de su lista en la Asamblea Nacional INDEPENDIENTES Mónica Palm [email protected] La bancada independiente Vamos expulsó de sus - las a tres diputados suplentes que aparecen en la planilla legislativa con el cargo de “asistente técnico parlamentario”, ante la posibilidad de vericar que cumplan una función y un horario de trabajo. Se trata de Yamileth Rodríguez, Moisés Wilson y Carlos Ho, suplentes de los diputados Manuel Cheng, Yamirelis Chong y Walkiria Chandler, respectivamente. Los tres siguen siendo diputados suplentes (ya que el cargo lo ganaron por elección), pero ya no forman parte de la coalición. José Andrés González, suplente de Yarelis Rodríguez, también está en la planilla con ese mismo cargo y salario mensual (cada uno recibe $2,000), pero no tuvo la misma suerte que los otros tres y se mantiene como parte del movimiento independiente. La coalición explicó que decidió expulsarlos luego de que La Prensa publicara que 15 suplentes de Vamos están en la planilla legislativa, a pesar de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2017 advirtió que solo pueden recibir emolumentos cuando ocupen la curul, durante las sesiones ordinarias y extraordinarias. Los diputados suplentes aparecen ocupando otros cargos en la planilla, con estatus de funcionario “eventual”. Todos las contrataciones se dieron a partir de julio de 2024. En el caso de Rodríguez, Wilson y Ho, fueron expulsados porque el cargo que ocupan, el de “asistente técnico parlamentario”, di- culta que la bancada verique si cumplen con sus funciones y su horario laboral. Varias fuentes informaron a La Prensa que aquellos nombrados como “asistente técnico parlamentario” responden directamente a la diputada de Realizando Metas (RM), Dana Castañeda, quien preside la Asamblea Nacional (AN). En total, hasta el 6 de marzo pasado, había 62 personas ejerciendo ese cargo en la AN, según la Contraloría General de la República. Pero en la planilla legislativa no solo hay suplentes de Vamos. En total, hay 54, de todas las bancadas, la mayoría como asistente técnico parlamentario, aunque algunos ocupan cargos de asistente administrativo o asesor. A los 15 independientes hay que sumar a 9 de Realizando Metas (RM), 8 del PRD, 8 del Panameñista, 7 de Cambio Democrático (CD), 3 de Moca, 2 de Alianza, 1 del Molirena y 1 del Partido Popular. Esta información surge en momentos en que la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público investiga el uso de una de las planillas más cuestionadas de la Asamblea Nacional (AN): la 002, asignada a la contratación del personal transitorio de cada diputado. La scal Adela Cedeño, que conduce la investigación, solicitó a la AN, información sobre quiénes se benecian de la planilla 002, si ejercen alguna función y cómo se retira ese dinero.
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