2B La Prensa Panamá, lunes 17 de marzo de 2025 Economía & Negocios Ética y contadores Valor razonable Carlos Barsallo economí[email protected] El trabajo Moral Decision-Making Model for Accountants, White Paper del Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants (noviembre de 2024) indica: “La ética y los contadores están inextricablemente ligadas. Los contadores se encuentran regularmente con problemas éticos que exigen la toma de decisiones morales.” Brinda ejemplos: “… Considere al contador que se ocupa de: Las leyes, reglamentos y normas con múltiples interpretaciones. Informes complejos, auditorías o problemas legales para los que a menudo no existen soluciones únicas para todos. Limitaciones de tiempo debido a compromisos adquiridos o a la expiración de plazos legales. Errores cometidos en el pasado que, al auditor, le resulta cada vez más difícil corregir. Estimación de los riesgos de fraude. Cuestiones políticamente sensibles. Ejecutivos que minimizan los problemas identificados. Corrupción, que se aborda de manera diferente a nivel internacional. Relaciones con clientes bajo presión, lo que puede hacer que los intereses comerciales prevalezcan sobre los intereses morales. En Panamá, según mi experiencia, se puede añadir, entre otros: El desconocimiento por la población de la importancia del tema, de los problemas que existen y de su magnitud. El engaño con información incompleta o sesgada. La debilidad institucional. La captura regulatoria, los arreglos privados que atentan contra la competencia y desconocen la ética. La impunidad y la falta de certeza del castigo. La inversión de valores, con una definición mercantilista del éxito. En Panamá, la regulación (Ley 280 de 2021) contiene aspectos positivos. El código de ética aprobado por el Decreto 26 de 1984 deberá ser sometido a revisión por la Junta Técnica de Contabilidad (JTC). La JTC dispondrá de treinta días, a partir de la entrada en vigor de la Ley 280 (30 de diciembre de 2021), para iniciar dicha revisión, y estará obligada a presentar el proyecto de reformas al código de ética en un término no mayor de seis meses, es decir, hasta junio de 2022. La JTC deberá convocar a consulta pública a los contadores y demás interesados como parte de la divulgación previa a la aprobación final del proyecto de reformas, y estará obligada a recoger los aportes que surjan e incorporarlos al texto único del proyecto de reformas, que deberá ser debatido públicamente durante dos meses. Vencido el término, se convocará a un referéndum nacional en el cual estarán habilitados para votar todos los contadores con idoneidad, con el objeto de aprobar o improbar este texto. El problema, que no es exclusivo de la JTC ni de sus autoridades actuales, es el incumplimiento hasta la fecha de todo lo indicado. Es un problema reiterado en los últimos 50 años. La Ley 57 de 1978 señalaba que el código de ética debía dictarse en seis meses. Sin embargo, el código de ética se dictó seis años después. Tenga claro lo siguiente: defraudadores, grupos criminales y carteles necesitan y tienen contadores. Las actuaciones con estos clientes sobrepasan el problema de la ética. Si la sociedad no puede atacar el problema en este primer nivel, se permite operar a personas que no deberían estar autorizadas para brindar servicios. El autor es abogado Rersonal de la ASEP inspecciona ayer la termoeléctrica Pan-Am. Cortesía ‘El apagón evidenció los peligros que hemos denunciado por años’ Eliana Morales Gil [email protected] SERVICIO PÚBLICO Desde 1999, la termoeléctrica de PanAm Generating Ltd. operó con 96 MW a base de búnker C, pero pronto preocupó a los residentes por su impacto ambiental. El apagón nacional del pasado sábado 15 de marzo puso nuevamente en el centro del debate las denuncias y cuestionamientos contra la termoeléctrica de La Chorrera. Raúl Ossa, de la Coordinadora Ciudadana de La Chorrera, advierte que este incidente confirma las advertencias que por años han realizado sobre los riesgos de la planta y su operación. “Ahora se confirma todo lo que nosotros veníamos diciendo”, sostuvo Ossa en entrevista telefónica con La Prensa. “El apagón evidenció los peligros que hemos denunciado por años”, manifestó. Recordó que la comunidad ha denunciado reiteradamente el incumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental por parte de la empresa responsable de la termoeléctrica. A pesar de que en el pasado presentaron denuncias ante el Ministerio Público, el caso ha enfrentado diversos obstáculos judiciales que han favorecido a la empresa. Ciudadanía pierde en los tribunales Según Ossa, la lucha legal contra la termoeléctrica ha estado llena de complicaciones. “Pusimos una denuncia en el Ministerio Público por incumplimiento del estudio de impacto ambiental y ellos se valieron de un tecnicismo”, explicó. A lo largo de los años, contó, la empresa presentó al menos 20 incidentes de nulidad y cinco amparos de garantías constitucionales, hasta que finalmente un tribunal superior civil falló a su favor. Para el movimiento ciudadana, este fallo significó “un golpe muy duro”. “Un manejo de la justicia realmente de espaldas a las necesidades y al derecho, especialmente porque la empresa ha estado cometiendo un delito continuado de incumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental y todavía lo está cometiendo, pero hay mucho poder en la empresa, mucho poder político, mucho poder económico, las autoridades desde los tiempos de Juan Carlos Varela (2014-2019) no reaccionaron a esto absolutamente para nada, no nos paraban bolas de ninguna manera, la empresa buscó un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia como su abogado”, añadió. Ossa también denunció que los niveles de contaminación generados por la termoeléctrica continúan afectando a la población. Añadió que la organización ha realizado pruebas de laboratorio en Estados Unidos que han detectado la presencia de químicos derivados del búnker en el torrente sanguíneo de algunos habitantes cercanos a la planta. “Esos tóxicos afectan la salud y también están deteriorando las estructuras metálicas de nuestras casas, debido al azufre que contienen los gases emitidos”, denunció. Ante esta situación, Ossa insta al Ministerio de Ambiente y a la ASEP a realizar una investigación seria e independiente, con la participación de la Universidad Tecnológica de Panamá y otros sectores de la sociedad civil. El abogado y líder comunitario también recordó que, según la resolución que autorizó la instalación de la termoeléctrica, la empresa debía presentar un cronograma para la transición del búnker al gas natural en un plazo no mayor a seis meses a partir de 2016, compromiso que hasta la fecha, agregó, no se ha cumplido. “Es fundamental que las autoridades asuman su papel como protectores de la ciudadanía y tomen decisiones contundentes sobre esta situación. No podemos seguir permitiendo que la salud de más de 100 mil personas en un radio de ocho kilómetros siga viéndose afectada por la contaminación de esta planta”, concluyó. Hasta el momento, Pan Am Generating Ltd., no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente. Los antecedentes La termoeléctrica PanAm Generating Ltd., ubicada en el corregimiento de El Arado, distrito de La Chorrera, ha sido centro de controversias desde su instalación en 1999. En sus más de 25 años de operación, ha enfrentado denuncias por contaminación, protestas ciudadanas y procesos judiciales por supuestos daños ambientales. El último episodio de esta historia se escribió el pasado sábado 15 de marzo cuando una explosión en uno de sus transformadores provocó un apagón a nivel nacional, hecho que revivió el debate sobre la seguridad de la planta y su impacto en la comunidad. Los inicios y las primeras críticas De acuerdo con documentos del Registro Público, el presidente de Pan Am Generating Limited es Luis José Kafie. Mientras que Gabriel Alexis Bonett González, figura como gerente general. Desde su entrada en operación en 1999, la termoeléctrica de PanAm Generating Ltd. comenzó con una capacidad de 96 megavatios, utilizando búnker C como combustible. 2014:Laampliaciónque encendió las alarmas En 2014, la empresa propuso una ampliación para aumentar su capacidad a 156 megavatios con la instalación de tres nuevos motores de 20 megavatios cada uno. La iniciativa provocó una fuerte oposición de la Coordinadora Ciudadana de La Chorrera, que organizó protestas y denunció posibles riesgos para la salud. 2015: Denuncias legales y detenciones En 2015, el abogado Donaldo Sousa presentó una denuncia penal contra la planta por presuntos daños ambientales y afectaciones a la salud de los residentes. Como prueba, se presentaron exámenes médicos realizados en Estados Unidos que mostraban supuestos niveles de contaminación superiores a lo permitido. Ese mismo año, el conflicto escaló cuando nueve miembros de la coordinadora fueron detenidos tras bloquear el paso de un generador hacia la planta. Procesos judiciales En 2017, el Primer Tribunal Superior rechazó un amparo de garantías solicitado por la empresa, lo que permitió la continuidad del proceso judicial en su contra. Un año después, el Ministerio Público solicitó el llamamiento a juicio de Aldo López, entonces representante legal de Pan Am Generating Ltd., por delitos contra el ambiente. Las investigaciones revelaron incumplimientos en el estudio de impacto ambiental, incluyendo la construcción de chimeneas y tanques de almacenamiento sin los permisos requeridos. En 2021, la ASEP solicitó la apertura de un proceso administrativo sancionador a la compañía por posible incumplimiento de normas vigentes en materia de electricidad, diligencia que generó le una sanción a la empresa de $10 mil. Se inicia investigación por explosión en termoeléctrica Yasser Yánez Garcia [email protected] La administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez Crespo, anunció que hoy lunes 17 de marzo iniciarán las investigaciones para determinar las causas de la explosión de un transformador en la planta termoeléctrica PanAm, ubicada en el distrito de La Chorrera. Durante la visita, se pudo constatar que el apagón se originó a raíz de la explosión de un transformador de 50 MegaVoltios-Amperios (MVA), afectando también un cuarto de operacio- ‘Urgente modernizar el sistema eléctrico con energías limpias’ Wilfredo Jordán S. [email protected] El apagón que afectó a todo el país desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo pone en evidencia la necesidad de modernizar el sistema eléctrico con enfoques innovadores y sostenibles, según el ingeniero especialista en energía renovable, Nanik Singh Castillero. El experto destacó que Panamá debe acelerar la transición hacia fuentes renovables, como la solar y la eólica, para reducir la dependencia de plantas termoeléctricas. Además, enfatizó la importancia de implementar sistemas de almacenamiento en baterías en nodos críticos del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y utilizar inteligencia artificial para el monitoreo predictivo, anticipando fallas como la ocurrida en La Chorrera. Singh Castillero también señaló que los vehículos eléctricos con tecnología bidireccional (V2G) podrían servir como respaldo energético en emergencias. Finalmente, instó a actualizar el marco normativo para mejorar la transparencia operativa y la resiliencia del sistema eléctrico. nes donde hubo pérdida de material de oficina, según informó personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Además, señalaron que en el momento del incendio solamente habían 6 operarios, quienes realizaron el procedimiento de evacuación y la activación de la alarma de emergencia. La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) , a las 6:08 a.m. de ayer, informó que el Centro Nacional de Despacho (CND) había anunciado el “código blanco”, indicando que el sistema eléctrico había sido restablecido al 100%.
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